Johana Paola Peña Gómez
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Ecuador.
johanapg9128@gmail.com
Recibido: 26/08/2021 – Aceptado: 01/12/2021
Resumen: Este artículo aborda algunas de las políticas públicas que han desencadenado procesos de deforestación y conflictos de carácter socioambiental en la Amazonía del departamento del Caquetá (Colombia). Para tal efecto se toman dos de los enfoques teóricos de la ecología política: uno neomarxista, que pone énfasis en la forma en que la Amazonía caqueteña se ha insertado históricamente en el mercado global de commodities, incluyendo la influencia político económica sobre los patrones de deforestación de la frontera, el desarrollo de conflictos socioambientales bajo la estructura de clases y la generación de una distribución ecológica desigual en el marco de una geografía estratificada; y otro posestructuralista, a partir del cual se analizan las narrativas del desarrollo y del desarrollo sustentable presentes en documentos de política nacional y regional. De esta forma fue posible constatar los marcos de políticas que materializan acciones de apropiación de la naturaleza (biofísica y humana) por parte de distintos actores, así como la manera en que las formas modernas y posmodernas de la capitalización de la naturaleza coexisten en el espacio-tiempo de esta región amazónica.
Palabras clave: Ecología política, deforestación, conflictos socioambientales, regímenes discursivos, Amazonía colombiana.
Political ecology of deforestation in the Colombian Amazon: modern and postmodern appropriations of nature
Abstract: This article is about some of the public policies which have provoked deforestation processes and socio-environmental conflicts in the Amazon in Caquetá department (Colombia). Therefore, two of the theoretical approaches of political ecology are taken: the first one is neomarxist, which emphasizes in the way that the Caquetá’s Amazon has been historically inserted in the commodities global market, including the political economy influence in the frontier deforestation patterns, the development of socio environmental conflicts under the class structure and the process of an unequal ecological distribution within the framework of a stratified geography; and the other approach is poststructuralist, from which the narratives of development and sustainable development evidenced in national and regional policy documents are analyzed. Through this way it was possible to confirm the politics frameworks that materializes appropriation’s actions of the nature (biophysical and human) by different actors, just like the way in which modern and postmodern capitalization forms of nature coexist in the space-time of this Amazon region.
Key words: Political ecology, deforestation, socio environmental conflicts, discursive regimes, Colombian Amazon.
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1. Introducción
El ecosistema amazónico del departamento del Caquetá, Colombia, se ha configurado a través de distintos ciclos extractivos, desde el auge cauchero, la colonización dirigida o del Estado, la incursión cocalera, hasta el reciente Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Cada periodo ha estado colmado de diferentes fuerzas impulsoras subyacentes, incluyendo factores económicos, culturales, políticos e institucionales, que han influido, en mayor o menor medida, sobre las causas inmediatas o los drivers de la deforestación (Bawa y Dayanandan, 1997; Kaimowitz y Angelsen, 1998; Geist y Lambin, 2002) de este bosque tropical, que a la vez han generado diferentes conflictos entre los actores involucrados que giran alrededor del acceso y uso de los recursos naturales.
En la dinámica contemporánea, este departamento ha evidenciado un verdeamiento plasmado en las políticas de desarrollo sostenible, las cuales se caracterizan principalmente por impedir que la deforestación siga ampliando las fronteras del ecosistema amazónico. Sin embargo, es bien sabido que la deforestación en el departamento ha aumentado significativamente desde la firma del Acuerdo Final de Paz (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2019) y, por tanto, estaríamos frente a unas políticas ambientales caracterizadas por regímenes discursivos de desarrollo y desarrollo sostenible, que persiguen únicamente la reproducción y la acumulación incesante de capital (Escobar, 1996).
Así pues, el presente trabajo tiene como objetivo identificar la incidencia histórica de las políticas de desarrollo económico y sostenible sobre los procesos de deforestación, y su consecuente influencia sobre la generación de conflictos socioambientales en la Amazonía caqueteña. Para tal efecto, se aborda una revisión documental que abarca algunos de los ciclos extractivos del área de estudio, así como algunas de las políticas nacionales y regionales que de forma directa o indirecta han incidido sobre la problemática en mención. Además, se acude a la observación participante y a las entrevistas recopiladas durante el trabajo de campo en el municipio de Florencia (Caquetá) entre enero y abril de 2021.
En este sentido surgen las siguientes preguntas: ¿de qué forma la vinculación del Caquetá en el mercado internacional de commodities ha consolidado la deforestación en esta región de la Amazonía colombiana?, ¿en qué medida los drivers de la deforestación en el Caquetá han sido influenciados históricamente por políticas económicas?, ¿qué narrativas de la modernidad y la posmodernidad inciden en la deforestación amazónica y en la generación de conflictos socioambientales del departamento?
Para resolver estos cuestionamientos, el presente artículo acude a la ecología política de corte neomarxista con el fin de analizar la vinculación histórica de la región amazónica del Caquetá en el mercado mundial de commodities, la influencia de las políticas económicas sobre los conflictos socioambientales evidenciados en el marco de la estructura de clases, así como los intercambios desiguales de naturaleza biofísica y humana entre la zona de estudio, anclada al sistema-mundo como periferia por su riqueza natural, y los dueños de los medios de producción ubicados en los centros del sistema mundial. Para tal efecto se toman como base elementos del sistema-mundo de Wallerstein (2004), y sus variantes ecologizadas representadas por Hornborg (1998; 2003), Bartley y Bergesen (1997), así como los análisis sobre la Amazonía brasileña de Schmink y Wood (1987) y Schmink, Hoelle, Gomes y Thaler (2019).
Estas nociones se combinan también con el enfoque constructivista de Escobar (1996; 1999) para el análisis de las narrativas político-económicas y ambientales plasmadas en documentos como los Planes de Desarrollo del Caquetá (2001-2020), con lo cual se busca aterrizar las formas modernas y posmodernas de la capitalización de la naturaleza en este departamento, y evidenciar «las relaciones de poder –y de poder en el saber– que determinan los modos de acceso, intervención, apropiación y degradación de la naturaleza» (Leff, 2017, p. 131). De esta manera, el presente artículo evidencia la forma en que las políticas de explotación y de protección confluyen en la contemporaneidad como regímenes discursivos que promueven directa o indirectamente la deforestación de este bosque tropical amazónico.
2. El Caquetá como fuente de commodities y la deforestación
El departamento del Caquetá, ubicado en el suroccidente de Colombia, hace parte de la extensa región amazónica compartida por nueve países suramericanos. Este ecosistema «representa más del 40 % del territorio colombiano» (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2013, p. 11) y presta un sinnúmero de materiales y servicios ecológicos que se han configurado en los medios de vida de comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que, además de depender de este ecosistema para su sustento, le atribuyen significados que hacen parte de su simbología y ritualidad.
La riqueza natural del ecosistema amazónico de este departamento ha atravesado por diferentes auges extractivos desde la época colonial, pasando por la republicana, hasta la contemporaneidad (Bohórquez, 2013), que históricamente han trascendido las esferas nacionales para integrar a la región como periferia a los requerimientos del mercado del sistema-mundo y de la economía-mundo capitalista (Wallerstein, 2004). En este sentido, se han podido evidenciar cuatro grandes periodos históricos: el auge cauchero, la colonización dirigida, la incursión cocalera, y más recientemente, la firma del Acuerdo Final de Paz. En cada ciclo, la Amazonía ha sido considerada como un reservorio ilimitado de recursos con potencial para generar riqueza y desarrollo para el país; pero en sí lo que esta idea ha propiciado es la dominación, el agotamiento de recursos forestales, la degradación de la naturaleza, el aprovisionamiento de materias primas para el mercado mundial y la satisfacción de las demandas de los países del norte global, propiciando incrementos y depresiones en las migraciones y el poblamiento del departamento.
El primer periodo, consistente en la colonización cauchera, dio inicio a finales del siglo XIX, durante el cual incursionaron los patrones de deforestación en el Caquetá (Melo, 2014). En este primer auge extractivo, las empresas caucheras establecieron campamentos en la región amazónica para extraer el látex a través del rayado y, en muchos casos, el árbol era talado para extraer el resto de la sangría (Ruíz, 1996 citado en Arcila, 2010). De esta manera, se propició una explotación cauchera que dio como resultado el agotamiento del recurso forestal en diferentes regiones de la Amazonía colombiana (Arcila, 2010).
Entre los años 1912 y 1914, debido a la caída del precio internacional del caucho y al consecuente fracaso del negocio, los empresarios empezaron a conformar asentamientos en el piedemonte amazónico del Caquetá, donde pasaron a consolidar actividades agrícolas y pecuarias que, a su vez, dieron cabida al desmonte y praderización de bosque virgen (Arcila et al., 2000; Melo, 2014). Se produjo entonces el surgimiento de haciendas conformadas a través de procesos de adjudicación de baldíos liderados por el Estado colombiano, otorgándose miles de hectáreas a las familias caucheras políticamente influyentes a cambio de la apropiación de caminos previamente usados para sacar el caucho (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2017). Este es el caso de la hacienda Larandia, ubicada entre los municipios de Florencia, La Montañita y Milán, a cuyos dueños se les entregaron dos predios de 2.500 hectáreas cada uno en el año 1933 (Yepes, 2001; Melo, 2014; CNMH, 2017).
El «modelo empresarial [de esta hacienda] se basó en un sistema de producción sémi-intensivo, con una gigantesca infraestructura que implicó el desmonte de miles de hectáreas a través de maquinaria pesada y mano de obra asalariada» (Yepes, 2001, p. 170). La producción de carne en esta hacienda, que alcanzó a rondar las 100.000 cabezas de ganado (Márquez, 2001), se exportó al Perú y a ciudades como Bogotá, Cali y Girardot (Serrano, 1994 citado en Yepes, 2001).
Los propietarios de Larandia, en su afán de concentrar tierras para generar más excedentes de la actividad ganadera, persuadieron a pequeños colonos para adquirir sus predios y ampliar el terreno para el ganado (Arcila et al., 2000; Melo, 2014). Frente a esto, algunos colonos talaron más selva alrededor de sus tierras para conseguir un mayor pago a cambio, y aquellos que se negaban a la venta resultaban con siembras saboteadas por ganado y luego acusados de su robo (Delgado, 1987 citado en Melo, 2014).
De cualquier manera, el poder económico y político de los administradores de la hacienda les permitió titular los predios deseados, incluso aquellos terrenos baldíos que le pertenecían al Estado, con lo cual empujaron al frente de colonización a los colonos primarios (Brucher, 1974; Arcila et al., 2000) y promovieron el desbosque cada vez mayor de selva tropical, calculado en una tasa de deforestación anual de 2.500 hectáreas (Peña y Vanegas, 2010).
Posteriormente, desde el año 1959 el Estado colombiano dio inicio al proceso de colonización dirigida a través de los proyectos de la Caja Agraria y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que tuvieron como fin principal otorgar parcelas condicionadas a la producción ganadera dentro del territorio amazónico a personas afectadas por la violencia de la lucha bipartidista y por el desarrollo de la agricultura capitalista en el centro del país (Arcila et al., 2000; Melo, 2014).
Bajo este contexto se formularon tres proyectos, en los cuales los colonos dirigidos podrían acceder a parcelas de entre 50 y 100 hectáreas (dependiendo de la productividad del suelo), créditos condicionados a la ganadería y a la explotación de dos terceras partes del predio, asistencia técnica y títulos legales financiados por el Estado (Peña y Vanegas, 2010; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía [Corpoamazonia], 2017).
Esto provocó la migración de colonos a la selva amazónica, quienes pensaron haber adquirido una propiedad lista para las actividades productivas. No obstante, las familias colonas dieron cuenta de la entrega de parcelas con selva virgen, lo cual requirió la ejecución de prácticas habituales de tala, quema y socola (Melo, 2014). Según Bonilla (1966) durante los años 1965 y 1966 los desmontes eran de tal magnitud que solamente los colonos «dirigidos» o financiados por el Incora habían desmontado 7.500 hectáreas de bosque virgen.
Estas avalanchas migratorias, lejos de solucionar los problemas socioambientales del territorio, consolidaron la vocación ganadera del suelo caqueteño y su conexión con el mercado nacional, haciendo que las economías campesinas, cada vez más precarias, reemplazaran sus actividades de subsistencia por la ganadería extensiva y generando conflictos por el acceso a la tierra entre diferentes actores (Yepes, 2001; Corpoamazonia, 2017). De hecho, se ha constatado que entre los años 1950 y 1980 se transformaron en pastos alrededor de tres millones de hectáreas de bosque primario (Márquez, 2001) y, por tanto, «es indudable que estos proyectos del Estado contribuyeron a implantar el modelo ganadero en las selvas del Amazonas colombiano, con pérdida importante de biodiversidad y sin generar bienestar real para los colonos que con tanto esfuerzo abrieron la selva» (Yepes, 2001, p. 172).
Uno de los actores que tuvo una fuerte incidencia en el departamento del Caquetá fue el grupo armado FARC-EP que, de acuerdo con Reyes (2013), se conformó en este territorio desde la década de los sesentas y a partir de aquellos colonos (comunistas y liberales) que migraron a la zona debido a la lucha bipartidista en el centro del país. Como consecuencia, durante los años 1978 y 1981 el Estado colombiano dio comienzo a la «guerra del Caquetá», la cual desencadenó una serie de desplazamientos campesinos que dieron cabida a la ampliación de espacios urbanos, ampliamente relacionados con los procesos de deforestación departamental.
Al mismo tiempo, en el año 1976 surgió la colonización cocalera, fecha en la cual la siembra de la hoja de coca fue impulsada por los grandes capos del narcotráfico que ya se encontraban instalados en la Amazonía (Arcila et al., 2000). Desde sus inicios, la producción de hoja de coca se ha constituido en una de las actividades económicas más importantes del departamento junto con la ganadería extensiva y la extracción de madera, y esto se debe a que su establecimiento se ve favorecido por: 1) «la capacidad de adaptación de la planta de coca que, por ser nativa, no la afecta la baja fertilidad natural de los suelos amazónicos» (Peña y Vanegas, 2010, p. 51); 2) la reducción en los precios de los productos agrícolas producidos por las economías colonas y campesinas; 3) la lejanía de los fundos campesinos de vías principales y los altos costos por el transporte de la producción agrícola; 4) la presencia de redes de solidaridad entre las comunidades campesinas que permitieron la rápida divulgación de la coca; y 5) la alta demanda de empleo, que le permitió a estas comunidades «capitalizar a su favor el trabajo de su núcleo familiar y, por esta vía, incrementar su ingreso monetario» (Arcila et al., 2000, p. 152).
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH 2017), durante los primeros años de la incursión cocalera se produjo un auge en la explotación de madera, que generó un proceso de ampliación de la frontera agrícola, frente a esto, desde el año 2000, las FARC-EP respondió estableciendo una serie de “normas ambientales (…) que prohibían la tala de maderables para la comercialización” (CNMH, 2017, p. 71). Esta situación es descrita en el año 2014 por un campesino de la Zona de Reserva Campesina El Pato – Balsillas:
La madera era todos los días. La deforestación era inmensa, era increíble. También había muchas tumbas y quemas en grandes tierras para cultivar granos. Ahí juega un papel importante la guerrilla. Porque todo hay que decirlo (…), es la historia, es lo que ha vivido el campesino. La guerrilla nos llamó a nosotros y nos preguntó que qué íbamos a hacer que si no éramos capaces de hacer regir las normas que están dentro los acuerdos sociales que ustedes han organizado y que exigen que se proteja el medio ambiente. (…) A raíz de eso hubo mucho conflicto porque la guerrilla tomó el control de la deforestación. (CNMH, 2017, p. 75)
A esto se suma un periodo de erradicación forzada de cultivos de coca fomentado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), a partir del cual la intensificación de aspersiones aéreas con glifosato fomentó el desplazamiento masivo de comunidades locales hacia zonas boscosas menos intervenidas (Dávalos et al., 2016). De hecho, de acuerdo con Ciro (2017) dichas aspersiones (enmarcadas en la política de «Seguridad Democrática») iban de la mano con la política extractivista de la época, pues «buscaban desplazar a las comunidades de sus tierras, sea por los intereses de las petroleras, (…) o como estrategia de desplazamiento para forzar la venta de sus tierras a precios bajos» (p. 21).
Más recientemente, en el marco del Acuerdo Final de Paz (firmado en el año 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) se ha constatado un aumento significativo de la deforestación en el departamento pasando de 23.812 hectáreas deforestadas en el año 2015, a 60.373 hectáreas solo en el año 2017 (Gráfica 1).
De acuerdo con Reardon (2018) y Prem et al. (2020), este incremento se debe principalmente a la liberación de áreas antes regentadas por las FARC-EP y a la profundización de la política extractivista de los gobiernos de turno, los cuales han priorizado el traslado de diferentes industrias a la Amazonía colombiana, incluyendo actividades minero energéticas y agroindustriales.
De hecho, los Planes Nacionales de Desarrollo de los últimos cuatro gobiernos se han enfocado en impulsar la economía primario-exportadora de la región amazónica a través políticas de seguridad (Vélez, 2014), reflejadas en el otorgamiento de 44 bloques petroleros en 2020 (Ojo Público, 2020), 52 títulos mineros en 2018 (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI], 2019) y la prospectiva instalación de al menos siete proyectos hidroeléctricos en varios municipios del departamento (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2021).
Cabe aclarar que las políticas impuestas por los grupos armados presentes en el territorio (grupos post FARC o nuevos grupos armados sin identificación) también han tenido un papel relevante en la reciente deforestación del arco noroccidental de la Amazonía colombiana (departamentos Caquetá, Guaviare y Meta). Así lo demuestra un panfleto difundido por las disidencias de las FARC-EP en esta región amazónica:
El Gobierno no resuelve el problema de la tierra y el buen vivir de los campesinos, por lo tanto, nuestra organización abre la posibilidad de que se tumbe la montaña, aclarando que debe tumbar quien no tenga tierra y solamente la cantidad que pueda trabajar. Además, si tiene rastrojos o cañeros, primero tienen que arreglar los rastrojos y deben dejar un margen de 50 metros a la orilla de las fuentes hídricas, porque es prudente cuidar el medioambiente, pero no por eso el campesino debe privarse del buen vivir (…) también se prohíbe hacer talas de montaña mal hechas y quien vaya a tumbar primero tiene que trabajar lo que tiene ya talado, para que después pueda tumbar lo que necesite para sus pastos. (Catorce6, 2020)
De este modo, a lo largo de los cuatro periodos históricos se evidencian ciertas tendencias que se interconectan desde lo global hasta lo local, y constituyen los factores inmediatos y subyacentes de la deforestación en la zona de estudio. La primera de ellas es la integración del lugar a las dinámicas de acumulación de capital, que se alinea con las políticas económicas y la expansión de las fronteras agrarias y extractivas para surtir commodities al mercado global (Schmink y Wood, 1987). Esta inclusión del Caquetá dentro de los mercados internacionales le da a esta región de la Amazonía colombiana ciertas «ventajas comparativas» ancladas al «rol de exportador de naturaleza» (Svampa, 2013, p. 37), pues su economía se ha consolidado históricamente a partir de un sector primario considerado como el «centro de diversas economías extractivas o economías de enclave, como el caucho, (…), la madera, y, en la actualidad, la coca y el petróleo» (CNMH, 2017, p. 93), sin dejar de lado a la ganadería que, al configurarse como la principal economía semiextractiva (CNMH, 2017), ha incidido sobre el 97,1 % de la deforestación en el departamento (Peña y Vanegas, 2010).
Esta vinculación histórica nos conduce a una segunda tendencia, consistente en una distribución ecológica desigual histórica caracterizada por la apropiación sistemática de recursos naturales locales por parte de centros distantes que, además de acumular riqueza, generan contaminación, agotamiento de recursos forestales y mayor empobrecimiento en las zonas periféricas (Hornborg, 2003; Bartley y Bergesen, 1997), en el caso que nos ocupa, Caquetá (Colombia). Hornborg (1998; 2003) denomina esto como un intercambio desigual de tiempo y espacio (considerados como fuentes de energía), en el cual «las áreas centrales del sistema mundial acumulan infraestructura industrial al apropiarse de la energía disponible y otros recursos materiales de una periferia» (Hornborg, 2003, p. 9). Esta asimetría se da principalmente por la subvaloración tanto del tiempo de trabajo como del espacio naturaleza por parte de los centros hegemónicos, toda vez que el valor comúnmente utilizado es una ilusión semiótica que oculta el valor «real» de las mercancías en las transacciones del mercado (Hornborg, 1998; 2003).
La tercera tendencia se ha consolidado en gran medida por la implementación de políticas públicas encaminadas al crecimiento económico (dadas, por ejemplo, en la imposición de la cultura ganadera, la ampliación de la maquinaria extractivista en el territorio, la concentración de la propiedad rural, la construcción de infraestructura vial, entre otras) que han detonado diferentes drivers o impulsores directos de la deforestación en el área de estudio, tales como el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la expansión agrícola, la siembra y erradicación forzada de cultivos de coca, los asentamientos informales, la extracción legal e ilegal de madera, la producción de carbón vegetal y las actividades minero energéticas (estas últimas vinculan prácticas de minería legal e ilegal, actividades petroleras y construcción de hidroeléctricas).
En este sentido Bartley y Bergesen (1997) han argumentado que los «Estados semiperiféricos y periféricos históricamente han permitido o incluso alentado la deforestación al intentar desarrollarse económicamente» (p. 2), lo cual ha sido corroborado en el Caquetá a través de políticas públicas como la colonización dirigida que, además de fomentar el desarrollo histórico de la ganadería como el principal uso de suelo en el departamento, aterriza en la actualidad en espacios institucionales y políticos que la siguen promoviendo (por ejemplo, a través de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) (enmarcado en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz), en el cual la línea productiva ganadera prevalece de manera importante en la sustitución del cultivo de coca («Don William», s.f.)).
Adicionalmente, dichas políticas se han visto condicionadas por grupos económicos poderosos que «ejercen una influencia considerable dentro de las burocracias legislativas y de planificación del Estado» (Schmink y Wood, 1987, p. 43). En consecuencia, estas políticas públicas son pensadas desde arriba y se imponen hacia abajo, sin considerar los saberes y formas adaptativas de comunidades locales (campesinas, indígenas y afrocolombianas), y están direccionadas a la obtención de beneficios económicos para grupos poderosos en el corto plazo.
Y la cuarta tendencia, que surge como resultado de las antes mencionadas, es el desarrollo de la frontera amazónica en el Caquetá, la cual ha estado atravesada por una estructura de clases caracterizada por diferentes actores sociales en disputa que difieren en su influencia política, intereses, perspectivas culturales, ideologías y en el acceso y uso a los recursos naturales (Schmink y Wood, 1987; Schmink et al., 2019). Esto se constata hoy en día al evidenciar que la mayoría de los predios del piedemonte caqueteño caracterizados por tener una mayor productividad, riqueza ecológica y facilidades de acceso vial, están en manos de los grandes terratenientes ganaderos, mientras que los pequeños ganaderos se encuentran en las zonas periféricas del departamento (paisajes de cordillera y lomerío alejados del piedemonte), en las cuales hay menor productividad y pocas facilidades de acceso a carreteras centrales (CNMH, 2017). Existe entonces un interés por parte de ciertos grupos económicos poderosos por acaparar espacios poco intervenidos, ya que estos depositan riquezas naturales que permiten la reproducción de capital y la acumulación privada.
En este sentido, «la producción capitalista en expansión tiende a subordinar, en algunos casos erradicar, las formas no capitalistas» (Schmink y Wood, 1987, p. 43) que, más allá de ser totalmente armónicas con el ecosistema, reflejan conocimientos y prácticas adaptativas al mismo, pero que se ven forzadas a mutar en prácticas extensivas debido a presiones externas amparadas por la acumulación incesante de capital.
3. Regímenes discursivos de las políticas de desarrollo económico y sostenible
De acuerdo con los postulados de Escobar (1996) «la naturaleza es construida socialmente» (p. 46). Esto quiere decir que no solamente las prácticas humanas han moldeado históricamente la naturaleza, sino que también los discursos y las narrativas han fabricado lo que Marx y Engels denominaron como «segunda naturaleza», es decir una naturaleza como producto de la intervención humana (Biersack, 2006). En este sentido, podría decirse que las formas históricas de acumulación (saqueo, capitalismo comercial, capitalismo financiero y subcompensación del trabajo [Hornborg, 2003]) han intervenido y fabricado la naturaleza que vemos hoy en día y, por tanto, no existe un conflicto ambiental que no esté mediado por lo social o, más específicamente, por la acumulación de capital.
En este marco, el capitalismo ve a la naturaleza como «un medio universal de producción» (Escobar, 1999, p. 7) que se ha apoyado en la ciencia moderna para la acumulación de capital. En palabras de Leff ([1986] 2005) esto significa que «los conocimientos científicos no sólo aparecen en una relación de verdad o de conocimiento con lo real, sino también como fuerza productiva del proceso económico» (p. 80). Por lo tanto, los conocimientos científicos se constituyen en regímenes de verdad que se articulan con los sistemas de poder y se «materializan» en las prácticas discursivas (Foucault, [1977-1978] 1979).
De esta forma, Escobar (1996) sustenta que las dinámicas contemporáneas de la relación entre capital y naturaleza se han configurado a partir de diferentes regímenes discursivos que abarcan narrativas del desarrollo convencional como progreso y modernidad, y discursos más recientes del desarrollo sostenible relacionados directamente con la conservación del bosque y su biodiversidad. Estos regímenes discursivos se hacen presentes en las formas modernas y posmodernas del capital en su fase ecológica (Escobar, 1996), los cuales además de articularse con los regímenes de naturaleza orgánica, capitalista y tecno-naturaleza, pueden coexistir en el tiempo y/o superponerse en un mismo territorio (Escobar, 1999).
Este acápite retoma el enfoque constructivista de la ecología política para analizar los discursos de poder o la imposición de verdades discursivas plasmadas en las políticas nacionales y regionales relacionadas directa o indirectamente con la deforestación en el Caquetá, las cuales tienen una dimensión productiva al ser constitutivas de la realidad.
3.1. Políticas de la modernidad en el Caquetá
La forma moderna del capital se cimienta en la economía convencional, el crecimiento económico y el discurso del desarrollo (Escobar, 1996). Esta se despliega bajo una noción de naturaleza externa que está a favor de su dominio y que ve con buenos ojos la explotación masiva de recursos naturales, pues se argumenta que dichas actividades favorecen el bien común a través de la acumulación de excedentes (Gudynas, 2013). La fase moderna del capital ha sido teorizada por James O’Connor bajo la segunda contradicción del capitalismo en la cual, «las relaciones de producción capitalistas (…) degradan o destruyen las condiciones de producción, incluido y especialmente el medio ambiente» (O’Connor, 1998, p. 8; Treacy, 2020).
Esta fase está relacionada directamente con el régimen de naturaleza capitalista, basado fundamentalmente en la capitalización de la naturaleza humana y biofísica que, como condiciones de producción, son mercantilizadas para mantener escenarios favorables de la acumulación de plusvalor (O’Connor, 1994; Escobar, 1999). Este régimen se articula con el concepto de gubernamentalidad acuñado por Foucault, el cual describe la forma en que los «dominios cada vez más vastos de la vida diaria son apropiados, procesados y transformados por el conocimiento experto y los aparatos administrativos del Estado» (Escobar, 1999, p. 6).
En otras palabras, la naturaleza capitalista se materializa en el extractivismo, incluyendo las actividades minero energéticas, los agronegocios, el turismo, los monocultivos a gran escala, entre otros, los cuales son inherentemente degradantes de la naturaleza. Esto quiere decir que las políticas de la modernidad en el departamento del Caquetá están fuertemente asociadas con el mencionado devenir histórico de la Amazonía caqueteña como fuente de commodities para la economía mundial, las cuales, además de promover los altos índices de deforestación, se destacan como factores clave del progreso en los diferentes objetivos plasmados en las políticas de desarrollo económico del Caquetá.
En este sentido, la ganadería extensiva sigue siendo vista como una de las actividades con mayor potencial competitivo en las políticas de desarrollo económico del departamento (Gobernación del Caquetá, 2001; 2012; 2016; 2020). Se sostiene la necesidad de «proteger y mantener esta actividad» (Gobernación del Caquetá, 2004, p. 30) mediante el aumento de su productividad, bien sea a través del fortalecimiento de las cadenas productivas, el repoblamiento de bovinos (Gobernación del Caquetá, 2008), la transferencia de tecnología, la sanidad animal, el otorgamiento de créditos para la implementación de ganadería extensiva y la asistencia técnica (Gobernación del Caquetá, 2004; 2020).
Incluso, dentro de los programas de apoyo a la comunidad indígena se destacan acciones de «capacitación, asesoramiento y acompañamiento en la tecnificación de la producción (…) ganadera y especies menores» (Gobernación del Caquetá, 2008), con lo cual se da a entender que las formas de producción indígena son compatibles con las formas de producción capitalista y, por tanto, las comunidades locales son vistas como productoras de excedentes. Esto demuestra que, desde la perspectiva del régimen de naturaleza capitalista, las comunidades locales son generadoras de plusvalía y se desconoce que los modelos locales están fundamentados en un régimen de naturaleza orgánica que «se establece culturalmente a través de rituales y prácticas incrustadas en relaciones sociales diferentes a las capitalistas o modernas» (Escobar, 1999, p. 8).
Por otra parte, es usual que las políticas de desarrollo económico busquen el fortalecimiento de la agricultura a través del fomento de procesos agroindustriales que permitan «el incremento productivo y la generación de valor agregado en el sector primario» (Gobernación del Caquetá, 2016, p. 200). En éstas se resalta el impulso de cultivos de palma africana en el municipio de Belén de los Andaquíes (Gobernación del Caquetá, 2016), el uso de frutales amazónicos a nivel agroindustrial para el mercadeo local, nacional e internacional, el estímulo del sector panelero a través de la diversificación de productos a base de caña, así como el aumento de área sembrada de cultivos de café, plátano, cereales y flores amazónicas (Gobernación del Caquetá, 2012).
A esto se suman programas para el aprovechamiento industrial de maderables, con los cuales se pretende «desarrollar, mejorar y ampliar o completar y/o difundir paquetes tecnológicos para maderas en general» (Gobernación del Caquetá, 2012, p. 445), incluyendo el uso de especies con alta demanda en el mercado nacional e internacional como cedro, ahumado, amarillo, achapo, sangre toro, abarco, entre otros (Gobernación del Caquetá, 2012). El caucho, por su parte, es considerado como un «promotor del desarrollo territorial» (Gobernación del Caquetá, 2012, p. 449), toda vez que ocupa un puesto «privilegiado» entre los primeros tres departamentos con mayor producción anual (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2018) y, por tanto, se promueve su expansión para cumplir con los requerimientos del mercado de exportación (Gobernación del Caquetá, 2004; 2008; 2012; 2020).
Como es bien sabido, este tipo de procesos agroindustriales propagan los «monocultivos de exportación, arrasando la biodiversidad de ecosistemas naturales, (…) expulsando de sus tierras a campesinos y pueblos originarios» (Alimonda, 2010, p. 64), pues plantaciones como la palma africana «requieren de un uso intensivo de agroquímicos que contaminan y empobrecen agua y suelos, afectando la salud» (Vallejo et al., 2019, p. 20). En este sentido, este tipo de políticas públicas, plasmadas mayoritariamente en los planes de desarrollo del Caquetá, no solo fomentan la degradación de la naturaleza en territorios altamente biodiversos que sustentan los medios y modos de vida de las comunidades locales, sino que además generan conflictos socioambientales mediados por los intereses de ciertos grupos económicos poderosos.
Así mismo, los planeadores del desarrollo en el Caquetá fomentan las actividades de minería y extracción de petróleo. Inicialmente, se considera como un infortunio el desconocimiento del potencial minero de la Amazonía colombiana (Gobernación del Caquetá, 2001) y se resalta como un problema de gobernabilidad el «dejar de percibir recursos por la explotación de hidrocarburos y minerales» (Gobernación del Caquetá, 2008). Sin embargo, las políticas extractivistas implementadas por los últimos cuatro gobiernos nacionales le abrieron el paso a la exploración y explotación petrolera en el departamento del Caquetá (Vélez, 2014).
Tal es el caso de la política minero energética actual basada en la expedición de la sentencia SU-095 de 2018, con la cual el gobierno nacional limitó el principio de autonomía de los entes territoriales en la regulación del uso de suelo (anteriormente amparada por la Sentencia T-445 de 2016, que dio vía libre al desarrollo de consultas populares municipales), e impuso un ordenamiento territorial donde prevalece la adjudicación extractivista (Dejusticia, 2018).
Cabe destacar que, según los discursos de la institucionalidad nacional y departamental, la actividad petrolera no tiene una afectación mayor en términos de deforestación porque, a pesar de que los bloques asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ocupan grandes espacios geográficos, la ubicación de las plataformas requiere de un área pequeña. Desde esta perspectiva, las empresas petroleras no solo cumplen a cabalidad con los permisos de aprovechamiento forestal y las acciones de compensación de recursos naturales, sino que poseen «el capital necesario para tecnificar adecuadamente su actividad extractiva» (González et al., 2018, p. 100). Por tanto, aquí hablamos de un régimen de verdad, en el cual el Estado colombiano se fundamenta en procesos técnico-científicos, enmarcados en la responsabilidad social empresarial, para destacar que puede evitar y compensar los efectos negativos de la actividad petrolera sobre la naturaleza (humana y biofísica).
Sin lugar a dudas, los proyectos mencionados resaltan los efectos «positivos» de su ejecución acudiendo a discursos del desarrollo como la generación de empleo, la seguridad alimentaria y la reducción de los niveles de pobreza rural (Gobernación del Caquetá, 2001; 2004; 2008; 2012; 2016). No obstante, estas narrativas esconden no solo la degradación ecológica, sino «el desplazamiento y la proletarización de la población local» (Escobar, 1996, p. 58), quienes deben trabajar como jornaleros de los agronegocios y las industrias minero-energéticas para subsistir.
En este sentido, es evidente que las políticas de desarrollo económico se formulan de manera centralizada para abrirle el camino a las actividades minero energéticas y a la agroindustria. Por tanto, no se habla de políticas mal diseñadas que promueven sin quererlo la deforestación, se habla de políticas precisamente formuladas por grupos dominantes para responsabilizar a la comunidad campesina de la devastación forestal y darles paso a procesos productivos y/o extractivos que realmente le generen réditos al gobierno de turno y al sector privado asociado.
3.2. Políticas de la posmodernidad en el Caquetá
La posmodernidad, por otro lado, se caracteriza por una profundización de la capitalización de la naturaleza biofísica y humana, que puede describirse como la internalización cabal de las condiciones de producción en el sistema de mercado capitalista (O’Connor, 1994). En este sentido, el desarrollo sostenible no solo traslada los discursos (articulados por la ciencia y el poder) de la forma moderna del capital, sino que ahonda en una expansión semiótica y material que «implica una dominación cultural más profunda» (Escobar, 1996, p. 47).
Desde esta perspectiva, el desarrollo sostenible conquista simbólicamente tres aspectos vitales que hacen parte del régimen de naturaleza orgánica: la naturaleza (mediante el sostenimiento de un stock de capital natural renombrado como medioambiente), la población local (convertida en la administradora de las reservas de biodiversidad) y los conocimientos locales (que son instrumentalizados en función de la ciencia moderna) (Escobar, 1996), los cuales pasan a ser considerados como reservorios de capital y, en consecuencia, su correcta gestión, uso y aprovechamiento promoverá y asegurará la acumulación constante de plusvalía. En este contexto el medioambiente debe ser conservado, no por su valor intrínseco, sino por los bienes y servicios que le otorga a la humanidad y en especial al capital (Escobar, 1996).
Es importante resaltar que esta fase se relaciona directamente con el régimen de naturaleza denominado por Escobar (1999) como tecno-naturaleza. Esta se fundamenta en la noción de naturaleza como un constructo social, es decir, una naturaleza híbrida o ya alterada que requiere ser administrada eficientemente a través de la ciencia y la tecnología (Escobar, 1999). Dicho de otra manera, la tecno-naturaleza se materializa en actividades como la agrosilvicultura, el ecoturismo, la generación de reservas naturales, entre otros (Escobar, 1999). De esta manera, se presentan algunos de los proyectos en la tecno-naturaleza que son promovidos desde las políticas ambientales para combatir la deforestación departamental.
El primero de ellos es la ganadería que, debido a su incidencia en la deforestación, se quiere enverdecer a través de la implementación de programas de asistencia técnica que infunden buenas prácticas ganaderas, actividades de ganadería sostenible (consistente especialmente en la división de potreros, los sistemas silvopastoriles y la rotación de ganado) y acuerdos de no deforestación para impedir la ampliación de la frontera agropecuaria (Gobernación del Caquetá, 2012; 2016; 2020).
Un actor clave en este enverdecimiento ha sido el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC), el cual, desde el año 2013 ha promovido la implementación de un programa denominado Pacto Caquetá, cuyo objetivo principal es reducir la deforestación del departamento a través de la implementación de un sistema de ganadería sostenible (Torrijos et al., 2017). No obstante, de acuerdo con los líderes y lideresas entrevistados/as en el departamento, este tipo de estrategias no son fáciles de implementar, no solo porque se requiere de una inversión importante para adquirir los materiales necesarios, sino porque al momento los aportes entregados desde la institucionalidad son puramente teóricos, es decir que no hay un apoyo real que materialice las actividades de ganadería sostenible.
De hecho, este tipo de programas fueron seriamente criticados por la comunidad campesina entrevistada en la zona, ya que las fincas ganaderas que han recibido incentivos y apoyos de la cooperación internacional poseen entre 700 y 900 hectáreas. Es decir que, los recursos económicos se han direccionado prioritariamente a los grandes productores, excluyendo a los pequeños productores de los aclamados beneficios de la ganadería sostenible y, por supuesto, generando mayores beneficios económicos a los grandes ganaderos, quienes indudablemente tienen el capital requerido para implementar las estrategias de ganadería sostenible y acceder a etiquetas de productos lácteos y cárnicos con cero deforestación((Sello ambiental que otorga la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a las fincas ganaderas que implementen procesos de ganadería sostenible (Fedegan, 2019).)).
Por otra parte, se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal que, según la autoridad ambiental regional (Corpoamazonia), se fundamentan en estudios técnicos y forestales cuyo fin, desde una noción de desarrollo sostenible, es prevenir, mitigar, corregir y compensar los daños ambientales que esta actividad pueda causar. No obstante, para las comunidades locales estos permisos funcionan como motores directos de la deforestación, dado que no existe una capacidad institucional fuerte que limite el sobreuso de los espacios autorizados. Sin mencionar el costo de la tramitología, accesible únicamente para personas (naturales o jurídicas) con suficiente capital, toda vez que, costear un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para este permiso puede valer entre 100 y 150 millones de pesos colombianos.
Es claro entonces, que el saber técnico-científico funciona en este caso como un régimen de verdad, usado por la autoridad ambiental para generar una práctica discursiva enfocada en el desarrollo sostenible que, legitima el extractivismo forestal, fomenta la deforestación legal en el departamento, y genera fuertes asimetrías en el acceso y uso de los recursos forestales.
Vale la pena también resaltar la importancia otorgada a las actividades acuícolas en el departamento, y especialmente en el municipio de Florencia, las cuales han estado directamente influenciadas por compañías como The Amazon International Trade Zone (AITZ), que a partir del año 2014 inició la exportación de la especie amazónica arawana plateada (Osteoglossum bicirrhosum) a países como Hong Kong, China (Semana, 2014) y Japón (El Mundo, 2017).
Para responder a esta demanda internacional de peces ornamentales se han implementado estrategias de «repoblamiento de peces en las fuentes fluviales del departamento» (Gobernación del Caquetá, 2016) y de adecuación tecnológica para su producción (Gobernación del Caquetá, 2012). Esta exportación de peces ornamentales ha sido destacada por diferentes medios de comunicación, quienes apuntan que «la arawana plateada (…) es considerada un amuleto para la prosperidad por los japoneses que, sin saberlo, le han regalado parte de su ‘buena suerte’ a los colombianos que lo crían» (El Mundo, 2017). Esta apreciación refleja una notoria creencia en el discurso del desarrollo, en el cual es preciso resignificar la riqueza natural amazónica, y apuntarle a la exportación de bienes y servicios ambientales para reducir la deforestación y obtener mayores beneficios económicos a nivel nacional y departamental.
Por su parte, el ecoturismo y el etno-turismo se ven como actividades impulsoras del desarrollo y la competitividad del departamento (Gobernación del Caquetá, 2012) toda vez que, a través de su implementación se aprovecha «el gran potencial de oferta natural, ambiental y cultural» (Gobernación del Caquetá, 2004, p. 32) del territorio. De hecho, los resguardos indígenas y el sistema de Parques Naturales Nacionales (PNN) se consideran partes fundamentales para la reducción de la deforestación amazónica, pues al día de hoy el Caquetá cuenta con 45 resguardos indígenas (Gobernación del Caquetá, 2020) y 14 áreas protegidas (las últimas constituyen 3.475.381 hectáreas del departamento) (Registro Único de Áreas Protegidas [RUNAP], s.f.).
Cabe resaltar que las figuras de especial protección ambiental (incluyendo la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía [ZRFA], los PNN y los Parques Naturales Regionales [PNR]) se evidencian como espacios que paradójicamente también generan procesos de deforestación en el departamento, toda vez que, su implementación conlleva a una serie de restricciones (sociales, económicas, jurídicas y técnicas) que ahogan al campesinado que habita en estas zonas, y lo empujan a generar tumbas forestales para subsistir. Incluso, estas áreas son consideradas por las comunidades locales como fuente de conflictos socioambientales entre los diferentes actores presentes en el departamento, dado que, su conformación centralizada y no concertada ha generado que los asentamientos históricos de comunidades campesinas sean considerados como incompatibles con la foresta tropical amazónica.
De hecho, como resultado del aumento significativo de la deforestación en el 2017 (Tabla 1) y la posterior expedición de la sentencia 4360 de 2018 (que le otorga derechos a la Amazonía colombiana), el actual gobierno nacional creó la estrategia militar Artemisa en el año 2019, que tiene como fin detener la «hemorragia deforestadora (…) [y judicializar a los] autores de ecocidios (…) [y] delitos de invasión de zonas especialmente protegidas» (Forero, 2020). No obstante, esta estrategia, en su accionar territorial, ha estigmatizado, criminalizado, judicializado y despojado a las familias campesinas que han habitado por más de 50 años esta región amazónica.
De acuerdo con los líderes y lideresas entrevistados, este conflicto socioambiental, focalizado en el arco noroccidental de la Amazonía colombiana, vincula de manera importante las prospectivas actividades minero energéticas en la región. Esto quiere decir que, el verdadero propósito de sacar al campesinado de estas áreas de especial protección ambiental es promover una dinámica de despojo que permita la apertura del territorio a las actividades extractivas.
A estas estrategias también se han vinculado proyectos institucionales de Pago por Servicios Ambientales (PSA), enfocados en la reducción de la deforestación y la protección de las fuentes hídricas que abastecen a los acueductos municipales (Alcaldía de Florencia, 2019; Gobernación del Caquetá, 2020). Sin embargo, el pago por la conservación se convierte en un fuerte condicionante de la relación entre las comunidades locales y la naturaleza, ya que en algunos casos el pago anual es lo único que mantiene los bosques en pie y, por tanto, en el momento en que se suspendan los beneficios económicos, el cubrimiento de las necesidades básicas de cada familia suscitará nuevamente la intervención de los bosques remanentes. Esto da cuenta de una valoración puramente crematística, que ignora las diferentes formas de valor social de la naturaleza y sus atributos intrínsecos (Gudynas, 2011) y que, además, está generando una cultura de conservación amarrada a la mercantilización del bosque en pie.
Estos programas y proyectos de carácter ambiental denotan la existencia de múltiples formas de gubernamentalidad (Fletcher, 2017) en el área de estudio, toda vez que el gobierno se enfoca en ejecutar políticas de desarrollo sostenible fuertemente acompañadas de acciones punitivas con las comunidades locales (gubernamentalidad soberana); pretende disciplinar y normalizar el comportamiento de las comunidades con la naturaleza (gubernamentalidad disciplinaria) y, para tal efecto, acude a los PSA (gubernamentalidad neoliberal); y a discursos hegemónicos enfocados en la concepción moderna de «verdad», los cuales, paradójicamente, son verdades discursivas que han sido apropiadas por comunidades campesinas y por varios líderes y lideresas socioambientales entrevistados/as, con lo cual se evidencia que las intervenciones del Estado y sus formas de gubernamentalidad han sido exitosas en moldear algunas de las subjetividades.
Esto quiere decir que las políticas ambientales fomentadas en el Caquetá plantean una reestructuración del capital a expensas de la naturaleza, el cuerpo y el espacio, en donde el discurso tiene el papel más relevante al influir sobre la materialidad (Escobar, 1996), lo cual significa que la fuerza de la forma posmoderna del capital en su fase ecológica radica en la retórica conservacionista y antideforestadora que, al ser legitimada socialmente, oculta las contrariedades socioambientales de la reproducción y acumulación incesante de capital.
4. Conclusiones
La Amazonía del departamento del Caquetá ha estado históricamente vinculada al mercado global de materias primas a través de distintos ciclos extractivos, impulsados por diferentes políticas económicas que han provocado la expansión de la frontera y la deforestación del bosque tropical amazónico colombiano. Esto ha conllevado una distribución ecológica desigual caracterizada por la apropiación sistemática de recursos naturales del Caquetá por parte de centros distantes, con lo cual se han generado una serie de disputas entre los distintos actores (comunitarios, armados, institucionales y privados), quienes difieren en su influencia política, intereses, perspectivas culturales e ideologías, así como en el acceso y uso de los recursos naturales presentes en el área de estudio.
En efecto, el Estado colombiano, a través de marcos institucionales y normativos, ha fomentado la penetración de un esquema de globalización neoliberal y la imposición de un ordenamiento espacial que ve al territorio amazónico como vaciable e improductivo a la economía nacional, con lo cual le otorga privilegios sobre el territorio a las industrias extractivas, promueve el descumbre del bosque tropical amazónico, y le arrebata los medios de vida (en términos materiales) y modos de vida (en términos culturales) a las comunidades locales.
En este contexto, se abordaron algunas de las políticas de crecimiento económico del Caquetá para describir la presencia de las formas modernas de la capitalización de la naturaleza en el departamento. Se destaca cómo las narrativas de la modernidad insertas en los documentos de política nacionales y departamentales son «presentadas como ‘racionales’ y ‘objetivas’» (Escobar, 1996, p. 50), pero al estar controladas y reguladas por mecanismos de poder, ocultan la perversidad socioambiental de la acumulación de capital. Tal es el caso de las actividades minero energéticas legales, cuyos discursos se amarran a la tecnificación de procesos y al aprovechamiento forestal sostenible sin mayores repercusiones sobre el bioma amazónico. Se argumentó que estas narrativas, enmarcadas en la responsabilidad social empresarial, son regímenes de verdad que usa el gobierno y el sector privado para encubrir los verdaderos impactos de la actividad minero energética legal sobre los bosques, los cuales ni siquiera son incluidos en los cálculos de deforestación nacional.
También se abordaron algunas de las políticas nacionales y departamentales que se circunscriben en la forma posmoderna del capital, la cual pretende «modificar» las actividades propias de la modernidad (que generan diferentes impactos sobre los recursos naturales), pues la degradación del medio ambiente repercute directa o indirectamente sobre la acumulación del capital (Escobar, 1996). La solución, por tanto, se ha enmarcado en el propósito general de incursionar en los mercados verdes internacionales y para tal efecto, se requiere generar «sistemas productivos sostenibles y amigables con el medio ambiente» (Gobernación del Caquetá, 2016, p. 199) abreviados como stock de capital natural.
Esta ecologización de políticas y discursos se ejemplificó a través del los programas y proyectos de carácter ambiental que se ejecutan actualmente en el departamento, los cuales se han enfocado principalmente en reducir la deforestación anual (Pago por Servicios Ambientales, estrategias de ganadería sostenible, acuicultura, ecoturismo, entre otras). Sin embargo, alrededor de estos proyectos también se pudieron evidenciar algunos conflictos por el control territorial que involucran especialmente cuestiones burocráticas y beneficios inequitativos entre pequeños/as y grandes productores/as. Se destacó que dichos proyectos se constituyen en herramientas que utiliza la institucionalidad para afirmar el control gubernamental sobre el mismo. Así, se resaltó la coexistencia de múltiples formas de gubernamentalidad (soberana, neoliberal, disciplinaria y de verdad) en el área de estudio, las cuales son pensadas para mantener un stock de capital natural y asegurar el flujo constante de energía y materiales para la acumulación de capital.
De esta manera, se han situado las formas modernas (asociadas con el régimen de naturaleza capitalista) y posmodernas (relacionadas con el régimen de tecno-naturaleza) de capitalización de la naturaleza en el departamento del Caquetá, resaltando no solo su coexistencia y/o superposición en un mismo escenario espacio-temporal, sino también su hegemonía a partir de regímenes discursivos con gran influencia de políticas nacionales y globales, con lo cual se concluye que ambas formas subordinan al régimen de naturaleza orgánica (representado por comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas), que termina por ser considerada como un piñón más dentro del engranaje de acumulación de capital, dentro de una combinación de regímenes de naturaleza capitalista y de tecno-naturaleza.
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