Proyecto de registro de abusadores sexuales

La oposición la rechaza por considerarla una propuesta netamente electoralista y oportunista, carente de sustento científico y el oficialismo la presenta como la panacea a este problema. Como es obvio resaltar, todos tienen algo de razón.

Fiel a nuestra forma de vida avanzamos de un extremo a otro. Cuando un borracho mata al volante a una persona todos queremos modificar el Código Penal considerando que hay Dolo Eventual en los conductores, cuando se encuentra a un famoso consumiendo estupefacientes comienza el debate por la legalización del consumo de drogas, y así andamos.

Por estos días en el Congreso de Argentina se está tratando un proyecto de ley por demás de polémico. El mentado “proyecto de registro público de violadores”. Este presenta serios problemas que no deben soslayarse, ni esconderse como la basura debajo de la alfombra, ni hacerse un debate sesgado por la opinión del “sentido común”.

La oposición la rechaza por considerarla una propuesta netamente electoralista y oportunista, carente de sustento científico y el oficialismo la presenta como la panacea a este problema. Como es obvio resaltar, todos tienen algo de razón, aunque se debe reparar en algunas cuestiones que la opinión pública merece tener en cuenta.

Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de esto es “LEY MEGAN” o “ley de Protección a la Comunidad” de los años ‘90 en los Estados Unidos, que permite que se notifique al público cuando un delincuente sexual peligroso haya sido puesto en libertad. Fue la violación y asesinato en 1994 de Megan Kanka de 7 años lo que provocó que la opinión pública demandara que se implementara un sistema de notificación a la sociedad. En 1996 el presidente Clinton firmó la Ley Megan.

Algunos puntos a tratar son los siguientes: Qué es un registro de abusadores sexuales, qué publicidad se puede dar a ese registro, qué dice la criminología respecto de la tasa de delitos de índole sexual, cuál es la tasa de reincidencia de los ofensores sexuales, qué consecuencias puede tener un registro sobre los ofensores sexuales y sobre las víctimas.

La idea de generar un registro se basa en que la difusión pública genera prevención sobre el tema dado que la información sobre el abusador estará colgada en la web por veinte años, un tiempo por demás de largo y que excede a todas luces la cantidad de años que en promedio tienen estas penas por este tipo de delitos (Art. 119 del Código Penal Argentino [1]).

Algunos legisladores plantean la posibilidad de que los datos sean públicos, es decir, que puedan ser consultados cada vez que un particular lo solicita, pero no publicitados. Todo esto trae aparejado serios problemas de dogmática penal relativos a que el condenado por un delito no puede ser expuesto a mayores tormentos que los que la pena impone.

Otra cuestión que trae aparejada es la posibilidad de que se haga justicia por mano propia contra los ofensores que sean identificados como tales.

Por otro lado también es cierto resaltar, aunque a la opinión pública le cueste reconocerlo, que no hay estadísticas confiables acerca de la tasa de reincidencia de estos tipos de delitos. La mayoría de los criminólogos y científicos sociales los ubican en un 10%, tasa por demás de baja comparada con otros tipos de delitos como por ejemplo el robo, es decir, el delito contra la propiedad o los delitos de lesiones físicas en general.

Esto asimismo lleva a otra cuestión que no es menos importante: la amplia mayoría de los abusos sexuales (cifra negra de este delito) ocurren dentro del seno de la familia. La víctima vive en la misma casa del victimario y esa es la amplia mayoría de casos que ocurren en todos los estratos sociales.

Contrariamente a lo que se cree, las clases altas también realizan este tipo de actos solo que están soterradas o desdibujadas, escondidas y con la mirada puesta sobre las clases más desaventajadas de la sociedad. Ellas son las desviadas y no las clases medias y altas. Esto en parte se debería a que las clases bajas acostumbran recurrir a los resortes de la Justicia o del Gobierno para ventilar estos acontecimientos, y otros, en mayor medida dado que no tienen cómo de otra manera resolver el conflicto que se les presenta.

Por otro lado nada se hace con los ofensores sexuales. ¿Qué hacer con ellos? ¿Se puede cambiar su conducta o situación patológica? No hay equipos interdisciplinarios que aborden la cuestión y el Servicio Penitenciario de todo el país prácticamente carece de programas de tratamiento para personas condenadas por delitos sexuales.

Estos registros, como la mentada Ley Megan de EEUU han demostrado no ser muy eficientes ni beneficiosas. Pierde de vista que se debería actuar ex antes y no a posteriori. Si bien a diario nos desayunamos con este tipo de delitos y que son altamente probables que la prensa los trate con todo lujo de detalles, estos son menores frente al abuso intrafamiliar.

El malo de la película no es el borracho en situación de calle que abusa de una joven en un oscuro callejón a medianoche. El malo acá es el marido de la mamá del niño, el cura o párroco de nuestra iglesia, el profesor de la escuela, el primo mayor o el tío que viene de visita a la casa, etc. Es decir, un sujeto que ocupa un lugar de jerarquía que abusa aproximadamente desde los tres años de vida del niño hasta los doce, momento en que la víctima comienza a romper el silencio. Como es obvio todos conocemos casos que se ventilan en la Justicia y que recién se denuncian cuando la víctima es mayor de edad.

Y sobre eso no se da el mismo nivel de ansiedad o temor de la comunidad como cuando se sabe que un Juez liberó a un violador luego de algunos años de cárcel. El miedo al delito así como la percepción muy subjetiva de este tipo de delitos no son reacciones que desde el sentido común aporten seguridad y tranquilidad hacia la comunidad ni el debate que nos merecemos.

 

Notas

[1] Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o prisión si:

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).

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Autor

Abogado. Docente. Escritor. Funcionario Judicial de la Provincia de Santa Fe, Argentina.Maestrando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Experto en Criminología, prevención del delito y violencia de genero.