
Desde el año 2014 el gobierno de los EE. UU. ha aplicado una serie de medidas coercitivas unilaterales en contra de la nación de Venezuela, afectando de manera considerable la calidad de vida en el país, así como el disfrute de los derechos fundamentales de la población y generando un flujo migratorio significativo en la región. La dimensión discursiva de este conflicto geopolítico nos presenta al menos dos narrativas con las que estas medidas son relatadas a la opinión pública: una narrativa hegemónica que alega que se trata de sanciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno de Maduro, con el fin de aliviar la supuesta violación de derechos humanos por parte del gobierno venezolano.