Marhylda Victoria Rivero Corona.
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, San Antonio de los Altos, Venezuela.
mvictoriarivero@gmail.com
María Victoria Canino Díaz.
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, San Antonio de los Altos, Venezuela.
mvcanino@gmail.com
Miguel Ángel Contreras Natera.
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, San Antonio de los Altos, Venezuela.
miguelangel.contrerasnatera@gmail.com
Recibido: 17/09/2020 – Aceptado: 08/12/2020
Resumen: La comunicación es un aspecto importante en la definición de los debates sobre la conflictividad socio-ambiental, pues la misma tiene implicaciones políticas en la construcción de los términos de su comprensión y abordaje. Aun cuando existen diversas visiones de problema, causas y consecuencias en disputa, los términos de éstos dependen de la capacidad de agencia para posicionar determinados actores y lenguajes de valoración sobre la naturaleza en cuestión. Considerando que los conflictos se presentan como escenarios de disputas por el acceso, uso, y control de la naturaleza, donde existen choques entre los diversos intereses y valoraciones materiales y simbólicas sobre la misma y, reconociendo el rol de los medios de comunicación en la definición de estos debates sobre la opinión pública; este artículo propone una metodología para el estudio de la conflictividad socio-ambiental en Venezuela en fuentes hemerográficas digitales. En primer lugar, abordamos la importancia de la definición y el método de análisis de la conflictividad en los marcos de interpretación y exponemos breves reflexiones sobre ello; seguidamente, explicamos el diseño conceptual de la base de datos y el procedimiento de monitoreo de la conflictividad en medios de comunicación (observar, seguir y visibilizar) y finalmente reflexionamos sobre la metodología.
Palabras clave: Conflictividad socio-ambiental, metodología, lenguajes de valoración, medios de comunicación
The mass-media in the disputes about nature. Theoretical-methodological design for the study of socio-environmental conflict in digital newspaper sources
Abstract: Communication is an important aspect in the definition of debates on socio-environmental conflict, since it has political implications in the construction of the terms of its understanding and approach. Even though there are different visions of the problem, causes and consequences in dispute, the terms of these debates depend on the capacity of agency to position certain actors and languages of evaluation on the nature in question. Considering that conflicts are presented as scenarios of disputes over access, use, and control of nature, where there are clashes between diverse interests and material and symbolic valuations of nature and, recognizing the role of the media in defining these debates on public opinion; this article proposes a methodology for the study of socio-environmental conflict in Venezuela in digital newspaper sources. Firstly, the importance of the definition and the method of analysis of the conflict in the frameworks of interpretation is approached and we present brief reflections on it; next, the conceptual design of the database and the procedure of monitoring the conflict in mass media is explained (observe, follow and make visible) and finally it reflects on the methodology.
Key Words: Socio-environmental conflict, methodology, languages of assessment, media
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Introducción
Existen diversas acepciones sobre la noción de conflictos sociales, ambientales, socio-ambientales, socio-ecológicos y ecológicos-distributivos; muchas de ellas coinciden en su descripción general, pues abordan en diferentes formas la relación entre los aspectos sociales y ambientales de un conflicto. Sin embargo, existen diferencias sustanciales en los abordajes teórico-metodológicos, que denotan enfoques y perspectivas de análisis diversos, así como valoraciones múltiples de naturaleza. De esta manera, exponemos en este artículo una propuesta teórica metodológica que hemos diseñado y utilizado para el análisis de la conflictividad socio-ambiental en la República Bolivariana de Venezuela, en fuentes hemerográficas digitales, cuyo abordaje nos permite identificar en estas múltiples perspectivas, las valoraciones en disputas sobre la naturaleza y el rol de los medios de comunicación, en la definición, comprensión y abordaje de los conflictos.
Para ello, comenzamos por exponer brevemente, en la primera parte, algunas nociones generales sobre la importancia de la definición del conflicto, y los supuestos teóricos que nos permitieron construir la base conceptual de la propuesta metodológica; seguidamente, en la segunda parte, explicaremos la propuesta metodológica y cómo fue el proceso de su construcción y finalmente, en la tercera parte, dilucidamos nuestras primeras reflexiones sobre la metodología con algunos resultados obtenidos para finalmente aportar algunas consideraciones generales para seguir pensando la propuesta a la luz de una justicia ambiental y cognitiva.
Un conflicto es un proceso social donde intervienen diferentes aspectos y dimensiones, según sea su definición; por tanto, el enfoque para abordarlos depende de dónde se sitúa o se concentra el análisis. Existen diversos marcos conceptuales y perspectivas híbridas y multidisciplinarias para enlazar la relación entre esos diversos aspectos que intervienen en la conflictividad y sus metodologías de abordaje.
En ese sentido, Patricio Guerrero (1999), René Orellano (1999), Fontaine (2004) y Mariana Walter (2009) distinguen algunos esquemas conceptuales, premisas, aproximaciones teóricas, tipos y niveles, y funciones del conflicto, los cuales evidencian la diversidad de análisis y abordajes. Estos aspectos y distinciones permiten definir la interlocución entre el conflicto y el estudio del conflicto.
Al respecto, Mariana Walter (2009) alega que existe un consenso en caracterizar el conflicto ambiental como un tipo de conflicto social, puesto que comparten que son procesos no estáticos con un desarrollo temporal, que tienen lugar en el ámbito de lo público. Allí confluyen actores cuyas acciones generan diversas respuestas y cuando se trata del ambiente, el daño del mismo representa un potencial conflicto. De esta manera, el conflicto alude a dinámicas de oposición, controversias, disputas, o protestas de y entre actores y actantes y están estrechamente vinculados con la transformación de las sociedades y con las diversas valoraciones que tienen sobre la naturaleza.
Particularmente, en los conflictos de índole social y ambiental, existe una vasta literatura con diferencias sustanciales en sus abordajes. Su tipificación alude al tipo de relación que se establece entre las variables interdependientes naturaleza y la sociedad o entre el ambiente y lo social. De esta manera, existen múltiples fundamentos teórico-metodológicos sobre esta relación haciendo muy variable su perspectiva de análisis, la cual responde primordialmente a la conceptualización de la naturaleza y ésta a su vez al orden ontológico en el que se construyeron los discursos, las representaciones y las valoraciones sobre la misma (Leff, 2003). Por tal motivo, consideramos importante identificar el valor y definición de ambas variables, así como de su relación, tanto en los marcos de análisis como en el de las y los actores que intervienen en el conflicto.
De esta premisa surge la propuesta teórica metodológica de análisis que hemos construido para analizar la conflictividad socio-ambiental en Venezuela, propuesta que forma parte de una tesis doctoral en elaboración en el campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y con énfasis en la Ecología Política.
La propuesta teórica-metodológica que aquí esbozamos se construyó bajo las consideraciones de dos perspectivas iniciales. La primera, la de del Grupo Confluencias (Rodríguez, et al 2015) quienes plantean una guía para comprender los conflictos, los cuales suponen asumir que éstos forman parte de conflictividades más amplias y tomar en cuenta para su abordaje el poder y la cultura. Esto nos sirvió como orientación para identificarlos como aspectos claves en su definición y abordaje. Y la segunda, la tipificación de los conflictos ecológicos-distributivos utilizada en el Atlas de Justicia Ambiental coordinado por Joan Martínez-Alier (2005). El trabajo del Atlas fue una orientación importante para la construcción de nuestra base de datos.
Comprender la importancia de las definiciones y marcos de análisis situó nuestra mirada en cómo son construidas las narrativas sobre los conflictos, y el análisis de las mismas nos permitió abordarlas como disputas de conocimiento, que se manifiestan a través de diversos lenguajes de valoración y la red de significaciones que entran en confrontación en los conflictos y en la conflictividad socio-ambiental más amplia en la que se inscriben. Desde esta perspectiva, uno de los aportes que ofrece esta metodología es el análisis del poder en la construcción de esta red de significaciones, tomando como fuente de información los medios de comunicación por su incidencia en la opinión pública en la definición, comprensión y abordaje de la conflictividad, así como en la promoción de ciertas valoraciones sobre la naturaleza a través del posicionamientos de determinados actores. Razón por la cual esbozamos algunas reflexiones sobre el papel de los mass-media en la definición de la conflictividad.
Por tales razones, esta propuesta pretende concebir desde sus premisas teóricas y metodológicas el análisis implícito de los medios de comunicación e información en el estudio de los conflictos como un medio a través del cual se homogenizan valores.
I. La concepción onto-espistémica de la propuesta teórica-metodológica
Definición de la conflictividad socio-ambiental como disputas de conocimiento
Algunos autores y autoras distinguen entre el conflicto ambiental y el socio-ambiental (Walter, 2009; Orellana, 1999). La diferencia recae fundamentalmente en los actores que intervienen en respuesta cuando existe un daño al “ambiente” o al “recurso natural”.
En el caso del conflicto ambiental, estos daños ocasionan la oposición de actores exógenos principalmente (organizaciones y movimientos ambientales) quienes salen en defensa del ambiente (Walter, 2009). En los conflictos socio-ambientales, las y los principales actores involucrados son directamente las personas y comunidades afectadas; es decir, los conflictos se derivan por los impactos de un determinado proyecto sobre la sociedad y el ambiente (Orellana, 1999; Martínez-Alier, 2005, 2009; Walter, 2009).
Para Ana Quintana (2008) hablar de conflicto ambiental, supone una forma de comprender el problema en la que se asume, por ejemplo, que el daño al entorno físico es una dificultad que debe ser asumida por quienes la generan. En esta concepción el entorno físico es visto como una externalidad al entorno social que debe repararse o solucionarse. Mientras que el conflicto socio-ambiental surge de situaciones donde se contraponen intereses sobre la distribución de ciertos recursos naturales. Su concepción está estrechamente vinculada a procesos históricos, políticos, sociales y culturales de presión sobre el acceso a la naturaleza; lo cual hace más variable sus posibilidades de análisis.
En la contemporaneidad, la distribución de la riqueza y de las oportunidades sociales producto de los intercambios económicos a nivel global, desplaza el interés sobre el problema de la conservación del ambiente, no porque sea menos importante, sino porque hace de los conflictos socio-ambientales un problema relativamente más reciente desde el punto de vista de su abordaje (Chhotray, s.f.). Desde nuestra perspectiva, esta última definición nos sitúa en un terreno de mayor amplitud conceptual y con mayores implicaciones políticas (poder) y culturales, pues la relación entre la naturaleza y la sociedad es una de las primeras dicotomías que aparecen en los medios escritos y populares cuando se describen los problemas ambientales y/o los conflictos según la Dra. Vasudha Chhotray((Vasudha Chhotray es una de las facilitadoras docentes del Environmental Justice Course, dictado y cursado en línea por la Universidad East Anglia de Inglaterra durante el año 2018.)), y pueden ser mejor explicadas en sus contextos culturales y políticos particulares sin que se desvincule de sus conexiones globales.
Sin embargo, Chhotray (s.f.) plantea que existe una falsa dicotomía entre la naturaleza y la sociedad. La misma puede verse en casos particulares como los discursos y las políticas ambientalistas o conservacionistas en la India en contraposición con otros grupos que soportan los impactos de las mismas en Parques Nacionales, santuarios u otros recintos. En estos casos considera que es difícil encontrar que algún grupo tenga posturas en contra de la naturaleza, pero las controversias entre estos discursos y las personas de las comunidades, cuyas relaciones con su entorno son diferentes, evidencian visiones distintas sobre la misma y el uso de los recursos, que los coloca en polos opuestos en el debate de la conservación. Esto complica las razones en defensa del ambiente, pues en palabras de la socióloga Amita Baviskar; a quien cita Chhotray; cada grupo, a su manera, está defendiendo la causa de la conservación. En tal sentido, se pregunta: ¿de quién es la justicia de la que hablan? (Chhotray, s.f.)
Esta reflexión, que nos conduce a los temas de justicia ambiental y cognitiva, es una de las principales razones que nos convocó a abordar los conflictos socio-ambientales desde la Ecología Política, principalmente por brindar herramientas para estudiar las relaciones de poder que atraviesan o atravesaron las relaciones sociedad-naturaleza, en los términos en los que Leff (2003) plantea la desnaturalización de la naturaleza; así como para analizar los procesos de significación, valoración y apropiación de la misma.
Por lo tanto, las reacciones y estrategias de la definición del conflicto ambiental pueden variar desde el conservacionismo o el ambientalismo, la fe ciega en desarrollos científicos y tecnológicos como la geoingeniería o la nanotecnología, la reformulación de leyes, reglamentos y normas para proteger al ambiente o para mejorar procesos industriales con menor impacto, entre otras. Mientras que la definición del conflicto socio-ambiental invoca a una politización de la ecología; esta categoría se plantea en términos de controversias y disputas sobre los diversos significados de la naturaleza, cuyos valores políticos y culturales desbordan el campo de las disciplinas tradicionales como la economía, la política, la biología y la ecología.
Es por ello que para Quintana (2008) existen diferencias sustanciales en las definiciones, y sobre todo para América Latina por sus características geopolíticas, donde el daño al ambiente guarda relación con el choque de intereses, y genera consecuencias que no pueden ser abordadas unilateralmente sin la comprensión de la complejidad que representa hasta el papel de nuestros países en la División Internacional de la Naturaleza (DIN).
Dicho esto, situamos nuestra perspectiva de análisis sobre los lenguajes de valoración ( Martínez-Alier, 2003, 2005); pues a partir del estudio de las diversas reacciones, reclamos y las valoraciones sobre la naturaleza presentes tras la afectación de la misma, podemos conocer los lenguajes en que se expresan y definen los horizontes de reflexión abordando las conflictividades en las que se inscriben, las relaciones de poder y la implicaciones culturales. Y por ello se propone como punto de partida identificar la perspectiva de análisis de la investigación y ubicar en la metodología las diversas valoraciones que tienen los actores sobre la naturaleza a fin de comprender en qué términos se construye y comprende la conflictividad a estudiar, para luego analizar el poder de agencia que tienen los actores, incluyendo los medios de comunicación que los posicionan. Sobre esto recae la importancia del análisis de los mass-media en la definición de la conflictividad.
Nuestra perspectiva analítica
Partimos de la perspectiva teórica de la transformación de conflictos que propone el Grupo Confluencias para la definición de los conflictos (I), y la propuesta de Joan Martínez-Alier sobre la tipología presente en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) para el diseño y clasificación de la información contenida en la base de datos (II). Ambas perspectivas sirvieron de sustento para explicar, comprender y abordar nuestro estudio de la conflictividad socio-ambiental y a partir de ella se generó el sustento conceptual de la base de datos.
1) El Grupo Confluencias define los conflictos desde una perspectiva intercultural como “Dinámicas locales y globales de oposición y colaboración (alianzas) entre actores diversos, en base a su valoraciones materiales o simbólicas de la naturaleza, por el acceso, uso o control del ambiente o territorios y por impactos ocasionados en los mismos” (Rodríguez, et al; 2015: 37).
A partir de esta definición, la metodología propuesta por el grupo plantea tres elementos claves como se indica en la figura 01, que nos servirán para definir y comprender los conflictos. Estos son; a) los conflictos socio-ambientales como parte de conflictividades más amplias, b) el tema del poder y c) el tema de la cultura.
Figura 1: Elementos claves que guían la definición y comprensión de los conflictos socio-ambientales. Fuente: elaboración propia con datos tomados de Rodríguez, I. et al (2015) Conflictos socio-ambientales y su transformación. Capítulo II.
a) Comprender que los conflictos socio-ambientales se encuentran inmersos en conflictividades más amplias, nos permite incorporar una dimensión nacional y global de la problemática en el sector que queramos abordar. A escala nacional podemos identificar sucesos aparentemente coyunturales sin posibles conexiones entre sí, no obstante, responden a lo lógica de economías de enclaves (Alimonda, 2011, Acosta, 2012, Ulloa, 2014) y rentistas esbozada por diversos autores (Baptista, 2005; Coronil, 2002; entre otros) y sus implicaciones con las presiones globales por la extracción de naturalezas.
b) El tema del poder alude a comprender las estructuras que generan y fomentan desigualdades entre diversos actores en torno la naturaleza, sobre todo cuando sabemos que en las conflictividades se generan antagonismos; y nos debemos preguntar: ¿quiénes tienen más posibilidades de imponer valores, propuestas, decisiones? y ¿quiénes tienen mayor cobertura, a quiénes se consideran al momento de tomar decisiones? Algunos ejemplos expuestos en la bibliografía son: a) restricciones para el uso y disfrute de la naturaleza como privatizaciones y establecimiento de áreas protegidas; b) desplazamiento de poblaciones locales por la expansión urbana, o zonas extractivas privadas, c) impactos socio-ambientales por nuevos proyectos de desarrollo; y d) degradación ambiental producto de actividades extractivas (Rodríguez et al, 2015)
c) El tema de la cultura apunta a identificar que en los conflictos hay mucho más que disputas por valoraciones materiales del ambiente, pues existen aspectos intangibles que no tienen como valorarse en los términos convencionales, por lo tanto suele privilegiarse a) una visión de la naturaleza como recurso material, b) una visión del conflicto como resultado de la competencia por recursos naturales escasos y c) soluciones materiales y técnicas a los mismos como compensaciones, indemnizaciones, nuevas regulaciones y normativas ambientales y nuevos arreglos institucionales para la toma de decisiones.
La imposición de unas valoraciones sobre otras invisibiliza o desconoce el valor que pueden tener las diferencias culturales en el conflicto; aspecto considerado primordial en el planteamiento del Grupo de confluencia. La racionalidad imperante juega un papel preponderante en esa definición. Con ello se pierde de vista y se jerarquizan los valores asociados a las diferencias entre visiones del mundo y cosmovisiones que se expresan en el choque entre modelos de desarrollo, visiones de la naturaleza y sistemas de conocimientos (Rodríguez et al, 2015)
2) Por otro lado, para Joan Martínez-Alier (2005) los conflictos socio-ecológicos “nacen por la creciente utilización de materiales, energía y en sí naturalezas, en un mundo donde el valor de las cosas y la economía no contempla el impacto de las catástrofes, la pérdida de vida, la pérdida de tierras fértiles, la cultura, etc. para hacer un análisis costo beneficio” (Martínez-Alier, 2005; s.p.).
Una exploración global sobre los conflictos en el EJAtlas((Leah Temper y Joan Martínez-Alier coordinan el Atlas de Justicia Ambiental como una herramienta para el monitoreo de la (in)justicia ambiental a través del mapeo colaborativo y a su vez son directores y promotores de los proyectos “Organizaciones de justicia Ambiental, Responsabilidades y Comercio” (EJOLT por sus siglas en inglés), ACKnowl_EJ y ENVJustice, también con sede en el ICTA UAB, con el apoyo de Daniela Del Bene como coordinadora.)), llevó a Martínez-Alier (2005) y al equipo del Proyecto a plantear una tipificación((Esta tipificación es producto de un cuantioso inventario de conflictos en mapas como una representación del mundo. Los mismos surgen del esfuerzo colaborativo con la intención de producir mapas de injusticias ambientales, mapas de redes a nivel global de luchas contra estas injusticias. El aporte analítico da pie a una comparación de casos con rasgos característicos que pueden tener en común las raíces estructurales pese a sus diferencias geográficas, constituyendo una Ecología Política Estadística (Temper, et al, 2014).)). Algunas de las denominaciones de los tipos de conflictos responden a las referencias de autores que los han estudiado, otras fueron asignadas por ONG´s ecologistas y movimientos sociales.
Tal tipificación corresponde a los distintos puntos de las commodity Chains donde suceden desde el punto de vista del metabolismo social, y viendo a la economía como un sistema abierto a la entrada de energía y materiales y a la salida de residuos. Esta tipología responde, en principio, a tres (3) grandes grupos interrelacionados entre sí pero clasificados según se haya identificado la naturaleza del conflicto. Estos son: 1- extracción de materiales y energía, 2- conflictos sobre el transporte y 3- conflictos sobre los residuos y la contaminación.
Cada tipología contiene múltiples conflictos que a su vez han sido clasificados en un segundo nivel (subtipos) según las características en común encontradas como se puede ver la figura Nº 02. Esto no quiere decir que sean exhaustivos, su variación es dinámica y corresponde a los conflictos registrados en el atlas, lo cual permitió ampliar esta clasificación inicial como se puede observar hoy en día en el enlace al mismo.
Figura Nº 02: Clasificación de los conflictos ambientales según la tipología planteada por Joan Martínez-Alier (2005). Fuente: elaboración propia con datos tomados del texto de Martínez-Alier, J (2005) Los conflictos ecológicos distributivos y los indicadores de sustentabilidad.
El papel de los mass-medias en la definición de los conflictos socio-ambientales
Esta propuesta concibe el abordaje de la conflictividad como disputas de conocimiento que se manifiestan a través de lenguajes de valoración, los cuales estudiaremos a través de las diversas reacciones, reclamos y valoraciones sobre la naturaleza que tienen los actores que participan en el conflicto; y aunque éstas puedan ser muy diversas e irracionales entre sí, puesto que podrían responder a formas de conocimiento asociadas a diversas culturas y cosmovisiones, están sujetas a relaciones de poder. Así mismo, en esta propuesta concebimos que existe un proceso de homogenización valorativa, el cual consiste en una forma de conciliar los diversos reclamos y racionalidades, jerarquizando y priorizando lenguajes de valoración en función de la visión y narrativas dominantes, que en otros términos asumimos como un correlato de la hegemonía de la racionalidad moderna occidental.
Por tales razones consideramos primordial abordar en análisis de la conflictividad desde una de las formas a través de las cuales se homogenizan estas valoraciones: los mass-media. Por lo cual esbozaremos brevemente algunas reflexiones sobre su papel en la definición, a partir de consideraciones generales sobre su incidencia en la sociedad y sus características actuales.
Para García y Olmedo (2019), los medios de comunicación han variado entre la estatalización y la privatización, producto de la dinámica de la nueva era digital en un mundo capitalista globalizado. Desde el campo de la Economía Política de la Comunicación (ECP) los autores explican cómo los determinantes tecnológicos que supone esta nueva era, tienen implicaciones en la vida social dentro del sistema capitalista bajo una lógica de producción-distribución-comercialización-consumo asociado en este caso a la comunicación.
Para estos autores la esfera de lo público ha sido desplazado por el lugar comunicativo donde no existe el espacio geográfico y se constituye la esfera digital, caracterizado por la sobrecarga de información muchas veces dudosa y hasta ruidosa “lo que evita escuchar la otredad ya que “la tormenta digital de datos e informaciones, nos hace sordos para el callado retumbar de la verdad y para su silente poder violento” (Han, 2017, p. 15)” (García y Olmedo, 2019: 92) en medio de una disputa por capitalizar el espacio
Por otro lado, Pierre Bourdieu (2003) concibe que, en la actualidad, los medios de comunicación cumplen un rol importante en la construcción de una determinada visión del mundo. Esta visión responde, entre otras cosas, a asuntos de carácter político-económico, pues para el autor el papel de los medios está estrechamente vinculado con los intereses del neoliberalismo globalizado. Bourdieu explica cómo la información periodística se aleja cada vez más del espacio de la canalización de información sobre un suceso, utilizando el poder que estos tienen sobre el público para intervenir en los procesos de manera emocional (Bourdieu en: Aquevedo, 2009).
En el texto Pensamiento y Acción de Pierre Bourdieu (2003), el autor analiza la reflexión que los periodistas hacen de sí mismos, haciendo alusión a las propias limitaciones de la auto-reflexión de los grupos. Bourdieu argumenta que todas las comunidades producen una representación de lo que son y de lo que quieren ser, la misma está orientada por intereses de quienes la producen o niegan por omisión o negligencia. En el caso particular de los agentes especializados en la producción cultural, como los profesionales de la comunicación y la información, existe un proceso en el que estos se convierten en promotores de visiones e interlocutores que impactan de manera determinante sobre las valoraciones simbólicas y el sentido común de manera eficaz. En este proceso
“…interviene la falsa ciencia de los semihábiles que pretenden construir una fachada científica a las instituciones del sentido común: ciertas tipologías, basadas en la proyección del inconsciente social de los nuevos magos, se encuentra con el inconsciente de los comanditarios -hombres de negocios o políticos- o de los destinatarios -como los periodistas-. Y los periodistas- he aquí su responsabilidad-participan de la circulación de inconscientes.” (Bourdieu, 2003, p. 33).
En ese mismo orden de ideas, y apuntando a la necesidad de una comunicación sobre el inconsciente de la comunicación en la que se construye el orden simbólico, Bourdieu (2003) argumenta que los periodistas, en su rol de ser profesionales de la comunicación, ocupan una posición privilegiada en la sociedad por su influencia en el campo de la construcción y lucha simbólica, al difundir y promover visiones de la realidad como supuesto del sentido común. Son agentes promotores en el ámbito de la comunicación y disponen de los medios más potentes para producir, circular e imponer discursos, significaciones y visiones. Esto los sitúa en un espacio de poder, diferenciado y dependiente del poder que a su vez tenga la corporación de la comunicación a la que están afiliados, a pesar de los marcos normativos nacionales en los que se circunscriben, y su capacidad de agencia en las sociedades, porque cuentan con una infraestructura técnica-comunicacional que les permite controlar la selección de los contenidos, cómo se construyen la discursividad y los medios por donde se difundirá masivamente la información.
Es por ello, que el rol de estos profesionales es cada vez más controversial. Pese a que podemos debatir o cuestionar la validez y la calidad de la información que proporcionan estos profesionales, en términos de su veracidad, objetividad y utilidad, los mismos continúan ostentando el poder de incidir sobre la construcción de los argumentos que explican determinadas visiones del mundo, y se valen de herramientas efectivas como la selección del tipo de información que utilizan para sostener tales argumentos
“…una gran cantidad de palabras que empleamos casi sin pensar, en especial todos los pares de adjetivos, son categorías de percepción, principios de visión y división heredados históricamente, producidos y reproducidos socialmente, principios de organización de nuestra percepción del mundo social y en particular de los conflictos. La lucha política apunta esencialmente a conservar o transformar esos principios, a reforzar o modificar la visión del mundo social.” (Bourdieu, 2003, p. 34).
En gran parte de los conflictos reseñados en prensa, podemos decir que prevalece la información de base científica por su legitimidad como proveedora de información de calidad y en otros casos porque ha sido instrumentalizada a conveniencia (Supran y Oreskes, 2017)
Para Funtowics, Ravetz y Strand (2000 [1993]; 2007), esto lo explica el triunfo del método científico en la producción de conocimiento, puesto que ha conducido a la consolidación de una institución cognitiva cuya legitimidad es bastante aceptable en la sociedad constituyendo parte primordial de la racionalidad formal del sistema (Habermas, 1989). De esta manera, la ciencia tiene un dominio casi irrefutable sobre otros modos de conocimientos.
De este modo, el sentido común –como una forma de conocer la realidad- fue reemplazado por el discurso científico. Así, los instrumentos y las teorías de los que se enviste la ciencia, tienen el poder de definir la realidad, no solo por el uso del lenguaje que nos permite identificar objetos con nombres, y enunciarlos, sino también porque nos permite reproducir discursos con significados sociales que en los procesos de socialización coadyuvan en la construcción de particulares visiones de mundo en la medida en que orienta la comunicación.
Habermas (1989) plantea en la Teoría de la acción comunicativa que los conceptos están cargados de presupuesto ontológicos; por lo tanto, cuando elegimos unos determinados conceptos estamos comprometiéndonos con visiones determinadas. Una acción comunicativa se refiere a la interacción de sujetos capaces de lenguaje y de acción que establecen una relación interpersonal dentro del mundo de la vida. Así, las interpretaciones del mundo de la vida suponen una conexión entre las estructuras del mismo con la imagen lingüística que lo representa constituidos por el lenguaje y la cultura.
De esta manera, el sentido común se ha ido construyendo sobre las dinámicas sociales, políticas, culturales y simbólicas, con base en conocimientos científicos que pueden no ser especializados definiendo la norma de lo que se conoce; en la medida en que la ciencia y la tecnología penetran los ámbitos institucionales, las transforman desmoronando viejas legitimaciones e instaurando una nueva racionalidad (Habermas, 1986).
Esto se da por una relación implícita entre ciencia y política; en la cual, las cualidades de la información científica y su método (objetividad, veracidad y validez) le permiten a la política ordenar valores y preferencias para luego elegir opciones según la evidencia hallada (Functowicz y Strand, 2007; Feyerabend, 1975, Habermas, 1986, Stengers, 2014).
Esto nos lleva a pensar en los términos en lo que la comunicación utiliza la información tecno-científica para valerse de una tácita aceptación e imponer determinados lenguajes de valoración, particularmente en el caso de los asuntos medio ambientales. De hecho, es común el uso de argumentos tecno-científicos, para comprender y abordar sucesos como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el análisis costo-beneficio de los servicios ecosistémicos, la valoración económica de la naturaleza o en general la conflictividad socio-ambiental.
Adicionalmente, otro rasgo distintivo es el ámbito político de las corporaciones de la comunicación, el cual es característico en Venezuela. Al respecto, Maryclen Stelling (2014) plantea que los medios de comunicación se han imbricado en el entramado político, económico y cultural del país hasta el punto de convertirse en actores centrales con claras intenciones políticas, que afectan el tratamiento y significado de la información, preguntándose ¿cómo se puede reflejar la pluralidad de visiones existentes en un país tan polarizado? y ¿cómo se garantiza la información adecuada para la toma de decisiones?
II. Propuesta teórica –metodológica para el análisis de la conflictividad socio-ambiental en fuentes hemerográficas digitales
Observar, seguir y visibilizar: Descripción general del monitoreo de la conflictividad socio-ambiental
Los pasos que nos hemos trazado para el monitoreo de los conflictos y la conflictividad socio-ambientales, fueron los siguientes:
1. Seguimiento de fuentes noticiosas en portales web de medios digitales, la cual consiste en la búsqueda diaria de sucesos relacionados con alguna conflictividad socio-ambiental, según la definición que hemos realizado previamente.
Cabe destacar que seleccionamos inicialmente portales web de medios de comunicación (radio, prensa y televisión) por su facilidad de acceso y porque en Venezuela los medios impresos dejaron de circular de manera parcial y definitiva a partir del año 2013 por la falta de papel y otros suministros, y la crisis socio-económica y política del país.
Fases del monitoreo de noticias
La búsqueda de información se realizó en dos fases de la siguiente manera:
La Fase I Incluyó la revisión de noticias donde aparecían los nombres y procesos de algunos de los proyectos (FPO y AMO) o las familias de palabras asociadas con minería, petróleo y ambiente, en dieciocho (18) periódicos con portales web digitales previamente seleccionados y distribuidos de la siguiente manera: dos (2) medios internacionales, cinco (5) nacionales y trece (11) medios locales de las principales ciudades del país y los estados donde se circunscriben territorialmente ambos proyectos. Sin embargo, incluimos otros estados del país por ser zonas petroleras o estados cercanos de gran influencia mediática.
La Fase II consistió en una búsqueda especializada de noticias que estuvieran dentro del rango de la temporalidad descrita, a partir de descriptores o palabras claves obtenidas en la FASE I. En este caso la información se pudo obtener de otros 52 portales de noticias en fuentes digitales también, incluyendo algunos inscritos dentro del género periodístico de la opinión (No incluye redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, otras). La finalidad fue cubrir la mayor cantidad de información, considerando el registro de otras noticias en medios alternativos u otros medios que no fueron seleccionados inicialmente, y evidenciar cuáles vocerías están ausentes o tienen menor peso relativo en la discusión de medios con mayor incidencia a nivel nacional.
2. Clasificación de noticias utilizando la tipificación que hace Joan Martínez-Alier (2005) según la naturaleza del posible conflicto socio-ambiental y nuestro objeto de estudio (Ver figura Nº2).
3. Registro y cuantificación de noticias
Para el registro de la información, cada suceso o noticia es clasificada por línea en diversas variables (una por columna) que hemos definido de acuerdo a nuestro interés de investigación. Estos sistematizan la información relativa a los datos de los medios de comunicación donde aparecen los detalles de la publicación, fecha de publicación y autores, su tipificación y categorización según la naturaleza del conflicto (ver figura Nº2), los detalles del suceso, la identificación del lugar de ocurrencia, actores y tipo de información (tipo semáforo) según una definición previamente construida (verde con calificativos positivos que justifican y promueven el suceso, amarillo sin uso de calificativos solo a manera de información y rojo con preponderancia de calificativos negativos usualmente a manera de reclamo, denuncia o rechazo hacia el suceso).
El registro de noticias nos permitió sistematizar la información en una base de datos compilada en Excel y cuantificar la aparición de un suceso reseñado. Para ello sumamos la cantidad de veces que aparece una noticia por día y mes otorgando prioridad a las escalas político territoriales (internacional=alto, nacional=medio y local=bajo) indicando un peso relativo a la cobertura mediática según el supuesto del alcance de difusión de la información.
Con esta medición buscamos evidenciar las tendencias noticiosas en términos de su aparición en los diferentes medios digitales, sin considerar la extensión métrica de la cobertura en el propio medio, que es, en otras palabras si la noticia aparece muy visible o no, lugar de aparición, tamaño (largo y ancho), etc.
Para evaluar la relevancia de un suceso en términos de su aparición en distintas fuentes, se realiza un conteo simple de la cantidad de veces que se reseñe y luego se le da el peso, de acuerdo al tipo de prioridad, a la prensa internacional, nacional y luego local por su capacidad de alcance mediático, multiplicando de la siguiente manera:
| Prensa internacional: se suman la cantidad de registros diarios y se multiplican por 3 Prensa Nacional: se suman la cantidad de registros diarios y se multiplican por 2 Prensa Local: se suman la cantidad de registros diarios y se multiplica por 1 |
Y luego se totaliza la suma de los días mes a mes.
De los resultados que se obtienen, podemos analizar que mientras mayor sea el porcentaje de aparición, mayor será el interés de los medios en comunicar o cubrir la noticia considerando la importancia de los medios que lo señalen en términos de cobertura en el tiempo. En ese mismo orden de ideas, es importante señalar y prestar particular atención a aquellas noticias reseñadas en los tres niveles (internacional, nacional y lo local).
Los tipos de conflictos con mayor porcentaje nos permiten poner el lente en los aspectos más influyentes de la conflictividad en la opinión pública. Para ello organizamos la información según el porcentaje obtenido de mayor a menor.
Es importante destacar que este análisis no mide necesariamente la magnitud del conflicto, ya que muchas veces uno latente puede tener poca o nada de cobertura. Por lo que fue importante recurrir a otras fuentes especializadas como blogs, fuentes de opinión, trabajos académicos, grupos organizados, observatorios etc. que nos permitiera complejizar la mirada de la reconstrucción del conflicto y la conflictividad.
4. Análisis de contenido y reconstrucción de la conflictividad socio-ambiental.
Describir la conflictividad en los siguientes términos: la problemática, los sucesos más importantes, los proyectos asociados, la estructura institucional (leyes, decretos y normativas), los actores clave y sus argumentos y la conflictividad/es más amplia a la que se circunscribe.
Posterior a esta descripción, agruparemos las vocerías principales por grupos de interés a partir de sus lugares de enunciación y visiones sobre la naturaleza que tienen los actores, esta clasificación nos permitirá develar la concentración de poder en algunos sectores/actores. Para esto último, nos basamos en dos (2) estrategias metodológicas para el procesamiento de la información y análisis: a) la cuantificación del registro de noticias para evidenciar la cobertura y relevancia de un suceso en términos de su reseña en diferentes medios de información digital; y b) el análisis de actores y sus vocerías en función de la metodología de las dinámicas del poder en los conflictos y su modificación propuesto por el grupo confluencias (ver Rodríguez et al; 2015: 55).
Entendemos “vocerías” como la resultante de una herramienta de comunicación en la cual se eligen actores que reúnen condiciones específicas previamente establecidas para hablar en nombre de un sujeto más amplio como la comunidad, el pueblo, el ministerio, el Estado, la naturaleza, la academia u otras instituciones. Estas condiciones, pueden ser definidas con anterioridad o pueden estar implícitas en rasgos como el liderazgo, las habilidades discursivas, el reconocimiento y legitimidad de la comunidad o cargos institucionales. Podemos decir, que la vocería es un acto de representatividad que ejerce uno o varios actores sobre un sujeto más amplio con el fin expresar un mensaje y defenderlo.
De esta manera agrupamos grupos de vocerías según estas cualidades e identificamos su posición de poder según la metodología b) mencionada. Por último, identificamos en sus intervenciones los lenguajes de valoración que tienen sobre la naturaleza a través de los argumentos que utilizan para defender o rechazar un daño efectivo o posible sobre la misma.
III. Reflexiones sobre la propuesta teórica-metodológica
Estudio exploratorio: inicio de la metodología
El diseño de esta propuesta metodológica comenzó con el levantamiento de información en una base de datos, de sucesos noticiosos relacionados a posibles conflictos socio-ambientales en Venezuela en el año 2016, bajo las orientaciones de la FASE I, como un producto del Laboratorio de Ecología Política (IVIC), con el fin de monitorear la conflictividad socio-ambiental en el país. Decimos “posibles” porque la información suministrada por los medios de comunicación (en sus portales web digitales) considerados de mayor relevancia periodística en el país por su trayectoria, no siempre evidenció los conflictos como ocurrieron, requiriendo de un ejercicio de reconstrucción y análisis. En gran parte de los casos registrados (462 noticias de enero a julio de 2016), la información obtenida fue identificada por el conocimiento previo sobre conflictos socio-ambientales similares en otros países y en Venezuela, o de experiencias puntuales a través de observatorios y literatura sobre los mismos. Esto nos permitió escoger noticias para su reconstrucción, que si bien no todos aluden a problemas particulares como la contaminación o escasez de agua, deforestación, derrame de petróleo, contaminación por mercurio, demarcación de tierras, etc.; forman parte de la conflictividad o del conflicto identificado.
Durante el periodo analizado en el año 2016, el 92% de los sucesos fueron clasificados dentro del sector de extracción de materiales y energías, mientras que el porcentaje restante (8%) se concentró en el sector de conflictos sobre residuos y contaminación. Los principales conflictos reseñados en prensa giraron en torno al tema del agua como recurso hídrico (alrededor del 50%, tipificados como conflictos sobre el agua) seguido de los sucesos tipificados como conflictos mineros (alrededor del 19%) y en tercer lugar los tipificados como plantaciones asociado al tema de un plan de siembra nacional (alrededor del 16%) sin mayor relevancia a nivel del antagonismo que pueda definir una conflictividad. Sobre los primeros destacaron los problemas asociados a la escasez o acceso al agua y el problema de energía eléctrica; pues en Venezuela esta última depende por más del 80 % de la fuente hidroeléctrica y durante ese año las consecuencias de la problemática se debatían entre el fenómeno climatológico conocido como el “niño” y la mala gestión del “recurso natural”.
Sobre los conflictos mineros, el tema más recurrentes fue la polémica entre activistas sociales y ecológicos, organizaciones y movimientos sociales, académicos y políticos que se generó luego de que el gobierno nacional, durante el periodo presidencial de Nicolás Maduro, promulgara el decreto Nº 2.248 para crear la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional en el Arco Minero del Orinoco (AMO), el 24 de febrero del mismo año, donde se evidenciaron diversas valoraciones sobre la naturaleza. El otro suceso más destacado fue la masacre ocurrida en Tumeremo en marzo del mismo año en la que desaparecieron aproximadamente 28 mineros; algunos de ellos fueron encontrados acribillados según distintas fuentes noticiosas (Telesur, Reuters, Correo del Caroní, El tiempo, La voz, entre otros).
De este primer análisis general uno los aspectos que más nos llamó la atención del levantamiento de información, fue la poca recurrencia de sucesos asociados a temas petroleros (en quinto lugar con 5%) que nos permitiera dibujar una situación más detallada de conflictividades socio-ambientales asociadas a esta actividad industrial, a pesar de las características sociopolíticas de Venezuela (dependencia de la renta petrolera) y la importancia de la misma para el país. En la mayoría de los casos sistematizados, las noticias versaron sobre la caída de los precios del petróleo a menos de 40%, la oferta y la demanda, y por último la situación de Venezuela en la geopolítica del mercado petrolero.
Entre los pocos casos registrados en la base de datos, que pudieran denotar consecuencias o impactos negativos derivado de la actividad petrolera, y que a su vez nos permitiera armar las piezas de la conflictividad socio-ambiental asociada como un rompecabezas; encontramos una (1) noticia (de 42 registros bajo la tipología de “conflictos sobre petróleo”) en un diario local (El tiempo) sobre un derrame de petróleo en el muelle sur del Terminal de Almacenamiento y Embarque del complejo José Antonio Anzoátegui, en Jose, y una (1) noticia en un diario nacional (El Nacional) de demanda ante la presencia de signos de intoxicación en aproximadamente 145 personas producto de la actividad en las refinerías de Amuay y Punta Cardón del Complejo Refinador Paraguaná (CRP) ubicadas en el estado Falcón
La noticia develó la situación de salud de varias familias que sufren los efectos negativos de la actividad industrial en el territorio. Los resultados toxicológicos arrojaron la presencia de al menos 56 niños con daños neurológicos, varios casos de autismo, anencefalia y otras condiciones negativas en la salud. Los mismos presentaron altos niveles de concentración de minerales pesados o metales tóxicos, desbalances nutricionales, etc. Estos casos fueron analizados especialmente para constatar el secreto a voces: la contaminación producto de la actividad petrolera.
Este breve análisis nos llevó a plantearnos varias interrogantes y en varias direcciones. Sobre la búsqueda de información nos preguntamos: ¿dónde podíamos conseguir más información al respecto?, ¿por qué los medios más importantes del país no reflejaban tales noticias? Nuestra búsqueda inicial no arrojó suficientes resultados que nos permitiera conocer la conflictividad socio-ambiental, ¿no estaría ocurriendo nada excepcional como la contaminación de aguas, suelos, aire y otras, deforestación, pérdida de especies autóctonas que fuera de interés para las primeras planas de noticias? Con respecto a otros aspectos de carácter social: ¿no habrá incremento de enfermedades relacionadas la actividad industrial realizada, pranato petrolero o mafias asociadas, extracción de contrabando como de hecho si encontramos en la literatura y en algunos sucesos noticiosos sobre los temas mineros?, ¿cuáles son los otros problemas imbricados que no podemos identificar de manera evidente en las noticias?
En otro orden de ideas, y en un contexto tan polarizado -aparentemente- como el de Venezuela, también nos preguntamos ¿por qué si encontramos exaltantes las denuncias en contra de la minería (con 55 registros), con reclamos explícitos contra AMO con 26 registros en contra y 24 de carácter informativo (sin calificativos específicos a favor contra), y no así en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO)? O para decirlo de otra manera ¿por qué la situación petrolera no generó la misma serie de reclamos reflejados en los medios de comunicación principales?, ¿por qué no encontramos suficientes noticias que develen situaciones sobre conflictos socio-ambientales asociadas a esta actividad?
Estas preguntas nos llevaron a indagar la búsqueda de otra manera (complementaria) y a redefinir las formas del monitoreo de la información en dos fases como esboza la propuesta. A partir de esta reflexión comenzamos un nuevo registro comparativo de acuerdo a los objetivos de investigación fijados para el proyecto de tesis, en el cual pudimos mejorar algunos aspectos de la metodología, y al mismo tiempo, pudimos detectar que la misma tiene implicaciones potenciales para el análisis del poder en la definición, comprensión y abordaje de la conflictividad.
De esta forma centramos nuestro análisis en dos grandes áreas de importancia económica para el país: el petróleo y la minería por separado (ambos dentro del sector de extracción de materiales y energía) a fin de establecer comparaciones en los análisis noticiosos y extrapolar las diferencias y discusiones generados sobre cada uno de los proyectos de mayor envergadura en cada una de las zonas más importantes para cada sector denominadas por el estado como la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y AMO, tomando como premisa la alta incidencia que tienen los medios de comunicación en la definición, comprensión y abordaje de los conflictos socio-ambientales así como en la promoción de determinados lenguajes de valoración.
La temporalidad a monitorear fue de veinticuatro (24) meses, desde agosto del año 2011 hasta agosto del 2012 y desde febrero del 2016 hasta febrero del 2017. El objeto fue revisar las polémicas discusiones desatadas alrededor de dos hitos escogidos para analizar comparativamente, relativos a la promoción de proyectos en las dos grandes zonas. La primera tras la aprobación de un Plan de Acción Estratégico (Gran eje de Desarrollo Orinoco) en ambos territorios, la FPO y el denominado Arco Minero de Guayana (posteriormente AMO), durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez. Y la segunda, a partir de la creación de Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional en la FPO y el AMO, durante el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Reflexiones sobre la metodología utilizada en el estudio comparativo
La búsqueda de la información en un país tan polarizado representó un desafío para la investigación, pues los medios de comunicación no reflejaron la pluralidad de visiones sobre un suceso, ni la descripción “objetiva” según la cualidad del tipo de información. Una noticia parece estar mediada por su definición de lo político, esto es: afiliaciones, intereses y visiones que tienen las corporaciones de la información con respecto a la política gubernamental. De esta manera, nos encontramos con visiones fuertemente antagónicas en el marco de una –aparente- polarización política entre oficialistas((Con oficialistas nos referimos al término formal usualmente utilizado para identificar a las personas que simpatizan con las propuestas del gobierno.)) y opositores, que incide significativamente en la producción de información y en la poca visibilización de algunas posturas alternas, o con poco interés sobre otros sucesos como de hecho ocurrió en la FASE I, tanto del estudio exploratorio como en los resultados del estudio comparativo, donde nos encontramos con una pobreza en términos de la cantidad de información relacionada a conflictos de índole socio-ambiental, y sobre la cual nos preguntamos ¿cuáles fueron los criterios para reseñar una noticia? o ¿cuáles fueron los aspectos que se resaltaron de algunos sucesos y por qué?
Ampliamos y flexibilizamos los medios de búsqueda en la segunda fase del monitoreo a través de descriptores y actores clave para tratar de tener una mayor cobertura de visiones implicadas en la conflictividad socio-ambiental, donde obtuvimos mayor cantidad de información, 188 registros (64%) con respecto a la FASE I, con 108 registros (36%) en 24 meses analizados (ver figura Nº3). Sin embargo, nos encontramos con otro desafío un poco más complejo de resolver para la metodología que nos hemos propuesto ¿cómo encontrar las valoraciones en boca de sus propios voceros y voceras, sin traducciones, ni traductores e interlocutores?
Figura Nº 3: total de datos registrados por Fase (I y II) en el estudio comparativo. Fuente: elaboración propia con datos tomados de la base de datos.
A pesar de que efectivamente ampliamos la cobertura de opiniones en la segunda fase, no pudimos cubrir las distintas valoraciones implicadas, o por lo menos las esperadas, que podrían enriquecer nuestro análisis sobre aquellas construidas desde la alteridad. Esto se debió principalmente porque resulta difícil encontrar reseñas citando a las y los voceros de las propias comunidades, como en el caso de pueblos indígenas o algunos poblados mineros por ejemplo; pues, una parte considerablemente importante se expresó a través de actores que fungen como interlocutores: académicos, políticos y activistas de trayectoria reconocida, y otra parte se manifiesta a través de testimonios cuyos nombres han sido cambiados para resguardar sus identidades (anonimato). Entre las razones que explican esto nos encontramos con algunas de orden metodológico y otras teóricas; sobre estas últimas hemos venido argumentando el papel preponderante que tiene el poder y los medios de comunicación como uno de los actores clave en la definición y explicación del conflicto y las disputas culturales entre conocimientos, en especial cuando hablamos de los espacios de toma de decisiones, donde se hacen las políticas, se impulsan leyes, se discuten los argumentos, etc.; la mayor influencia la tienen los reclamos de esta índole, resultando que muchas veces se paran o se aceleran procesos en nombre de quienes realmente exponen el cuerpo y la vida.
Entre las razones metodológicas de estas limitaciones podemos identificar, la propia selección de las fuentes y unidades de análisis; pues, como ya hemos mencionado, la información periodística; sobre todo en Venezuela nuestro lugar de estudio; nos impide conocer -de primera mano- la situación específica de los territorios pese a ser objeto de los medios locales. En tal sentido, la construcción y comprensión de la conflictividad no solo se ha realizado a través de interlocutores exógenos, con características especiales y particulares como ser personas públicamente reconocidos o expertos en algunos ámbitos académicos o de militancia, sino que pasó además por el filtro de las corporaciones de la comunicación y los traductores directos: sus redactores, en su gran mayoría periodistas o profesionales de la comunicación que responden a intereses políticos de la cadena editorial. Por tal motivo, decimos que la fuente utilizada es de tercer nivel y está sujeta a lo esbozado por Bourdieu (2002; Aquevedo, 2009) y Stelling (2014)
Otro aspecto metodológico alude a las limitaciones que tiene la búsqueda de información disponible en línea de años anteriores. Pues la plataforma digital de algunos de los medios consultados no permitía revisar noticias de larga data desde el propio portal. Para paliar esta dificultad tuvimos que usar las palabras claves o descriptores y filtrar la información con las herramientas de los buscadores para los años seleccionados, solo así pudimos equiparar la cantidad de noticias.
Las implicaciones de usar esta metodología impactaron directamente sobre los resultados obtenidos, específicamente sobre la poca o nula identificación de los lenguajes de valoración en resistencia distintos a los planteados dentro de la racionalidad dominante (con mayor cobertura), aquellos que han sido construidos como y desde la alteridad sin mayores elementos tecno-científicos. Pero, al mismo tiempo ha sido una herramienta funcional para comprender la dinámica de las presiones y luchas de organizaciones y movimientos sociales que dan lugar a determinadas reconfiguraciones de la política desde los reclamos de la ciudadanía (políticas públicas, planes, promoción de leyes, comisiones mixtas, paralización de proyectos, etc.), en ocasiones desconectadas de las valoraciones más arraigadas en el territorio. Un desafío para los estudiosos de la conflictividad socio-ambiental y para toda lucha que busque la justicia ambiental y cognitiva, se relaciona con las connotaciones metodológicas y prácticas consecuentes de la interrogante que hace la filósofa Gayatri Chakravorty Spivak (1998) ¿cómo puede hablar el subalterno?
Los argumentos de las diversas vocerías para justificar o rechazar estos proyectos respondieron a las diferentes visiones y valoraciones materiales y simbólicas sobre la naturaleza, que tienen los actores o lo que identificamos como grupos de intereses. Es decir, son las justificaciones de carácter ontológico y epistemológico que denominamos según los planteamientos de Joan Martínez-Alier (2003, 2009) “lenguajes de valoración”.
Entre las valoraciones más significativas que explicaron la problemática socio-ambiental están: la concepción de la naturaleza como un recurso natural que debe ser explotado y convertido en riqueza, un bien común que debe aprovecharse racionalmente, un paisaje externo o ambiente que debe ser cuidado y protegido, un ecosistema que mantener para evitar su alteración y destrucción, y un medio de subsistencia local. No obstante, existen otras valoraciones -ausentes- en la cual la naturaleza adquiere otros significados: una espiritualidad o formar parte de la identidad cultural de una comunidad; por ende, no puede ser conmensurable ni equiparable en los términos anteriores.
IV. Consideraciones finales
Los resultados preliminares obtenidos en la investigación develaron la pobreza de las representaciones simbólicas que intentaban dibujar un panorama mucho más amplio de las disputas sobre la naturaleza, pero que, por el contrario, se presentaron -en términos generales- de manera dualista, en blanco y negro sin matices, en bueno o malo y entre la aceptación y el rechazo marcado por un antagonismo político polarizado. Ante estos escenarios, sobre cómo percibimos “lo real y el sentido común” nos paramos como espectadores con principios y valores sin contemplar las múltiples relaciones que se tejen, no solo dentro del territorio alrededor de situaciones de injusticia y exclusión social, sino también de su relación con nuestras prácticas en la vida cotidiana de las ciudades o centros más poblados, en la definición que hacemos en nuestras investigaciones para abordar las distintas problemáticas y, en general, de cómo percibimos y comprendemos el conflicto o la conflictividad, los que no tenemos -en apariencia- ningún tipo de contacto directo con éste. Esto nos lleva a asumirlas como posturas políticas, rechazando todo intento de negarla, incluso en sus investiduras más ortodoxas de formalidad y objetividad.
Con la metodología pudimos develar que efectivamente no todas las vocerías ni argumentos tienen el mismo peso relativo en las negociaciones de un conflicto en términos generales. Dado el poder que pueden tener los discursos oficiales y los actores institucionales, muchas de estas voces quedan ausentes, tanto de la cobertura de los medios de comunicación como de los espacios donde se toman las decisiones que los afectan.
Y asumimos que existen estas ausencias porque partimos del hecho que alrededor del acceso, uso y control de la naturaleza se generan conflictividades de distintas índoles, algunas manifiestas y otras latentes. En ambas existen diversos reclamos, algunos encarnados por los principales afectados y otros en el nombre de los mismos. En todo caso no siempre es manifiesta por las personas que lo sufren debido la incidencia del poder que tienen personas, instituciones, conocimientos y discursos que pueden callar voces a través de distintas estrategias como compensación monetaria o de otra índole: corrupción, intimidación, cobertura mediática, des-conocimiento, captura del estado, entre otras
Por lo tanto, suscribimos la existencia de una imposición valorativa que explicamos desde el privilegio que goza el sistema de conocimiento moderno occidental basado en la razón tecno-científica y en el metabolismo socio-económico planteado por Ulloa (2014) para explicar, comprender y abordar la conflictividad socio-ambiental. Como hemos venido argumentando, en esta relación incide a su vez el poder coercitivo que tienen algunas instituciones y vocerías sobre la determinación de los lenguajes de valoración las cuales son promovidas por las corporaciones de la comunicación; por lo tanto, el curso que toman las diversas estrategias alrededor de la conflictividad socio-ambiental depende de los actores que lo impulsan, las relaciones de poder y la comprensión de los diversos actores sobre las causas de los conflictos (Rodríguez, et al; 2015). Esto explica otra parte del por qué existen voces ausentes en la conflictividad además de haber sido callados y exponer su vida, porque no tienen el reconocimiento y capital político, económico y social, o porque no tienen acceso a los medios para hablar en sus propios términos y bajo condiciones de igualdad.
Finalmente, consideramos que esta metodología ofrece herramientas cualitativas y cuantitativas potenciales para analizar los conocimientos en disputas en la conflictividad socio-ambiental, a través de la identificación de los lenguajes de valoración reseñados en fuentes hemerográficas digitales para explicar, comprender y abordar la misma, distinguiendo en cuáles de estos se expresa, cuáles quedan ausentes, cómo sucede y por qué; y con ello poder discutir la relación entre la conflictividad socio-ambiental y la crisis entre los sistemas de conocimientos como un aporte a la explicación de la crisis ambiental global.
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