Robert Manuel Ojeda.
Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
robert.rojeda@gmail.com
Natalia Vanessa Garatejo Capera.
Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
ngaratejo05@unisalle.edu.co
Recibido: 06/04/2018 – Aceptado: 21/05/2018
Resumen: En este artículo se analizan los contenidos del texto final de los Acuerdos de Paz de El Salvador y El Acuerdo de Paz de Colombia. Es así, que se propone a través de un análisis comparativo, identificar si el Acuerdo desarrollado en El salvador es una base complementaria para el proceso de paz que se adelanta en Colombia, pensando en la construcción de un postconflicto estable y duradero. Debido a eso, a partir de los temas de cada Acuerdo se compararán los siguientes apartados: el acceso y restitución de tierras; participación política; desmovilización y reincorporación a la sociedad. Esta es una primera revisión del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Santos y las FARC, la cual contará con una segunda parte en donde convendrá señalar los puntos que se hayan consolidado en la implementación del nuevo acuerdo de paz, producto de las previas negociaciones en La Habana, Cuba.
Palabras clave: Diálogos de Paz, conflicto armado, Colombia, El Salvador, Guerrilla, Acuerdos de Paz, restitución de tierras, desmovilización, negociaciones en La Habana, Cuba, Paz de Chapultepec.
Abstract: This article analyzes the contents of the final text of the Peace Accords of El Salvador and the Peace Agreement of Colombia. Thus, it is proposed through a comparative analysis, to identify if the Agreement developed in El Salvador is a complementary basis for the peace process that is being advanced in Colombia, thinking of building a stable and lasting post-conflict. Due to that, from the subjects of each Agreement the following sections will be compared: the access and restitution of lands; Political participation; Demobilization and reincorporation into society. This is a first revision of the Peace Agreement signed between the Santos Government and the FARC, which will have a second part, where it will be convenient to point out the points that have been consolidated in the implementation of the new peace agreement, a product of previous negotiations In Havana, Cuba.
Keywords: Dialogues of Peace, armed conflict, Colombia, El Salvador, Guerrilla, Peace Agreements, land restitution, demobilization, negotiations in Havana, Cuba, Peace of Chapultepec.
Introducción
En una de las revistas Colombianas se anunció el 8 de septiembre del 2012, con buenos ojos, que la paz en el país podría ser real, después de más de 60 años de violencia. “Llegar a la paz con las Farc será complejo, lento y doloroso. Pero como lo muestra la historia de otros acuerdos en el mundo, el objetivo es posible” (Revista Semana, 2012, p. 12).
El más reciente desafío que el Colombia ostenta es su lucha por la paz. Diversos analistas extranjeros, desde otras experiencias de paz, permiten ver algunos caminos de lo que podría ser y de la manera como se debería hacer. Con estas experiencias a nivel internacional, pero sobre todo teniendo en cuenta los diálogos de Chapultepec de las guerrillas salvadoreñas, Colombia puede tener una base complementaria para seguir, o corregir en el proceso de paz que adelanta en los diálogos en la Habana con el grupo guerrillero de las FARC.(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) A partir de esta base se puede cuestionar lo siguiente: ¿Qué puede aprender Colombia de procesos de resolución de conflictos en otras partes del mundo? Frente a este tipo de cuestionamientos, algunos académicos internacionales presentaron una actitud escéptica al momento de confrontar el caso colombiano como, Kai Ambos((Director del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen (Semana, 2012) )), quien considera que: “por ser el conflicto armado colombiano uno de los más duraderos y multipolar, es uno de los más complejos del mundo”. (Revista Semana, 2012, p. 12). Sin embargo, para otros resulta que la misma complejidad de la situación permite hacer paralelos con otros países donde se firmó la paz, a pesar de que no existía ninguna expectativa positiva.
Uno de los conflictos en América Latina en los que políticamente se registró con una resolución pacífica fue en El Salvador. País de Centroamérica ubicado en el litoral del océano Pacífico, que a pesar de ser la nación más pequeña en lo que concierne a su superficie terrestre, cuenta con la mayor densidad de población en esta región (Long Island al Día, 2009). A partir de los años 70’s vivió un periodo de inestabilidad política que culminó con la guerra civil de 1980, y fue hasta el año 1992 que se logró un acuerdo de paz entre las partes combatientes, conocido como los Acuerdos de Paz de Chapultepec. “En 1972 un fraude electoral abre paso a una nueva era de la historia contemporánea salvadoreña. El poder que los militares habían construido a lo largo de cuatro décadas hizo que el modelo democrático fuera insuficiente para vencerlos a través de las urnas. La derrota de los movimientos sociales y en especial del Partido Demócrata Cristiano, PDC, a la cabeza del líder José Napoleón Duarte, fue la chispa que encendió la indignación de centenares de salvadoreños de clases medias y populares y les llevó a tomar la vía armada y la insurrección como única alternativa de acceso al poder y cambios estructurales para el país (Almeida, 2011).
De esta forma a lo largo de la década de los setenta se consolidan diversos grupos guerrilleros, tanto de carácter urbano como rural, en un complejo contexto de represión y persecución de los movimientos sociales formales y desde luego clandestinos. Tal como lo sugiere Rouquié el año de 1979 se erige como un año explosivo en dos aspectos sustanciales: uno internacional y el otro doméstico (Rouquié, 1994). En el plano regional la revolución sandinista de junio devela, después de la revolución cubana, las posibilidades de éxito de los movimientos armados de carácter marxista. Esta llama enciende los espíritus regionales que buscan emular rápidamente esta experiencia. En el plano nacional tenemos el golpe de Estado dado a los militares en el mes de octubre por parte de un colectivo cívico-militar que pretende efectuar las reformas que el país necesita (Bataillon, 2003). Este colectivo conocido como Junta Revolucionaria no va durar más que algunas semanas y el proyecto progresista nuevamente va a fracasar. El asesinato del líder religioso y máxima figura de la iglesia católica en San Salvador, Monseñor Oscar Romero, en marzo de 1980, va a encender la flama final que dará origen a una guerra civil cuya duración sería de más de una década. Para octubre de 1980 se consolida una confederación guerrillera bajo el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y que recoge en sus filas a cinco diversas organizaciones guerrilleras que habían nacido en la década inmediatamente anterior con orígenes geográficos e ideológicos diversos (Kruijt, 2008; Moreno, 2017, p. 175).
En este caso en particular negociaron el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dando como resultado el fin de una guerra civil que se prolongó durante 12 años. En esta guerra se calculan aproximadamente 75000 personas dadas de baja y 8000 desaparecidos (BBC Mundo, 2012). Al llegar al acuerdo final, se dieron lugar a reformas políticas militares y sociales. Según Carlos Carcach los Acuerdos de Paz significaron fue la interrupción del enfrentamiento armado entre el FMLN y el gobierno. Pero dejó por fuera lo que podría haber estado detrás de las demandas de quienes decidieron acompañar al FMLN durante la guerra que esperaba probablemente tener acceso a tierra, vivir en mejores condiciones económicas, tener acceso a mejores condiciones de salud, mejor educación para sus hijos, entre otros aspectos que se mencionarán más adelante. (Carcach, 2008, 45)
Los procesos de paz tanto en Colombia y El Salvador obedecen a distintos factores; en cada uno de estos países se encuentran actualmente distintos contextos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, en cuanto a las relaciones internacionales y la experiencia positiva en la resolución de conflictos, hay elementos para destacar en este análisis. Ambos países han atravesado por un fuerte conflicto armado interno, que ha traído como consecuencia la destrucción de la integridad física y social de gran parte de su población; llevándolos hasta la necesidad de sentarse sobre unas bases jurídicas, a negociar el fin de estos conflictos. Cada uno compartió y comparte el mismo propósito, el de la terminación de estas tensiones al interior del Estado. Del mismo modo, las estrategias de negociación que se confrontan en el caso de Colombia y en el caso de El Salvador son distintas pero hacen parte del objeto de análisis.
El presente trabajo pretende elaborar un acercamiento a las negociaciones de paz emprendidas por dos gobiernos, aunque distantes, pero con varios elementos en común en el momento del proceso adelantado para combatir las manifestaciones violentas de los grupos insurgentes al interior del país; arrojando como resultado un acuerdo final que hoy por hoy replica sus efectos en las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales en cada territorio. De esta manera y tomando como referencia la coyuntura nacional de Colombia con respecto a la experiencia vivida por El Salvador, se pretende dar respuesta a lo siguiente:
¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los acuerdos de paz de El Salvador y de Colombia y que experiencias puede tomar Colombia frente a los diálogos de Chapultepec?
Se busca analizar algunas similitudes y diferencias entre dicho acuerdo para establecer puntos en común y diseñar con base en esta experiencia, un postconflicto posible, estable y duradero para Colombia.
“Los Acuerdos de Paz de El Salvador, firmados en 1992 en Chapultepec, México, son considerados por Naciones Unidas un referente para la salida pacífica de conflictos armados” (Prensa Latina, 2016, p. 16), aun así, es necesario analizar su implementación para identificar la pertinencia del acuerdo salvadoreño como modelo a seguir en la implementación, refrendación y verificación del Acuerdo Final de Paz de Colombia.
Con motivo de realizar un análisis comparativo entre el Acuerdo de Paz de El Salvador y el de Colombia. En primer lugar, se propone presentar algunas generalidades sobre el conflicto armado que enfrentaron los dos países citados anteriormente; en segundo lugar, se señalan las consecuencias de dicho conflicto. Por último, se confronta el texto final arrojado en cada proceso de paz; en donde, los puntos a considerar y comparar de cada acuerdo son: acceso y restitución de tierras; participación política; desmovilización y reincorporación a la sociedad en el desarrollo de un postconflicto.
1. Del conflicto armado
La violencia desencadenada en la segunda mitad del siglo XX y el conflicto armado en Colombia, tuvieron su origen en la tenencia de tierras, principalmente a manos de la alianza de terratenientes y élites urbanas de la época, con el fin de despojar de sus tierras a la población campesina integrada en su mayoría por indígenas y afrodescendientes (Ojeda y Parra, 2011). De allí que surgiera un sentimiento de reivindicación por parte del campesinado materializado en guerrillas liberales que pretendían defender sus predios y como consecuencia desató la violencia en los campos, alcanzando mayor trascendencia en los años 50’s y 60’s con la llamada época de La violencia que se caracterizó por los enfrentamientos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador como parte del sistema bipartidista que caracterizo a este periodo, estos constituían agresiones y persecuciones a los civiles por su orientación política (LeGrand, 1984). Este periodo histórico fue el precedente del conflicto armado colombiano; es así que el componente agrario se convertiría en el desencadenante de la confrontación entre el Estado y las guerrillas, tal y como lo determina el Grupo de Memoria Histórica (2013, p. 21): “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado”. En Colombia las fuerzas opositoras en combate son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del pueblo (FARC-EP), las cuales surgieron en 1964 como movimiento revolucionario de carácter político-militar; la fundación de esta organización se da poco después de la ofensiva militar en la República de Marquetalia, asentamiento de campesinos de alineación comunista alzados en armas (Pizarro, 1991). Este grupo insurgente justifica su nacimiento “como respuesta armada que se propone la toma del poder político en el país, en conjunción con la inconformidad y la rebeldía de las grandes masas de desposeídos del campo y la ciudad” (Secretariado Nacional de las FARC-EP, s.f, p. 3). En cuanto a la ideología que los rige desde sus inicios, en el Artículo 2º del Capítulo 1 del Estatuto de las FARC-EP se consolidan como una organización revolucionaria que aplican a la realidad los principios fundamentales marxistas-leninistas con el objetivo de proyectar la implementación del concepto de socialismo en el Estado (FARC-EP, 1978). El surgimiento de las FARC-EP se dio bajo la dinámica de las llamadas autodefensas campesinas:
El concepto autodefensa campesina es en la práctica, el empleo de las armas para invadir y conquistar tierras, realizar saqueos y defender a sus asociados, los miembros del partido comunista, de cualquier acción del Estado o particulares por impedir el avance y ejecución de esta práctica. (Pataquiva, 2008, p. 157)
Por otro lado, las organizaciones insurgentes en El Salvador al igual que en Colombia, tienen su origen en la concentración de la tierra como un elemento constante de lucha y conflicto (Camacho 1985, p. 37). Otro elemento que agudizó la crisis fue el poder político otorgado al ejército del Estado, quienes querían apoderarse del gobierno ya fuera a través de elecciones o por golpe de Estado. Dentro de las relaciones internacionales, estos gobiernos militares se presentaron desde 1931 hasta 1979, año en que Carlos Humberto Romero –presidente de El Salvador a la época- fue derrocado en el último Golpe de Estado en este país centroamericano (El País, 1979). Hasta la década de 1970 en El Salvador se presentó un “multifacético proceso de diferentes formas de lucha armada, político-electoral, económica y social, desplegadas por separado por cada una de las cinco organizaciones” (FMLN Los Ángeles, s.f, p. 4) que coexistían en el mismo territorio durante este periodo. Estas organizaciones eran: el Partido Comunista del Salvador (PCS), fundado en 1930 con una orientación ideológica marxista; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), conocido públicamente hasta 1972 como grupo armado de izquierda revolucionaria; la Resistencia Nacional (RN), fundada en 1975; el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), constituido en 1976 con una alineación ideológica marxista y centroamericanista((Se refiere a restablecer la unidad política de los países de Centroamérica como se encontraban durante la existencia de las Provincias Unidas del Centro de América (1823-1824) Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América latina. Alianza editorial.)); las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), que se desarrollaron durante la década de 1970 como una filial del PCS (Villacorta, 2014).
La unificación de la izquierda revolucionaria se vio motivada por el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, asimismo, el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 les dio aires a estas organizaciones para que avanzaran en su propósito. Es así que, el 10 de octubre de 1980, se crea el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), grupo armado que aglutinó las cinco organizaciones político militares de izquierda, “con el objetivo de que el proceso revolucionario tuviera una sola dirección, un solo plan militar y un solo mando, en síntesis: una sola línea política-militar” (FMLN, s.f, p. 5).
El origen del conflicto en El Salvador a diferencia de Colombia se remonta a 1980, año en que se dio inicio a una guerra civil al interior del país en donde por un lado se enfrentaron las Fuerzas Armadas del Estado salvadoreño (FAES) y por el otro las fuerzas insurgentes pertenecientes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, está se dio principalmente a causa de la continua crisis política que había generado “un control absoluto del territorio por parte del ejército, mediante una estructura paramilitar de carácter legal. Eso tenía que ver con el contexto fundamentalmente agrícola” (Semana, 2001, p 12). Lo anterior refleja que al igual que en el caso colombiano, el fundamento agrícola referido a la concentración en la tenencia de tierra -propiciada por el decreto de la abolición de la propiedad comunal por el presidente Rafael Zaldívar-, fue una de las razones por las que se origina esta guerra civil que se prolongó durante doce años. En esta guerra se presentaron resistencias por los gobiernos autoritarios quienes usaron fuerzas paramilitares legales como lo atestigua Joaquín Villalobos, ex militante de la guerrilla salvadoreña FMLN, de la siguiente forma:
[..] teníamos un ejército de no más allá de unos 12.000 o 15.000 hombres, pero la estructura paramilitar era de 150.000. Con 150.000 hombres desplegados sobre 21.000 Kilómetros cuadrados, no se movía una mosca sin que el general de turno que teníamos de presidente se enterara” (Semana, 2001, p. 13)
En el presente apartado, hemos examinado algunas generalidades del conflicto armado interno de El Salvador y de Colombia, es decir, la relación entre las estructuras insurgentes que dieron paso a la confrontación en contra de las Fuerzas Militares de cada gobierno respectivamente; que muestra cómo pueden transformarse los factores sociales, políticos, económicos y culturales en un enfrentamiento y choque de ideologías, prolongándose a lo largo del tiempo. A continuación, se despliegan las secuelas derivadas de dichos conflictos.
2. De las consecuencias del conflicto
En Colombia un notorio efecto de la guerra ha sido la creación de nuevas organizaciones criminales que incluyen desde las bandas delincuenciales hasta los carteles del narcotráfico (Marín, 2005); así como el despojo masivo de tierras((Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, para el año 2015 Colombia registró 6.044.200 desplazados internos, el 12% del total de su población. (CMDI, 2015) )) que causa el desplazamiento forzado de miles de campesinos llevado a cabo por la alianza entre terratenientes, elites político-económicas y miembros de la fuerza pública que además ha hecho que se presente un fuerte crecimiento de corrupción en el país (LeGrand, 1984). Según las estadísticas del Centro de Memoria Histórica (2013): en Colombia, entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas, de los cuales el 19% fueron combatientes y el 81% restante fueron civiles. Incluso en cuanto a desplazamiento forzado se estiman alrededor de 4.744.046 víctimas. Otras consecuencias devastadoras que ha dejado la guerra en Colombia han sido: el reclutamiento ilícito de menores de edad; la instalación de minas antipersonales; las desapariciones forzadas de miembros de la sociedad como sindicales, líderes políticos – sociales; violencia física de tipo sexual; masacres; secuestros y ataques a los bienes civiles.
Mientras tanto, El Salvador presenció esta Guerra Civil durante doce años, desde 1980 hasta 1992. “Algunos cálculos […] atribuyen a este conflicto […] un costo en vidas humanas que asciende a las 75,000 personas en ese lapso de tiempo” (Cruz, 1998), “con un saldo de […] al menos 8.000 desaparecidos” (BBC Mundo, 2012, p. 1). En cuanto a los desplazamientos forzados, se calcularon 550.000 víctimas aproximadamente.(El espectador, 2015, p. 3) Durante este conflicto armado la población civil fue víctima de sistemáticas violaciones sexuales, mutilaciones, minas antipersonales y torturas. También se presentaron numerosos daños a la infraestructura pública del país; lo anterior cataloga a esta Guerra Civil como intensa y prolongada.
3. Del Acuerdo de Paz
El proceso que llevó a la firma de los Acuerdos de paz no es un hecho repentino; más bien, es un proceso derivado de los efectos causados por las constantes hostilidades de los grupos insurgentes en contra del Gobierno, más la presión internacional. Por esa razón, es que el Gobierno tanto de El Salvador como el de Colombia, situaron la necesidad de acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Así, por un lado, en Colombia el 4 de septiembre del 2012 se dio inicio oficialmente a las negociaciones de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba (El Tiempo, 2012). Mientras tanto en El Salvador se iniciaron las primeras negociaciones en la década de los 80 entre el Gobierno de Alfredo Cristiani y el Frente Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con una serie de acuerdos que se unificaron con la firma final de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México (Telesur, 2016). La principal agrupación guerrillera, el movimiento FMLN participó de las elecciones y pasado 20 años de ser oposición, asumió al poder por primera vez en el año 2009. Sin embargo, en el 2018 sufrió la peor derrota en las elecciones parlamentarias. Existe cierto nivel de consenso, sobre todo por parte del FMLN que se ha avanzado en lograr acuerdos por vía democrática y no mediante la violencia. Sin embargo, la mayor libertad de participación no logró solucionar los problemas de desigualdad, pobreza y falta de inclusión. Lo que redunda en que el país se encuentre azotado por la violencia económica siendo el segundo país, según NU, con mayor nivel de homicidios con 69 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Teniendo en cuenta el contenido de los Acuerdos de Chapultepec, éstos están compuestos por nueve puntos referidos a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, al Sistema Judicial, al Sistema Electoral, al Tema Económico y Social, a la Participación Política del FMLN, al Cese del Enfrentamiento Armado, a la Verificación por la Naciones Unidas y al Calendario de Ejecución. Mientras tanto, en Colombia el Acuerdo de Paz contiene seis puntos referidos a la Reforma Rural Integral, a la Participación Política, al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, a la Solución al Problemas de las Drogas Ilícitas, a las Víctimas y a los Mecanismos de Implementación y de Verificación.
A continuación, a partir de los temas de cada Acuerdo se compararán los siguientes apartados: el acceso y restitución de tierras; participación política; desmovilización y reincorporación a la sociedad.
3.1 Acceso y restitución de tierras
En Colombia, en cuanto al problema agrario, los acuerdos se erigieron sobre la base del restablecimiento de la sociedad para reparar a las víctimas por los múltiples abusos cometidos durante la presencia del conflicto interno. Esto para promover el impulso del desarrollo económico y social del campo. En el Acuerdo de Paz, el primer punto se refiere a la Reforma Rural Integral la cual para su implementación se precisan los siguientes principios:
El restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo; […] de la lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra. (Acuerdo de paz de Colombia, 2016, p. 11)
Con el fin de normalizar el acceso y uso de la tierra en el punto titulado Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, se refiere a la creación de un “Fondo de Tierras de distribución gratuita” de carácter permanente, el cual tiene como fin “lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos [..] más afectados por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad […] y promoviendo una distribución equitativa de la tierra” (Acuerdo de Paz de Colombia, 2016, p. 11); además como otros mecanismos para acceder a la tierra, el Gobierno de Colombia se compromete a un subsidio y un crédito especial para la compra de tierras por parte de las personas beneficiarias, defínase aquellas como “trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada” (Acuerdo de Paz, 2016, p. 12).
El quinto punto del Acuerdo titulado “Victimas” incluye las medidas de reparación integral para la construcción de paz, parte de ella a través de la restitución de tierras. Así, el Gobierno Nacional colombiano plantea adelantar programas específicos de reparación colectiva para la reubicación de personas en situación de desplazamiento. Con el fin de brindar mayores garantías al proceso, los factores a tener en cuenta serán: la identificación de territorios, aquí se priorizarán las regiones en donde se desarrollen planes de reparación colectiva; la seguridad en los territorios para el retorno y la coordinación interinstitucional para que estas reubicaciones se articulen con lugares que permitan la generación de ingresos y acceso a servicios como el agua y la limpieza. Así, se definió que:
La aplicación de la política de restitución de tierras obedecerá, entre otros a los criterios técnicos de densidad histórica del despojo y a las condiciones para el retorno, teniendo en cuenta las recomendaciones […] que tengan las organizaciones de víctimas y expertos/as en el tema. La población beneficiaria de los procesos de restitución recibirá acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida y estrategias de generación de ingreso. (Acuerdo de Paz, 2016, p. 164)
En dicho Acuerdo, las partes comparten el propósito de que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se suscite el retorno voluntario de mujeres y hombres en condición de desplazamiento (Acuerdo de Paz, 2016, p.14).
Entretanto en El Salvador en el capítulo V del Acuerdo titulado “Tema económico y social” y en base al problema agrario, los elementos que se abordaron fueron: primero, la verificación y transferencia de las tierras que excedían el límite constitucional de tenencia de la tierra que era de 245 Hectáreas por persona natural según la regulación de 1983, el cual no aplicaba para asociaciones cooperativas. Segundo, la transferencia de tierras que eran propiedad del Estado y no eran consideradas como reserva forestal. Tercero, enmendar las necesidades de campesinos y pequeños agricultores sin tierra, este punto se desarrollaría con el excedente del límite constitucional, las tierras que eran ofrecidas en venta por sus propietarios al Estado y las tierras que no eran reserva forestal. Cuarto, la creación de una comisión especial designada por la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), que en caso de ser necesario facilitara la solución de situaciones conflictivas entre los tenedores actuales a la época y los legítimos propietarios, para ello la legalización de la tenencia de la tierra se haría en un plazo de 6 meses (Acuerdo de Paz, 1992, p. 549-550).
Es así que según el Acuerdo Final de El Salvador, para la restitución de tierras, se abogaría por la transferencia de aquellas que fueran propiedad del Estado y que no estuvieran catalogadas como reservas forestales. En función de este proceso se daría preferencia a los excombatientes de ambas partes que lo solicitaran voluntariamente, que fueran de procedencia campesina con vocación agrícola y que no tuvieran tierras a ningún título (Acuerdo de Paz, 1992, p. 550), lo anterior se realizaría por medio del Banco de Tierras (institución liquidada en 1998). Al igual que en Colombia, en El Salvador se velaría por un sistema de créditos a la producción agrícola e industrial con el objetivo de que los recursos fueran suficientes para sustentar la capacidad productiva y la comercialización de la producción. Además, se alude a la creación de un Foro sobre la concertación económica y social, “con el objetivo de lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes” (Acuerdo de Paz, 1992, p. 556), para ello convendría “una cierta concertación: nuevo Código de Trabajo, atención a las comunidades marginales urbanas y suburbanas – especialmente en infraestructura y vivienda – y mecanismos de compensación por la política de ajuste” (Arriola, 1993, p. 35).
La implementación del Acuerdo de Paz de El Salvador, en cuanto a la restitución de tierras se malogró, ya que, en la época de posconflicto se evidenciaron problemas como el incumplimiento del límite de 6 meses para legalizar la tenencia de tierra que se estipuló en el Acuerdo; la inestabilidad y posterior quiebra de los fondos de financiamiento de los programas para la paz; la corrupción en las entidades encargadas de gestionar y garantizar el desarrollo de micro proyectos para los restituidos; la emigración de miles de personas durante este periodo; la falta de asistencia técnica; y la desconfianza de las instituciones de cooperación internacional.
La fallida restitución de tierras en El Salvador: ¿una lección para el posconflicto en Colombia?, así se titula un reporte de Suregión (15 de septiembre de 2015) –Periódico digital de análisis informativo-, que identifica las razones por las cuales lo concerniente al problema agrario no se cumplió, así tenemos que:
Veintitrés años después siguen legalizándose tierras en El Salvador, lo que da cuenta que no se cumplió en los seis meses estipulados en el acuerdo. El Fondo de Financiamiento y Garantía de pequeña empresa (FIGAPE) fue uno de los primeros entes que [experimentaron] una quiebra en sus fondos, producto de fraudes, estafas y malversaciones de fondos. Durante el posconflicto, 500,000 personas emigraron a diferentes partes del mundo. En un principio con garantías de asilados. […] En el país no hubo asistencia técnica pronta e ideal, no hubo el financiamiento esperado, no hubo verdadera reinserción. Hubo restitución de tierras, pero al carecer de asistencia técnica y créditos blandos, fueron hipotecadas y perdieron nuevamente sus propiedades los beneficiarios. Los fondos no alcanzaron para financiar todas las líneas de programa de paz. Empezó a generarse desconfianza en la cooperación internacional. (Suregión, 2015, p. 1)
Finalmente, el tema económico y social pactado en el Acuerdo de El Salvador fue el punto que tuvo la implementación más débil en la época de posconflicto, ya que se acordó crear un Foro para la Concertación Económica y Social que poco tiempo después de establecerse dejo de funcionar. A cambio se impulsó el modelo neoliberal que lo que hizo fue debilitar al Estado que se va a ver subyugado al mercado; muchas de las críticas que se reciben después del proceso de paz son concernientes a la aprobación del FMLN para la llegada de empresas transnacionales extractivas.(Acosta 2011, p. 88)
Dentro de las promesas que se hicieron a la sociedad, lo primero que tuvieron fue el cese al fuego y la paz. Pero no se logró restituir el tejido social, pues muchos de los jóvenes siguieron delinquiendo, y formaron parte de otros grupos como las pandillas. Por otro lado, el desmonte de las mafias y de las redes de narcotráfico se han visto incrementadas debido a la poca solución en las desigualdades sociales. (Carcach, 2008, p. 49)
3.2 La participación política
El punto 2 del Acuerdo colombiano se refiere a la participación política. En este se señala la apertura democrática para construir la paz. Este apartado hace referencia al reconocimiento de nuevas fuerzas políticas que representen los intereses desde otras perspectivas de la sociedad; con el ánimo de fortalecer el debate de los ideales políticos pero no por la vía de las armas, sino desde la democracia. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo se dará una transición en las FARC-EP, (Fuerzas Armadas de Colombia – Ejercito del Pueblo) de organización insurgente a un nuevo partido político, FARC. Este cambio se llevará a cabo una vez se complete el proceso de dejación de armas y una vez se cumplan “los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), exceptuando la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes” (El Espectador, 2016,p. 13).
Para garantizar el ejercicio de la política de la oposición, el Gobierno Nacional ejecutará un Sistema Integral de Seguridad para salvaguardar los derechos y deberes de los nuevos actores en el escenario político, y así, promover las condiciones de igualdad en la competencia. En efecto, las FARC hasta el 2018 contarán con voceros((3 voceros/as en cada una de las cámaras (Senado y Cámara de Representantes) )) en el Congreso de la Republica, quienes tendrán voz pero no voto y únicamente convendrán en temas sobre la implementación de los acuerdos; a partir de ese período podrán participar en las contiendas electorales del 2018 y 2022, en estos dos periodos constitucionales se les asegurará un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Con el objetivo de hacer pedagogía en la participación, igualdad y para permitir una mayor inclusión política (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).
En el Acuerdo se estipulo adjudicar medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales que estarán habilitados por un año y medio para permitir la difusión del avance en la implementación de los acuerdos; por consiguiente, le serán entregadas a las FARC “31 frecuencias en FM de hasta 2 KW de potencia” (Caracol Radio. 2016).
El gobierno colombiano ha señalado para garantizar el proceso de justicia e imparcialidad, que los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición se reunirán para la construcción de los lineamientos de un Estatuto de garantías de tipo democrático, elemento de la Constitución de 1991 que no se ha implementado hasta el momento, lo anterior como parte del proceso de ampliación de la política democrática y reconocimiento oficial por parte del Estado Colombiano (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).
Por otro lado, en El Salvador se pactó legalizar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como partido político, garantizando espacios para su desarrollo, algunos de ellos como la instauración de infraestructura adecuada, el libre ejercicio de reunión y movilización de sus integrantes y la publicación en medios de comunicación que fueran pagados por ellos mismos, también se permitiría la autorización de licencias del FMLN para constituir medios de comunicación social. También se implementarían medidas especiales de seguridad para la protección de los dirigentes del FMLN. De igual forma, el Gobierno se comprometió a adoptar medidas legislativas para garantizar la transición de los ex combatientes a la vida civil, económica y política en un marco legal. Asimismo, en el Acuerdo Final se estableció la liberación de detenidos por motivos políticos (Acuerdo de Paz, 1992, p. 559-560).
La participación política de los excombatientes salvadoreños fue al parecer, uno de los puntos que tuvo mayor éxito en el país considerando que el 1 de Septiembre de 1992 se promulgó el decreto legislativo por el cual se legalizaba al FMLN como partido político y 14 de diciembre del mismo año, se le otorgó personería jurídica por parte del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. No obstante, fue hasta el año 2009 que derrotaron a la fórmula presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), institución que gobernó en El Salvador desde 1989 hasta el año datado. Las elecciones presidenciales del 15 de marzo de 2009, dieron como ganador a Carlos Mauricio Funes (Presidente) y a Salvador Sánchez Cerén como Vicepresidente, este sería el primer periodo de dirigencia del partido del FMLN. Posteriormente, Salvador Sánchez Cerén ganaría las elecciones presidenciales del 2014, posicionándose como el actual presidente de El Salvador y uno de los principales dirigentes del partido político del FMLN.
3.3 La desmovilización y reincorporación a la sociedad
El Acuerdo de Paz en Colombia implica en primer lugar el Cese al Fuego, y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; en segundo lugar, la dejación de armas; y en tercer lugar, la ubicación de manera temporal y transitoria de las FARC en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 campamentos, como lo podremos ver a continuación:
El Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo consiste en terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier conducta que no deba ser ejecutada de acuerdo con las reglas que lo rigen. (Acuerdo de Paz de Colombia, p. 54)
Según el Alto Comisionado para la Paz (2016), en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), se concentrarán los guerrilleros de las FARC de manera temporal para poner en marcha los acuerdos del cese al fuego y la dejación de armas. Estas zonas son delimitadas y concertadas entre el Gobierno y las FARC-EP. Su objetivo como ya se mencionó, es garantizar el Cese al Fuego de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la dejación de armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación económica, política y social de las FARC-EP a la vida civil y su tránsito a la legalidad. Además, se acordó realizar la capacitación a integrantes de este grupo guerrillero en labores productivas y de nivelación educativa básica primaria, secundaria y técnica. Para ello, el Gobierno Nacional se comprometió a adelantar medidas para velar por el bienestar, atención en salud y demás actividades de preparación para la reincorporación. El Acuerdo indica que una vez ubicados en las zonas el Gobierno Nacional suspende las órdenes de captura de la totalidad de los integrantes y las integrantes de las FARC-EP que se encuentren dentro de dichas zonas.
La dejación de armas según El Acuerdo de Paz de Colombia “es un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de monumentos” (p. 51). Este procedimiento se desarrollará en dos tiempos: el primero es el Control de Armamento y el segundo la Dejación de las armas. La manera de proceder será a través del registro, la identificación, el monitoreo y la verificación de la tenencia, la recolección, el almacenamiento, la extracción y la disposición final mediante el cual las armas de las FARC-EP se destinarán para la construcción de 3 monumentos, así: “uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en el lugar que determine la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional” (Acuerdo de Paz de Colombia, p. 59).
La desmovilización referida a “la baja oficial y controlada de los combatientes activos de las fuerzas y grupos armados” (Un.org, 2016, p. 4), incluye una etapa de reinserción y reintegración a los excombatientes para que puedan recuperar su condición de civiles y así su desarrollo económico, político y social. “La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación” (Acuerdo de Paz de Colombia, p. 61).
La reincorporación política será a través del tránsito de grupo armado a un nuevo partido o movimiento político legal; La reincorporación económica y social se llevara a cabo en primer lugar por un censo económico que suministre información que facilite la reincorporación; a partir de este se identificarán los posibles programas y proyectos productivos para vincular el mayor número posible de integrantes de las FARC-EP. Como parte de esta reincorporación económica y social, al terminar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se establecerá una renta mensual por dos años correspondiente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV); por otra parte, cada integrante tendrá derecho por una sola vez a un apoyo económico por la suma de 8 millones para iniciar un proyecto productivo (puede ser la compra de una vivienda o la implementación de un negocio) para que se sostenga luego de la desmovilización; también se adelantaran labores de pedagogía por la paz y se les garantizará la seguridad social en salud por veinticuatro meses. Dentro de los acuerdos bilaterales, se estipulo que para cerciorarse del proceso de reincorporación de los miembros de la organización guerrillera, a la vida civil, se creará el Consejo Nacional de Reincorporación integrada por 2 miembros del Gobierno Nacional y 2 miembros de las FARC-EP, esta será una “entidad encargada de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación” (BLU Radio, 2016).
Por su parte en El Salvador, en cuanto a la desmovilización y reincorporación. También se acordó un cese de hostilidades, este Cese del Enfrentamiento Armado fue considerado como “un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada, que [debía] aplicarse en todo el territorio” (Acuerdo de Paz de El Salvador, p. 561). El Acuerdo del cese de enfrentamientos armados, comenzaría el día 1 de febrero de 1992 y terminaría el 31 de octubre del mismo año. Este Acuerdo incluía 4 puntos importantes, a saber: el cese del fuego (las partes deberían abstenerse de efectuar cualquier operación hostil); la separación de fuerzas; el fin de la estructura militar del FMLN; y la reincorporación de sus integrantes dentro del marco de la legalidad, el ingreso a la vida civil, política e institucional del país.
Parte de esta reincorporación les permitía a los ex combatientes del FMLN incorporarse a la Policía Nacional Civil siempre y cuando hubieran abandonado definitivamente la lucha armada. Además, El Gobierno de El Salvador como parte de este proceso de reintegración presentaría al FMLN, el Plan de Reconstrucción Nacional que tenía como objetivos 3 aspectos importantes: el desarrollo integral en las zonas afectadas por el conflicto; atender las necesidades de la población en la que el conflicto repercutió en un mayor grado; así como los requerimientos de los ex combatientes tanto del Gobierno como del FMLN. Con este programa se facilitarían varias solicitudes que se hacían por la vía armada, como por ejemplo: la reincorporación del FMLN a la vida civil a través de becas; empleos; programas para acceder a vivienda propia; y programas para instalar empresas; garantías en la prestación de servicios básicos y la rehabilitación económica y social. Elementos que se querían conseguir ahora por vía política de diálogo y concertación.
En cuanto al desarme, el FMLN concentraría en 15 lugares todas las armas, municiones, minas, explosivos y equipo militar de sus fuerzas. Estos equipos serian guardados en depósitos cuya llave estaría a cargo de la Misión de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL).
Unos meses después de la firma de estos acuerdos, en el periódico El País: el periódico global (27 de junio de 1992) se registró el inicio de la desmovilización del Ejército y la guerrilla así:
Los 50.000 efectivos del Ejército y los 7.000 miembros de la guerrilla de El Salvador cumplieron ayer [26 de junio de 1992] «satisfactoriamente» los acuerdos de concentración de sus fuerzas en los lugares establecidos, según confirmaron observadores de las Naciones Unidas encargados de supervisar el proceso de paz […] La concentración de las fuerzas se produjo pocas horas después de que la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobara la ley de creación de la PNC [Policía Nacional Civil], prevista en los acuerdos de paz, a la que podrán aspirar a incorporarse guerrilleros ya desmovilizados […] Un primer 20% de los combatientes del FMLN se incorporará a la vida civil el próximo martes [30 de junio de 1992], con retraso de un mes en la fecha estipulada en el calendario. Algunos de esos combatientes podrán ingresar en la recién creada Academia de Seguridad Pública (ASP) que formará a los agentes de la PNC. (El país, 1992, p. 2)
Según las cifras expuestas en la Revista Quaderns De Construcció De Pau Nº 24, los desmovilizados del FMLN en el año 1992 fueron 11.000 combatientes y las armas entregadas fueron 10.200. Lo anterior deja que ver que por lo menos la reinserción en El Salvador no fracasó; se cumplió con el objetivo de que los guerrilleros desmovilizados se integrarán en la nueva organización de la fuerza pública. (p. 23)
Desmontar el esquema de terror autoritario que se vivió durante la guerra civil fue un éxito, pero lo que fue un fracaso, fue el sistema de seguridad ‘precario’ que se montó en donde fácilmente surgió la criminalidad, tal y como se evidenció con las maras, pandillas conocidas por su uso excesivo de la violencia, tráfico de armas y narcotráfico, entre otros. Aun así, en términos del objetivo que se plantearon para la desmovilización de los ex combatientes el resultado fue satisfactorio.
En cuanto a los otros puntos del Acuerdo se registró en un reporte elaborado por Guáqueta (2005) -de la Fundación Ideas para la Paz- que:
El FMLN tuvo una experiencia positiva. La concentración duró seis meses y se hizo en 15 centros regionales, con cobertura en todo el territorio. Allí se prestó la “atención de emergencia” con viviendas temporales, alimentación y vituallas y atención médica. Se atendieron 7.000 personas y la inversión fue de $8.2 millones de dólares […] El caso de El Salvador muestra que la reincorporación de los ex-combatientes a la vida civil es un proceso que comienza incluso antes del desarme formal: durante la misma negociación. (Acuerdo de paz, Guaqueta, 2005, p.15)
4. Algunas consideraciones
Después de identificar algunos aspectos en la implementación de los Acuerdos de Paz de El Salvador es claro que así como varios de ellos se ejecutaron en su mayoría, otros dejan mucho que pensar después de 24 años de la firma del Acuerdo. En el programa de televisión Claves (30 de mayo de 2016) -coproducción de la Deutsche Welle (televisión alemana) y el canal 19 del grupo Megavisión de El Salvador- titulado “Paz en Colombia: ¿aprender de El Salvador?” se hace alusión al proceso de paz de El Salvador como un referente para los colombianos, para facilitar algunos elementos de negociación y resolución de conflictos; aprendizaje para el postconflicto. Y para evitar que se compliquen otros en los mismos términos. Dagoberto Gutiérrez, invitado especial al programa y Jefe guerrillero negociador del FMLN y firmante de los Acuerdos, señaló que “para la Organización de Naciones Unidas es un referente sobre todo lo que tiene que ver con la perfección del cese al fuego”. Asimismo, reconoce que para su país no es fácil suponer ese referente ya que lo que se negoció y se negocia es el fin de la guerra pero no el fin del conflicto. Por otro lado, menciona que así termina la guerra civil con la negociación de finales de la década de los 80 e inicios de los 90’s pero el conflicto se mantuvo en pie, por lo que se dio fin a una guerra prolongada para darle paso una guerra social.
Lo anterior se fundamenta en la ola de violencia que atraviesa El Salvador, que lo ha situado en el puesto 111º del Ranking de paz Global al año 2016. Además de la versión de uno de los actores, en ese mismo programa se invitó al General Mauricio Ernesto Vargas, contraparte en el conflicto, también invitado especial, negociador del Gobierno y firmante de los Acuerdos de Paz, refiriéndose al proceso de paz del que hizo parte, considera que no hay que confundir el proceso de pacificación con la construcción de paz, ya que esta –la paz- implica en primer lugar la ausencia del conflicto; y en segundo lugar, consolidar el bienestar en los campos políticos, sociales y económicos en amplias libertades y con el respeto a las leyes para todos los salvadores; por lo que El Salvador no puede ser para nadie un ejemplo, tal vez un referente en el método que se utiliza para llegar a ese acuerdo. Ver el estudio que hace el profesor Caracach, sobre la violencia y la situación de El salvador después de los diálogos de paz.
Un aspecto para destacar de la implementación de los Acuerdos de Paz de El Salvador es la transición de régimen político que se presenció, ya que en el país se dieron dictaduras hasta 1979 con el golpe de Estado y luego un periodo de guerra civil, por lo que a partir del proceso de negociación se dio paso a un escenario democrático. Al respecto, Clausewitz (1832) en su obra De La Guerra, habla de la consolidación de los distintos centros de gravedad, en donde confluyen los múltiples métodos de guerra, llamado el poder nacional. Estos epicentros que alimentan el poder en general, permiten obtener resultados en corto plazo y con acciones directas que dan paso a la adquisición de ventajas políticas a los Estados, permitiendo dirimir este tipo de conflictos para dar paso a la construcción de paz.
Otra de las razones por la que es complejo comparar estos dos procesos de paz, es que si bien el conflicto armado en Colombia es de mayor trascendencia –más de 50 años-, este es un problema localizado. Este tipo de conflictos sirve para mantener los enfrentamientos en diferentes lugares, y así reforzar la capacidad de los Estados en la gestión de conflictos cumpliendo a la brevedad posible su estrategia integrada de apoyo a los mecanismos tribales locales de solución de conflictos, evitando la mayor pérdida de vidas humanas, como parte del capital de la guerra (Sun Tzu, 2015, p. 45). Caso contrario El Salvador, en donde la Guerra Civil afectaba la totalidad del país, lo que dio paso a un estancamiento económico durante los doce años en los que ésta se prolongó. Por otro lado, las FARC tuvieron el mismo filo ideológico durante la guerra mientras que el FMLN fue un acuerdo político, más no ideológico. En cuanto a las FARC, esta organización encontró la manera de financiarse a través de las esmeraldas y luego con la exportación de cocaína, catalogándose como una guerrilla dedicada al narcotráfico, situación que no fue desarrollada con las fuerzas armadas insurgentes del El Salvador. Con respecto a lo anterior, la teoría económica ha dado muestras sobre la importancia de la financiación de la guerra, que permiten explicar el modo de acción que siguieron estas organizaciones armadas para desarrollar su lucha en el campo de batalla, así tenemos que:
Una guerra sólo puede lucharse si se dispone de los medios necesarios y éstos se encuentran listos para ser usados. Para quienes tienen que luchar hoy, los bienes pasados y futuros no sirven de ninguna ayuda. Únicamente los bienes presentes pueden ayudar a alcanzar la victoria o evitar la derrota militar. Pero, para poder disponer de la ingente cantidad de bienes y servicios presentes necesarios para la guerra, la estructura productiva de un país tiene que cambiar drásticamente. (Calzada, s.f. p. 23)
En El Salvador se crea a partir de los Acuerdos un nuevo tejido institucional en las fuerzas armadas, sentando las bases para constituir un ejército más profesional (sobre la profesionalización de los ejércitos, ver: Albright, 1980) que se encargará de una única labor como es la defensa de la soberanía del país; además surge por primera vez una Policía Nacional autónoma que garantiza la seguridad del territorio.
En Colombia la izquierda alzada en armas nunca logró unificarse, lo que constituye para este país otro reto, ya que a pesar de consolidar un Acuerdo Final con las FARC, debe dar paso a los diálogos de paz con el ELN. Lo anterior para poner un fin coherente del conflicto y con el ánimo de desempeñarse en el escenario internacional.
Dagoberto Gutiérrez y Mauricio Vargas –negociadores del FMLN y del Gobierno respectivamente- coinciden en que el problema de Colombia es que no hay unanimidad de que la única salida es negociar, en este país hay principalmente un partido opositor, el Centro Democrático; es así que se necesita definir si se quiere la paz que es una tarea política o la guerra que es una tarea militar. Además, insisten en que no se debe olvidar que se está negociando el fin de la guerra más no se negocia ni se resuelve el conflicto; que solo negocian los fuertes y es una correlación de fuerzas nacionales e internacionales. Por otro lado, piden no olvidar la necesidad de hacer política de la gente, es decir, participación de la sociedad en la negociación. Y por último, hay que prevalecer el acuerdo político y no el acuerdo ideológico, ya que con este último no se negocia (Deutsche Welle, 2016).
En Colombia para refrendar El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno desarrolló el ‘plebiscito por la paz’, con el cual el pueblo colombiano aprobaba, o por el contrario rechazaba lo ratificado el 26 de septiembre –día de la firma del Acuerdo Final-; este se llevó a cabo del día 2 de Octubre de 2016, dando como resultado la imposición del NO con 6.431.376 votos, el 50.21%; mientras el SI obtuvo 6.377.482 votos, el 49.78% de los mismos. (La Opinión, 2016, p. 18). En consecuencia, “significa que los colombianos no avalan el proceso de paz con la guerrilla ni lo que allí se acordó y por lo tanto no hay lugar a la implementación del mismo” (La Opinión, 2016, p. 18). No obstante, luego de un periodo de incertidumbre las partes convinieron aceptar una renegociación de los acuerdos dando paso a la inclusión de los sectores de la oposición((La campaña por el No fue liderada por el Centro Democrático encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Velez.)) que fueron quienes impulsaron la campaña por el NO en el plebiscito para modificar algunos puntos de lo que quedó consignado en el pasado Acuerdo de Paz, para ello se designaron tres delegados de la oposición que son: Óscar Iván Zuluaga (presidente del Centro Democrático); Carlos Holmes Trujillo (ex candidato a la vicepresidencia de Colombia por el Centro Democrático); e Iván Duque Márquez (senador de la Republica de Colombia, quien actualmente está haciendo campaña para la presidencia). Mientras tanto, los delegados por parte del Gobierno son: Humberto de la Calle (Jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las FARC-EP); María Ángela Holguín (Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia); y Luis Carlos Villegas (Ministro de Defensa de Colombia). En conjunto estos delegados tendrán la función de reorientar y negociar el nuevo Acuerdo con los cambios que plantea la oposición frente a lo que ya se había pactado en La Habana. Entre otras, una de las propuestas de la oposición a considerar para el nuevo acuerdo es que “los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente” (El Tiempo, 2016, p. 5). Después de esta contravía se espera que el equipo negociador de ambas partes retome los diálogos en Cuba para poner en debate las nuevas propuestas y consolidar un acuerdo que sea incluyente con las opciones planteadas por los distintos sectores, y que a su vez evalué las falencias del anterior para que en esta ocasión sea avalado y así continuar con su respectiva implementación.
En el punto en que se encuentra el proceso de paz de Colombia, y en base al fin del conflicto, cabe decir que “aunque la guerra forme parte del estado de naturaleza, no obstante, la paz es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo la fórmula imperativa [no debe haber guerra] (Truyol y Serra, 1979, p. 57, citado en: Garzón, 2008, p. 70). Debido a eso, la razón condena la guerra como vía jurídica y convierte la paz en un deber, por lo que en el pueblo colombiano debe permanecer esta noción para garantizar la seguridad nacional de la población en su territorio. Los acuerdos de paz deben estar sustentados en unas garantías jurídicas, para que los resultados tengan un sustento y una forma de control al seguimiento, para evitar oleadas de violencia como las que sucedieron en El Salvador después de los acuerdos establecidos y ratificados por la sociedad.
Esta es una primera revisión del Acuerdo de Paz firmado inicialmente entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el cual tendrá una próxima segunda parte, en donde se analizará el proceso de implementación del nuevo Acuerdo. Esta próxima revisión se llevará a cabo una vez se hayan consolidado aspectos importantes como el mecanismo de refrendación de dichos acuerdos y su seguida implementación.
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