Carlos Eduardo Pérez Corredor.
PhD en Socidad y Cultura.
Universidad de Barcelona, Barcelona, España.
carlose2371@gmail.com

Recibido: 18/10/2018 – Aceptado: 09/12/2018

Resumen: Casi dos años han pasado desde la firma de los acuerdos de Paz de la Habana en los que la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano decidieron poner fin a más de seis décadas de confrontaciones militares. Y a pesar de que las cifras de violencia relacionada al conflicto han disminuido ostensiblemente, los índices de violencia sectorizada hacia campesinos, afrodescendientes e Indígenas que defienden otras formas de desarrollo han aumentado de forma alarmante. En este artículo se pretende analizar cuáles son las causas que hay tras estos crímenes, utilizando diversas fuentes de organizaciones no gubernamentales, del Estado y sobre todo testimonios de líderes afrodescendientes recogidos en 2014 durante una protesta realizada por mujeres afrodescendientes en Bogotá. También se analiza la narrativa utilizada desde el poder que los estigmatiza como enemigos del desarrollo y se describe cómo ésta tiene efectos peligrosos porque termina justificando estos crímenes ya que este discurso tiene efectos racializantes.

Palabras clave: Desarrollo, afrodescendientes, epistemicidio, racismo, líderes sociales, extractivismo.

Abstract: Almost two years have passed since the peace agreement between the Colombian State and the guerrilla of Farc was signed. Although the statistics of violence related to the conflict have plummeted drastically, violence against grassroots movements and its leaders have risen dramatically, especially towards those involved in the defense of an alternative way of development which are peasants, indigenous and afro-descendants. This article aims to analyze the causes behind these crimes, using different sources like reports from organizations that work in the field, the Colombian government and interviews done during a rally in 2014 in which women from the Cauca región marched to Bogotá demanding that the government comply with the implementation of the prior consultation as defined in the Constitution. The narrative used by the power that stigmatizes them as enemies of development is also analyzed.

Key Words: Development, afrodescendants, epistemicide, racism, grassroots leaders, extractivism.

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Introducción

Este artículo se deriva de la tesis doctoral titulada “Desplazados y Excluidos, la larga historia de marginación de la comunidad afrocolombiana” defendida en noviembre de 2016 en la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona, dentro del programa de Doctorado: Sociedad y Cultura. Las entrevistas fueron realizadas en Bogotá entre 2013 y 2015, aunque las utilizadas en este artículo se llevaron a cabo en noviembre de 2014 en el marco de la “Movilización de Mujeres por el cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales”. La metodología de este artículo está basada en fuentes primarias como informes estatales y de organizaciones que trabajan en terreno, entrevistas semiestructuradas, y fuentes secundarias. En cuanto a los pilares teóricos utilizados para fundamentar estas tesis se utiliza el concepto de epistemicidio para defender la idea de que el discurso, en el que se les acusa de ser enemigos del desarrollo, que se utiliza para justificar estos crímenes tiene consecuencias racializantes y para tal fin se utilizaron los trabajos de autores como Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel entre otros.

Breve reseña del conflicto.

En noviembre 24 de 2016 se firmó el acuerdo de cese definitivo del conflicto armado que puso fin a aproximadamente 60 años de confrontaciones entre la guerrilla marxista de las Farc y el Estado colombiano. Dicho conflicto se fue gestando a lo largo del S. XX debido a las constantes luchas del campesinado por un acceso más equitativo a la tierra, en la que terratenientes han tenido un rol protagónico y han sido los principales recipientes y beneficiarios de grandes extensiones a partir de la independencia de España. Este manejo de la tierra que se ha dado desde la colonia y fue heredado de la visión que los colonizadores tenían hacia ésta, creó una clase social terrateniente que hasta la fecha actual ostenta un importante poder político y social, y que se ha caracterizado por ver a la tierra como un objeto comercial.Influenciados por ideologías de izquierda que defendían una repartición justa de la tierra y por el partido comunista colombiano que fue fundado en 1930, el campesinado fue tomando conciencia sobre formas de organización y lucha que se materializaron en la visibilización de su situación por parte de los partidos liberal y conservador. Sus reclamos sobre este tema y sobre una mejoría en las precarias condiciones de trabajo del campo colombiano se materializaron en una incipiente legislación, Ley 200 de 1936, que tan solo sirvió para regular las condiciones de explotación laboral en el campo (CNMH, 2014). La influencia del partido comunista se dio principalmente en la zona andina central, en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, en donde se dieron algunas victorias del campesinado en el tema de las relaciones laborales que infortunadamente se vieron interrumpidas por el comienzo de la violencia partidista que llegó al campo colombiano en los años cuarenta, y que a pesar de no ser dirigida hacia el campesinado y de tener diversos factores políticos en sus orígenes, generó olas de violencia hacia estos sectores por parte de terratenientes que buscaban vengarse por lo que ellos consideraban había sido el “atrevimiento” de exigir sus derechos.Para la década de los cincuenta, lo que había sido un incipiente movimiento campesino que protestaba por la mejora de su situación laboral en las haciendas donde trabajaban, se había convertido, gracias a la influencia del partido comunista colombiano, en un movimiento organizado, estructurado, y dirigido por antiguos líderes rurales con amplio poder de convocatoria, y al que el Estado colombiano respondía con ataques militares, algo muy común en la clase dirigente colombiana que casi siempre ha tratado de resolver conflictos sociales y políticos por la vía militar. Esta incapacidad para negociar conflictos y entender la diferencia ha sido una constante en el actuar de la clase dirigente de este país.En la década del cincuenta, los conflictos agrarios de vieja data, más la violencia partidista sumada a la represión estatal, más la influencia de ideologías de izquierda presentaban una configuración que le iría dando forma al nacimiento de la que sería conocida como la guerrilla de las Farc. En 1956, el ejército al mando del nuevo presidente Gustavo Rojas Pinilla, que había llegado al poder tras derrocar a través de un golpe de Estado militar a Laureano Gómez, envió un regimiento de cinco mil soldados hacia la zona de Villa Rica en Tolima, con el objetivo de erradicar “ese reducto comunista,” y apoyados por la fuerza aérea lanzaron bombas de napalm dejando un número indeterminado de muertos y aproximadamente cien mil desplazados y “cientos de detenidos en un campo de concentración ubicado en Cunday, en el que se practicaron fusilamientos, castraciones y diversos tipos de torturas, entre ellas, la aplicación de corriente eléctrica; los que sobrevivieron fueron condenados y procesados sin que se les brindaran las mínimas garantías procesales” (CNMH, 2014. p. 49).Retornando al presente, la firma de los acuerdos de la Habana ha traído diversos beneficios, sobre todo, la reducción en las estadísticas de soldados, guerrilleros y civiles muertos en combate tal y como lo indica un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, en el que se demuestra cómo las muertes en enfrentamientos tras la firma de los tratados se han reducido casi en un 100%, mientras que en 2002 el total de muertos entre guerrilleros, soldados y civiles ascendía a 2.799, en 2017 esta cifra fue de cero (El Espectador, 2018). A pesar de lo anterior, hay un grupo de ciudadanos para los que el fin del conflicto no ha significado una reducción en los niveles de violencia en sus comunidades y sus vidas. Todo lo contrario ha sucedido tras la firma de los acuerdos de la Habana en el que las estadísticas de asesinatos de líderes sociales, que mayoritariamente viven en zonas rurales, han aumentado de forma drástica llegando a presentar un homicidio cada tres días y después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, uno cada día (Indepaz, 2018).

Pero ¿quiénes son los líderes sociales?

Lo que se conoce en Colombia como líder social hace referencia a personas con un alto grado de reconocimiento dentro de su comunidad por su trayectoria en la defensa de derechos territoriales y políticos, siempre en la búsqueda del beneficio común sobre intereses particulares y privados. Dentro de esta categoría también están los denominados defensores de derechos humanos que básicamente cumplen el mismo rol de los líderes sociales.De acuerdo a organizaciones no gubernamentales que se dedican a la cuantificación de estos crímenes y asesinatos como Indepaz, estos se dan en su gran mayoría en territorios de comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas, en donde hay recursos como el oro, disputas territoriales con actores de mala fe((Actores de mala fe son aquellos que adquieren la posesión de un bien, en este caso sería una extensión de tierra de manera ilícita, clandestina, fraudulenta y violenta. Se han dado muchos casos en los que después de un proceso de despojo violento y vaciamiento de territorios posterior, actores de mala fe tomaron posesión de territorios pertenecientes a comunidades étnicas, como en los casos del Curvaradó y Jigamiandó en el Chocó donde después de desplazar a sus habitantes estos territorios fueron adquiridos por actores de mala fe para ser cultivados con palma africana.)), o en donde han habido o hay en la actualidad cultivos ilícitos como el de la hoja de coca. De acuerdo a esta organización, en el año 2017, el 69.3% de líderes asesinados pertenecían a organizaciones Indígenas, Afrodescendientes o Campesinas. Los conflictos por el territorio y sus recursos representan el 32% de las causas de estos asesinatos. Los líderes asesinados en su mayoría pertenecían a organizaciones cómo la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y el PCN (Proceso de Comunidades Negras), que son organizaciones que luchan por la reivindicación y la defensa de los derechos territoriales que están estipulados en la Constitución de 1991.Líderes asesinados en Colombia 2017. Hasta febrero 2018.

(Fuente: Indepaz, 2018, p. 6)A medida que se acercaba la firma del acuerdo de Paz entre gobierno y Estado colombiano se fueron incrementando las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sobre todo si estos defendían y hacían campaña a favor del acuerdo de Paz en el referendo que se llevó a cabo en octubre de 2016. El primer paso dentro de esta cadena de terror consiste en las amenazas de muerte, en las que se les advierte que debido a sus actividades de defensa del territorio han sido declarados objetivo militar((Tal y como se puede comprobar en este mensaje que fue enviado al Consejo Comunitario de La Toma en junio de 2017 y en el que se leía: “bueno, llegó la hora de arreglar cuentas con los opositores de la Comunidad en La Toma en especial a los ………. de E.M. y J.J.V. Si no quieren que les pase lo de Buenos Aires, les damos 24 horas para que salgan de la zona. No respondemos. Ya saben que estamos en la zona. Autodefensas Gaitanistas, sabemos sus movimientos. El tiempo empieza a correr”. Se puede leer el mensaje original en este enlace: https://goo.gl/QEBo8e)), estas amenazas vienen acompañadas de una advertencia en las que se les da la oportunidad de abandonar el territorio a cambio de salvar sus vidas, es decir desplazarse, de lo contrario serán asesinados. Usualmente se distribuyen panfletos en los municipios o comunidades con los nombres de las potenciales víctimas, es decir líderes sociales y todas aquellas personas que estos grupos perciben como una amenaza hacia su visión de sociedad en la que no encajan consumidores de drogas, ladrones y prostitutas, entre otros, lo que denota un interés de control social a través del miedo y el terror en el que existe una ideología favorable a la inversión de proyectos de desarrollo y capital en los territorios, que no tolera la diferencia y pretende una homogeneización de la vida a través de la violencia (Defensoría del Pueblo, 2017).Evidentemente el solo hecho de recibir una amenaza es un hecho victimizante que crea disrupción y terror dentro de la comunidad. El objetivo de la campaña de sectores guerreristas de derecha durante la campaña por el referendo era el de asociar al liderazgo social con la guerrilla, aquí vale la pena afirmar que ésta ha sido una estrategia que les ha sido útil a estos sectores que ven en la continuidad del conflicto armado una oportunidad política para mantenerse en el poder, ya que estos partidos han construido su base política vendiéndose como los únicos que pueden derrotarla y salvar al país del “comunismo”.Pero estos crímenes no solo afectan a los líderes y sus familias, el efecto negativo sobre las comunidades que estos representan y defienden, se evidencia en la destrucción del tejido social y las dinámicas de la comunidad, y si se tiene en cuenta que la forma de relacionarse con el territorio de estas comunidades es colectiva, el daño trasciende lo individual. Los impactos de estos asesinatos y desplazamientos forzados generan efectos estructurales porque limitan e impiden el ejercicio de libertades individuales, políticas, y también perturban las actividades socioeconómicas de las comunidades afectadas.Colombia es un país que se caracteriza por sus altos niveles de impunidad, y el caso de los líderes asesinados no es la excepción. Como siempre sucede en estos casos, se tiene conocimiento de los autores materiales de estos crímenes, pero los autores intelectuales permanecen en la sombra. Por ejemplo, entre 2017 y hasta febrero 2018 se tiene conocimiento de que un 54% de los responsables de estos crímenes son grupos narcoparamilitares, como el denominado Clan del Golfo y otros de su red de grupos subsidiarios, un 10% obedece a grupos disidentes de las guerrillas que no firmaron los acuerdos de Paz y que prestan sus servicios al narcotráfico (Indepaz, 2018). La mayoría de estos asesinatos no tienen una autoría clara más allá de los autores materiales, muchos de los denunciados por la Defensoría del Pueblo no presentan un responsable y según esta entidad, los autores intelectuales tienen éxito la mayoría de las veces porque logran mimetizarse tras los autores materiales. (Defensoría del Pueblo, 2017).

Una historia que se repite

“In other countries we would be respected and protected, in Colombia we are left to die ((“En otro país seríamos respetados y protegidos, en Colombia nos dejan morir” Fue una de las contundentes frases que un líder de Suárez, Cauca, en entrevista al periódico inglés The Guardian entregó al referirse a la manera en que son ignorados por el Estado Colombiano ante su sistemático aniquilamiento. Se puede leer esta entrevista en: Colombian activists face exterminatión by criminal gangs, The Guardian 23 agosto de 2018: https://goo.gl/Mw4zS7)) ”Pero la estigmatización y señalamiento de todo aquel que se organice y defienda sus derechos no son una novedad en Colombia. Basta con revisar la historia de hace un par de décadas para verificar esto. En los años noventa, por ejemplo, dos investigadores del centro de investigación jesuita CINEP fueron asesinados a manos de paramilitares, en lo que ha sido declarado años después como un crímen de lesa humanidad por la fiscalía colombiana. Pero la responsabilidad de este crimen no recaía únicamente sobre los paramilitares, estos actuaban de forma conjunta con funcionarios públicos que excusados en que estaban luchando contra la insurgencia pasaban información a estos grupos para que actuaran como en este caso.Una década antes se había llevado a cabo el genocidio de un partido político, la Unión Patriótica, que había sido fruto de las negociaciones de Paz entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC y que estaba conformado por ex guerrilleros que buscaban la vía democrática. Lo que sucedió sería algo nunca antes visto en un país democrático y sobre todo en uno que se jacta de ser la “democracia más antigua de América”, al menos así lo expresan diversos miembros de su clase política, y es el hecho que se haya erradicado a un partido político en su totalidad. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, este proceso dejó 4.153 víctimas entre asesinatos y desapariciones, y tenía como objetivo el de detener el ascenso electoral de esta agrupación política que para 1986 ya contaba con 16 congresistas, 17 diputados y 163 concejales, y que para las elecciones presidenciales de ese año había conseguido el 4.6 % de la votación (CNMH, 2017).Años después y durante el gobierno de Uribe 2002-2010, este tipo de señalamientos se naturalizaron y se convirtieron en algo cotidiano, por ejemplo en 2005 el entonces presidente y ahora senador, afirmó que: “en esta comunidad de San José de Apartadó((El 23 de marzo de 1997 en el corregimiento de San José de Apartadó en Antioquia y después de haber sido víctimas de dos masacres a manos de miembros del ejército en las que el liderazgo social del pueblo fue asesinado, 500 habitantes de esta región decidieron organizarse y resistir a los embates de los diferentes actores del conflicto que los acusaban de ser auxiliadores de cada uno de los bandos. Así nace la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que contó con la colaboración de sectores de la iglesia católica y organizaciones gubernamentales y que tenía como principal objetivo el de convertirse en un espacio donde sus habitantes pudieran estar protegidos del conflicto que los circundaba. Se puede consultar su historia aquí: goo.gl/e6mJ4v)) hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a dicha organización terrorista” (IPC,2009).Estas declaraciones fueron hechas meses después de que esta comunidad fuera víctima de una masacre en donde 8 de sus habitantes fueron asesinados, entre ellos cuatro menores de edad, por miembros de un grupo paramilitar en complicidad con miembros de las fuerzas militares.Vale la pena repasar estos hechos para constatar que esta forma de actuar y lo que sucede en la actualidad con los asesinatos de líderes sociales no es algo nuevo en la historia de Colombia. A diferencia de lo que expresan permanentemente sus líderes políticos, esto es una constante que se repite de forma sistemática en diferentes momentos de la historia de este país y que tiene como fondo la exclusión de la alteridad y sus epistemologías, concretamente aquellas asociadas a sectores históricamente marginados y excluidos como lo son los grupos étnicos indígenas y afrodescendientes.Pero detrás de estos crímenes hay un desencuentro de dos formas de percibir y sentir el mundo, por un lado está la visión de la clase dirigente colombiana que ve a los territorios como mercancía y es una visión que se puede caracterizar como una en la que todos los aspectos de la vida humana y no humana son dignos de ser comercializados, y por otro lado la de sus habitantes ancestrales que ha sido reconocida por ambientalistas y académicos cómo una forma de vida ambientalmente sostenible, como por ejemplo (Taussig, 1980).

La Mercantilización de la naturaleza y la vida.

Una de las características más prominentes de la cosmovisión de la modernidad que está enmarcada dentro del capitalismo global se refiere a la forma en la que la naturaleza y todo lo que hay en ella es percibida.Desde esta perspectiva, la tierra((Tierra y Territorio son dos conceptos diferentes, por un lado, el primero hace referencia a un espacio físico y geográfico determinado, en contraste el concepto de territorio se refiere a las manifestaciones y prácticas de tipo cultural realizadas por un grupo determinado y que están relacionadas con ese espacio particular. En: Sentipensar con la Tierra, Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia, el antropólogo Arturo Escobar hace una descripción de la diferencias entre estos dos conceptos y hace un análisis de las cosmovisiones sobre el espacio que defienden movimientos de base como el Proceso de Comunidades Negras con el que ha trabajado durante mucho tiempo.)) es un objeto que puede ser comercializado y mercantilizado. Esa es la apuesta y la visión del Estado colombiano hacia los territorios étnicos como los del Pacífico colombiano en los cuales han vivido históricamente la población afro e indígena, y a los que el mismo Estado colombiano entregó 5 millones de hectáreas a través de la Ley 70 de 1993, que de igual forma se derivó de la Constitución de 1991.Esta visión está enmarcada dentro de un macro-proyecto económico en el que Colombia continuará siendo exportadora y proveedora de materia prima hacia el norte global, como lo ha venido siendo desde tiempos de la colonia. La idea detrás de esto es generar crecimiento económico a través de la explotación de recursos naturales como el oro, petróleo e hidrocarburos, muchos de estos recursos se encuentran en territorios protegidos como los de las comunidades étnicas.Pero estos procesos y su cosmovisión inherente se pueden entender mejor revisando la historia reciente de regiones en Colombia que han sido víctimas de estos. Tal es el caso de la costa pacífica colombiana en la que desde los años noventa, se ha venido dando una avalancha “modernizadora” que ha visto en los recursos existentes en sus territorios una oportunidad de expansión y crecimiento económico. Todo esto se ha dado dentro del marco de la globalización neoliberal que tuvo sus orígenes en los años noventa. Para la misma época se daba un cambio de Constitución en Colombia, se dejaba atrás la del S.XIX y se adoptaba una que reconocía la diversidad y multiculturalidad de la nación colombiana. Dicho reconocimiento se dio de forma paralela con la entrega de aproximadamente cinco millones de hectáreas a las comunidades afrocolombianas que han habitado estos territorios desde el S. XVII. Todo este reconocimiento cultural vino acompañado de una fuerte reacción militar enmarcada dentro de la lucha insurgente en esta región que tuvo como consecuencia desplazamientos de población, despojo de tierras y asesinatos de líderes sociales conjuntamente con la llegada de proyectos de inversión de palma africana y gran minería, entre otros.Para Arturo Escobar y movimientos de base afrocolombianos como el PCN, estos hechos representan un intento de homogeneización y una reestructuración de las relaciones entre las comunidades étnicas y la sociedad colombiana que tiene como fin último eliminar toda diferencia cultural. Igualmente, estos proyectos se deben analizar desde una perspectiva histórica en la que estos grupos étnicos han sido discriminados socio-racialmente ya que allí han habitado desde siempre. Para ellos, tanto la guerrilla, paramilitares y Estado colombiano, representan la misma faceta de modernidad capitalista ya que unos como otros pretenden el control territorial y la explotación de recursos. En última instancia, este proyecto se debe contemplar en su triple dimensión de transformación simultánea en el plano ecológico, económico y cultural (Escobar, 2004. p. 62).Esta visión desarrollista((Lo que se entiende por desarrollismo está asociado a una narrativa que se centra en la idea de crecimiento económico infinito como única alternativa viable para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de una sociedad o país. Convertido en ideología en la época de la globalización neoliberal, este modelo se caracteriza por generar la devastación de zonas naturales protegidas y la privatización de recursos como el agua y todo lo que existe en los suelos y subsuelos, para ser exportados y no para consumo local, atentando contra la subsistencia de poblaciones rurales y el equilibrio ambiental del planeta. El antropólogo Arturo Escobar ha construido una obra en la que critica y deconstruye el concepto de desarrollo y demuestra cómo éste ha sido una invención que favorece los intereses del gran capital, igualmente la obra de la activista India Vandana Shiva está inscrita dentro de la crítica a este modelo, también están las obras del economista francés Serge Latouche autor del concepto de decrecimiento y por supuesto los invaluables aportes de movimientos sociales que defienden sus derechos territoriales de corte campesino, afrodescendiente e indígena de Colombia y América Latina.)) parte de un enfoque lineal de la historia en el que la idea central es que los países empobrecidos al seguir las recetas impuestas por organismos trasnacionales como Banco Mundial, FMI y demás, algún día saldrán de la pobreza y podrán conseguir los niveles de vida de países del norte global.Otra manera de apreciar mejor cómo funciona en terreno esta visión de mundo es escuchando a los líderes y habitantes de estos territorios, por lo tanto, a continuación se transcribirán partes de una entrevista realizada en Bogotá en noviembre de 2014, en el marco de una protesta de 60 mujeres procedentes del Departamento del Cauca y que fue denominada: Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales. Éste departamento está ubicado al sur oeste y es fronterizo con Ecuador, las mujeres afrodescendientes marcharon hasta Bogotá para protestar por la ausencia de voluntad política del Estado colombiano para defender el derecho a la consulta previa de la comunidad de La Toma y a exigirles que los proteja ante la presencia de maquinaria pesada y de minería ilegal dentro de su territorio. Esta entrevista fue realizada de forma personal y por motivos de seguridad el nombre de los entrevistados se mantendrá en el anonimato.La activista del PCN narraba cómo esta situación afectaba la cotidianidad de su comunidad:

“Bueno por un lado, decir que cuando llegan las primeras, segundas retroexcavadoras se empiezan a poner las alertas a la defensoría, personería, a todas las instancias, gobernación etc., alcaldía y no pasa nada, no hay ninguna acción gubernamental para parar las acciones de las retroexcavadoras, cuando van incrementando la gente toma la iniciativa de ir a enfrentar a esa gente, a los dueños de las retroexcavadoras, obviamente se dan roces fuertes, algunos dicen que no se dan, otros aceptaron irse, pero empiezan a darse más amenazas. Justamente esta es una zona que, justamente se daban las mesas mineras desde hace cuatro años, yo vengo participando de las mesas mineras desde siempre, siempre elevaban los niveles de amenazas y de riesgo. Entonces nos llegaban a los celulares amenazas que éramos objetivo militar por parte de los paramilitares, de que éramos opositores al desarrollo etc. etc., siempre hace cuatro o cinco años hemos venido recibiendo amenazas” (Activista PCN, comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).

La presencia de esta maquinaria pesada en esta zona del sur de Colombia, zona pacífica y donde han habitado históricamente afrodescendientes e indígenas, se había dado en ese momento sin que se llevase a cabo la consulta previa libre e informada que es el mecanismo legal con el que cuentan las comunidades étnicas para determinar si aceptan o no que un proyecto se realice en su territorio. En este caso la consulta no se dio, y al territorio de la Toma comenzaron a llegar personas de otras regiones del país preguntando por el oro de la región:

“toda la comunidad en distintas zonas los ha enfrentado porque no han recibido el apoyo del gobierno, entonces lo que la gente evita es lo que pasó en Zaragoza, en Buenaventura((Es el principal puerto de Colombia en el Pacífico, su población en su gran mayoría es afrodescendiente y presenta elevados índices de pobreza, exclusión social y violencia ya que al ser un puerto se presenta como una opción importante para el narcotráfico. Posee un puerto moderno que es controlado por una empresa privada, a pesar de que a través de éste se mueven millones de dólares en mercancías, Buenaventura presenta índices de pobreza y exclusión social muy elevados.)), y entonces la gente empieza a enfrentarse con un anclaje importante que es que los empalmes mineros tienen alrededor de 30 o 40 personas trabajando, pero la mayoría de la gente entre 20 o 25 se dedica únicamente a la seguridad con armas cortas y largas, pero en esa circunstancia la mayoría de gente como quiere su río, quiere su territorio, se enfrenta a uno de esos tipos y le dice que salga de nuestros ríos, pues claro eso ha elevado las amenazas, la representante legal del Consejo de la Toma está amenazada de muerte, otro compañero también, los hijos de los compañeros también están amenazados de muerte, pues claro los niveles de amenaza son altísimos” (Activista PCN, comunicación personal, 14 de noviembre de 2014).

Estas comunidades han vivido históricamente de la minería artesanal o el barequeo, que es una forma de minería que consiste en lavar la arena del río en una totuma, que básicamente es un recipiente de madera, para ir separando la arena del oro de forma gradual. Con la llegada de esta minería a gran escala estas dinámicas cambian totalmente debido a que el trabajo hecho por la maquinaria pesada perturba y transforma la economía local.A través de este testimonio se aprecia cómo se da la estigmatización y señalamiento de comunidades por el simple hecho de defender uno de los derechos más básicos y humanos como lo es el derecho al territorio, además de contar con el respaldo legal que les brinda la Constitución del 91 y la Ley 70 del 93 que oficializó la entrega de sus territorios colectivos, esto no es suficiente para que el Estado respalde y defienda a los líderes de estas comunidades, al contrario, la mayoría de las veces el Estado hace caso omiso ante los señalamientos, como el de este testimonio en el que son acusados de ser opositores o enemigos al desarrollo, situación que no deja de ser preocupante, teniendo en cuenta que son las comunidades las que están defendiendo su forma de vida en el espacio que han habitado desde hace siglos.Lo anterior evidencia cómo hay una narrativa diferente en la que ya no se discrimina la alteridad desde un único marcador como el fenotípico, aunque este sigue siendo utilizado, ahora se utilizan las formas de producción, cosmovisión y formas de relacionarse con el entorno para justificar intervenciones desarrollistas que terminan con el mismo resultado de siempre, es decir con su despojo, racialización((Este término es útil para explicar cómo en este contexto existe una desproporción entre diferentes grupos sociales en el acceso a bienes, derechos, recursos o servicios. Parte de la idea de la existencia de las razas como construcción cultural y política llevada a cabo por Europa. Hace referencia a la desigualdad encontrada entre grupos raciales y reconoce su causalidad en un orden socialmente producidos por ellas. Se puede profundizar sobre este concepto en: Campos-García, A. Racialización, Racialismo y Racismo. Un discernimiento necesario. Academia.Edu.)), desplazamiento y asesinato. Como lo ha afirmado el líder indígena Feliciano Valencia, resulta perverso que en un país con una guerra irregular de más de sesenta años, con elevados índices de impunidad y un alto grado de intolerancia hacia la diferencia, que desde sectores del poder y cercanos a estos se señale a través de este discurso a comunidades que lo único que están haciendo es defender su espacio vital, lo que facilita, normaliza y justifica su exterminio (Revista Semana, 2018).

Extractivismo

Otro elemento determinante dentro de esta forma de percibir el mundo y que en este caso es un componente central de la realidad en los territorios, es el extractivismo, que se puede definir como un sistema económico centrado en la extracción de materias primas, minerales, petróleo, hidrocarburos, y que también puede ser agrícola; estos recursos son exportados usualmente a países del norte global y no para el consumo local, dicho sistema se ha exacerbado en el contexto de la globalización pero es característico de procesos coloniales y neocoloniales y usualmente conlleva un componente de despojo territorial, violación de derechos territoriales y humanos y violencia hacia pobladores locales que se oponen a tales proyectos (Grosfoguel, 2016).Uno de los motivos por lo que este modelo se ha exacerbado en esta era globalizada tiene que ver, por un lado, con la demanda de materia prima hacia países como China que los utilizan para la elaboración de smartphones, computadoras, y por otro, por la masificación de su consumo. También porque la economía global depende de este modelo, lo que trae como consecuencia en la mayoría de los casos, devastación social y ecológica en los países donde estos recursos son extraídos. Usualmente estos recursos se encuentran en zonas ricas en diversidad biológica, y en zonas que han sido protegidas por su diversidad.Este modelo es al que han estado sentenciados países periféricos como Colombia desde la colonia y en el que se comenzó a estructurar el sistema capitalista moderno y la economía globalizada de la actualidad, de tal manera que el norte global se especializó en la producción de manufacturas hechas con materia prima proveniente de la periferia, por lo que regiones como América Latina y África se dedicaron a la exportación de su naturaleza y los países del centro del sistema mundo a la importación de estas materias primas (Acosta citado por Grosfoguel 2016, p.127).Estos conceptos son coherentes con lo expresado por habitantes de zonas en las que la minería a gran escala se ha impuesto en los últimos años, tal y como lo expresaba la activista del Proceso de Comunidades Negras al ser cuestionada sobre como la presencia de estos grupos afectaba la cotidianidad en su territorio:

“la gente era libre de caminar a cualquier hora, en la noche, en la mañana, las niñas, pero ahora con el aumento de la presencia de actores armados, con el aumento de amenazas y con el hecho de que hemos conocido de casos de violaciones “consentidas pero forzadas” lo que se da es que la gente se confina en la movilidad, primero la gente ya no tiene esa movilidad, y lo que pasa es que hay zonas del territorio donde la gente ya no va…” (Activista PCN, comunicación personal, 14 de noviembre 2014).

Al ser indagada sobre la relación de estas invasiones del espacio y si estaba de acuerdo en la conveniencia de utilizar el término neo-colonizador para definir lo que allí sucede, expresaba que, “claro, es que creo que la colonización primero no se ha acabado, no se ha terminado, si no que aún está ahí, ha cambiado sus formas y sus facetas, Y ahora lo que es, es una segunda andanada muy fuerte sobre todo, en este territorio, cuando antes, era digamos de la colonia española” (Activista PCN, comunicación personal, 14 de noviembre 2014).Aquí se puede apreciar cómo estas regiones en donde abundan estos recursos de gran demanda para la economía globalizada, han sido y son utilizadas cada vez que las necesidades del mercado así lo requieren y se comprueba que el único interés está en la extracción de dichos recursos más no en el bienestar de sus habitantes.Esto se comprueba al revisar la historia del pacífico colombiano en la que tan solo hasta el año 1991 fueron reconocidos como ciudadanos colombianos sus habitantes tras llevarse a cabo el cambio constitucional, en la Constitución de 1886, que fue la que rigió en Colombia hasta 1991, los afrocolombianos no aparecían como ciudadanos, lo cual indica que vivieron totalmente invisibilizados más de un siglo. Otro elemento que sirve para demostrar esto es el hecho que tan solo hasta el año de 1996 la guerra que había recorrido al país durante décadas no se había hecho presente en esta región, por lo tanto, era común escuchar a sus habitantes decir que: el pacífico es tan atrasado que ni siquiera la guerra ha llegado aquí (Hoffman, O. 2007).Evidentemente hay una relación entre extractivismo, colonización y racismo, tal y como lo ha señalado Grosfoguel, cuando afirma que en los lugares donde se implementa este modelo económico, estas compañías cambian totalmente el equilibrio del ecosistema porque contaminan el agua, en el caso de la minería a gran escala, y desplazan, o si es el caso, asesinan a aquellos que no se someten a los intereses de estas empresas como sucede en Colombia. Mientras que en los países del norte global donde son fabricados estos productos con las materias primas provenientes del sur, sus ciudadanos se dan el lujo de disfrutar de unos niveles de vida inimaginables para las personas que trabajan en la extracción de estos materiales, configurando un sistema de privilegios raciales. Lo anterior no se da únicamente como una relación geográfica estática en la que todo lo que se produce en el sur es consumido en el norte, en la globalización existen periferias en el norte y centros capitalistas en el sur.La lógica desarrollista extractivista que está detrás del sistema económico imperante en el mundo globalizado y que es defendido como una verdad mística por economistas, que en esta época se han convertido en figuras casi místicas, trasciende las ideologías políticas de los gobiernos de turno, ya que tanto gobiernos de derecha y de izquierda han hecho uso de ellas como en Ecuador, Brasil y Venezuela((Se puede profundizar sobre los extractivsimos en países con gobiernos progresistas en América Latina revisando la obra de Eduardo Gudynas, en este artículo de 2012 hace una revisión de estos procesos y hace una crítica a la contradicción entre un modelo económico basado en la explotación de la naturaleza y el papel de los Estados preocupados por la reducción de la pobreza: Gudynas E. (2012) Estado compensador y nuevos extractivismos: Las ambivalencias del progresismo sudamericano. Revista Nueva Sociedad.)). Dicha lógica se basa en la idea de que el crecimiento económico es la única salida “racional” para salir de la pobreza y es impuesta y defendida de una forma radical y también es funcional al momento de justificar exclusiones, despojos y crímenes de todo tipo en contra de aquellos que se oponen a esta.Es aquí donde entran en juego los líderes sociales rurales y de movimientos étnicos que están siendo asesinados sistemáticamente a medida que estos procesos desarrollistas avanzan. Sin importar las regulaciones existentes como los derechos territoriales otorgados por la Constitución del 91 o la consulta previa libre e informada, que en muchos casos se ha convertido en letra muerta, ya que es práctica común el soborno por parte de las trasnacionales a miembros de las comunidades para que acepten estos proyectos, tal y como lo han afirmado líderes del norte del Cauca al afirmar que: “El mecanismo de ellos es contactar a los líderes; siempre lo que han buscado es entrar a las comunidades ofreciendo dádivas y ese ha sido uno de los mecanismos, pero la verdad la gente ha estado muy consciente de la realidad” (Sañudo, et al, 2016, p. 396). Y si esta estrategia no funciona se toman otro tipo de medidas más drásticas que incluyen los desplazamientos, que sería un primer paso en un proceso cuyo objetivo final es el de apropiarse de los territorios, no en vano Colombia ocupa los primeros lugares entre los países con mayor número de personas desplazadas (IDMC,2018).La hegemonía de esta lógica extractivista-desarrollista como ideología imperante que prácticamente permea todo el planeta y hace que todo tipo de violaciones y agresiones sean justificables, genera que lo que sucede en Colombia con los líderes sociales sea naturalizado y convertido en algo cotidiano. Convirtiendo a un país como Colombia con un inmenso potencial en términos de recursos naturales y humanos en un simple proveedor de materia prima al centro de la economía global y condenándolo a permanecer en la periferia.Pero volviendo al tema de los lideres, es claro que esta narrativa o discurso en el que se les señala de ser enemigos del desarrollo por el hecho de defender lo que les corresponde legalmente como ya se ha mencionado, presenta similitudes con el discurso que se utilizó para justificar la colonización y la esclavitud en el que se afirmaba que a pesar del daño que les hemos proporcionado, en el fondo le estamos haciendo un bien porque les hemos traído la civilización, los buenos modales y al Dios verdadero((Sobre la negación de los crímenes llevados a cabo durante la colonización de África por parte de las corona Británica, se puede consultar este artículo de la historiadora británica Caroline Elkins en el que analiza cómo se ha dado una campaña para ignorar estos crímenes y una reescritura de la historia en la que el imperio Británico es mostrado como un emisario de la buenas costumbres, los buenos modales y la tolerancia. En él, Elkins demuestra, tras hacer trabajo de campo en Kenya, como las cifras oficiales de las atrocidades cometidas en este país durante la rebelión de los Mau Mau representan una falsificación histórica porque la versión oficial habla de tan solo 11 personas asesinadas, mientras que en su libro: Britain´s Gulag: the brutal end of empire in Kenya, documenta como el imperio británico detuvo aproximadamente medio millón de personas pertenecientes a esta comunidad en algo similar a campos de concentración y donde muchos murieron de malnutrición, tuberculosis o disentería, también relata como en algunos de estos campos muchos niños murieron y los prisioneros fueron utilizados como mano de obra esclava. En dichos campos a la entrada había letreros con la leyenda: “Trabajo y libertad” lo que presenta una coincidencia con las leyendas que se encontraban a la entrada de los campos de concertación nazis como Auswichtz o Dachau en las que se leía: “Arbeit macht frei” o “el trabajo te hará libre”. El artículo se titula: My critics ignored evidence of torture in Mau Mau Detentión Camps, Caroline Elkins, The Guardian April 14, 2011.)) (Gallego, A.J, 2005). De la misma manera que esta narrativa cristiana justificó uno de los crímenes más grandes de la humanidad, en la actualidad existe un discurso similar que sirve para legitimar despojos y asesinatos de aquellos que se oponen a intervenciones desarrollistas que solo dejan destrucción ambiental y social((Y no es que se pretenda ir en contra del bien general al defender sus derechos territoriales como lo pretenden hacer creer ciertos sectores políticos que ven en la consulta previa libre e informada un impedimento al “interés o bienestar general”, se trata de lo contrario tal y como lo afirma el líder indígena Feliciano Valencia al ser cuestionado sobre este tema a lo cual respondía que: “Si ese desarrollo económico, esa extracción, realmente fuera para la solución de los problemas de Colombia y para la dignificación de la vida de todos uno reflexionaría y diría: “hombre, tienen razón, están generando recursos para todos los colombianos”. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que los ricos se vuelven más ricos a costa de los elementos de la vida, y los pobres nos volvemos más pobres, porque la inversión y restitución económica no se hacen teniendo en cuenta las necesidades de la población. Se puede consultar esta entrevista en: https://goo.gl/DY9qRd)). Aunque estas arremetidas no tienen motivos raciales en el sentido de que no se les despoja o asesina por su color de piel, sus consecuencias si tiene efectos racializantes porque afectan a poblaciones que en el pasado fueron objeto de discriminación debido a marcadores fenotípicos y las cuales han sido vulneradas social y económicamente. En la actualidad, son las formas de relacionarse con su entorno y su cosmovisión, las que son utilizadas para justificar su despojo y en el caso de los líderes, su asesinato. Y es un discurso que, al igual que el utilizado siglos atrás, cumple los mismos objetivos porque normaliza y naturaliza un accionar neo-colonial mimetizado de intervención de desarrollo y progreso. Es el nuevo discurso racista, uno que se apoya ya no tanto en características como el color de piel sino en las formas de ver, entender y relacionarse con el mundo para justificar exclusiones y discriminaciones que continúan enviando poblaciones vulneradas históricamente a la periferia de la sociedad, y sobre todo, justificando su ubicación en la periferia. Tal y como lo expresan y lo sienten los miembros de esta comunidad del Norte del Cauca:

“reconocemos que hay un racismo estructural, que el racismo es una construcción política, ideológica total. No es un tema de que a vos no te guste el color de mi piel o no, no es un tema personal, es un tema de política y de cómo las personas negras están vistas como fuerza de trabajo, digamos como personas inferiores, pero necesarias para la dinámica económica de las sociedades y finalmente en la situación en la que vivimos nos vamos volviendo obstáculos para el desarrollo porque tenemos otra forma de ver el mundo, no una forma diversa absolutamente, totalmente… pero el hecho de que uno ve en las regiones, de que la diversidad ecológica está sobre todo en las zonas en que estamos nosotros, entonces si hay una relación distinta con la naturaleza.. aquí había muchos páramos etc. Aquí había mucha diversidad en las zonas andinas, pero en las zonas negras ha habido mucho más de eso, de esa relación distinta, pero entonces sí! definitivamente hay un racismo estructural y lo que está pasando en Buenaventura no es gratuito, como sacan a la gente de Buenaventura, se colonizan con paisas para el desarrollo, la zona portuaria etc. Y eso ha venido pasando en la zona norte baja del Cauca, del despojo territorial que se dio, por parte de familias de abolengo del Cauca y del Valle del Cauca, toda la industria de la caña de azúcar, fueron desplazando a los negros con lo de: esa mentalidad de negro, es que el negro no produce, todo ese discurso” (Activista PCN, comunicación personal, 14 de noviembre 2014 ).

Otra forma en que este discurso es y ha sido impuesto se aprecia en las expresiones de sectores políticos interesados en la implementación de estos proyectos de desarrollo en los territorios étnicos y que en su gran mayoría son mineros y los responsables de la mayoría de violaciones, con un 80% de violaciones de derechos humanos en territorios minero-energéticos durante los últimos 12 años y con un 87% del total de desplazados provenientes de estas regiones (Messe y Camargo, 2012).Por ejemplo, abundan los casos de representantes del Estado en los que se hace mención de forma abierta y sin escrúpulos de esta forma de pensar en la que indígenas y afrodescendientes son vistos como ciudadanos de segunda o tercera categoría o como sujetos de dudosa humanidad parafraseando al filósofo afroamericano Lewis Gordon al referirse a la forma en que han sido percibidos los ciudadanos afroamericanos. Un caso particular y bastante representativo es el de una senadora del partido de gobierno, Centro Democrático((El nombre de este partido político resulta un ejemplo claro de una situación que podría definirse como Orweliiana, ya que en la novela 1984 de George Orwell, en la que un régimen totalitario controla todos los aspectos de la sociedad incluidos el lenguaje de tal forma que este es cambiado y utilizado como forma de control utilizando frases como: la guerra es la paz, esto con el fin de justificar un estado de guerra constante y de venderlo a la población como algo normal, se trata de una forma de control por medio de la lengua a la que Orwell denominó doblepensar y que consiste en el cambio del significado de las cosas por uno opuesto al que realmente tienen con el fin de despojarlas de su contenido original. El nombre de dicho partido se enmarca dentro de esta categoría porque no es de centro, y mucho menos democrático, ya que es dirigido por una sola persona.)), proveniente de una de las familias más prestigiosas y poseedoras de grandes extensiones de tierras del Cauca y nieta del ex presidente Guillermo León Valencia cuando proponía en 2015 hacer un referendo en este departamento con el objetivo de “decidir si partimos el departamento en dos. Uno indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos” (El espectador, 2015).Queda claro cuál es el Ethos de la clase dirigente colombiana y su visión hacia las manifestaciones culturales y cosmovisión de los pobladores de estas regiones. Si Colombia no presentara los niveles de violencia e impunidad que presenta, este tipo de manifestaciones públicas no serían tan graves. Sin embargo, no es la única forma en que se trata a los pobladores de estas regiones, otra forma de estigmatización que es bastante común es la de asociar a la protesta social con la guerrilla o el crimen organizado, como si no existieran causas objetivas para que se lleve a cabo la protesta. Tal y como lo ha afirmado el ministro de defensa del recién posesionado gobierno al afirmar que: “con dineros ilícitos, grupos armados organizados afiliados al narcotráfico, junto a las mafias internacionales, financian la protesta social (Caracol, 2018). Pero no es solo una cuestión de un gobierno la constante negación de que en Colombia existe un ataque sistemático hacia la diferencia representada en el constante asesinato de líderes, es una cuestión de Estado la utilización de cualquier argumento con el fin de negar esta realidad, como lo expresaba el ministro de defensa del anterior gobierno al referirse a las muertes de líderes sociales cuando afirmaba que: “la inmensa mayoría de asesinatos de líderes sociales en las regiones son un fruto de temas de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas” (El Espectador, 2017).Como se ha mencionado anteriormente, los motivos por los cuales son asesinados y desplazados estos líderes y sus comunidades no obedecen a causas raciales, es decir que no se les asesina por ser afrodescendientes o indígenas, sin embargo, lo que se propone en esta artículo es que el discurso y la narrativa que se utiliza desde el poder para explicarlo si se puede considerar como racista porque tiene los mismos efectos que presentaba el discurso que se utilizaba para justificar la colonización y la esclavitud, es decir uno que normaliza y naturaliza despojos, desplazamientos y asesinatos.Una de las características del racismo es el de la deshumanización del otro, esta estrategia ha sido utilizada a lo largo de la historia moderna con el objetivo de permitir el señalamiento y exterminio de grupos humanos determinados, tal y como sucedió en el holocausto nazi cuando en 1940 el ministro de propaganda Goebbels encomendó la elaboración del documental Der Ewige Jude o el Judio Eterno, en el que se mostraba a los Judíos alemanes y europeos como una plaga a la que había que exterminar, y es que en dicho material propagandístico se presentaban imágenes de roedores paralelamente con imágenes de habitantes de la comunidad judía de Polonia, para generar la idea de que estos eran un problema del cual había que deshacerse de cualquier forma para que el país progresara.En la actualidad y en el caso de los líderes, se utilizan otras formas de deshumanización, como cuando se afirma que los habitantes de estos territorios no tienen la capacidad ni el conocimiento o la educación necesarios para sacar adelante sus territorios o que sus formas de entender el mundo o que sus cosmovisiones son un impedimento para el crecimiento económico y el desarrollo del país. Tal y como lo cuentan sus pobladores cuando hacían un recuento de la historia de las migraciones de los habitantes del Pacífico hacia el interior del País en busca de mejores oportunidades: “Esas mismas lógicas de desarrollo ayudan a entender mejor el hecho de que muchos pobladores negros abandonarán el territorio en busca de una mejor vida y se presenta el primer desplazamiento de esos pobladores negros a buscar esas mejores oportunidades que ofrecía el mundo civilizado. Y en esa lógica en un primer momento se decía que el pacífico estaba en la forma en que estaba, y que estábamos en la forma en la que estábamos, porque los negros éramos brutos porque no teníamos esa capacidad, o esos elementos que tenían los otros” (Activista PCN, comunicación personal, 11 de noviembre 2014).

Consideraciones Finales

Para finalizar se puede afirmar que los asesinatos y los ataques a los líderes sociales no son únicamente un ataque a personas u organizaciones rurales o étnicas, sino que representan una ofensiva de una visión de mundo que ve a la diversidad cultural y biológica de Colombia como una amenaza a procesos desarrollistas que está comprobado solo benefician a unas minorías entre las que se encuentran empresas trasnacionales y sectores de la clase política local, todo sacrificado por el mantra de la época que es el crecimiento económico. Resulta paradójico que esta diversidad, que es admirada a nivel internacional, no sea protegida en tiempos en que se deberían estar aunando esfuerzos para cambiar el rumbo y buscar otras formas de desarrollo que sean menos perjudiciales para la vida. Y es que, como lo ha manifestado el IPCC o el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático en un informe reciente en el que afirma que la humanidad está tan solo a poco más de una década de cambiar el rumbo para evitar consecuencias de tipo climático que podrían ser definitivas y que cambiarían de forma permanente la vida en este planeta. En el informe esta organización advierte que, de no reducirse las emisiones de dióxido de carbono o CO2 de forma drástica se producirá un aumento de dos grados Celsius que como ya se dijo tendría consecuencias catastróficas, entre las cuales se encuentran sequías e inundaciones que generarían hambrunas, desplazamientos y conflictos por recursos básicos como el agua y una disrupción de la vida tal y como la conocemos. La relación de este informe con el tema de esta artículo es evidente porque ahora más que nunca se hace indispensable un cambio radical en la manera de relacionarse con el entorno, ya que está comprobado que todas las soluciones que se han intentado implementar para erradicar este problema desde el modelo hegemónico no han sido efectivas y por lo tanto se hace urgente una transformación fundamental hacia una visión que sea compatible con la vida y cuya lógica no esté atravesada por la ganancia económica. Es por eso que resulta de vital importancia resaltar y defender el trabajo que llevan a cabo organizaciones de base campesinas, indígenas y afrocolombianas, y sobre todo la manera en que de una forma sostenible se relacionan con el medio ambiente. Por lo tanto y reiterando lo que se dijo al comienzo, estos ataques al liderazgo de estas organizaciones representan una ofensiva que va más allá de sus comunidades, es un ataque a la diversidad y la vida en nombre de la ganancia económica y de un modelo de desarrollo que es inviable.En cuanto al discurso que se utiliza para justificar sus despojos, desplazamientos y asesinatos, está de sobra documentado no solo a través de las entrevistas realizadas en la elaboración de la tesis que dio fruto a este artículo, sino por informes periodísticos y las mismas voces de los líderes de estas comunidades que se les acusa de ser un impedimento para el desarrollo y que este discurso es expresado sin tapujos desde el poder como se ha visto en algunos ejemplos aquí expuestos. Este discurso en el contexto en que es emitido resulta estigmatizante, peligroso y uno que termina justificando los crímenes en contra de estas comunidades, y aunque la violencia hacia estas no tiene causalidades de tipo racial, los efectos si ahondan una serie de discriminaciones y vulneraciones raciales con profundas raíces históricas.Infortunadamente, tanto las élites globales como las locales cada día dan menos muestras o interés en llevar a cabo los cambios necesarios para corregir el rumbo y evitar una catástrofe socio-ambiental, tal y como lo demuestran decisiones políticas que van en contravía de la evidencia y del deseo de las mayorías. Lo que corrobora una vez más que, a pesar de que los medios masivos de comunicación nos dicen todos los días que vivimos en un mundo democrático, la realidad confirma que es todo lo contrario y que la manera en que se toman las decisiones más importantes y que afectan a la vida de las mayorías, a puerta cerrada y a espaldas de todos, solo corrobora las hipótesis de muchos de que el sistema actual se asemeja más a uno plutocrático que a otra cosa, en el que una élite económica cercana al poder corporativo gobierna para satisfacer las necesidades económicas de los de su clase y que el discurso de la democracia es solo eso, un discurso vacío de contenido que solo es útil para vender la ilusión a la ciudadanía de que aún posee algún control sobre su destino.

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