Una educación esquizofrénica: El caso de Chile y sus políticas educativas

Los actores educativos se tensionan y se transforman en autómatas que construyen una identidad que también se debate entre la defensa de una educación integral y una educación instrumental basada en las evaluaciones estandarizadas.

los actores educativos se tensionan y se transforman en autómatas que construyen una identidad que también se debate entre la defensa de una educación integral y una educación instrumental basada en las evaluaciones estandarizadas
los actores educativos se tensionan y se transforman en autómatas que construyen una identidad que también se debate entre la defensa de una educación integral y una educación instrumental basada en las evaluaciones estandarizadas

El sistema escolar de Chile, desde la reforma neoliberal en el marco de la dictadura de Pinochet, ha tomado un rumbo inexorable hacia el precipicio y la enfermedad: la esquizofrenia.

Y así es: en un sistema que menciona en sus políticas que la educación es un derecho, que busca la formación integral de los ciudadanos, que promociona y celebra la inclusión y que, además, busca la realización y la madurez de sus ciudadanos, lo que hace es implícitamente es declarar que persigue la felicidad y el bienestar de todos, lo que, se distancia bastante de la realidad actual.

Es casi de perogrullo, aclarar que Chile ha sido un verdadero laboratorio de las ideas neoliberales, el que Milton Friedman y seguidores acuñaron y que bajo un régimen dictatorial (de sangre y fuego) fueron implementadas con una casi nula resistencia por la ciudadanía y que, además, posteriormente, bajo un régimen democrático fueron estas lógicas conservadas, perfeccionadas y profundizadas.

En este sentido, la educación, como un bien económico y un servicio que debe ser comprado y negociado, no quedo ajeno a las lógicas neoliberales, las que buscaban mejorar la calidad de las escuelas y la enseñanza, por medio de la competencia, de la incorporación de privados y la descentralización, lo que, en un balance de más de 30 años de aplicación, ha quedado demostrado que no ha mejorado, ni la calidad, ni la equidad del sistema. Más bien, ha aumentado la inequidad, la segregación de la educación por nivel socioeconómico y la producción de ghettos educativos y con ello la profundización de la desigualdad a nivel social y instrumentalización y mercantilización de un derecho tan básico y necesario como lo es la educación.

No obstante, han existido iniciativas políticas y sociales que han buscado revertir la “neoliberalización” de la educación y que han tratado de que esta sea un derecho y no bien transable. Entre estas políticas, se encuentran las denominadas de “inclusión” o todas aquellas cuya intención ha sido generar acciones de discriminación positiva hacia las estudiantes denominado como “vulnerables”, por medio del aumento de recursos económicos y pedagógicos, para producir una compensación de las desigualdades estructurales.

Entre estas políticas se encuentra la Ley de Subvención Escolar o 20.248 (SEP) implementada desde el 2009, la que proporciona recursos económicos adicionales a todas las escuelas, con la condición de que estas elaboren un plan de mejora, el que es medido por medio de indicadores cuantitativos construidos externamente, los que a su vez, están vinculados a los resultados que obtienen los estudiantes en la evaluación estandarizada y censal SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación).

A pesar de que esta política (ley SEP), dotó de mayores recursos económicos y humanos para que las escuelas pudiesen contratar profesionales que se dedicaran a trabajar con alumnos con dificultades del aprendizaje y para mejorar la infraestructura e insumos didácticos, también al estar estos recursos vinculados a una rendición de cuentas con altas consecuencias, los centros escolares y los actores educativos, se centraron más en el cumplimiento de las metas estandarizadas para demostrar “calidad” que en la producción de una educación integral para todos el alumnado, lo que a su vez trajo aparejado un cambio de una cultura de colaboración existente en las escuelas, centrada en el aprendizaje de los educandos, a una cultura de la auditoria en donde lo importante era el accountability, para evitar los castigos o sanciones como lo representan el cierre de las escuelas (en la actualidad, existen 36 centros escolares en peligro de cierre).

Entonces, ante políticas que buscan en parte “nivelar la cancha” y compensar hasta cierto punto la desigualdad y si, además, agregamos a lo anterior legislaciones que abogan por la inclusión escolar y el derecho de todos los estudiantes a la igualdad de oportunidades de aprendizaje, estas políticas al colisionar con los principios de mercado y la rendición de cuentas, generan en los actores educativos, perplejidad, confusión, contradicción y tensión permanente.

De hecho a tal grado de contradicción y de complejidad han llegado la políticas educativas en sus lógicas y lenguajes, que por un lado un estudiante catalogado como vulnerable y con dificultades de aprendizaje es deseado por las escuelas, ya que recibirá por este educando una subvención mayor que la que recibiría por un alumnos “normal”, pero por otro lado este niño “deseado”, es excluido y  construido discursivamente como “problemático” principalmente, porque este niño es “riesgoso” por el potencial puntaje bajo que produciría en la evaluación SIMCE, por lo que afectaría y dañaría la imagen y la posición de mercado de la escuela.

En este sentido, las políticas transmiten estas contradicciones y tensiones a los actores escolares, quienes, a su vez, generan interpretaciones y traducciones de las políticas más complejas. De hecho, existe un acumulado de literatura que apunta que, en Chile, coexisten políticas orientadas a la inclusión e igualdad de derechos y otras que apuntan a la exclusión, segregación y directamente a la eugenesia. En un escenario como este, los actores educativos se tensionan y se transforman en autómatas que construyen una identidad que también se debate entre la defensa de una educación integral y una educación instrumental basada en las evaluaciones estandarizadas, la que excluye y castiga a los alumnos más vulnerables y con mayores dificultades de aprendizaje.

Si algún país, quisiera imitar las políticas que impulsa el sistema educativo chileno, la recomendación sería: piénselo muchas veces, no es la vía hacia la humanización.

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Profesor de educación primaria, Magíster en educación mención dificultades del aprendizaje, Doctor (c) en Educación.

Temáticas de interés: Políticas educativas, Sociología de la educación, inclusión escolar, justicia social, derechos y desarrollo del profesorado.

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