Un diálogo legítimo No cualquiera puede tomar decisiones en una mesa de diálogo, si esas decisiones afectan a otros.

Asamblea guatemalteca

Para emprender una iniciativa de diálogo político con el peso y la legitimidad indispensables, las partes también deben gozar de una credibilidad a toda prueba. Porque nada hay más absurdo que un diálogo entre actores cuyos intereses particulares no solo dominarán la escena, también harán imposible la consecución de resultados positivos para todos. Por esta razón no tan simple, los llamados al diálogo efectuados en estos días por el Presidente de Guatemala Jimmy Morales y el sector empresarial organizado, han despertado fundadas sospechas en amplios sectores de la ciudadanía –de uno y otro lado del espectro- al aparecer teñidos de acuerdos ocultos y de supuestas pretensiones de compromisos con los protagonistas más conflictivos del momento.

Buenas intenciones han pavimentado el camino del infierno desde siempre; promesas incumplidas y una labia electoral -eficiente herramienta de decepciones y fracasos- son el panorama archiconocido por una ciudadanía resistente a tragarse esa misma píldora. Por lo tanto, quizá el tan mentado diálogo deba ceñirse a los principios básicos que lo definen como un “trato en busca de avenencias” y no como una plataforma discursiva para legitimar lo ilegítimo ni engañar a una población cansada de falsedades. Para ello el elementos esencial es la presencia de ciudadanos conscientes, responsables y representativos de los intereses comunes a la población.

La integración de una mesa de diálogo vendría a constituir, por lo tanto, una ventana a través de la cual la ciudadanía participaría como una protagonista fundamental y no una espectadora impotente ante decisiones en las cuales no tendría arte ni parte. Las aspiraciones legítimas de la sociedad son muy claras: transparencia, justicia, seguridad y respeto por el mandato constitucional, el cual pasa usualmente en cada administración del Estado como una mera opción y no como una gorda responsabilidad.

Los filósofos griegos practicaban el diálogo como un ejercicio intelectual de enorme trascendencia en la vida de sus pueblos; el diálogo como base del quehacer democrático sentó sus bases en esa elevada forma de compartir y dirimir contradicciones para así elevar de manera consecutiva el nivel de la resolución de conflictos, como modo de superar diferencias dentro de un ambiente de paz y concordia. Por lo tanto, el diálogo como herramienta para alcanzar consensos jamás debe basarse en  intereses espurios ni en la defensa de privilegios para unos pocos.

En un diálogo nacional los ingredientes necesarios son la honestidad, el respeto, el conocimiento profundo de los temas a abordar, la preeminencia del interés común y la marginación absoluta de los intereses particulares. Todo ello asumiendo como el enfoque principal a las urgentes necesidades de la mayoría de la población, la más necesitada de servicios básicos, justicia, educación, empleo, salud, vivienda y alimentación. Cualquier otra prioridad en esta mesa representaría una desviación interesada y un sesgo opuesto al bien común.

La pregunta siguiente sería ¿De qué modo integrar una mesa de diálogo capaz de cumplir con esos objetivos? ¿Quiénes podrían integrarla con legitimidad y solidez? ¿Se respetaría un semejante foro desde los centros de poder? Las respuestas están en los distintos estamentos de la sociedad civil, en sus líderes naturales y en las organizaciones comunitarias. En otras palabras, en el pueblo mismo, de cuya representatividad parece haberse iniciado un proceso de rescate durante las últimas semanas y cuyos derechos han sido duramente amenazados y puestos a prueba. Su lugar en la mesa es uno de esos derechos y solo le falta asumirlo con toda la propiedad del caso.

 

La sociedad tiene derecho a un importante lugar en la mesa del diálogo nacional y debe ocuparlo.

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