Indigenizar la política de Chile y Suramérica

Lo que se trata es de entender lo indígena no como una demanda puramente identitaria de ciertos pueblos, sino como una manera de entender y de vivir la vida, apegada a los territorios, ya que el extractivismo afecta a distintos tipos de comunidades, tanto rurales como urbanas.

Indigenizar la política de Chile y Suramérica
Indigenizar la política de Chile y Suramérica

Mientras la situación de salud del machi Celestino Córdova sigue agravándose cada vez más, luego de llevar más de 100 días en huelga de hambre junto a otros comuneros mapuche en Wallmapu, se hace cada vez más evidente la necesidad de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Un no reconocimiento constitucional hacia los pueblos indígenas, que deja a Chile prácticamente como el único Estado en Suramérica que en su carta fundamental no hace ninguna mención a su existencia, a pesar de que el 12, 8% de la población se considera parte de un pueblo originario, lo que no hace más que reflejar el carácter totalmente racista de su constitución impuesta en dictadura hace 40 años.

Una situación muy diferente a nivel constitucional de otros Estados en Suramérica, como ocurre con artículos de países como Argentina (Art. 75), Brasil (Art. 231), Perú (Art. 2), Colombia (Art. 7), Paraguay (Art. 62) y Venezuela (Art. 126), en donde existe una mención explícita de los distintos pueblos indígenas. Más aún en los casos de Bolivia y Ecuador, en donde se plantea a nivel constitucional el carácter plurinacional de sus Estados.

De ahí que no se pueda esperar nada tampoco de parte del Estado de Chile, con respecto a la implementación del Convenio 169 de la OIT, el cual fue ratificado durante el 2008, pero que en cuanto a medidas hacia los pueblos indígenas, se ha dedicado principalmente a instalar un sistema de entrega de tierra de manera asistencialista a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la cual desde su nacimiento en 1993, ha profundizado el nacionalismo estatal chileno y su racismo jurídico.

Es por eso que en aquellos otros Estados de Suramérica, existe una mayor protección en el plano jurídico de parte del Estado hacia los pueblos indígenas, lo que ha permitido que las comunidades  de aquellos países puedan demandar de mejor forma sus derechos políticos, a través del Convenio 169 de la OIT, ya sea para mantener su cosmovisión o para participar en las decisiones que afectan a sus territorios ancestrales a través de una consulta previa.

No por casualidad por tanto, que el resto de los países hayan ratificado mucho antes el Convenio 169 de la OIT que Chile, como ha pasado con Bolivia (1991), Colombia (1991), Paraguay (1993), Perú (1994), Ecuador (1998), Argentina (2000), Venezuela (2002) y Brasil (2002), lo que una vez más evidencia el desprecio de la institucionalidad chilena a los diferentes pueblos indígenas (mapuche, aymara, diaguita, atacameño, quechua, rapanui, kolla, kawésqar y yagan).

Sin embargo, más allá de todos estos avances jurídicos para los pueblos indígenas, también ha ido acompañado de una profundización de un proceso extractivista en los últimos 20 años en Suramérica, el cual no ha sido muy diferente para las comunidades afectadas por el negocio minero, petrolero, agroalimentario, inmobiliario, energético o forestal en cada país.

En consecuencia, ha sido un proceso atravesado por lógicas transnacionales que pasan por alto a los gobiernos de turno, los cuales aunque se vistan de plurinacionales, siguen viendo a los territorios como espacios de explotación, producción y de acumulación infinita para enriquecer a unos pocos y en el mejor de los casos para financiar políticas sociales focalizadas.

Por lo mismo, la situación va mucho más allá de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de instaurar un Estado Plurinacional o de ratificar una convención específica, ya que mientras se siga viendo a lo indígena como una temática más a tratar, desconectada del despojo territorial y no vinculándola con un procesos de descolonización del Estado (económico, jurídico, educacional, militar, sanitario) solo se reproducirá una mirada folclórica y despolitizada al respecto.

En otras palabras, lo que se trata es de entender lo indígena no como una demanda puramente identitaria de ciertos pueblos, sino como una manera de entender y de vivir la vida, apegada a los territorios, ya que el extractivismo afecta a distintos tipos de comunidades, tanto rurales como urbanas.

No por nada mapuche significa gente de la Tierra, por lo que reconocer a los distintos pueblos es también reconocer y darle derechos políticos a Ñuque Mapu, al ser todas y todos parte de ella.

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Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea y con cursos de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina.

Editor del Observatorio Plurinacional de Aguas.

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