Sanciones, bloqueo y diálogo político en Venezuela: narrativas en disputa

En este ensayo abordaremos elementos de las narrativa y realidades que nos permitan comprender la dimensión discursiva de la aplicación de MCU contra Venezuela

Post - Iberoamérica Social Revista-red de estudios sociales, Año 9, Número XVII
Post - Iberoamérica Social Revista-red de estudios sociales, Año 9, Número XVII

DescargarLilia Ramírez Lasso
Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Nuestra Señora del Rosario de Baruta, Venezuela.
liliamarga@gmail.com

Recibido: 26/09/2021 – Aceptado: 17/11/2021

 

Resumen: Desde el año 2014 el gobierno de los EE. UU. ha aplicado una serie de medidas coercitivas unilaterales en contra de la nación de Venezuela, afectando de manera considerable la calidad de vida en el país, así como el disfrute de los derechos fundamentales de la población y generando un flujo migratorio significativo en la región. La dimensión discursiva de este conflicto geopolítico nos presenta al menos dos narrativas con las que estas medidas son relatadas a la opinión pública: una narrativa hegemónica que alega que se trata de sanciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno de Maduro, con el fin de aliviar la supuesta violación de derechos humanos por parte del gobierno venezolano. La otra narrativa, de resistencia o contrahegemónica busca presentar las MCU como parte de una política amplia de bloqueo a la nación y al pueblo de Venezuela, como una forma de intentar generar un cambio de gobierno en el país. Este ensayo aborda estas dos narrativas desde una perspectiva del análisis crítico del discurso.

Palabras clave: Venezuela, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, bloqueo, análisis crítico del discurso

Sanctions, blockade and political dialogue in Venezuela: disputed narratives

 

Abstract: Since 2014, the US government has applied a series of unilateral coercive measures against Venezuela, significantly affecting the quality of life in the country, as well as the enjoyment of the fundamental rights of the population and generating a significant migratory flow in the region. The discursive dimension of this geopolitical conflict presents at least two narratives with which these measures are shown to public opinion: a hegemonic narrative that alleges that these are sanctions directed at senior officials of the Maduro government, in order to alleviate the alleged violation of human rights by the Venezuelan government. The other narrative, of resistance or counter-hegemonic, present the unilateral coercive measures as part of a broad policy of blocking the nation and the people of Venezuela, in order to generate a change of government in the country. This essay addresses these two narratives from a critical discourse analysis perspective.

 Key words: Venezuela, sanctions, unilateral coercive measures, blockade, critical discourse analysis

 

Introducción

La compleja realidad que vive el pueblo venezolano desde el año 2013 ha costado miles de vidas, como consecuencia del ataque sistemático a la economía y finanzas del país, con el propósito declarado de intentar forzar un cambio de régimen en la nación bolivariana. Además de las dramáticas consecuencias en materia de salud, alimentación, servicios, y otros aspectos fundamentales para el desarrollo de la vida en Venezuela, el flujo migratorio, provocado por la crisis generada por la aplicación de una política de guerra no convencional, por vía de mecanismos financieros internacionales, ha impactado a la región latinoamericana convirtiéndose en un conflicto geopolítico en el que se entrecruzan agendas de las élites políticas y financieras internas del país, con otras de allende, y en el que las y los más vulnerables son quienes pagan las consecuencias de una perversa forma de asediar a una nación en procura de sus recursos, territorio y capacidades cognitivas.

La pandemia de covid-19 ha agravado estas circunstancias, y ha demandado un esfuerzo extraordinario, no solo de las instituciones del Estado venezolano sino especialmente del pueblo, de las comunidades, de los hogares y, de manera destacada, de las mujeres venezolanas que hemos sido parte fundamental de una épica social que durante casi una década hemos denominado de manera cotidiana la resistencia del pueblo venezolano a una amenaza continuada que ha sido presentada de manera eufemística por los medios y poderes hegemónicos como las sanciones y que, de manera cada vez más común, se le denomina el bloqueo contra Venezuela, por vía de la implementación de medidas coercitivas unilaterales (MCU).

El rol de gobiernos como el de EE. UU., Rusia, China, además de la Unión Europea, que han sido actores fundamentales en el contexto de la actual crisis en Venezuela, dejan claro que este país, por su ubicación estratégica, sus recursos naturales y diversidad biológica, ocupa un rol determinante en la geopolítica, tanto aquella que se deriva del control de formas de energías, como en la que persigue el control financiero de los capitales.

Desde que en el 2015 la administración Obama emitió la emblemática orden ejecutiva 13692, conocida como el Decreto Obama, que declara a Venezuela (sin distinción entre Estado, gobierno, nación, y pueblo) como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, se ha dado una batalla por la construcción de un repertorio de signos que permitan nombrar y comprender el proceso que vive actualmente Venezuela, en relación con la gran potencia hegemónica que representa EEUU como fuerza económica y política del mundo occidental (OMCU, 2021a).

En este ensayo abordaremos elementos de las narrativa y realidades que nos permitan comprender la dimensión discursiva de la aplicación de MCU contra Venezuela, como política que amenaza la vida en el país, desde una perspectiva del análisis crítico del discurso (ACD) institucional, político y mediático en torno a las sanciones y el bloqueo como explicaciones de la realidad sociopolítica venezolana.

Para ello, analizaremos el repertorio de signos y construcciones argumentativas que fundamentan las dos principales narrativas que presenta este proceso bien como un conjunto de sanciones (técnicamente denominadas MCU), o bien como un bloqueo que asedia las fuerzas financieras y económicas del país.

Partiendo de las premisas del Análisis Crítico del Discurso, nos proponemos entender cómo funcionan los principales signos que denominan esta realidad en esas dos narrativas y, además, aportar algunos elementos del contexto discursivo que da sentido a estos signos.

I. Breve glosario de partida

En este ensayo me posiciono desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 1996, 1999, 2003; Wodak, 1989; Fairclough, 2003), como una apuesta a la investigación situada, militante y comprometida, que parte desde un enfoque multidisciplinario para abordar la dimensión discursiva implícita en la mayor parte de los fenómenos y conflictos sociales, políticos, económicos, culturales, bélicos, entre otros, y busca denunciar las inequidades y desigualdades que se construyen en el discurso.

Por ello, considero de particular interés partir de la construcción de un glosario que nos sirva como punto de apoyo satisfactorio para el espíritu1Una de las metáforas que encuentro más rica en la obra de Ferdinand de Saussure (Cfr. Curso de Lingüística General, 1916), reconocido como el padre de la lingüística moderna, y que le permite expresar la estabilidad que ofrece la noción de un sistema de relaciones (lengua) entre elementos formales (significantes) y elementos de sentido (significados), para establecer un conjunto de signos que permitan al ser humano comunicar lo que pasa en el alma del sujeto, como dijo mucho tiempo antes nuestro maestro Andrés Bello en su Filosofía del Entendimiento (1881). de exploración en las narrativas sobre la realidad venezolana, a partir de la implementación por parte del gobierno de EE. UU. de una política de guerra no convencional que es presentada como un conjunto de sanciones en contra de un grupo de funcionarios del gobierno.

Veremos que algunos de estos términos se han venido construyendo sobre la marcha de la aplicación de la propia política, y aunque no existe un consenso sobre su definición, el uso de los mismos, revestidos por un carácter legal y administrativo, permite entender cómo operan estas instancias de poder y de desigualdad en las relaciones entre naciones soberanas, con mecanismos discursivos que dan sentido a prácticas materiales y concretas que rayan en comportamientos delictivos o mafiosos, en los que las acciones se orientan más por lo que no se dice que por lo que está declarado de forma tácita y pública en los documentos.

Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU)

Diversos autores en el ámbito del derecho internacional, como Portilla (2005), Rivas-Castillo et al, (2020), entre otros, han señalado que no existe un consenso amplio en torno a una definición de lo que son las medidas coercitivas unilaterales. También la Relatora Especial de la ONU para el estudio de las repercusiones negativas de las Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan, expresó su preocupación en el informe final que dio a conocer al Consejo de DD. HH. sobre su visita a Venezuela en febrero de 2021, en torno a la ausencia de una definición aceptada internacionalmente de estas denominadas MCU.

De manera general, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de las MCU, como una expresión que suele denominar «las medidas económicas adoptadas por un Estado para obligar a otro Estado a modificar su política» (ONU, 2012a, p. 3).

La forma y procedimiento para la aplicación de las MCU se establecieron de manera formal y explícita a partir de 1945 (aunque su aplicación de facto fuese anterior a esa fecha), y las mismas pueden ser aplicadas en primera instancia, de forma legal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también por organismos regionales tales como Unión Europea y Organización de Estados Americanos (Rivas-Castillo et al, 2020), aunque algunos Estados también han aplicado este mecanismo usando sus propias instituciones, alegando razones de defensa de la paz y seguridad de sus naciones.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012a) ha señalado lo cuestionable del carácter legal de las MCU, y ha indicado que, incluso en el caso de ser consideradas como lícitas, las repercusiones negativas de las mismas sobre el disfrute de los derechos humanos son innegables, por lo que plantean además de un dilema legal y de soberanía de los Estados, un severo dilema ético en la forma de concebir las relaciones geopolíticas.

Es amplia la documentación que denuncia que las MCU violan los principios y disposiciones pertinentes contenidos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados proclamada en su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, en particular el artículo 32, según el cual ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos (ONU, 2012a).

Sanciones

Este término suele usarse como expresión común para denominar diversas formas de MCU, entre las cuales las más extendidas son las sanciones comerciales que pueden comprender embargos, formas de boicoteo e interrupción de los flujos financieros y de inversiones entre el país que impone la medida y el país sancionado (Doxey, 1996). Algunos analistas distinguen que la figura del embargo persigue impedir a la nación sancionada realizar exportaciones, el boicoteo se aplica como forma de impedir las importaciones procedentes del país sancionado (Joyner, 2011). Sin embargo, en la práctica general, se aplican ambos tipos de sanciones bajo la denominación de un embargo comercial (Lowenfeld, 1998).

Aunque la ONU insiste en que las MCU solo pueden aplicarse entre Estados, algunos Estados han empleado de manera frecuente una forma de sanciones selectivas como mecanismos dirigidos a personas que se consideran como tomadoras de decisiones claves para las políticas públicas del Estado que se busca sancionar, en abierta contradicción con los principios propios del sistema de Naciones Unidas.

Bloqueo

En su acepción más ampliamente aceptada, el bloqueo es un medio de hostilización propio de la guerra marítima, y autores como Rousseau (1957 p. 713) lo definen como «la medida por la cual un beligerante prohíbe toda comunicación entre la alta mar y el litoral enemigo, bajo sanción de detener y capturar a los barcos que la contravengan».

El Diccionario de Derecho Internacional de los conflictos armados del Comité Internacional de la Cruz Roja (Verri, 2008, p. 19) define el bloqueo como aquella «operación naval con el concurso de fuerzas aéreas, mediante el cual un beligerante impide totalmente el tráfico marítimo por un puerto y la costa perteneciente a un beligerante adverso u ocupado por este».

Si bien esta noción tradicional de bloqueo se entiende en un contexto de conflicto bélico armado, autores como Jáudenes (1996) señalan que el elemento clave para caracterizar un conjunto de medidas impuestas por un Estado en contra de otro en conflicto como un bloqueo es la interrupción o prohibición del tráfico marítimo desde alta mar con los puertos o costas previamente establecidos. Ello es así porque tal acción afecta directamente al interés comercial de los países neutrales o no beligerantes y, por otra parte, supone una limitación impuesta por la potencia bloqueadora al principio de libertad de navegación y de comercio.

Bajo esta premisa, podremos entender más adelante por qué es factible aseverar que las actuales MCU impuestas por el gobierno de EE. UU. en contra del pueblo venezolano constituyen una forma novedosa de bloqueo que es legitimada precisamente desde una dimensión discursiva que intenta invisibilizar su carácter bélico.

II. Elementos del contexto discursivo que enmarcan la aplicación de las MCU contra Venezuela

a. 2103, el año de inflexión

Aunque existen referentes de sanciones impuestas de manera unilateral por el gobierno de los EE. UU. en contra del pueblo venezolano desde el 2005 (ONU, 2021b; Santos, 20192); Bull y Rosales, 2020), la medida administrativa que da inicio a una escalada en esta política de agresiones financieras impuesta por ese gobierno  en contra del pueblo venezolano data de diciembre del año 2014, cuando el Congreso de ese país aprobó la Ley 113-278: «Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela», que opera como un instrumento para establecer el marco jurídico que permite luego avanzar hacia la política de medidas coercitivas unilaterales.

Podemos identificar claramente el año 2013 como un punto de inflexión de la política en Venezuela, con la muerte del presidente Hugo Chávez, en ejercicio del poder, y un escenario electoral sobrevenido, en el que las oposiciones venezolanas, encabezadas por el candidato unitario Henrique Capriles Radonski, decidieron desconocer el resultado electoral que adjudicaba el triunfo al presidente Nicolás Maduro Moros (BBC, 15 de abril de 2013; Correo del Orinoco, 15 de abril del 2013).

Dos marcadores discursivos aparecen entonces de manera notoria en la política venezolana: arrechera y guarimbas, impulsados por sectores radicales de las oposiciones del país, que además de desconocer el resultado electoral, llamaron a sus partidarios a las calles, con discursos de odio e intolerancia. «¡Descarguen toda esa arrechera!», increpó Capriles a sus seguidores (Prensa Digital MIPPCI, 15 de abril de 2013), naturalmente descontentos con el resultado, en sus declaraciones a medios de comunicación, luego del reporte electoral oficial al día siguiente de las elecciones presidenciales (14/04/2013). Capriles, además, solicitó un reconteo del 100 % de los votos emitidos, lo que fue interpretado como un requerimiento imposible de cumplir 3 y sirvió como elemento argumentativo para iniciar un proceso de desconocimiento del presidente electo (Poder Ejecutivo), pero, además, al Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral), y los demás poderes. Autoridades de los gobiernos de Estados Unidos, España, Francia, Paraguay, y el secretario general de la OEA (El Nuevo Diario, 15 de abril de 2013) se sumaron al desconocimiento de los resultados electorales y a la solicitud de un reconteo del total de los votos.

Se plantó así el germen de la crisis política más compleja que ha atravesado Venezuela en las dos últimas décadas. Un desconocimiento paulatino y constante por parte de un sector de la política nacional de las instituciones legítimas del Estado, que ha conllevado al robo de recursos soberanos en el extranjero bajo el alegato del reconocimiento a un gobierno interino, como figura no contemplada en el marco constitucional de Venezuela.

b. Guarimbas, fascismo, racismo y xenofobia en los discursos y prácticas de odio en Venezuela

Las guarimbas fueron la expresión material y concreta de un discurso de odio y violencia, posicionado por un sector entonces dominante de la oposición venezolana, apoyado principalmente por el gobierno de EE. UU. Este discurso apelaba a mecanismos de representación identitaria del nosotros y del ellos -como explica Van Dijk (2003) que se construye en el discurso la representación del grupo de pertenencia y el grupo del que se diferencia-, que presentaban rasgos fascistas como señalamientos, hostigamiento, acoso, escrache, entre otras formas de violencia simbólica. Estas representaciones simbólicas se concretaron en la dimensión material en formas de violencia que llegaron a escalar hasta el asesinato de personas, a quienes se les identifica como pertenecientes a sectores diferentes (ellos) por sus rasgos raciales, por su nacionalidad, o por sus opiniones, pero que en común tendrían una identidad que desde este sector de la oposición se pretendía erradicar: el chavismo.

Como signo dentro del discurso político en Venezuela, la palabra guarimba4 remite al año 2009 (Flores, 2011), cuando el presidente Hugo Chávez designó con ella las acciones violentas de calle que realizaban sectores de la oposición, identificados como jóvenes manos blancas, que desde el 2007 y en escalada, intentaban forzar un cambio de gobierno mediante protestas de calle que llegaron a provocar un incendio en el emblemático parque nacional Waraira Repano en Caracas5(Gollinger, 2009).

En el 2014, el reconocido vocero del sector más extremista de la oposición, Leopoldo López, anunció una serie de acciones de calle que se articularon en torno a la emblemática fecha patria del 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela. Para ello, el 23 de enero, también una fecha patria que conmemora el derrocamiento de la dictadura e inicio de la democracia moderna en el país, Leopoldo López anunció un llamado general a protestas en todo el país, denominado «La Salida»6, en el que convocaba a un «alzamiento» en contra del gobierno nacional (López, 2014). De esta manera, ese sector se orientó en los próximos años a intentar derrocar al gobierno con protestas violentas que costaron la vida de cientos de personas7).

Entre los cientos de muertes ocasionadas por las guarimbas, destacan al menos 5 personas que fueron linchadas o quemadas vivas en el 2017 por los sectores radicalizados por los voceros de las oposiciones determinados a derrocar al gobierno, y a quienes quiero referirme de manera individual por la extrema violencia de la que fueron víctimas, y como un reconocimiento a sus vidas y familiares:

Alexander Rafael Sanoja Sánchez (33 años) y José Bravo (38 años), fueron quemados vivos en Maracaibo con bombas molotov que les fueron lanzadas por quienes protestaban con violencia, mientras transitaban por una zona controlada por guarimberos8.

Danny José Subero (34 años) exmilitar, fue linchado por al menos 20 personas y luego ejecutado en Cabudare, estado Lara9.

Héctor Anuel Blanco (35 años), motorizado que recibió el impacto de un mortero artesanal y luego lo quemaron y apedrearon vivo en Lechería, estado Anzoátegui.10

Y finalmente, Orlando Figuera, un joven (21 años) que fue linchado, golpeado, herido con armas blancas y quemado vivo en Altamira11, en el este de Caracas, una zona históricamente asociada al sector más radical de la oposición venezolana12.

c. Sanciones y bloqueo, como armas de destrucción masiva

En diciembre de 2014 el Congreso de los EE. UU. aprobó la Ley 113-278 denominada Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, instrumento que establece el marco jurídico, bajo el argumento de supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco de las acciones de los organismos de seguridad y defensa ante las guarimbas, y que justifica la aplicación de MCU, presentadas por los medios como sanciones en contra de funcionarios del más alto nivel del gobierno.

En marzo de 2015 Barack Obama firma la Orden Ejecutiva 13692 («Decreto Obama»), un decreto presidencial que se sustenta en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 (OMCU, 2021ª). El Decreto declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos», y autoriza al presidente para tomar las medidas necesarias para eliminar dicha amenaza y permite enmarcar legalmente todas las acciones posteriores de Estados Unidos contra Venezuela. Este es, quizás, el instrumento más amplio que ha permitido a las administraciones de Obama, Trump y más recientemente Biden, aplicar sanciones de diversa índole a todo el sistema financiero y productivo de Venezuela, bajo el argumento de la criminalización de una nación entera.

El decreto Obama, que califica a un pueblo entero de amenaza, enlazando elementos de un discurso político de aniquilación de un sector de la población presentado por las oposiciones como plaga, peste o enfermedad (Chavismo, la peste, 2018), se enmarca en un imaginario del terrorismo y la amenaza externa con elementos de xenofobia, racismo y aporofobia, que ha marcado de forma evidente y notoria la historia de la política de injerencia e intervención de los EE. UU. en asuntos políticos, financieros y de seguridad de otras naciones como Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, pueblos sometidos a esta lógica imperialista de dominación por vía de la violencia.

En 2015 las oposiciones venezolanas, actuando en un bloque electoral denominado Mesa de la Unidad Democrática, alcanzaron la mayoría en la Asamblea Nacional (AN) y lograron la designación de la directiva del poder legislativo de la nación. Desde su primer discurso a la nación, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo que el gobierno nacional tenía los días contados y ofreció un periodo de seis meses para lograr su derrocamiento o renuncia)13).

El control del poder legislativo permitió a un sector de las oposiciones, liderado por las organizaciones Primero Justicia y Voluntad Popular, ganar apoyos de gobiernos extranjeros como el de EE. UU. y países aliados en la región como Colombia, Perú o Chile, con quienes se estableció la iniciativa del Grupo de Lima, constituido el 8 de agosto de 2017, bajo el tutelaje de la administración Trump, ante el fracaso de intento de activar la Carta Democrática Interamericana en el seno de la Organización de Estados Americanos contra el gobierno de Maduro, y como mecanismo sui generis para procurar una salida al conflicto de poderes en Venezuela (Busso, 2021). Este conflicto había sido generado por los propios sectores de las oposiciones, que desconocieron desde el 2013 a los poderes legítimos y que luego, desde el legislativo, fueron avanzado en constituir instancias de un pretendido gobierno paralelo, que alcanzó su mayor auge en el 2019 cuando el presidente del legislativo, el Diputado Juan Guaidó de Voluntad Popular, se autoproclamó presidente interino, usando una figura inexistente en el marco legal de la nación (BBC, 24 de enero de 2019)14. Esta estrategia de desconocimiento de los poderes legítimos fue acompañada por una política de aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de la nación venezolana, que para la fecha alcanzan 352 medidas implementadas por la OFAC que han afectado al menos a 144 personas, 99 empresas, 56 aeronaves y 53 buques, lo que ubica a Venezuela como el quinto país más sancionado por el gobierno de los EE. UU.  También la Unión Europea ha impuesto un total de 110 designaciones en contra de personas y empresas acompañando la política de medidas coercitivas unilaterales impulsada por EE. UU. en contra de Venezuela. El gobierno de Canadá ha sancionado al menos a 113 personas de Venezuela, bajo el argumento de violaciones de derechos humanos. Así mismo, otros países como el Reino Unido o Portugal han bloqueado recursos estratégicos de la nación venezolana, como el oro soberano secuestrado bajo el alegato del reconocimiento político al gobierno interino15.

Como consecuencia de estas medidas de bloqueo económico y financiero, el ingreso total de divisas a la nación pasó de 12.428 millones de dólares en el 2014 a 1.044 millones de dólares en el 2019, producto directo de la grave caída en la producción petrolera que pasó de 2.321 barriles de petróleo diarios en el 2015 a 614 barriles de petróleo/día en el 2021, pues buena parte de la actividad de la empresa petrolera PDVS se ha visto bloqueada directamente por las MCU.  El PIB de Venezuela cayó de 164.434 millones de Bss en el 2014 a 59.823 millones de Bss en el 2019, una caída de más del 63 %.  En total, los ingresos de la nación se redujeron casi en un 99 %.

Mucho más dramática es la dimensión humana del impacto económico de las MCU en contra de Venezuela. De acuerdo con el Center for Economic and Policy Research (Weisbrot, M. y J., Sachs, 2019), las MCU impuestas por el gobierno de EE. UU. y sus aliados en contra de Venezuela tuvieron un fuerte impacto en la reducción de la ingesta calórica de la población, aumentando las enfermedades y la mortalidad tanto en adultos como en menores, lo que, además, generó un fuerte flujo migratorio16 motivado principalmente por razones económicas como la hiperinflación y la precarización salarial, así como el deterioro en los servicios básicos y el bloqueo al acceso de alimentos y medicamentos que el gobierno había venido subsidiando para la mayoría de la población mediante una política de redistribución de la renta petrolera desde 1999.

El efecto de las medidas coercitivas unilaterales ha sido especialmente notorio en los sectores más pobres y vulnerables, y ha ocasionado de manera directa más de 40.000 muertes, solo entre el 2017 y el 2018, como consecuencia del deterioro acelerado y agudizado de las condiciones de vida en Venezuela (Weisbrot y Sachs, 2019).

El gobierno venezolano ha calificado el impacto de las MCU como crímenes de lesa humanidad y ha solicitado desde febrero de 2020 ante la Corte Penal Internacional que se evalúen como tal, reconociendo el severo impacto de estas17.

Este impacto se ha hecho especialmente notorio en coyunturas como el ataque al Sistema Eléctrico Nacional en el año 2019, que dejó por días continuos al país entero sin acceso al servicio de energía eléctrica, afectando además la distribución de agua potable. La capacidad de recuperación del Estado venezolano de este tipo de incidentes se ha visto severamente comprometida en un contexto de bloqueo que impidió que las empresas internacionales que han sido proveedoras de tecnología atendieran la situación en los tiempos requeridos, amenazando con ello la soberanía y seguridad misma de la nación entera.

La llegada de la pandemia en marzo de 2020 ha puesto además a prueba a todo el pueblo venezolano, ante un sistema de salud gravemente afectado por el bloqueo, que indujo la migración de una cantidad significativa del personal de salud (mayoritariamente formado por un sistema de educación pública y gratuita), lo que se suma a los incrementos notorios en los precios de medicamentos, insumos y servicios privados de salud. El bloqueo a pagos para la compra de vacunas, mediante mecanismos como el Covax, ha sido denunciado por el Estado venezolano como una de las agresiones más cruentas en el marco de la política imperial de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano (Agencia Anadolu, 11 de junio de 2021).

III. Narrativas hegemónicas en torno al bloqueo contra Venezuela

Como ya he señalado, el conflicto del bloqueo contra mi país tiene una dimensión discursiva que ha servido como una interfaz para comprender las consecuencias concretas del avance de una política con un notorio carácter imperialista en la vida de millones de venezolanas y venezolanos.

Los grandes relatores hegemónicos del bloqueo contra Venezuela han sido los medios de comunicación internacionales, que han servido como amplificadores de los discursos de los propios voceros del gobierno de EE. UU. y de voceros de las oposiciones venezolanas, en especial del sector más implicado en la solicitud de sanciones contra Venezuela, liderado por figuras políticas como Julio Borges de Primero Justicia, Leopoldo López, Carlos Vecchio y Juan Guaidó de Voluntad Popular.

En este apartado quiero compartir algunas ideas, a modo de reflexiones, sobre algunos de los mecanismos discursivos que intervienen en la construcción de las narrativas hegemónicas en torno al bloqueo contra Venezuela, lo que ha servido en gran medida como una forma de justificar estas medidas coercitivas unilaterales, bajo las falsas premisas de que:

  1. Son dirigidas solo a personas del alto gobierno.
  2. Son un mal menor en comparación con la mala gestión gubernamental que buscan derrocar.
  3. Tienen el apoyo del pueblo venezolano.

Para ello considero importante compartir algunas muestras concretas de cómo los medios de comunicación internacionales y algunos nacionales también en Venezuela han relatado la realidad del bloqueo.

3.1 Las sanciones contra Maduro

Desde el año 2014, cuando el Congreso de los EE. UU. aprobó el primer instrumento legal que ha servido como paraguas administrativo para justificar la aplicación de las MCU en contra de Venezuela (OMCU, 2021b), agencias internacionales se hicieron eco de la construcción narrativa impuesta desde el propio gobierno de los EE. UU. para presentar estas agresiones en contra de la nación bolivariana.

Para ello, resultó de utilidad la construcción de un sujeto que ameritaba ser castigado por haber violado derechos humanos de protestantes en Venezuela. Ese sujeto ha sido personalizado de manera sistemática en la figura del propio presidente Nicolás Maduro, pero a medida que la realidad ha ido desbordando la construcción narrativa, con cientos de nombres de otras personas, empresas y entidades afectadas por las MCU, se ha ido ampliando la identidad de este sujeto como una construcción colectiva que se presenta como «el gobierno de Maduro».

Adías de haber aprobado la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, la agencia internacional de noticias Reuters titulaba una nota de reseña de esta medida así: «Congreso de EEUU aprueba sanciones contra funcionarios venezolanos», dejando claro desde el propio titular de la noticia que el sujeto castigado o sancionado no era la nación, sino un conjunto de funcionarios, un marcador discursivo ampliamente usado para denominar a quienes se agrupan en el sujeto colectivo: gobierno de Maduro.

En el cuerpo de la noticia se lee:

La medida contemplaría la negación de visas y el congelamiento de los activos de los funcionarios involucrados en lo que la ley considera una ofensiva contra los opositores políticos durante los tres meses de protestas callejeras en Venezuela contra la delincuencia y los problemas económicos, que dejaron 43 muertos. (Zengerle, 11 de diciembre de 2014. Cursivas propias)

De esta manera no solo se presenta un sujeto claramente delimitado que amerita una sanción y es castigado, sino que además se construye rápidamente el argumento según el cual se justifica el castigo: la supuesta ofensiva en contra de un sector político en ejercicio de su derecho a la protesta. Solo al final de la idea se indica la consecuencia directa de las protestas, pero incluso la redacción de esta podría implicar que las muertes fueran ocasionadas por la ofensiva del gobierno y no, tal y como se ha demostrado, mayoritariamente por la propia violencia, incluso extrema y de odio racial y de clase, de las protestas convocadas por actores políticos encabezados por Voluntad Popular.

El medio New York Times, con un rol significativo en la construcción de la opinión pública en EE. UU. y el mundo occidental, titulaba el 6/08/2019 «Trump endurece las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro», aportando además a un imaginario de la figura de Donald Trump como hombre fuerte de la política norteamericana que imponía incluso un castigo más severo en contra del pretendido villano construido como representación mediática del presidente Maduro. Dice el texto de la noticia:

La orden emitida por la Casa Blanca se refirió a una “usurpación continuada del poder” por parte de Maduro, así como a “abusos de los derechos humanos, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios o ilegales de civiles, la obstrucción de la libertad de expresión, incluyendo la de integrantes de los medios, e intentos continuos de socavar el ejercicio legítimo de autoridad del presidente encargado Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional”. (Crowley y Kurmanaev, 6 de agosto de 2019, Cursivas propias)

Ya para el año 2020, luego de la reelección del presidente Maduro, el argumento para justificar las sanciones había cambiado de una supuesta violación a los derechos humanos a la legitimidad de la elección por la cual resultó vencedor en el 2019. El medio ALNAVIO titula: «Las sanciones contra Maduro se convierten en una puja mundial de intereses»

Las sanciones contra su régimen, que arreciaron luego de imponer un segundo mandato de forma ilegítima en enero de 2019, no sólo provienen de Estados Unidos. Varias naciones han aplicado medidas diplomáticas y sanciones individuales contra funcionarios del chavismo y sus relacionados. No obstante, son las medidas económicas aplicadas por Washington las que más le pesan a Nicolás Maduro en su empeño por sostenerse en el poder. (Amador, 3 de noviembre de 2021. Cursivas propias)

Incluso en momentos más recientes, cuando el propio gobierno de los EE. UU., presionado por organizaciones internacionales como la ONU, así como diversas voces internacionales que denuncian las MCU como una política criminal de chantaje político a una nación soberana, el medio ABC de España titula el 04/02/2021: «Biden comienza con una relajación de las sanciones a Maduro» mientras explica en el texto:

Según publicó este diario, hay en pie una campaña de presión de los socios del chavismo sobre la Administración Biden para que levante sanciones aprobadas por Trump en sus cuatro años de mandato. Esos socios de Maduro, capitaneados por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, piden que la Casa Blanca pase a dar prioridad a resolver la crisis humanitaria, y deje en segundo plano el cambio político necesario para que la dictadura dé paso a unas elecciones democráticas. (Alandete, D. 04 de febrero de 2021. Cursivas propias)

De esta manera, ya queda bastante claro y enunciado incluso en la narrativa propia de los medios hegemónicos que las denominadas sanciones no son otra cosa que una forma de presionar al pueblo para provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

A medida que se hace más evidente el carácter sistemático y colectivo de las MCU como forma de derrocar a un gobierno, los medios hegemónicos también han ido ajustando sus mecanismos para justificar la política de bloqueo contra Venezuela.

El 13/06/2021 El País de España titulaba «La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela» (La Fuente et al., 13 de junio de 2021)  como una forma de criminalizar los esfuerzos del enviado especial del gobierno venezolano Alex Saab, para intentar evadir los complejos mecanismos financieros impuestos por el gobierno de EE. UU., y en muchos casos sobre cumplidos por empresas y entidades financieras como expresión del temor a resultar castigados por el gobierno de EE. UU. por presuntamente violar sus instrumentos legales, para intentar adquirir alimentos y medicamentos a cambio de crudo venezolano. En este sentido, se ha denunciado ya desde diversas organizaciones el secuestro de Saab18 por parte de autoridades de Cabo Verde, en uno de los casos más penosos y notorios de violaciones a los derechos fundamentales de una persona, como parte del complejo entramado de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano. El bloqueo a la compra de alimentos y medicamentos ha sido una de las dimensiones más cruentas de esta política contra Venezuela (OMCU, 2021b; Sánchez, 2021).

Ya para este momento, los medios hegemónicos no parecen tener mayor pudor en admitir el carácter criminal de las denominadas sanciones en contra de Venezuela, tal y como indica El País en el texto de este reportaje:

El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde 2014, principalmente por Estados Unidos, para presionar al Gobierno de Maduro y tratar de forzar un cambio que nunca ha llegado. Hoy las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y la Administración para lograr una salida a la crisis del país. Lo que sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por temor a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Y en el centro de toda la presión ha estado Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Después de que la petrolera estatal sufriese de escasez de divisas, que el Gobierno utilizaba para todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a operaciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero. (La Fuente et al., 13 de junio de 2021)

De igual manera, el medio criminaliza de forma discursiva y sin aportar pruebas al enviado especial del gobierno venezolano, Alex Saab, quien buscaba mecanismos de negociación para adquirir alimentos y vehículos para la distribución de agua potable para el pueblo de Venezuela:

Una trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero. (La Fuente et al., 13 de junio de 2021)

3.2 Bloqueo, antibloqueo y desbloqueo, narrativas de resistencia

Ya hemos comentado cómo los medios hegemónicos de comunicación, operados por empresas privadas que participan en la lógica del control de los grandes capitales en el mundo, han avanzado en la construcción de una narrativa hegemónica de justificación de las MCU, presentadas como sanciones personalizadas en una especie de metáfora financiera para lo que en la guerra convencional ha venido desplegando el brazo armado de los EE. UU., como los ataques con drones y misiles controlados de manera remota, como una forma de «personalizar» la guerra y, supuestamente» minimizar los «daños colaterales».

Ahora quisiera compartir unas breves reflexiones sobre cómo el Estado, el gobierno y el pueblo de Venezuela han construido también una narrativa de resistencia que podemos identificar, tal como el bloqueo, como forma de nombrar una realidad bélica que es amenazadora de la vida entera en el país.

3.2.1 Antibloqueo desde el Poder Constituido

En este sentido, el Estado venezolano, bajo la conducción del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que encabeza el presidente Nicolás Maduro, ha avanzado en la construcción de una arquitectura prevista para proteger al pueblo de los efectos del avance del bloqueo, que se ha enunciado como una serie de instituciones y políticas antibloqueo.

Entre estas instituciones se cuenta la creación el 15 de septiembre de 2020 de un Viceministerio de Políticas Antibloqueo (Banca y Negocios, 15 de septiembre de 2020), que sirva de instancia para la construcción de políticas públicas que orienten el accionar de todas las instancias del Estado con miras a la transformación de la realidad generada por el bloqueo, especialmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La aprobación de la Ley Antibloqueo, el 9 de octubre de 2020 (Finanzas Digital, 16 de octubre de 2020), un instrumento legal que permita a las instituciones del Estado y a las y los funcionarios del gobierno actuar para garantizar la protección del sistema financiero de la nación y procurar los recursos necesarios para la supervivencia de la población y la mejoría posible de la calidad de vida en el país.

La creación del Centro Internacional de Inversiones Productivas (Higuera, 16 de octubre de 2020), y el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales, así como el lanzamiento del Sistema de Información y Documentación de este último han permitido, además, avanzar en la sistematización y análisis de datos de todas las instancias del Estado para así lograr dimensionar el impacto del bloqueo en todos los ámbitos de la sociedad venezolana y poder planificar y ejecutar políticas, planes y medidas que permitan transformar en efecto esta realidad.

Se trata de un conjunto de mecanismos administrativos y legales que no solo han permitido a las instituciones del Estado y del gobierno actuar en procura de desarticular los avances del bloqueo, sino que van construyendo también una cultura de planificación y ejecución de políticas públicas en una realidad de bloqueo, y esto es un gran avance teniendo en cuenta que para el año 2015 buena parte del funcionariado y de la población en general no reconocía la existencia de un bloqueo sistemático a la nación.

El poder constituido ha avanzado de esta manera en la generación de un repertorio de signos que permitan denominar esta nueva realidad que enfrenta el país bajo un signo que opera como un elemento de confrontación: el antibloqueo.

3.2.2 Desbloqueo desde el Poder Constituyente

Así como el Estado, el gobierno y sus instituciones han venido avanzando en mecanismos para contrarrestar el impacto del bloqueo, el pueblo organizado en las instancias del Poder Constituyente, lo que denominamos el Poder Popular en Venezuela, ha venido construyendo experiencias de resistencias frente al bloqueo, y es parte de lo que podemos identificar como muestras del avance de una cultura del desbloqueo.

Entre las experiencias más destacadas por sus capacidades de transformación de la realidad adversa generada por el bloqueo en Venezuela, usando capacidades de innovación y organización popular, podemos mencionar dos: La Cayapa Heroica y la Comuna El Maizal.

La Cayapa Heroica consiste en un plan en el que participan más de 20 instituciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y colectivos de diversos sectores involucrados en una experiencia de reparación de dispositivos tecnológicos que van desde aparatos vitales para el Sistema Eléctrico Nacional en pleno ataque terrorista en el 2019, hasta dispositivos como tensiómetros que requieren sencillos ajustes para su normal funcionamiento en el sistema de salud, pasando por incubadoras necesarias para la atención de neonatos en condiciones críticas. Más de 2000 equipos han sido recuperados bajo esta lógica de reparación a falta de recursos para la compra de nuevos equipos e incluso para el pago del servicio de mantenimiento bajo garantía de compra a empresas extranjeras. Gloria Carvallo, líder del proyecto relata:

Después que vimos que nosotros podíamos con un equipo que nunca en la vida habíamos tocado, pues le perdimos el miedo. Hoy día reparamos cualquier equipo. Más bien es un reto. Cuando llega uno que no hemos visto antes, entonces todos quieren, todos nuestros técnicos quieren, primero ese, es como una competencia bonita. (OMCU, 21 de julio de 2021)

Con un ahorro que supera los 15 millones de euros, el Plan Cayapa Heroica busca impulsar, fortalecer los espacios y programas de formación en materia de recuperación y mantenimiento de equipos electrónicos vitales para los distintos sectores del país.

Por su parte, la Comuna El Maizal (OMCU, 31 de agosto de 2021) se ha constituido también en un referente de producción soberana de alimentos, bajo un esquema de construcción de nuevos tipos de relaciones con la tierra, con el trabajo, con el alimento y con la noción misma de productividad con valores de solidaridad y bien común. A partir de la producción de maíz, la comunidad de El Maizal ha venido avanzando en la siembra de los excedentes de ese primer rubro para diversificar su producción en otros rubros necesarios para la vida de quienes la constituyen como café, queso, carne de res y de cerdo. Más allá de los resultados en cuanto a productividad, las y los integrantes de la Comuna destacan el saldo organizativo de una nueva manera de entender la vida en comunidad que se ha fortalecido desde una visión política surgida en Revolución y bajo un proyecto de Estado Comunal impulsado por el presidente Chávez, ahora en una nueva cultura de desbloqueo de las fuerzas productivas de la patria.

Estos referentes de la construcción de alternativas de producción que permitan transformar un aparato económico altamente dependiente de la extracción petrolera y de la renta derivada de esta, permiten entrever la constitución de una cultura que podemos entender como el desbloqueo, entendiendo que no se trata de una práctica simbólica que confronte al bloqueo sino que más bien intenta sobreponerse al mismo y transformar la realidad desde experiencias concretas que se enuncian como alternativas al modelo hegemónico.

3.2.3 El Diálogo para la paz

Finalmente, quizás el mecanismo más significativo que ha puesto en la mesa el gobierno venezolano para confrontar el bloqueo, en la narrativa de resistencia y contrahegemonía que se construye desde el pueblo, el Estado y el gobierno de Venezuela, es el diálogo abierto con todos los sectores de la política nacional, incluyendo a aquellos que han apostado en los tiempos más recientes al odio y la aniquilación del chavismo como identidad política en el país.

Desde el año 2002, cuando luego del intento de golpe de Estado fracasado que impulsaran actores que luego fueron parte de las denominadas Guarimbas, el gobierno encabezado entonces por el presidente Hugo Chávez dio un paso al frente en el diálogo para la paz, convocando a quienes días atrás fueron los perseguidores de los funcionarios de gobierno, habiendo llegado incluso a dirigir operaciones de violencia en contra de sus propios seguidores como una forma de generar un enfrentamiento colectivo que llevara a la pretendida renuncia del presidente por la vía del caos en las calles de la capital.

A partir de la elección del presidente Nicolás Maduro en el año 2013, y ante el desconocimiento de un sector de las oposiciones de su legitimidad, el propio Maduro ha convocado en incontables ocasiones a todos los sectores de quienes le adversan en la política nacional a dialogar, en Venezuela y fuera del país, en público y privado, según las propias exigencias de las oposiciones en disputa por su rol hegemónico de adversarios.

El gobierno ha enunciado esta política como un solo camino: la paz (OMCU, 2021c), declarando así el fracaso de la violencia, la guerra y el odio promovido por algunos sectores de las oposiciones en Venezuela.

En este sentido, veo el diálogo por la paz en Venezuela, como una estrategia política y discursiva que intenta, mediante mecanismos de las ciencias políticas, de la diplomacia, y de las negociaciones en conflictos, construir una salida real y concreta a la grave coyuntura socioeconómica que se ha derivado de un conflicto político en el país. Para avanzar en ese camino, es necesaria la participación de todos los sectores implicados en el conflicto, incluyendo aquellos que han participado de manera directa en la política nacional, como aquellos que han intervenido desde instancias de Estados o sectores políticos extranjeros.

El diálogo, como signo que opera desde la capacidad de construir nuevas realidades con otro, necesariamente diferente, permite pensarnos nuevas formas de comprender la crisis política que atraviesa el país.

IV. A manera de conclusiones

En primer lugar, resulta pertinente notar que en la construcción de las principales narrativas que representan el fenómeno del bloqueo en el discurso mediático y político se reproducen mecanismos que desde el análisis crítico del discurso se han documentado como expresiones de sistemas ideológicos, uno dominante y uno que disputa los sentidos del primero (Van Dijk, 2003).

La narrativa de las sanciones y las MCU se presenta como una forma de aportar legitimidad a un conjunto de medidas económicas que han tenido un grave costo humanitario para el pueblo venezolano, y para ello utiliza recursos como la construcción de un sujeto merecedor de castigo (villano) del cual visibiliza los rasgos que puedan ser evaluados como negativos, mientras minimiza cualquier acción que pueda ser evaluada como positiva o contrastante. Esta narrativa se presenta como hegemónica o dominante, pues es reproducida de manera constante por medios de comunicación e instituciones con un rol determinante de la política internacional como el gobierno de los EE. UU. y países aliados.

La narrativa del bloqueo se presenta como una forma de enunciar y dar nombre a una realidad previamente desconocida y que se representa como una amenaza a la vida de una nación entera. Para ello, se constituye un sujeto de confrontación que se enuncia como el antibloqueo. Esta narrativa busca así disputar los sentidos construidos a diario por el mass media, mediante la construcción de un repertorio de símbolos alternativos desde la institucionalidad del Estado y del gobierno en Venezuela, pero también desde las instancias del poder popular organizado.

Como ya he comentado de manera general en este ensayo, mi posición frente al tema que aquí reviso parte de las premisas teórico-metodológicas del ACD, como perspectiva que me permite hacer explícita mi propia instancia de la enunciación, que en ningún caso pretendo hacer pasar como una postura neutral, veraz, objetiva o imparcial, pues considero que esa es una de las grandes falacias del discurso científico y también del discurso mediático e institucional.  Por el contrario, el ACD me permite posicionarme como un sujeto político, una analista que entiende la investigación como una acción militante y comprometida, y a partir de allí construye un discurso que se enmarca también dentro de narrativas de resistencia más amplias, como la que busca denunciar y derrotar al bloqueo de las naciones libres.

Insisto en esta idea, pues, así como las ciencias, los medios y algunas organizaciones e instituciones pretenden construir discursos que se impongan como formas hegemónicas de comprender la realidad.

En la comprensión de la compleja realidad que vivimos en Venezuela, considero necesario tener en cuenta que nuestro país ha sido criminalizado en las narrativas hegemónicas del discurso político y mediático internacional, y esta representación hegemónica ha servido como sustrato simbólico para fundamentar una política de agresiones financieras que han contribuido a agravar la crisis económica del país.

Algunos de los argumentos discursivos empleados para sustentar esa criminalización de Venezuela, como expresión política contrahegemónica, son la legitimidad democrática, por ejemplo, cuando se cuestiona la separación de poderes, entre otras formas del sistema político venezolano. El otro argumento cada vez más común en el discurso de descrédito de la democracia venezolana es la supuesta violación sistemática de los derechos humanos en el país. Ambos argumentos son ampliamente cuestionables cuando vemos el tratamiento político y mediático de las élites financieras y políticas del denominado «mundo libre» a formas de gobierno de países que, al igual que Venezuela, tienen cuantiosas reservas de petróleo, en los que la discusión sobre la democracia está simplemente fuera de orden y las denuncias por violaciones de derechos humanos son sistemáticamente ignoradas19.

La construcción de una arquitectura legal, administrativa y política que ha entendido el manejo del territorio y de los recursos naturales20 desde una premisa fundamental de independencia y soberanía plena, con un proyecto político que se ha declarado abiertamente como antimperialista y socialista, parece ser el elemento clave para la lectura de estas narrativas en disputa por la explicación de la realidad en Venezuela. Una realidad cuyos elementos materiales y concretos muestran una economía y un sistema de bienestar social que habían alcanzado indicadores significativos de avance en materia de disfrute de los derechos y de inversión social entre 1999 y 2013 y que, al momento, están profundamente erosionados por acciones que pueden ser entendidas como ocasionadas por uno u otro actor, según la narrativa en la que uno se posicione, pero cuyos efectos en la vida de las y los venezolanos siguen siendo incuestionables.

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Notas

Notas
1Una de las metáforas que encuentro más rica en la obra de Ferdinand de Saussure (Cfr. Curso de Lingüística General, 1916), reconocido como el padre de la lingüística moderna, y que le permite expresar la estabilidad que ofrece la noción de un sistema de relaciones (lengua) entre elementos formales (significantes) y elementos de sentido (significados), para establecer un conjunto de signos que permitan al ser humano comunicar lo que pasa en el alma del sujeto, como dijo mucho tiempo antes nuestro maestro Andrés Bello en su Filosofía del Entendimiento (1881).
2Dice Santos al respecto: Las primeras sanciones comenzaron en 2005, después que Venezuela exigiera la salida de la DEA del territorio nacional, lo que llevó al primer conjunto de sanciones contra la compra y mantenimiento de cualquier equipo militar con tecnología estadounidense. Desde entonces, y al no alcanzar sus objetivos de un cambio en el comportamiento de Caracas, las sanciones se han multiplicado exponencialmente y se agrupan es seis distintos rubros: terrorismo; tráfico de drogas; trata de personas; corrupción, prácticas anti-democráticas y violación a los derechos humanos; sanciones al petróleo venezolano y a PDVSA; y sanciones a individuos… (2019, pp. 102-103). (negritas propias
3Esta solicitud hecha por Capriles fue apoyada por el propio presidente Maduro, y en un esfuerzo inédito y extraordinario del Poder Electoral en Venezuela se llevó la auditoria final al 100 % de los votos emitidos, confirmándose el resultado, cerrado pero irreversible y definitorio, del triunfo electoral de Nicolás Maduro Moros. El sector representado por Capriles no participó por decisión propia en este proceso y desconoció sus resultados de verificación. Ver DW: Venezuela: se amplía auditoría al cien por ciento de los votos https://www.dw.com/es/venezuela-se-ampl%C3%ADa-auditor%C3%ADa-al-cien-por-ciento-de-los-votos/a-16756811.Ver Acta del Proceso de verificación de resultados ampliado http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2013/presidenciales/documentos/auditorias2fase/Acta01062013.pdf
4De acuerdo el Diccionario de la Real Academia Española, Guarimba es un venezolanismo que se utiliza en el contexto de los juegos infantiles, para referir lugar en el que las y los jugadores se ponen a salvo de una persecución. El investigador Germán Flores Hernández indica que la etimología de la palabra está compuesta por la raíz Warjgan-, que siguiendo a Corominas, significa refugiarse o guarecerse, e –Imba proviene de voces de origen africano, como bemba y bimba.
5La figura más emblemática de la oposición en esa coyuntura fue Yon Goicoechea, quien lideraba un grupo de jóvenes «manos blancas» que indicaban ser orientados bajo premisas del movimiento internacional OTPOR para avanzar hacia una «revolución de colores» como estaba ocurriendo en el mundo árabe. Años después se demostró que Goicoechea recibía financiamiento y orientaciones desde sectores de la política de EE. UU. (USAID) para organizar grupos de jóvenes en Venezuela para acciones de violencia y terrorismo tanto en espacios públicos físicos como operaciones en espacios digitales como redes sociales.
6Destaca aquí, y solo lo mencionaré de manera anecdótica, pues ameritaría un estudio como tema de análisis, el uso de fechas patrias y consignas que, con ofertas engañosas, como «La última cola», «La Salida» que anticipan una solución mágico-religiosa que se ofrece para resolver toda una compleja crisis en la que el mismo sector que ofrece resolverla ha tenido un rol central como impulsador del conflicto. Los mecanismos discursivos empleados parecen indicar el uso de técnicas de mercadeo político para articular campañas mediáticas que acompañen acciones legales y administrativas como la aplicación de las MCU.
7En las denominadas Guarimbas de 2014 (La Salida) se contabilizaron al menos 41 personas fallecidas, de las cuales solo 5 habrían sido víctimas de excesos de funcionarios de seguridad, mientras 36 habrían sido víctimas de la propia violencia de quienes atendieron el llamado al alzamiento en las calles en contra del gobierno (Ver https://albaciudad.org/2014/04/conozca-los-26-fallecidos-a-un-mes-del-inicio-de-las-protestas-opositoras-la-gran-mayoria-son-victimas-de-las-barricadas/). Las Guarimbas del 2017 costaron la vida de al menos 131 personas, también mayoritariamente ocasionadas por la violencia de las propias personas que atendiendo el llamado a las acciones de calle por parte de Voluntad Popular y otros actores de las oposiciones en el país plantearon como única vía posible la violencia para provocar un cambio de gobierno en Venezuela (Ver https://albaciudad.org/2017/07/lista-fallecidos-protestas-venezuela-abril-2017/
8Ver Alba Ciudad: La historia de Alexander Sanoja, el hombre en moto que murió quemado en Maracaibo https://albaciudad.org/2017/07/la-historia-de-alexander-sanoja-el-hombre-en-moto-que-murio-quemado-en-maracaibo/
9Ver Prensa Libre: Venezuela: turba mata a un militar retirado https://www.prensalibre.com/internacional/venezuela-turba-mata-a-un-militar-retirado/
10Ver Alba Ciudad: Opositores matan a motorizado con mortero y luego queman su cuerpo en Lechería https://albaciudad.org/2017/07/opositores-matan-a-motorizado-con-mortero-y-luego-queman-su-cuerpo-en-lecheria/
11Ver: Alba Ciudad Son dos los jóvenes incinerados por violentos en Altamira «Me decían que tenía que morir porque yo era chavista»  https://albaciudad.org/2017/05/dos-jovenes-incinerados-por-manifestantes-violentos-en-altamira/
12Ver: RedRadio ¿Protestas populares o guarimbas? https://redradiove.com/protestas-populares-o-guarimbas/
13…ofrecimos que en un lapso de seis meses ofreceríamos un método para cambiar el gobierno por vía constitucional y lo cumpliremos… dijo ante la nación Ramos Allup en el acostumbrado discurso del 5 de enero en el poder legislativo, alegando que las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno venezolano serían castigadas por el poder legislativo. (Cfr. Telesur: Ramos Allup asegura que sacará a Maduro en seis meses, https://www.telesurtv.net/news/Ramos-Allup-asegura-que-sacara-a-Maduro-en-seis-meses-20160105-0039.html
14Ver BBC: Juan Guaidó se autoproclama «presidente encargado»: qué países reconocen al presidente de la AN y cuáles se mantienen con Nicolás Maduro, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46982431
15Para acceder a un histórico completo y documentado de todas las medidas unilaterales coercitivas aplicadas en contra de Venezuela y su impacto en los distintos ámbitos de la vida nacional, recomiendo consultar el sistema de información y documentación del Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas, que además cuenta con la información de las MCU aplicadas a otras naciones. https://observatorio.gob.ve/
16Las cifras en torno a la migración venezolana desde el 2015 han sido objeto de una evidente manipulación por organismos internacionales y por gobiernos de países extranjeros, que bajo el argumento de una crisis humanitaria han intentado intervenir en la política nacional mediante mecanismos como la ayuda humanitaria que incluso ha generado incidentes de violación del territorio al pretender desconocer los mecanismos legales y administrativos previstos por el Estado venezolano para los mecanismos de cooperación internacional, todo esto bajo la premisa del reconocimiento a un pretendido gobierno interino autoproclamado. Al respecto, recomiendo especialmente los trabajos recientes del grupo de investigación de la Organización de Derechos Humanos SURES https://t.co/vkODeAYpiC?amp=1
17Ver histórico de noticias de la Cancillería venezolana con el tema: Venezuela denuncia sanciones ante la Corte Penal Internacional http://mppre.gob.ve/tema/denunca-sanciones-corte-penal-internacional/
18Todos los detalles de las sistemáticas irregularidades legales y administrativas en el caso del secuestro a Alex Sabb pueden ser ampliamente consultadas en los portales https://www.alexsaab.co/ y https://www.justiciafuser.com/
19Sin ánimo de hacer comparaciones odiosas, recomiendo la lectura de trabajos que muestran la relación política que se ha forjado entre EE. UU. y Arabia Saudita en función de intereses financieros comunes, y que ha permitido a ambas naciones sobreponer esta agenda económica por encima de diferencias en sus visiones de la política, la religión y los derechos humanos, entre otros muchos temas que han servido de bandera para atacar al gobierno de Venezuela. https://www.eleconomista.es/economia/noticias/7601801/05/16/Un-secreto-inconfesable-asi-forjaron-EEUU-y-Arabia-Saudi-una-alianza-contra-natura.html
20Siendo Venezuela la mayor reserva de petróleo, la primera reserva de níquel y diamante, y la segunda reserva de oro del mundo.

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