Venezuela, un balance político alternativo

Venezuela, un balance político alternativo

DescargarEsteban Arias Chavarría.
Universidad de Costa Rica.
arias.luis1988@gmail.com
Recibido: 18/03/2018 – Aceptado: 16/05/2018

 

Resumen: Este ensayo de interpretación hace revisión de los alcances y las contradicciones de la experiencia chavista en Venezuela, así como la situación reciente del gobierno de Maduro. En casi más de dos décadas, el proceso reformista del chavismo logró importantes conquistas sociales y democráticas, pero la deficiente gestión burocrática y económica del país y la crisis de su modelo rentista-dependiente han eliminado dichos avances. En efecto, el antagonismo social de clase, como forma de producción y organización de la vida material, social y política en una formación social, ha dado lugar a una serie de conflictos en ascenso dentro y fuera del sistema político venezolano.

Palabras claves: Venezuela, crisis, socialismo, chavismo, progresismo, neodesarrollismo.

Abstract: This present essay reviews the realizations and contradictions of chavism experience in Venezuela, as well as the recent situation of Maduro’s government. For almost two decades, the chavist reformism accomplished relevant social and democratic achievements, but its poor burocratic and economic management and the crisis of its dependent rentier model have canceled those achievements. In fact, the social class antagonism, as a way of producing and organizing material, social and political life within a social formation, has given place to

Keywords: Venezuela, crisis, socialism, chavism, progresism, neodevelopmentalism.

 

Todas las situaciones críticas tienen relámpagos que nos ciegan y al mismo tiempo nos iluminan. Victo Hugo, Los Miserables.

Introducción: Un balance crítico

El antagonismo social de clase, como forma de producción y organización de la vida material, social y política en una formación social, ha dado lugar a una serie de conflictos en ascenso dentro y fuera del sistema político venezolano. La lectura que de ellos se hace ha estado dominada tanto por los canales oficiales de la derecha venezolana e internacional como por las fuentes institucionales u oficiosas del ‘chavismo’. Cada uno de estos sectores reclama la producción de la verdad sobre lo que acontece, a lo que se suman las diversas fuentes, opiniones y comentarios ‘alternativos’ que abundan las redes sociales y generan una atmósfera de confusión para el público en general y la izquierda en particular. A ello se le suman los diversos reduccionismos que operan al evaluar la cuestión venezolana, entre guarimberos fachos y chavistas comunistas, pero que no son resultado de una reflexión teórico-política que supere, al menos, la pseudo-concreción epistémica del mundo de la vida (cotidiana). Es cierto que no hay lecturas inocentes (aunque sí responsables), pero los intelectuales e informantes de la oposición de derecha y del chavismo desean preformar el debate dentro de sus márgenes.

Los reduccionismos del debate traicionan la realidad, que es compleja. Cuando se dice esto, remite a la existencia en un mismo tiempo de múltiples dimensiones, intereses, posiciones, conglomerados sociales y sujetos políticos que son producidos por y producen una totalidad de interacciones recíprocas tensionadas dentro de tendencias y contra-tendencias de un proceso socio-histórico, sobre la base de las posibilidades materiales y su anatomía social. Venezuela, tomada como una totalidad relativa y una formación social concreta, no es la excepción. Así, es imperioso aportar al debate, para recordar el cumplimiento de los límites advertidos sobre los procesos neo-desarrollistas, la imposibilidad de su ‘profundización’ y de los retos que supone su agotamiento. Lo de Venezuela no deja de ser característico de los movimientos históricos de las formaciones capitalistas-dependientes, la conformación particular de sus clases dominantes y las disputas inter-fraccionarias que suceden de ello, sobre lo que se hará revisión a continuación.

1. Venezuela antes de Chávez y Maduro

Los problemas venezolanos actuales, con sus discontinuidades relativas, guardan cierto paralelismo con situaciones históricas enfrentadas anteriormente. Tras la aparente excepcionalidad de la ‘democracia venezolana’ luego del Pacto del Punto Fijo en 1958 y del bipartidismo que se terminó de consolidar en 1973-74, se vigorizó la estructura piramidal de clases del capitalismo venezolano, con la exclusión de los trabajadores y sectores populares de los beneficios socialmente generados y de los centros de decisión real. La política social, como educación y salud, también tenían una fuerte dependencia de la renta petrolera (Kornblith 1996; Salama 1994) El conflicto social apenas fue gestionado con una política corporatista, mientras que la democracia cada vez menos ocultaba su elitismo burgués y dejaba ver su déficit de integración frente al antagonismo de clases (Ramírez 2003; Salama 1994).

El puntofijismo, que dejó atrás un decenio dictatorial, también sirvió para dar lugar a una estrategia de acumulación de capital rentista, que en el caso Venezolano se caracterizó por un proceso de modernización endógena dinamizado por la renta petrolera, con crecientes elementos de extroversión en cuanto a la importación de bienes y servicios, ahorro y dolarización especulativa (Kornblith 1996; Maza 1987). Pero el desarrollismo, como un intento de modernización capitalista autónomo o nacional y liderado socialmente por las burguesías nacionales, fue (y es) incapaz de ofrecer una alternativa superadora de los trabas latinoamericanas. Por el contrario, aparecen como un obstáculo a las opciones legítimamente radicales, porque canalizan las protestas populares con gran potencial emancipador en un nacionalismo burgués, con el apoyo de las dirigencias e intelectuales reformistas.

Al llegar a la década de los ochentas, Venezuela fue afectada por la crisis de la deuda externa que aquejó al resto de Latinoamérica1Sobre la deuda externa y sus efectos en América Latina, ver Ayala 2016, cap. 2.. El gobierno de Herrera Campins (1979-1984) devaluó la moneda y en el llamado “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983 declaró la moratoria del pago de la deuda externa (López, 2016). Desde entonces los gobiernos, en especial la segunda administración de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), aplicaron el recetario liberalizador a través de los programas de ajuste y las políticas de liberalización económica impuestos por el FMI. Dicho programa liberalizador se sintetizó en documento VIII Plan de la Nación, conocido popularmente como El Gran Viraje (Salama, 1994). Pero la liberalización económica apelada por los agentes del Consenso de Washington es en concreto la liberalización del peso regulatorio del Estado de las tendencias contradictorias del capitalismo (Marx, 1848).

En consecuencia, la conmoción social, el acelerado empobrecimiento económico de las mayorías y el crecimiento de la desigualdad entre la clase empresarial y los trabajadores y sectores populares, llevaron al aumento de la violencia, de la corrupción y el malestar social contra las élites. Esto dio lugar a un importante punto de inflexión como lo fue el levantamiento de 1989, conocido como el Caracazo. El gobierno venezolano reprimió fuertemente y dejó como saldo más de cuatrocientas muertes, según han recopilado algunas ONGs de Derechos Humanos (López, F. 2016; López, M. 2016; Wilpert 2003). Por lo que sucedió en este periodo y en la década de los noventa, es importante señalar que la derecha venezolana también tiene un pasado altamente represivo. Asimismo, aunque no se puede caer en la interpretación en extremo funcionalista y voluntarista de Iturbe (2016), Chávez y los militares comenzaron a interactuar con esas movilizaciones y a partir de ahí empezaron a construir su proyecto político.

Los conflictos sociales y económicos que en apariencia son recientes o surgen con los cambios del chavismo según los balances conservadores latinoamericanos (ver Instituto de Libertad y Desarrollo de Chile 2009), tienen varias décadas enraizados en la formación venezolana y se sintomatizan frecuentemente a través de mecanismos de violencia física. Incluso los problemas de desabastecimiento de productos básicos también fue un fenómeno que afectó a las administraciones altamente cuestionadas de Carlos Andrés Pérez y Rafaél Caldera, inmediatamente anteriores al régimen chavista y caracterizadas por la corrupción e ineficiencia y con derivas represivas2El Diario de Caracas (1989) titulaba “Psicosis de desabastecimiento. No hay arroz, aceite, harina, sal, papel toilette….”, mientras que años más tarde, El País de España (1994) señalaba que el presidente Caldera suspendía las garantías constitucionales y decretaba el control de cambio y precios en Venezuela ante la fuerte crisis financiera en que derivó la apertura del mercado financiero.. Rafael Caldera fue más moderado en su proyecto de apertura económico, pero no se desligó por completo de ‘El Gran Viraje’. Tras intentos de resistencia, en la segunda mitad de su administración negoció los ajustes estructurales con el FMI (Kornblith 1996; Salama 1994). Por eso el decenio de 1990 cuenta con una de las mayores tasas de protestas en Venezuela (Wilpert 2003).

Así, se enfrentaron a los problemas derivados de la especulación de la fracción importadora venezolana, así como la “colocación preferencial” de divisas petroleras en el exterior con las consecuencias cambiarias que conllevó, los fenómenos hiperinflacionarios y la crisis económica y financiera resultado de la liberalización y privatización de la economía venezolana en los años posteriores, la consecuencia en la crisis fiscal, entre otros efectos. La corrupción, que involucra tanto a corruptos públicos como corrupción corporativa (no siempre señalada), estuvo a la orden del día en el Estado venezolano; hay que recordar que el derechista –técnicamente socialdemócrata- Carlos Andrés Pérez fue destituido de su cargo en 1993 para que se llevara a cabo un juicio en su contra por malversación de fondos públicos. Ello derivó en una crisis social que se expresó políticamente con el deterioro de las instituciones políticas del puntofijismo y la ‘democracia excepcional’ venezolana (Kornblith 1996).

Igualmente, en un país con una renta petrolera exorbitante, es inexcusable que hayan pasado décadas sin una diversificación de la matriz productiva, con niveles de pobreza por encima del 50% y el aumento considerable de la desigualdad. En gran parte ello se debe a que, como país periférico, tiende a mantener un déficit en los términos de intercambio dentro de la economía mundial. Mucha de la riqueza producida en Venezuela, fundamentalmente petrolera, no se quedaba en el país. Además, a nivel interno, el reparto de los efectos de la crisis económica y política venezolana era altamente desigual, contrario al modelo ‘suma-constante-negativo’ argüido por Kornblith (1996). En efecto, “el porcentaje de la renta nacional percibida por los dos quintos más pobres de la población cayó del 19,1 al 14,7 por 100 entre 1981 y 1997, el de la décima parte más rica se incrementó del 21,8 al 32,8 por 100” (Wilpert  2003, p. 11).

Junto a estas aclaraciones, conviene recordar que antes del régimen chavista, Venezuela era un país en donde más de la mitad de la población total vivía en situación de pobreza, un cuarto del ella en pobreza extrema y la distribución del ingreso que mide el Gini era altamente desigual; entre 1990 y el 2005, el coeficiente más bajo fue de 0.46, en el 2004 (Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela 2011; López, M. 2016)3Ver datos de la página de estadísticas de la CEPAL (http://estadisticas.cepal.org) y del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (2011).. Otros aspectos como la hiperinflación tampoco son nuevos. No fueron pocas las veces en que la tasa de variación anual de los precios de la economía venezolana aumentó en un porcentaje superior al 50%, como en los años 1989 (84%), 1994 (70%), 1995 (56,6%) y en 1996 un (103,02%), con el coletazo negativo sobre los salarios reales de las clases medias y bajas.

Las explicaciones de estos procesos socio-económicos son complejas y requieren un espacio mayor que el que acá se pretende, pero no son ajenas a la tendencia general del carácter dependiente y periférico que también afecta a Venezuela en la actualidad. En ese contexto de los últimos años de la década de los noventa, por el creciente descontento popular que reacciona ante su situación de empobrecimiento, se produce la ruptura definitiva –iniciada en años anteriores- del bipartidismo dentro del sistema de partidos venezolano y ascendió Hugo C. Chávez apoyado por las clases bajas, cuyo sostén luego se fue ampliando hacia la clase media urbana (López, M. 2016; Lupu 2010).

2. Las transformaciones del Chavismo

Los cambios introducidos por el régimen chavista, sin ser socialista en la práctica más allá del discurso4Sobre la relación entre socialismo y el fundamento social de estos regímenes progresistas, que en la práctica son neodesarrollistas, ver Ayala (­2016, cap. 2; 2017) , han sido sujetos de las más variopintas distorsiones, que es imperativo evidenciar. Por supuesto, nada de ello niega la deriva autoritaria del chavismo. Por eso es imperioso tratar de aprehender qué ha sucedido en Venezuela en las últimas décadas. A confesión de parte, relevo de pruebas; dentro de las variadas organizaciones y declaraciones afines al chavismo y cercanas al PSUV, la de LUCHA (2017) reza que los militantes de izquierda que se pasaron a la opción ‘bolivariana’, “estaba(n) muy consciente(s) que la apuesta inicial del movimiento Bolivariano era la destrucción de la vieja burguesía y la creación de las condiciones para el surgimiento de una burguesía nacionalista” (párra. 17). Que la militancia chavista acepte esto, ahorra muchos debates. Se reconoce que se intentó- con relativo éxito económico por ciertos años- una gestión desarrollista del capitalismo dependiente venezolano. Pero la profundización lógica de estos procesos es la ampliación del neodesarrollismo estatizado y no estrictamente una sociedad de transición post-capitalista o post-neoliberal.

Ciertamente hay en el (neo)desarrollismo una hipótesis que no se debe subestimar, la cual consiste en la necesidad del desarrollo de las capacidades económicas dentro de las formaciones periféricas; no obstante, las fracciones de capital nacionalistas, hoy más que ayer, chocan con la fracción transnacional y la economía mundial para cumplir tales objetivos. Tal como advirtió Evers (1989) en formaciones periféricas las pugnas intra clase entre fracciones vinculadas al circuito reproductivo global y otras de carácter local-nacional pueden dar lugar a altos niveles de conflicto social. Es importante diferenciar estas disputas de una genuinamente emancipadora de las condiciones de explotación y desigualdad capitalista-colonial. La opción socialista originalmente no supone una continuidad o profundización sino un giro, una superación negativa (que niegue la estructura de clases sociales) lo suficientemente traumática (pero no violenta perse) dentro de la trayectoria histórica de una formación social. Pero los sectores privilegiados y su burocracia estatal están fuertemente interpelados en contra de dichos procesos como para lograr dar ese salto cualitativo por sí mismos.

Al dejar claro cuál ha sido la orientación del proyecto se presenta otra tentación analítica, que es juzgar el chavismo únicamente por la trayectoria de Hugo Chávez y su discurso populista. Sin duda, la biografía personal puede dar luces, pero no dar cuenta de lo sucedido. Como figura política, Chávez aparece en un contexto latinoamericano de cuestionamiento de las instituciones políticas tradicionales y fortalecimiento del rol presidencial y del poder ejecutivo dentro de los Estados. Los diversos políticos outsiders lograron instrumentalizar el discurso contra las élites para acceder a los puestos gubernamentales (Tellner 2001). Así, los gobiernos populistas fueron una expresión de las luchas antineoliberales guiadas desde ‘arriba’, que lograron desviarlas a opciones nacional-populares. Ello deriva en una cooptación del Estado de los sectores populares que han apoyado estos proyectos. Según Gaudichaud (2015), el progresismo ha provocado:

Una transformación “en las alturas” que modificaría efectivamente los espacios políticos, las políticas públicas y la relación Estado-sociedad, pero que va integrando -e in fine neutralizando- la irrupción de las y los de abajo en las redes de la institucionalidad, organizando un brusco reacomodo en el seno de las clases dominantes y del sistema de dominación, frenando la capacidad de autoorganización y control desde debajo de los pueblos (párra. 5).

Se debe agregar que el hiperpresidencialismo bonapartista, es decir, la excesiva concentración de la toma de decisiones en la imagen de Hugo Chávez, se enmarcó desde la campaña electoral dentro de esos procesos y logró acceder al gobierno tras ganar en 1998 (Hawkins 2010; Tellner 2001). En los primeros años en el poder, hubo un aumento de la democracia plebiscitaria, presentada como una forma directa de participación en la vida política, tras el fortalecimiento del sufragio y el derecho a la revocatoria del mandato (mismo del que fue objeto Hugo Chávez en el 2004). Este mecanismo fue funcional para contrarrestar la violencia económica y política de la oposición burguesa, bastante alta entre los años 2001-2005, que se resistía a las políticas desarrollistas (López, M. 2016). Después de ganar las elecciones del 2006, el chavismo ha reforzado el centralismo en la toma de decisiones y la independencia de los demás componentes del Estado ha sido constreñida por un presidencialismo fuerte y una gestión pública napoleónica. Además, ha encontrado un gran aliado en las fuerzas militares, favorecidas por la renta petrolera y empresas que se le han entregado, así como la laxidad sobre sus controles (Buxton 2016; Iturbe 2015; Rodríguez 2016).

La burocracia chavista siempre ha sido celosa del ímpetu democratizador de las bases sociales y populares, y ha apostado por un modelo de trabajo estatal-verticalista que permea incluso la creación de comunas controladas por el PSUV (Tellner 2008; Buxton 2016). En efecto, “los líderes de los partidos en general favorecen un enfoque “vertical” o estatista que considera al MVR y luego el PSUV como esenciales para el proceso revolucionario e insisten en el mantenimiento de la unidad del movimiento a toda costa” (Tellner 2008, p. 50). Ya desde el inicio se documentaban las tendencias corporativistas del Movimiento V República (López, 2016; Tellner 2008). No es extraño encontrar estas tendencias en los proyectos políticos nacional-populares, con claras maniobras corporativistas dentro de los movimientos sociales y con rasgos autoritarios, como el PRI en México, Perón en Argentina y Torrijos en Panamá, entre otros.

Por otro lado, con el apoyo de grupos de la izquierda venezolana que atrajo en años anteriores desde su intento insurrecional en 1992, la política económica que impulsó Chávez al comienzo fue bastante moderada: privatización selectiva y regulación de sectores privatizados y una política fiscal conservadora (lo que llevó dudar del proyecto para algunos de aquellos grupos de izquierda que le apoyaron), fortalecimiento del rol del Estado en educación y salud, y la nacionalización de gran parte de la renta petrolera (Ellner 2001). Buxton (2016) señala que Chávez se presentaba al inicio como partidario de la tercera vía de Anthony Giddens y Tony Blair; la adopción del discurso del ‘socialismo del siglo XXI’ se dio para las elecciones del 2006, “del que apenas se perciben unos contornos borrosos” (Gaudichaud, 2012, p. 5).

Sobre el proyecto socioeconómico, al inicio Hugo Chávez negó las posibilidades de nacionalización de sectores claves, como el comercio, el bancario o el energético y aceptó la posibilidad de participación de inversión directa en ellos, contrario al programa inicial de 1997 del Movimiento V República. Sin embargo, la apropiación estatal de la renta petrolera no ha sido ajena a la transferencia de beneficios hacia el sector importador y financiero, a través de distintos mecanismos como la sobreevaluación del bolívar. Es decir, el Estado y la economía, incluso con el chavismo, han sido estrechamente dependientes de los ciclos de acumulación capitalista de la formación venezolana vinculados orgánicamente a la renta petrolera (Dachevsky & Kornblihtt, 2016). Además, la empresa privada siguió manteniendo un peso significativo en la industria petrolera, que ha dado lugar a la fuga de ‘petrodólares’ fuera del país a pesar de –y/o gracias a- los controles del régimen chavista (Caputo, 2016; Wilpert, 2013). Algunos críticos señalan que la renacionalización petrolera del chavismo es en mucho apariencia y ha dejado puertas abiertas para la participación de inversión extranjera en la actividad extractiva y la producción petrolera (Iturbe, 2015; Rodríguez, 2016; Sorans, 2016).

En esta línea, Rodríguez (2006) manifiesta que dentro de las reformas legales del chavismo “queda abierta la posibilidad, como de hecho ya ha ocurrido, de que inversionistas nacionales y extranjeros participen directa o indirectamente en el sector” (p. 135). En algunos casos ha dado lugar a un esquema de empresas mixtas, como sucede con la inversión mixta entre PDVSA y la estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco. Así, parte considerable de la renta petrolera es desnacionalizada a través de fuga de capitales de los empresarios privados (Dachevsky & Kornblihtt, 2016; Caputo, 2016). Por eso, en los cálculos que ha realizado el economista Caputo (2016) concluye que “el sector privado, empresas productoras de bienes, del sector comercio, e importaciones, vinculado al sistema bancario venezolano (…) se apropian de una parte considerable de la renta petrolera –a través de varios mecanismos y circuitos- y la transfieren al exterior” (p. 5). Esto es un ejemplo de ‘sabotaje económico’ a través de la desinversión de los ingresos empresariales de vuelta en el país sudamericano, pero que ha sido facilitado por la ambigüedad político-económica del chavismo. Sin embargo, es necesario agregar que los procesos económicos extractivos difícilmente se puedan realizar sin inversión extranjera, ya que como tendencia general los países periféricos cuentan con bajos niveles de desarrollo tecnológico que les permita llevarlos a cabo por cuenta propia.

En el plano más general, la estrategia de acumulación neodesarrollista que se inició con el ascenso de Chávez, llegó a niveles importantes de crecimiento en la acumulación de capital, muy vinculado al aumento de los precios del crudo a nivel internacional y los ingresos petroleros, dejando atrás el proceso privatizador duro iniciado por el programa denominado Apertura Petrolera de Carlos Andrés Pérez y continuado por Rafael Caldera (Caputo, 2016; Scofrina, 2012; Wilpert, 2003b). Ciertamente no todo se explica por esto, pero sí la mayor parte, suficiente para caracterizar la formación socioeconómica como monoproductiva (e.g, las exportaciones de Petróleo concentran el 85%/PIB del total según datos más recientes de la CEPAL, pero han llegado a alcanzar el 95% de las exportaciones en otros momentos, según Buxton, 2016). Además de ello, no se puede dejar de lado los intentos iniciales para dar lugar a un ordenamiento territorial o agrario y regularizar los títulos de propiedad a través de leyes y decretos tras la Constitución de 1999. Ello ha encontrado fuerte resistencia de los latifundistas a pesar de que mucha de esa legislación contra tierras ociosas es común en países de economías avanzadas (Ayala, 2017; Lindsay, 2003; Wilpert, 2003). No obstante, mientras que en 1998, un 75% de las tierras agrícolas estaban en manos de apenas un 5%, en la actualidad el 1% todavía concentra el 40% de dichas tierras (Sorans, 2016; Wilpert, 2003).

Por lo anterior, se puede señalar, que el contenido anti-imperialista de estas opciones tiene un componente importante, no meramente discursivo. No es un antojo de preferencias políticas la razón que ha estado detrás de los intentos de desestabilización política; hay una disputa importante- por el control directo y no mixto de la riqueza nacional venezolana, así como intereses geopolíticos de manejo regional que no deben quedarse al margen. De fondo, de prosperar estas opciones nacionales, la estrategia global de acumulación que dirigen las metrópolis podría verse cuestionada, así como la influencia directa de estos países en las regiones periféricas. La oposición internacional refleja la sordidez de un sistema-mundo y sus agentes locales que ven con malos ojos la mínima reforma progresiva que atente contra su hegemonía.

En un país donde más de la mitad de la población vivía en pobreza y un cuarto en pobreza extrema, evitar la privatización en salud y educación y mantener gran parte de la renta petrolera en manos estatales iba a tener un impacto progresivo en los sectores más empobrecidos (ver Bruce, 2008)5Haya sido directa, a través de PDVSA o indirectamente a través del aumento al impuesto del barril que promovió el chavismo desde sus inicios (Rodríguez, 2006; Wilpert, 2003a; 2013).. De ahí su gran apoyo popular y en las masas populares que se manifestó en la mayoría de elecciones llevadas a cabo desde 1998 (Gaudichaud, 2012). Más allá de las contradicciones y elementos discordantes del régimen chavista, no se debería dejar de ver la considerable expansión de la política social que benefició a miles, así como las cifras de empleo y desigualdad. Para el 2011, la pobreza había descendido a 27% y la pobreza extrema a 7%, la población con vivienda digna aumentó considerablemente y las brechas sociales también disminuyeron. Dentro de esos datos es importante notar que el 70% de la población pasó a estar cubierta por algún tipo de asistencia estatal (Seiffer, Kornblih & Romina, 2012). Ello fue sustentado por los programas sociales llamados misiones, con apoyo del gobierno cubano, que cubrían desde salud, educación y vivienda (Bruce, 2008; López, 2016).

Evidentemente, esto no se logró sobre la base de una agenda de transición económica y social que le diera sostenibilidad estructural, sino de políticas puntuales para nada contrapuestas a la relación capital-trabajo rentista. Por el contrario, se dio sobre reformas que implicaban la ampliación de la actividad estatal en la reproducción de capital. La intensificación de la política social en Venezuela se dio como “un crecimiento cuantitativo dentro de una tendencia previa a la expansión de la acción estatal para contener a la creciente población obrera sobrante para el capital” (Seiffer, Kornblih & Romina, 2012, p. 33). Con ello se buscó asegurar condiciones mínimas de reproducción de la fuerza de trabajo que suele quedar al margen del proceso de explotación y acumulación en las formaciones periféricas. Al mismo tiempo, el aumento del gasto estatal sin controles ni evaluaciones sobre la política social, así como las inversiones de capital, facilitaron el despilfarro, la corrupción y los negocios irregulares con empresarios extranjeros que nunca se concretaron (Buxton, 2016; López, 2016). Aun así hay que reconocer que el chavismo prefirió gastar gran parte de la renta en programas sociales antes que en otros gastos suntuarios, como hacen en otros países de renta petrolera.

La crítica desde los movimientos sociales tenía razón en que tales efectos en los indicadores económicos y sociales –que evidencian el beneficio recibido- eran un fenómeno coyuntural y frágil, basado en un modelo rentista y sujeto a los vaivenes de la economía mundial en general y de los altos precios de petróleo en particular –qué Chávez presionó dentro de la OPEP para su aumento- y qué era necesario mantener dudas sobre los fines políticos y la instrumentación de estas políticas para fines corporativistas. Tal como comparan Seiffer, Kornblihtt & de Luca (2012) “tanto el kirchnerismo como el chavismo recurren al aumento de gasto en momentos donde su hegemonía tambalea” (p. 40). En especial cuando quienes se movilizan son los trabajadores organizados. Al mismo tiempo, no es del todo falso lo que señaló Marcelo Dias Carcanholo (2014) cuando dijo que, en cuanto al contenido y su lógica, “las políticas sociales aplicadas por los gobiernos progresistas, en su mayoría, no están afuera de los marcos propuestos por el neoliberalismo. Al contrario, hacen parte de sus recetas” (párra. 10). Con sus matices particulares, esto significa que la política social chavista era una forma de focalizar recursos, disputados por el Estado y la clase dominante en el nivel de la acumulación, hacia sectores más empobrecidos, y darle un mínimo de estabilidad social a la explotación económica y las pretensiones políticas de sus agentes.

Además de la renta petrolera, que llegó a ser el 60% de los ingresos del Estado según Buxton (2016) o el 90% según Iturbe (2015), en menor medida, el chavismo apoyó la expansión de la política social en una política tributaria regresiva. Este aspecto no es siempre puntualizado; al chavismo le faltó mucho para realizar una reforma fiscal progresiva. La base impositiva, cuyo promedio entre el 2000 y el 2013 apenas alcanzó un 11% del PIB venezolano, ha recaído mayoritariamente en impuestos indirectos al consumo (promedio de 8.55%/PIB en el mismo periodo), que comprenden más de la mitad de los ingresos, mientras que los tributos directos de las rentas alcanzan apenas una cuarta parte (5.4%/PIB). Si se aceptara la hipótesis de Schneider (2012) de que la política fiscal expresa el carácter de clase o al menos a qué élites protege el Estado, es claro que no beneficia a las masas, pero sí a “la banca, los importadores [llamada boliburguesía] y aquellos empresarios con contratos con el Estado” (Vázquez, 2012, párra. 5).

Hay otras observaciones por hacer que merecen atención. La diversificación productiva no es sencilla, mucho menos para el autoabastecimiento de un país que importa el 70% de los bienes que consume, pero el chavismo ha gozado de tiempo suficiente para hacerlo y no lo logró. Al inicio intentó un débil proceso de industrialización en función de tales objetivos, con nacionalizaciones de algunas fábricas y fundamentalmente el apoyo a pequeñas y medianas empresas, pero algunos de esos intentos se dejaron a manos de cooperativas con poca experiencia o no se invirtió en las fábricas nacionalizadas (Buxton, 2016). Según Iturbe (2015), más bien ha habido desindustrialización, ya que en 1998 el sector industrial representaba un 18% y en el 2012 cayó al 14%, (e.g.) la producción de las nacionalizadas Sidor y ALCASA han caído o están por debajo de sus capacidades productivas6Tampoco hay seguridad de que ello hubiera sido suficiente para apalear la época de crisis petrolera a favor de Venezuela, dado que la diversificación económica dentro de las cadenas de producción global garantiza que gran parte del valor agregado generado se quede en los países del centro.. La productividad física venezolana tiene al menos cuatro décadas de estancamiento, y no es únicamente un fenómeno achacable al régimen chavista (Dachevsky & Kornblihtt, 2016). Pero para lograr una menor dependencia de las importaciones era imperioso intentarlo y no se hizo.

Por su lado, la política cambiaria y monetaria, que se ideó con fuertes controles para evitar la fuga de capitales luego del paro patronal y petrolero del 2003, ha sido un detonante de las crisis inflacionarias y del mercado ilegal de divisas (que somete a presión el precio nominal del Bolívar) y que sostiene la economía informal beneficiosa para los boliburgueses a través de la importación sobrefacturada y el mercado paralelo de divisas (Buxton, 2016; Wilpert, 2013). Actualmente, el mal manejo de la política cambiaria también es funcional para el enriquecimiento de los empresarios y burócratas chavistas, e incluso para la fuga de capitales que se calcula que fue superior a US$110 mil millones entre el 2002-2013 (Sutherland, 2013)7De acuerdo a los balances de los analistas de la derecha, la fuga de capitales es expresión de desconfianza de los inversores. Por el contrario, Sunderland (2013) explica cómo el control cambiario, las importaciones de los empresarios privados y la fuga de capitales están estrechamente ligados: “el capitalista que protagoniza este drenaje de capital, lo hace a costa de realizar solicitudes de importación por 100 dólares de una mercancía X, luego recibe del gobierno los dólares por diversas vías (CADIVI, SITME, SICAD etc.) y éste se “cuadra” con el proveedor para importar mucho menos de esos 100 dólares, digamos 10 $, le da 10 $ al proveedor de “regalo” y EEUU los restantes 80 $ para ahorrarlos en el extranjero” (p. 7) .. La fuga de capitales tiene estrecha relación con las importaciones y los controles cambiarios, en beneficio de la fracción importadora y funcionarios del chavismo.  Tal como señala Rodríguez (2016):

El gobierno aprovechó los altos precios petroleros para subsidiar el consumo mediante importaciones baratas, en desmedro de la producción nacional, y permitió el crecimiento en proporciones demenciales de la sobrefacturación de importaciones, u  mecanismo de fraude para obtener del Estado divisas baratas. Empresarios privados y funcionarios de empresas estatales recurrieron a este esquema, y según cálculos del propio gobierno, en 2012 se declararon importaciones ficticias por el orden de $20 mil millones (p. 5).

Gran parte de esos millones han terminado en paraísos fiscales o en bancos estadounidenses, tanto por empresarios privados como de personal de los gobiernos oficialistas (Rodríguez, 2016). Tampoco hay que olvidar que el chavismo –y esta es una diferencia con algunas experiencias del desarrollismo clásico- no se atrevió a la nacionalización bancaria; Chávez nacionalizó 13 bancos en un momento de crisis, siendo el Banco Santander el único de gran importancia entre ellos, pero no nacionalizó la banca (Sorans, 2016; Tellner, 2015). Entre ambas cosas hay un gran margen de diferencia y de control sobre la inversión económica.

Por eso hay que entender que, a diferencia de una transformación de todo lo existente, “lo que propone el neodesarrollismo (…) es bajar las tasas de interés a niveles inferiores a las tasas de ganancia del capital productivo para que los capitales inviertan y acumulen en proceso (re)productivo, generando crecimiento y empleo, y no la valorización financiera” (Dias, 2014, párra. 13). Y en el caso particular de Venezuela, una moneda local fuerte que favorecía a los ‘almaneceros’ y subvencionaba el consumo, incluso el suntuario (Lambert, 2016)8La política de una moneda local sobreevaluada no es nueva, sino que está vinculada al carácter rentista. Dachevsky & Kornblihtt (2016) ubican su origen histórico en 1930, con el inicio del modelo rentista petrolero.. Mientras se mantuvo el alza de las tasas en los países del centro para evitar la inflación de las políticas contra-cíclicas tras la crisis mundial del 2008, ello funcionó relativamente bien para el conjunto de países ‘progresistas’, pero duró poco cuando los precios petroleros declinaron tendencialmente y el Departamento del Tesoro estadounidense decidió empezar a aumentar sus tasas de interés, tal como lo reconoce Katz (2017)9Los criterios políticos expresados por Katz (2017) son lamentables para la izquierda pero un triunfo ideológico para el chavismo, además de reflejar un dudoso uso del arsenal conceptual de Gramsci. Es parte de las presiones que los procesos nacionales burgueses ejerce sobre la intelectualidad socialista..

El crecimiento económico sobre la base rentista petrolera y la expansión de la política social que sostuvo, comenzó a enfrentar problemas y a deslegitimarse con la crisis mundial del 2008, el desaceleramiento de la economía china, la caída de los precios del petróleo y la mala gestión burocrática10En marzo del 2009 el gobierno venezolano respondió a estos fenómenos con medidas fiscales y crediticias, entre ellas el aumento del IVA del 9% al 12%, la emisión de deuda pública por más de $15 mil millones, límites en el salario público, un recorte del gasto aprobado para ese año del 6% y aumento del 20% del salario mínimo, así como la disminución de las tasas de interés para estimular la inversión (Guerra & Olivo, 2009).. El perjuicio económico y los paros patronales de la alta burguesía (black outs), como el de diciembre del 2002, su colaboración con el desabastecimiento de productos alimenticios y medicinas, el empleo de la desinversión y la creciente fuga de capitales, han aumentado el caos y comprueban tanto la debilidad del progresismo chavista como la contumelia de la oposición burguesa.

En el 2010, la economía venezolana empezó a dar signos de recesión y debilitamiento, con el considerable aumento de la deuda externa, contraída principalmente con China. Con el declive económico, devino el debilitamiento y recorte de programas sociales, que han afectado principalmente a las clases populares y sectores empobrecidos venezolanos (Buxton, 2016; López, 2016). Así como pasó en Brasil y Argentina, en Venezuela no tuvo que llegar ‘la derecha conservadora’ para comenzar a dar golpes al salario real, a los programas sociales y ajustes económicos en contra de los sectores populares.

Desde el año 2014 comenzó una ola de protestas por la violencia social, la inflación y la ruptura de stocks en bienes de consumo masivo, que la derecha, con cuantiosos recursos, ha luchado por instrumentalizar a su favor. Las explicaciones de Maduro e intelectuales afines parecieran monocausales; el caos está ligado al intervencionismo imperialista y el sabotaje de la oligarquía. Como se puede ver en posiciones oficialistas y de defensa del modelo chavista, al imperialismo norteamericano se le otorga un carácter omnipresente que está detrás de todo lo que sucede y de cada una de las acciones de la oposición de derecha (ver Sánchez, 2017). Es altamente probable que exista influencia norteamericana en la oposición, así como mecanismos de presión empresarial. Según Curcio (2017), la inflación inducida por el mercado paralelo y el desabastecimiento programado son las dos principales estrategias de la oposición para desestabilizar la economía venezolana. Ello se sustenta en la diferencia que existe entre el aumento de la importación total de bienes y servicios expresado en dólares, 388% entre el 2003 y el 2013, y la importación expresada en kilogramos, que ha sido de apenas un 57% en el mismo periodo (Curcio, 2017; Sánchez, 2017). Es decir, de acuerdo a la posición oficialista, el Estado venezolano traslada al sector privado gran cantidad de recursos para las importaciones, que no son utilizados para ese fin por parte de los empresarios.

No obstante, hay criterios importantes para señalar que estos elementos –si bien no deben desestimar- no constituyen en este momento el elemento totalizador del declive ni es suficiente para explicar cuanto sucede hoy en día en Venezuela. El chavismo y el proyecto neodesarrollista que intentó implementar tiene una importante cuota en el caos desatado en los últimos años, tanto por mantener el modelo rentista petrolero y la mala gestión estatal, como por la corrupción pública y privada, que adquiere formas de ilegalidad, nepotismo, clientelismo, favoritismo, etc. Con síntomas de la enfermedad holandesa, el hecho de que la ruptura de stocks sea un fenómeno recurrente en la economía venezolana por varias décadas nos habla de un déficit crónico y estructural que el chavismo y su propuesta nacional popular no pudo corregir, por el contrario, estimuló con su favoritismo hacia la boliburguesía y la corrupción. Ninguna oposición burguesa, aun financiada por EE.UU., tendría oportunidad en un país donde las cosas transcurrieran con relativa normalidad, ni mucho menos luego de que el chavismo demostró gran respaldo social. Pero el discurso del chavismo contrasta con el creciente arraigo popular de las protestas actuales y el descrédito generalizado del Gobierno de Maduro.

3. El chavismo actualmente y el aumento de las tensiones

Un mes después de la muerte del caudillo Hugo Chávez, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en abril del año 2013. Con una amplia participación electoral (75%), Nicolás Maduro logró imponerse por un estrecho margen frente a su competidor, Henrique Capriles. La diferencia de menos de dos puntos porcentuales entre Maduro y Capriles representó el cambio en las lealtades partidarias derivado de un cambio en las expectativas en el régimen. Un argumento importante contra la idea de que las protestas actuales y el malestar son impulsadas únicamente por la ‘oposición burguesa’ y el ‘imperialismo norteamericano’, como afirman Katz (2017) y otros intelectuales, es que una parte que votó anteriormente por Chávez, cambió su preferencia electoral por Capriles en dichas elecciones. Tal como afirma Buxton (2016), este cambio en las predilecciones no fue tanto un voto a favor de Capriles como un voto protesta en contra del chavismo, por la corrupción política y el declive socioeconómico. El mismo Capriles, que ha mantenido una posición menos radical y más respetuosa de la institucionalidad chavista que Leopoldo López, tuvo que aparecer con un discurso más centrista y conciliador para extender su apoyo electoral.

Luego de que Maduro ganó las elecciones, aceptadas por la oposición, tuvo que maniobrar en un escenario político y económico más hostil, nacional e internacionalmente. Los años dorados de la renta petrolera quedaron atrás, y subsiguientemente el margen de manejo económico y político del conflicto social disminuyó. En cuanto al manejo macroeconómico, en el 2013, ante la falta de divisas –por disminución de la renta petrolera, fuga de capitales, entre ellos petrodólares, etc- Venezuela recurrió a bonos del Tesoro para financiar las importaciones venezolanas. La situación de desabastecimiento aumentó considerablemente y la inflación cerró en números que duplicaron al promedio (22%) de la época de Chávez, en un 56% (Wilpert, 2013). La respuesta de Maduro fue reforzar los controles, a través de la ley de precios justos, para evitar la especulación, así como la creación de límites a las ganancias, que tuvo resultados contradictorios como el abandono de la fabricación de ciertos bienes debido a que los precios fijados estaban por debajo del costo de producción (Buxton, 2016; Tellner, 2015).

La inflación en el 2015 cerró en 180%, mientras que en el 2016 se calcula que cerró por encima de 700% (Buxton, 2016). La crisis económica y la hiperinflación actual no tienen paragón en la historia venezolana, y la pobreza extrema ha vuelto a niveles importantes. Según cifras del Banco Mundial, se estima que el PIB se ha contraído -un acumulado- de 22% entre el 2013 y el 2016, y los demás datos macroeconómicos tienen números rojos (balanza de cuenta corriente, desempleo, inversión, etc.). La deuda externa, a la que Maduro dedica gran parte de las divisas adquiridas mediante petrodólares, también ha aumentado a lo largo del régimen chavista, y se calcula en $123 mil millones al 2016, cuando en 1998 era apenas de $37 mil millones, y la fuga de capitales entre el 2013-2014 se ha elevado a $295.341 millones (Buxton, 2016; Sorans, 2016). Tampoco se puede dejar de lado la considerable disminución de las reservas internacionales en un 32% al cierre del año 2016, lo cual aumenta el riesgo para transacciones comerciales (Caputo, 2016; EFE, 2017).

Las filas para conseguir alimentos y productos de consumo básico son de conocimiento universal. Los sectores conservadores las aprovecha para desprestigiar el proyecto emancipatorio en su conjunto11Naturalmente, los balances de los analistas de derecha carecen de una caracterización real de las prácticas del régimen chavista, y toman el ‘socialismo’ venezolano como algo efectivamente dado y realizado, para dar rienda suelta a sus críticas -a veces sutilmente políticas, otras no tanto- del chavismo (ver, e.g. Belén, 2016; Instituto Libertad y Desarrollo, 2009; McCarthy, 2017). Caen en el mismo error –un poco ingenuo- de algunos simpatizantes del chavismo, de confundir el discurso con la realidad concreta., a pesar de que éste apenas si se asomó por la ventana en los mejores años del chavismo. Lamentablemente, la política del Gobierno de no publicar datos económicos y sociales limita el análisis, y posiblemente, la construcción colectiva de la toma de decisiones. Se desconocen los datos reales de pobreza, pobreza extrema, desempleo, etc. y facilita la especulación estadística. Algunas elaboraciones recientes estiman que el índice de escasez es del 80%, y del 70% para el sector farmacéutico (López, 2016). Medidas como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS) apenas maquillan el problema estructural del rentismo venezolano, en el que la distribución de bienes de consumo es un problema secundario, siendo el de abastecimiento el primario (Smilde & Pantoulas, 2016). Por su parte, según Rodríguez (2016), la violencia social se ha manifestado en la conformación de grupos de jóvenes con prácticas similares a las maras centroamericanas en los centros urbanos venezolanos.

Con este contexto socio-económico, ¿cómo no esperar que el chavismo cayera en descrédito popular? ¿Es realmente la protesta social merecedora de la represión, mientras el hambre asecha? Para el 2014, la popularidad del mandatario Maduro cayó y apenas un 22% apoyaba su gestión. El voto protesta en contra del chavismo fue efectivamente canalizado por la MUD en las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, con 112 representantes, mientras que el oficialista Gran Polo Patriótico obtuvo apenas 55 miembros (Buxton, 2016; López, M., 2016). Tras las elecciones, el parlamento saliente agilizó las designaciones de magistrados afines al chavismo para hacer mayoría dentro del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en un polo de oposición a la nueva Asamblea Nacional, a favor de Maduro (Rodríguez, 2016). Dada la composición de la Asamblea Nacional, las relaciones entre la AN y los demás poderes del Estado venezolano han dado lugar a un punto muerto o un empate técnico institucional dentro del aparato estatal, lo que ha posibilitado que recursos como la revocatoria de mandato sean frenados por el Tribunal Supremo de Justicia y el chavismo.

El clima sociopolítico y el antagonismo en contra del régimen político aumentaron significativamente en año anterior. Maduro y el chavismo oficial han hecho caso omiso del malestar y acusan al ‘enemigo imperialista’ como orquestador de las manifestaciones. Esto puede guardar alguna relación con la realidad sociopolítica venezolana, al igual que las denuncias contra la violencia guarimbera de algunos sectores de la oposición12No se debe olvidar que el recurso a lo que en Venezuela se le conoce como ‘guarimbas’, fue constante en la derecha entre el periodo conflictivo del 2001-2005, y que en las protestas del 2013 convocadas, unas por Leopoldo López y otras por Capriles, terminaron con más muertes contra militantes chavistas (Buxton, 2016; López, M., 2016). Actualmente, recorren en medios internacionales la imagen de un simpatizante del régimen al que los opositores del chavismo le calcinaron 80% de su cuerpo.((No se debe olvidar que el recurso a lo que en Venezuela se le conoce como ‘guarimbas’, fue constante en la derecha entre el periodo conflictivo del 2001-2005, y que en las protestas del 2013 convocadas, unas por Leopoldo López y otras por Capriles, terminaron con más muertes contra militantes chavistas (Buxton, 2016; López, M., 2016). Actualmente, recorren en medios internacionales la imagen de un simpatizante del régimen al que los opositores del chavismo le calcinaron 80% de su cuerpo.. También, el interés norteamericano en presionar por un cambio de régimen es evidente, tanto con Obama como en la actual administración de Donald Trump. Las protestas estudiantiles iniciadas en el 2014, que en un comienzo fueron convocadas contra la inseguridad social, contaron con apoyo del programa National Endowment de la USAID, así como el apoyo estadounidense a la MUD (Buxton, 2016). El objetivo estadounidense en desestabilizar el país sudamericano es indiscutible y no debe ser pasado por alto, a pesar de que las palabras de Maduro y del chavismo sobredimensionan discursivamente la intervención foránea.

McCarthy (2017), proclive a una intervención norteamericana, sintetiza la hoja de ruta que ha seguido y podría seguir EE.UU. para incidir en la crisis venezolana, entre los que se menciona: esfuerzos para eliminar los recursos de legitimidad internacional, construcción de una coalición multilateral (por ello, entiéndase la ONU, la OEA, etc.) en contra de Maduro y crear las bases para la asistencia en la reconstrucción, entiéndase, privatizaciones masivas, recortes de presupuesto estatal y asistencia social, y adueñarse de más renta petrolera. Como menciona Lambert (2016), en los círculos progresistas nadie se hace ilusiones sobre la existencia de mecanismos de presión económica, ni sobre lo que podría llegar a pasar si la oposición conservadora recupera el control gubernamental.

Pero al analizar el desempeño en conjunto de la formación socioeconómica, histórico y reciente, el elemento ‘imperialista’ es insuficiente para explicar la crisis actual. Ella está  ligada a las características de la reproducción del capitalismo rentista venezolano, lo cual hace que muchos ciudadanos venezolanos no compartan la interpretación oficialista, molestos de que se instrumentalice como excusa para justificar los propios errores (Buxton, 2016; Lambert, 2016). El malestar en contra de Maduro ha llegado más allá de las protestas estudiantiles, y ha adquirido niveles nacionales (Iturbe, 2015; Lambert, 2016; López, 2016; Rodríguez, 2016; Sorans, 2016). A lo largo de los últimos años, el contenido de estas marchas ha sido fundamentalmente el rechazo a la escasez y el desabastecimiento -70% de las acciones colectivas del 2016-, por servicios básicos como la vivienda y por los derechos laborales (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 2016; 2017).

Es en este marco de crisis social que el chavismo expresa sus más graves contradicciones, presentes a lo largo de estas casi dos décadas. El discurso político oficial polariza y estigmatiza sin avanzarse en la práctica en la construcción de un proyecto postcapitalista-rentista, al tiempo que, por su naturaleza nacional-popular, recurre al mecanismo de la concertación pero sin construir mecanismos efectivos ni voluntades integradoras de las demandas de la oposición dentro del sistema estatal. En una u otra opción que se le evalúe, queda a medio camino, lo que da lugar a un neodesarrollismo atrofiado infra y superestructuralmente. El resultado político no ha sido el control o la neutralización democrática del poder socioeconómico de la oposición conservadora, ni su canalización político-institucional, sino el atrincheramiento burocrático-corporativo frente a la oposición de la AN y un acento de sus rasgos autoritarios ante el malestar social. La violación de derechos humanos y libertades políticas en contra de opositores de derecha e izquierda del chavismo es una constante, sin poca o nula respuesta efectiva de autoridades políticas para garantizar su cumplimiento o sancionar responsables (OHCHR, 2017). Estos son elementos que se sintetizan en las recientes reacciones del gobierno de Maduro contra las protestas sociales y las maniobras de la MUD a lo largo del 2017.

Aunque el gobierno de Maduro no es una dictadura y la oposición todavía tiene importantes espacios para el ejercicio de su influencia dentro del sistema estatal, lo de Venezuela evidencia un desorden burocrático y constitucional por parte del mismo chavismo. El atrincheramiento en los elementos burocrático-corporativos se observa tanto en las resoluciones del TSJ contra el recurso de revocatoria y la disolución de la AN en meses anteriores, así como una tendencia a la participación de los comuneros. Los comuneros no son un síntoma de democracia popular y por ello han sido incapaces de construir un nuevo sujeto colectivo que sea el centro político de la ‘hipótesis de emancipación’. El orden cronológico en la elaboración política dentro del Estado de Venezuela muestra un desorden lógico en relación al deseo de cimentar una democracia obrero-popular; primero se toman las decisiones aceptadas por la cúpula estatal y partidaria, luego éstas se aceptan por los consejos comunales articulados -¿o cooptados?- en el Estado y controlados por el PSUV (Ellner, 2008; López, 2016).

Otra decisión que suma a su carácter corporativo fue el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y la votación de los constituyentes a inicio de agosto del presente año. El gobierno de Maduro optó por una representación municipal para la elección de los constituyentes, que ha derivado en una sobrerepresentación de aquellos municipios favorables para el chavismo (D’León, 2017). Lo que parece haber hecho Maduro es ganar tiempo y lanzar el conflicto sociopolítico hacia adelante, ya que es improbable que una nueva constitución sea aceptada, dada su baja popularidad y el rechazo generalizado al chavismo. El problema es que la nueva Asamblea Constituyente, en la que sólo participan miembros del chavismo oficialista, lleva el conflicto sociopolítico a un punto corporativista de no retorno a niveles de estabilidad que atienda las necesidades políticas del país.

Por otro lado, aunque el chavismo y sus líderes han tenido rasgos autoritarios desde su génesis, éstos se han acentuado. Desde el 2015, Maduro ha extendido el decreto de un Estado de excepción y de emergencia económica. En apariencia, buscan combatir el sabotaje económico y la intervención extranjera, pero limita las libertades de toda la ciudadanía. En las últimas movilizaciones de abril y mayo del 2017, algunas de ellas con saqueos y violencia, Maduro ha optado por la represión y la violencia militar para detenerlas, incluso de protestas pacíficas y de trabajadores (La Izquierda Diario, 2017; La Izquierda Diario Venezuela, 2017a). No es cierto, como señala Katz (2017), que la mayoría de muertos son simpatizantes chavistas. Por el contrario, la mayoría de víctimas y heridos son producto de la represión del gobierno de Maduro (OHCHR, 2017).

En este ascenso represivo, a los militares se les cubre de garantías; el gobierno de Maduro eliminó la intervención de la contraloría sobre los militares, siendo ellos sus propios contralores, y con el plan Zamora se les permite realizar cualquier arbitraje para ‘mantener el orden’ por vías militares y cívico-militares. A ello se suma la activación de tribunales militares –poco parciales y neutrales-, antagónicos a cualquier pretensión de justicia popular, para procesar los detenidos de las protestas, con lo que hace a un lado derechos básicos como el debido proceso y ser juzgado por tribunales civiles (La Izquierda Diario Venezuela; 2017b). El recurso a la represión es expresión de debilidad y la ausencia de hegemonía chavista, que se ha disminuido porque su discurso progresivo ya no encuentra su significante en la realidad vivida por gran parte de la población. La oposición también se encuentra disminuida luego de las elecciones regionales de octubre pasado en la que el chavismo, tras acusaciones de irregularidades en los datos sobre participación, se hizo de 18 de las 23 gobernaciones del país. La desconfianza en las instituciones electorales llevó a que la oposición no participara en las elecciones municipales en diciembre anterior y existan dudas sobre la participación en las elecciones convocadas por la Asamblea Constituyente en mayo. No obstante, en cualquier escenario político-partidario, Venezuela enfrenta una crisis socioeconómica que cuya reparación no se visualiza en un futuro próximo.

Reflexiones finales

Muchos de los problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta la formación social de Venezuela son la síntesis de contradicciones acumuladas históricamente. La época del puntofijismo llegó a su fin en la década de los ochenta, dando paso a un fracasado intento de liberalización económica, que agudizó el conflicto social de clases. En este escenario de fragmentación y tensión social, con las mediaciones estudiadas, surgió una opción nacional burguesa que se representó en Hugo Chávez. Los primeros años del progresismo venezolano conllevaron cambios en la administración económica desde el Estado de la renta petrolera, del avance en programas sociales y de intentos de lograr una democracia crecientemente plebiscitaria. Esas reformas, aunque mínimas, provocaron reacciones negativas por la oposición burguesa nacional e internacional. Conforme se consolidó el régimen chavista, se dejaron ver los elementos corporativos y bonapartistas en el plano superestructural que han acompañado al chavismo desde el inicio, aunado a la corrupción política y corporativa alrededor de los petrodólares. Lo que ha acontecido no es todavía considerable como una dictadura, entendida como el monopolio del poder gubernamental en un grupo o una persona, pero sí ha alcanzado a minar la legitimidad del régimen y canceló gran parte de sus aparentes conquistas democráticas.

Asimismo, el chavismo y su apuesta a la profundización de la estrategia de acumulación rentista fue lo contrario a un intento por superar el carácter periférico de su formación y modelo económico o de las relaciones capitalistas. Los mejores años del chavismo coinciden con un crecimiento a partir de la renta petrolera, no por el avance en un proyecto alternativo y antagónico al orden burgués, más allá de la retórica. Por lo tanto, corresponde a un corto tiempo social coyuntural, estrictamente ligado a la valorización rentista del capital en Venezuela. Sujeto a sus propias contradicciones, hoy es incapaz de hacerle frente a sus ‘enemigos’, sean éstos reales o imaginarios. Los cambios en la economía mundial y los precios del petróleo socavan la economía venezolana, en el que también contribuye deficiente gestión por parte de la burocracia chavista que facilita el sabotaje económico de la burguesía y boliburguesía venezolana. No hay razón –históricamente fundada- para pensar que el neo-desarrollismo como el de Venezuela, en un contexto todavía más adverso, dé lugar a un proyecto auténticamente emancipatorio de la explotación. En su lugar, la inclinación del chavismo puede aumentar la tendencia al resguardo corporativo y autoritario.

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Autor

Politólogo y Máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica.

Estudioso crítico del Estado y sus vínculos con las élites empresariales.

Notas   [ + ]

1.Sobre la deuda externa y sus efectos en América Latina, ver Ayala 2016, cap. 2.
2.El Diario de Caracas (1989) titulaba “Psicosis de desabastecimiento. No hay arroz, aceite, harina, sal, papel toilette….”, mientras que años más tarde, El País de España (1994) señalaba que el presidente Caldera suspendía las garantías constitucionales y decretaba el control de cambio y precios en Venezuela ante la fuerte crisis financiera en que derivó la apertura del mercado financiero.
3.Ver datos de la página de estadísticas de la CEPAL (http://estadisticas.cepal.org) y del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (2011).
4.Sobre la relación entre socialismo y el fundamento social de estos regímenes progresistas, que en la práctica son neodesarrollistas, ver Ayala (­2016, cap. 2; 2017)
5.Haya sido directa, a través de PDVSA o indirectamente a través del aumento al impuesto del barril que promovió el chavismo desde sus inicios (Rodríguez, 2006; Wilpert, 2003a; 2013).
6.Tampoco hay seguridad de que ello hubiera sido suficiente para apalear la época de crisis petrolera a favor de Venezuela, dado que la diversificación económica dentro de las cadenas de producción global garantiza que gran parte del valor agregado generado se quede en los países del centro.
7.De acuerdo a los balances de los analistas de la derecha, la fuga de capitales es expresión de desconfianza de los inversores. Por el contrario, Sunderland (2013) explica cómo el control cambiario, las importaciones de los empresarios privados y la fuga de capitales están estrechamente ligados: “el capitalista que protagoniza este drenaje de capital, lo hace a costa de realizar solicitudes de importación por 100 dólares de una mercancía X, luego recibe del gobierno los dólares por diversas vías (CADIVI, SITME, SICAD etc.) y éste se “cuadra” con el proveedor para importar mucho menos de esos 100 dólares, digamos 10 $, le da 10 $ al proveedor de “regalo” y EEUU los restantes 80 $ para ahorrarlos en el extranjero” (p. 7) .
8.La política de una moneda local sobreevaluada no es nueva, sino que está vinculada al carácter rentista. Dachevsky & Kornblihtt (2016) ubican su origen histórico en 1930, con el inicio del modelo rentista petrolero.
9.Los criterios políticos expresados por Katz (2017) son lamentables para la izquierda pero un triunfo ideológico para el chavismo, además de reflejar un dudoso uso del arsenal conceptual de Gramsci. Es parte de las presiones que los procesos nacionales burgueses ejerce sobre la intelectualidad socialista.
10.En marzo del 2009 el gobierno venezolano respondió a estos fenómenos con medidas fiscales y crediticias, entre ellas el aumento del IVA del 9% al 12%, la emisión de deuda pública por más de $15 mil millones, límites en el salario público, un recorte del gasto aprobado para ese año del 6% y aumento del 20% del salario mínimo, así como la disminución de las tasas de interés para estimular la inversión (Guerra & Olivo, 2009).
11.Naturalmente, los balances de los analistas de derecha carecen de una caracterización real de las prácticas del régimen chavista, y toman el ‘socialismo’ venezolano como algo efectivamente dado y realizado, para dar rienda suelta a sus críticas -a veces sutilmente políticas, otras no tanto- del chavismo (ver, e.g. Belén, 2016; Instituto Libertad y Desarrollo, 2009; McCarthy, 2017). Caen en el mismo error –un poco ingenuo- de algunos simpatizantes del chavismo, de confundir el discurso con la realidad concreta.
12.No se debe olvidar que el recurso a lo que en Venezuela se le conoce como ‘guarimbas’, fue constante en la derecha entre el periodo conflictivo del 2001-2005, y que en las protestas del 2013 convocadas, unas por Leopoldo López y otras por Capriles, terminaron con más muertes contra militantes chavistas (Buxton, 2016; López, M., 2016). Actualmente, recorren en medios internacionales la imagen de un simpatizante del régimen al que los opositores del chavismo le calcinaron 80% de su cuerpo.((No se debe olvidar que el recurso a lo que en Venezuela se le conoce como ‘guarimbas’, fue constante en la derecha entre el periodo conflictivo del 2001-2005, y que en las protestas del 2013 convocadas, unas por Leopoldo López y otras por Capriles, terminaron con más muertes contra militantes chavistas (Buxton, 2016; López, M., 2016). Actualmente, recorren en medios internacionales la imagen de un simpatizante del régimen al que los opositores del chavismo le calcinaron 80% de su cuerpo.