Sobre la protesta social y su represión

Gritar, rebelarse, exigir que se resuelva la deuda histórica al magisterio es una infracción castigable con pena de golpes y rostro ensangrentado.

protesta social y su represión
protesta social y su represión

Las manifestaciones y eventos de protesta forman parte de la libertad de expresión en una sociedad democrática. En Chile la protesta social es percibida como una acción colectiva cada vez más necesaria, en cuanto ha permitido visibilizar conflictos sociales, y mantenerlos en la agenda pública.

La protesta llega a materializarse cuando los diversos actores observan una incapacidad de las instituciones para cumplir las demandas de los sectores sociales, sirviendo, además, a la expresión de la emocionalidad relacionada a la injusticia social; como la rabia, indignación e impotencia, en los casos de atropello a los Derechos Humanos; o la desesperación, y sensación de desamparo ante la carencia de protección en salud.

Fue la inoculación del neoliberalismo la que instaló la injusticia social que hoy se protesta.

Desde la constitución de 1980 fraguada en un contexto dictatorial, se instaura un marco político- económico que perpetúa a las élites y sus privilegios. Todo el sistema educativo, laboral, previsional, de salud, y vivienda, sufrieron un derrumbe producto de los procesos de privatización, y ante esto, se creó la necesidad de seguridad frente al riesgo de ver grupos de ciudadanos reclamando por el deterioro de su calidad de vida, y por las consecuencias en materia social.

Este nuevo orden concibe al ciudadano en una posición de devoción y aceptación pasiva de la realidad social que vive. Sin embargo, cuando hay un sistema que desvirtúa la balanza entre deberes y derechos ciudadanos, cuando la vejez se tiñe de pobreza no obstante haber pasado una vida laboral entregando una parte de los ingresos a un sistema de pensiones que beneficia a las administradoras de fondos y traspasa las pérdidas a los trabajadores, y cuando es la capacidad de pago la que dicta la dignidad de la salud o disponer la vida y la muerte, la pasividad no puede ser una opción. Para estos ciudadanos que buscan el diálogo sin tener respuestas en las instancias formales, no habrá más opción que organizarse en protesta y buscar cambios.

Entonces, el reclamo, la organización para terminar con cada injusticia social es asociado a la falta de control, y a la delincuencia. El ciudadano es infantilizado, visto como un malhechor gobernado por lo pulsional.

Ha surgido el estado policial, para vigilar los excesos del ciudadano concebido como adolescente. La niñera policial está vigilando en cada esquina y si no alcanza a ver, instala una cámara, se muestra poderosa, con cascos y naves.

Vive de la ignorancia, del prejuicio, de la escisión burda entre partidarios y terroristas. Y ha tenido que forzar la puerta para entrar a la Universidad, al Liceo, a sembrar bombas, a aplastar los árboles y la cultura.

Se ha llegado al punto de la criminalización cada vez más temprana, y abriendo la sospecha ante los escolares. Para un estado policial el momento de la vacuna anti rebeldía es ahora, y lo han pagado los estudiantes, los que están de hecho viviendo su adolescencia. Los que transitan por las rebeldías normativas de la vida, tan necesarias para la evolución y el crecimiento y que se han negado a verse cuestionados cada día respecto de sus identidades.

La paranoia hacia los adolescentes y una supuesta capacidad de destrucción, estarían justificando la implantación de una ley que permite revisar sus pertenencias sin motivo claro. Quieren saber quiénes son, y qué cosas traen: seguramente los males, como el cuestionamiento del sistema, la expresión del descontento con un sistema que destruye la educación pública. Ésa que fue olvidada, engañada, estafada en tiempos tan oscuros.

Las luchas y petitorios son ignorados por las instituciones que se suponen competentes, y en la calle las demandas sociales son burladas, e incluso descalificadas como peticiones legítimas. En estos actos represivos, la violencia busca también humillar los liderazgos, enviando un mensaje de desvalorización que logre aplastar los ánimos de los actores en protesta.

Con el pretexto de la prevención y la seguridad se ha llegado a la criminalización de las luchas que la población está protagonizando en la búsqueda de una dignidad que ya siente perdida. Es extraño cómo se tiene la certeza de que la represión que hoy se vive es insana, y cómo no produce asombro. Estos actos de represión y violencia juegan con la probabilidad de naturalizarse en la vida cotidiana.

Hoy gritar en las calles es delito. Gritar cuando ya van varios meses en que no se paga las licencias médicas y es imposible trabajar estando enfermo. Gritar, rebelarse, exigir que se resuelva la deuda histórica al magisterio es una infracción castigable con pena de golpes y rostro ensangrentado.

A no ser que el ciudadano-a descanse en la negación de su realidad social, será reprimido.

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En un campus universitario se vio a docentes superar el miedo y marchar frente a las fuerzas especiales, gritando: “¡Fuera!”

Profesores de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) expulsan del Campus a las Fuerzas Especiales de Carabineros.

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Lic. en Psicología. Master en Psicología Individuo, Grupo, Organización y Cultura por la Universidad del País Vasco.

Ha desarrollado trabajo comunitario en el área de salud y en contextos de ruralidad . Docente en el área de las ciencias sociales. Activista social

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