NAICM y el Tren Maya: los limites al “crecimiento” y la defensa de los territorios

El crecimiento económico como eje de política económica, es una construcción política e ideológica con una data socio-histórica precisa que tiene que ser cuestionada y criticada a la luz de los costos ecológicos y sociales que implica.

NAICM y el Tren Maya: los limites al “crecimiento” y la defensa de los territorios
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Recorrido Tren Maya

A finales del pasado mes de octubre, se realizó una consulta ciudadana sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El 24 y 25 de noviembre, se llevó a cabo otra consulta sobre los proyectos prioritarios que regirán la agenda del próximo gobierno, entre los que se incluye el megaproyecto del Tren Maya. Conectando las consultas con reflexiones que se plantean desde el decrecimiento, así como ponderando consideraciones socio-ambientales, políticas y de turbias dinámicas de financiamiento, es importante resaltar algunos elementos y preguntas sobre los procesos de sustentabilidad o los caminos de “crecimiento” que se pretende seguir construyendo, sin considerar de manera integral, los imprevistos escenarios que seguiremos enfrentando debido al cambio climático, o los tejidos socio-ecológicos de los territorios en cuestión.

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), recientemente señaló que si la temperatura del planeta aumenta 1.5°C, se proyectan cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes, y si aumenta a 2° C, procesos irreversibles y catastróficos, como la desaparición de los arrecifes de coral, y la caída en la productividad de granos básicos como maíz, trigo, y arroz, serían inminentes (IPCC, 2018; Ramírez, 2018). México será particularmente afectado por el aumento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, que ya se han venido intensificando, como inundaciones, sequías, lluvias extremas, huracanes u ondas de calor, debido a las diferenciadas capacidades regionales que se tienen para hacer frente a estos fenómenos, a la pobreza estructural que caracteriza al país, y a la ausencia de una política articulada para gestión de riesgos frente al cambio climático. Las condiciones multifactoriales y transescalares que suponen los efectos del cambio climático, se colocan como una consideración prioritaria en la toma de decisiones, debido a que mayores riesgos y costos se impondrán si no se cumplen los mínimos objetivos de mitigación, y si no comienzan a plantearse sólidas estrategias de adaptación.

Tomando en cuenta la crucial condicionante del cambio climático, donde una megalópolis como la Ciudad de México es particularmente vulnerable, es fundamental que grandes proyectos de infraestructura se realicen bajo diagnósticos y diseños multicriteriales de largo plazo. En este sentido, la decisión en torno a la construcción del NAICM, del Tren Maya, o de cualquier otro megaproyecto, no puede ser resultado de algún unívoco fallo técnico, político o económico, debido a que existen dinámicas complejas a considerar, como la escasez de agua, el efecto isla de calor, las constantes inundaciones, en breve los impactos socio-ecológicos en los territorios, para construir entramados más resilientes que nos permitan adaptarnos con mejores herramientas al cambio climático.

Los referentes que deja el NAICM

Se tiene constancia que el campo aéreo del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lleva más de 20 años saturado, por ello en 2010 se trasladaron las operaciones de aerolíneas de bajo costo hacía Toluca. Sin embargo, el aeropuerto de Toluca, junto con otras terminales aledañas como la de Puebla, Cuernavaca y Querétaro siguen subutilizadas (Arellano, 2018).

En 2011, se comenzó con la obra emblemática del saliente gobierno de Enrique Peña Nieto, el NAICM, en Texcoco. Desde un comienzo, relucieron diversos problemas para llevar a cabo las obras, comenzando por la cuestión del agua. En el Valle de México, ya hay una reducida disponibilidad de este vital líquido, incluso el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), sólo tiene garantizado el abastecimiento hasta el próximo año 2019. La construcción del NAICM requeriría la desecación del lago artificial Nabor Carrillo, último vaso regulador (que se inunda en temporada de lluvias y permanece seco el resto del año) de 1,000 ha. ubicado al noreste del Valle de México, que se construyó en 1982 con la idea de restaurar el lago de Texcoco. Lo anterior, implicaría un incremento en la vulnerabilidad hídrica de la región central de México, no sólo por el aumento de inundaciones, sino por el problema de abastecimiento que supondría la expansión de suelo urbanizado, al proyectar la construcción de una Aerotrópolis de 3 millones de m2 para expansión inmobiliaria y de infraestructura.

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

En 2011, se comenzó con la obra emblemática del saliente gobierno de Enrique Peña Nieto, el NAICM, en Texcoco. Desde un comienzo, relucieron diversos problemas para llevar a cabo las obras, comenzando por la cuestión del agua. En el Valle de México, ya hay una reducida disponibilidad de este vital líquido, incluso el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), sólo tiene garantizado el abastecimiento hasta el próximo año 2019. La construcción del NAICM requeriría la desecación del lago artificial Nabor Carrillo, último vaso regulador (que se inunda en temporada de lluvias y permanece seco el resto del año) de 1,000 ha. ubicado al noreste del Valle de México, que se construyó en 1982 con la idea de restaurar el lago de Texcoco. Lo anterior, implicaría un incremento en la vulnerabilidad hídrica de la región central de México, no sólo por el aumento de inundaciones, sino por el problema de abastecimiento que supondría la expansión de suelo urbanizado, al proyectar la construcción de una Aerotrópolis de 3 millones de m2 para expansión inmobiliaria y de infraestructura.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), empresa paraestatal que operaría el NAICM, manifestó su intención de suplir el lago y lagunas que se secarían o se desviarían. El problema es que ninguna de las reubicaciones que plantearon está a más de 8 km de distancia respecto a la ubicación del aeropuerto, lo cual implicaría riesgos importantes debido a que, tal como señala David Vite, biólogo experto en manejo y monitoreo de fauna en aeropuertos, por norma, cualquier cuerpo de agua o cualquier vegetación que atraiga aves debe estar a una distancia mínima de 10km (Ocaranza, 2018c). Asimismo, con la desecación del Lago Nabor Carrillo, se perderían los servicios ambientales que provee este vaso regulador entre los que se encuentran el ser hábitat de 250 especies de aves locales y migratorias, como la especie endémica del tecolote llanero, athene cunicularia, un pequeño búho de 22 centímetros, que está protegido en México, Canadá y Estados Unidos (Ocaranza, 2018d; Delgado, 2018); y de otra especie endémica el ajolote, ambystoma velasci, que está incluido en la lista de especies protegidas por la Norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A estos impactos, se sumaban los daños socio-ecológicos irreversibles como la destrucción de cerros del municipio de Tepetlaoxtoc para extraer los materiales necesarios con los que se comenzó a cimentar y, eventualmente, se construiría el aeropuerto, la desaparición de los cuerpos de agua, o la afectación de tres zonas de ecológicas (Parque Estatal Sierra de Patlachique, Parque Estatal Cerro Gordo y Parque Nacional Molino de Las Flores) (Delgado, 2018).

La impune ley del dinero ignorando dinámicas sociales y ecológicas

Sin importar los problemas socio-ambientales1El GACM adjudicó directamente un contrato de 17 millones de pesos a Especialistas Ambientales, S.A. de C.V., para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), estudio que determina las afectaciones de cualquier proyecto, del NAICM. A lo largo de sus carreras profesionales, los propietarios de esta empresa han tenido vínculos con la Semarnat, organismo público que en última instancia debe aprobar o no cualquier MIA (Cf. Ocaranza, 2018d). En contraste con estudios realizados por otros organismos públicos, la MIA de Especialistas Ambientales, presentaba importantes contradicciones, lo que levanta serios cuestionamientos a la luz de la elaboración de MIA que esta empresa ha llevado a cabo en otros proyectos para favorecer intereses privados, en perjuicio del interés público (Cf. Ocaranza, 2018d). señalados, a los que se sumaban los riesgos de hundimientos diferenciales del suelo, debido a la sobreexplotación del lecho lacustre en que se asienta la zona metropolitana de la Ciudad de México, que produciría daños estructurales a edificios y sistemas de drenaje2En su momento, los diversos impactos ambientales, sociales y arqueológicos que hubiera generado la construcción del NAICM, fueron ignorados en los reportes que prestigiosas certificadoras, como Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y S&P Global, dieron a inversionistas del NAICM, al haber sido contratadas por el gobierno federal (Farachala; Balderas, 2018; Ocaranza, 2018c)., desde 2011 se echaron a andar las obras del NAICM en Texcoco. Tampoco importó la oposición que las comunidades de ejidatarios de San Salvador Atenco, organizadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), manifestaron una vez que, sin previa consulta, se cambió el uso de suelo de las tierras que accedieron a vender porque se les había indicado que serían usadas para rehabilitación ecológica. Las estrategias para minimizar, dividir, o silenciar la oposición social a la construcción del NAICM, atravesadas por la violencia y criminalización de opositores (Hernández, 2018), van desde manipular la realización y supuesta aprobación de una consulta a los pueblos para realizar el megaproyecto, por el que se adjudicó un pago de 68 millones de pesos al Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C (CEIDAS), pero del que las comunidades no tuvieron ninguna visita ni información  (Ocaranza, 2018; Balderas, 2018); pasando por la omisión del Estado para que los pueblos originarios fueran reconocidos como tales y pudieran procesar un amparo para defender sus tierras (Farachala; Balderas, 2018); llegando al asesinato de diversos opositores al megaproyecto aeroportuario como sucedió el pasado 28 de septiembre con el Ing. Jesús Javier Ramos Arreola (Hernández, 2018; Delgado, 2018).

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), calificaron el proyecto del NAICM como un ejemplo de transparencia. Sin embargo, todos los procesos de financiamiento y contratación han estado plagados de irregularidades, de opacidad y falta de comprobación en el manejo de recursos, y de turbios esquemas de financiamiento donde se mezclan recursos públicos y privados. Al respecto, PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación), lanzó la iniciativa Torredecontrol.org para el monitoreo de la construcción, financiamiento y viabilidad del NAICM. A través de la información y análisis recabado por esta iniciativa, podemos constatar algunas de las irregularidades que imperaron en el proyecto del NAICM, citaremos algunas.

Tres organismos estatales realizaron contrataciones para el megaproyecto: en 2011, cuando comenzaron las obras, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que en 2014 pasó a manos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) (Ocaranza, 2018b), y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). De los 536 contratos para el NAICM, el 70% (o 344) fueron adjudicados sin concurso y sin que se justificara esta medida. El 78% del total del importe contratado está en sólo 15 contratos3El NAICM, publicó información sobre cuales empresas ganaban contratos, sin esclarecer quienes eran los beneficiarios directos. A través de diversos mapas de correlaciones empresariales elaborados por PODER, se sabe que eran cinco empresarios los que controlaban el 55% de los contratos: ICA de Bernardo Quintana, Grupo Carso y empresas asociadas a la familia de Carlos Slim Helú, Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon, PRODEMEX y Grupo empresarial Ángeles de Olegaria Vázquez Raña, y GIA+a de Hipólito Gerard Rivero (TorreDeControl, 2018). (TorreDeControl, 2018).

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) administra la deuda (dinero de los créditos) y los aportes presupuestales, pero tal como señala la iniciativa Poder, desde el fideicomiso F-80726, no se transparentaba la proporción de recursos públicos y privados para el financiamiento del NAICM (TorreDeControl, 2018). La necesidad de que el GACM obtuviera el 58% de los recursos públicos, y sólo el 42% de recursos privados surgió cuando el gobierno federal concesionó la obra a la empresa para construir, administrar, operar y explotar el nuevo aeropuerto por 50 años, a sabiendas de que la paraestatal no tenía fondos para operar (Ocaranza, 2018b).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), reportaba desde 2015, la existencia de diversas anomalías que ascendían a 835 millones 584 mil pesos de pagos duplicados, de servicios que no fueron ejecutados, de anticipos indebidos a contratistas y de falta de comprobación de recursos (Animal Político, 2018). En la auditoría de la cuenta pública 2016 (publicada en 2017), se reportó que algunos servidores públicos adjudicaron directamente contratos a proveedores que no estaban en los primeros lugares y cuyas propuestas eran 61.4% más caras que las ofertas menores (Farachala; Balderas, 2018).

Bajo este escenario, durante el mes de octubre se llevó a cabo la consulta con el objetivo de conocer la opinión ciudadana para que se continuará o no con el proyecto. La Fundación Rosenblueth, índico que el 69.95% del millón 67 mil 859 personas que acudieron a votar, se pronunciaron a favor de la construcción de dos pistas en la actual base área militar de Santa Lucia y de detener las obras en Texcoco. De esta manera, la ciudadanía se sumo por la opción del trinomio AICM, construir dos pistas en la base área militar de Santa Lucia y ampliar las operaciones del terminal del Toluca (Muñoz; Méndez; 2018).

Al respecto, diversas organizaciones empresariales manifestaron su inconformidad ante la decisión. Juan Pablo Castañon, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el costo de la cancelación del NAICM sería de entre 100 y 120 mil millones de pesos y que el CCE seguía considerando este megaproyecto como la opción que más sustentabilidad les daba a largo plazo (Aristegui noticias, 2018). En este sentido, retomamos algunos datos generados por la iniciativa TorredeControl.org para calibrar el sustento de las afirmaciones de este líder empresarial, ya que con apego a la ley se tendrían que actualizar los costos y beneficios de la obra, a través de la Tasa Interna de Retorno Social, para recalcular su viabilidad, debido a que la obra ha superado los tres años de retraso y el 10% de sobrecoste señalados por la ley (TorredeControl, 2018). La construcción del NAICM contemplaba dos fases, de las que hasta el 2018 sólo tenía el 20%, o 30% si se consideran los estudios preliminares, de la primera fase.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, señaló que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) engañó a los empresarios porque se había comprometido a que, si había recursos privados, él no se opondría a seguir con el proyecto en Texcoco (La Jornada, 2018). Tal afirmación, tiene poco sustento a la luz de los datos abiertos sobre los turbios esquemas de financiamiento público-privado con que el que se obtuvieron recursos para comenzar las obras, donde hay una mayor parte de recursos públicos y no se transparentan las proporciones de los montos públicos y privados4Siguiendo los análisis consultados, los recursos del GACM para el NAICM provienen de tres fuentes principales. Por parte del sector privado, están los créditos por alrededor de 4 mil millones de dólares con bancos privados nacionales y extranjeros, y los 2 mil millones de dólares que se han colocado en bonos internacionales. Respecto al monto público, se trata de dinero contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. (Ocaranza, 2018b). La última fuente de ingresos es el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que el AICM cederá al GACM bajo un fideicomiso manejado por Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria (Ocaranza, 2018b). Esta TUA se consideraría dentro de la aportación privada, al estar contralado por Nafin, sin embargo, los recursos son de origen público porque surgen de la paraestatal GACM. Para el director de comunicación del GACM, Octavio Mayen, el hecho que algunos beneficiarios funjan como prestamistas y al mismo tiempo como inversionistas no representa algún conflicto de interés (Cf. Ocaranza, 2018b)..

Por su parte, José López Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) sostuvo que la decisión sobre la terminal aérea debía tomarse con base en términos técnicos y financieros, más no políticos y basados en una votación popular, sumado a que la decisión tendría que ser tomada por el próximo presidente, pero con base en los estudios técnicos realizados y las recomendaciones de los expertos (La Jornada, 2018). Siguiendo las reflexiones que se plantean al principio de esta colaboración para analizar los fundamentos de este posicionamiento, cabe enfatizar el hecho que los efectos del cambio climático son inminentes y generarán imprevistos impactos locales y regionales en diversas territorialidades. Tal como señalan especialistas en la materia (IPCC, 2018), México es particularmente vulnerable frente a estos impactos, por ello es insostenible que para decidir respecto a la ejecución de cualquier megaproyecto siga imperando la ley del dinero, o de mayores ganancias para unos cuantos inversionistas a costa de las graves, y en muchos casos, irreversibles “externalidades” que se imponen a la sociedad y la biosfera.

La defensa de los territorios frente a las cegueras crónicas del crecimiento económico

Desafortunadamente, tal como señala un grupo de científicos independientes en el Reporte de Desarrollo Sustentable Global, los modelos económicos que informan la toma de decisiones, no solo continúan ignorando las dimensiones energéticas y materiales de la economía, sino que se basan en el presupuesto de un continuo crecimiento energético y material (Järvensivu, et. al., 2018). En contraste, los pueblos y comunidades que habitan las geografías acechadas por estos megaproyectos, al estar socio-ecológica y culturalmente arraigados a estas territorialidades, no sólo defienden la vida que han construido ancestralmente, sino que dan cuenta los delicados hilos de equilibrio de los que penden los ecosistemas de este planeta. Podemos constatar un ejemplo, con el posicionamiento que el FPDT de San Salvador Atenco asentó al exigir que se hiciera efectivo el resultado de la consulta sobre el NAICM para detener las obras en Texcoco, así como al reafirmar la rearticulación y continuidad de su trabajo para regenerar el tejido social dañado y para restaurar las áreas afectadas (Salinas, 2018; Hernández, 2018).

Otro ejemplo, de la defensa de los territorios de vida, en compás con los cambios radicales que los cuerpos sociales tenemos que comenzar a entretejer para hacer frente a los retos del cambio climático, lo atestiguamos el lunes, frente al resultado de la consulta ciudadana del 90% de aprobación a los 10 proyectos prioritarios del gobierno entrante, encabezados por el megaproyecto del Tren Maya. Los diversos pueblos mayas de la península de Yucatán5Las comunidades que firman el documento se encuentran representadas en las organizaciones Coordinación “Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio”, Prodiversa A. C., Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab A. C., Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Muuch Kambal A. C., Consejo Indígena de Atasta, Cladem Yucatán, Movimiento de Resistencia Civil, Candelraria Campeche, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila y Ejido de Conhuas en Calakmul (Ramos, 2018b)., afirmaron que sólo los pueblos que habitan los territorios que serían afectados o destruidos con la construcción de este megaproyecto de infraestructura, cuyo trazo se proyecta en 5 entidades federativas, tendrían derecho a decidir si se puede llevar a cabo o no.

Consulta Tren Maya

Los pueblos originarios fundamentan su oposición con los siguientes hechos. En primer lugar, que en la política de arriba ya se habla de presupuestos, licitaciones y plazos de inicio sin que nadie les haya consultado algo y sin que si quiera se haya cumplido con alguno de los requisitos ambientales, de costo-beneficio social, técnicos, o legales que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria requiere para cualquier proyecto de infraestructura (Ramos, 2018). En segundo lugar, el bien intencionado proyecto tiene el objetivo de reactivar y reconocer el legado civilizatorio maya faltando al respecto y pasando por encima de los derechos de las diversas culturas vivas que se unen ancestralmente a estas raíces civilizatorias. Finalmente, porque tienen la certeza que este megaproyecto no les dejará beneficios, ni desarrollo regional, en palabras de las comunidades indígenas, el Tren Maya “no tiene nada de maya, ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte, de restaurantes son los únicos beneficiarios”. (Ramos, 2018). Por ello, piden que las Manifestaciones y Evaluaciones de Impacto Ambiental sean realizadas por organismos independientes a las empresas inversoras (Ramos, 2018).

El crecimiento económico como sentido común en la era de crisis socio-ecológica marcada por el cambio climático

Es crucial enfatizar la postura que el gobierno entrante, identificado como neoliberalismo de izquierda con sentido y alcances confusos (Esteva, 2018), ha sostenido respecto a la necesidad de “crecimiento económico” como eje de política económica. Así lo sostuvo recientemente AMLO, al hablar sobre un pacto que se plantea entre México, Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera, en sus palabras “Ese acuerdo general va a ayudar mucho porque tenemos que crecer; es necesario que haya crecimiento” (Muñoz; Jiménez; 2018). En este sentido, reiteramos que los megaproyectos que el gobierno entrante proyecta como punta de lanza para el “crecimiento económico” tienen una dimensión biofísica (Daly, 1985), ya que cada proceso económico, sobre todo si tiene que ver con infraestructura o con la extracción de algún recurso natural, convierte energía, recursos y materia en bienes y servicios sí, pero también en desperdicios y contaminación, en impactos socio-ecológicos a diferentes escalas espaciales y temporales ( Daly, 1985: Kallis, et. al., 2018). Poco es el material que se puede reciclar de grandes proyectos de infraestructura, por tanto, ni la eficiencia energética ni la tecnología nos pueden salvar de los procesos entrópicos que se detonan en los ecosistemas con cada megaproyecto.

El crecimiento económico es un dogma que se ha naturalizado como necesariamente deseable o cómo la única meta por trabajar para cualquier estado-nación. Retomando las críticas planteadas por el decrecimiento, el crecimiento económico como eje de política económica, es una construcción política e ideológica con una data socio-histórica precisa que tiene que ser cuestionada y criticada a la luz de los costos ecológicos y sociales que implica6“The economic sphere was construed as a relatively autonomous, self-equilibrating sphere governed by different laws than nature (14), and also distinct from the state. The state supposedly intervened from the outside into that economic sphere (15, 16). In the second period of change, during the 1930s and 1940s, what we now identify as “the economy” was established as a self-contained structure or totality of relations of production, distribution, and consumption of goods and services within a given geographical space (17–19). Economic growth as a policy goal appeared in the 1950s (see collection of essays in 20), together with the development of accounting techniques and statistical tools designed to represent and measure it. Soon after, processes of state-sponsored economic statistics, particularly national income accounting, worked to mark the national economy as a well-defined object (13, 18)” (Kallis, et. al., 2018: 4.4). Desde 1971, con el informe sobre Los Límites del Crecimiento, se señala que el crecimiento económico terminará no cuando los recursos se acaben por completo, sino cuando su calidad decline a tal punto que más extracción demande aún más inversión-destrucción por parte la industria productiva, tal como vemos con técnicas de extracción cada vez más invasivas y más depredadoras de recursos naturales como el fracking o la minería a cielo abierto. Por ello, una de las preguntas centrales que se formula desde el decrecimiento, es cómo podemos arreglárnoslas sin crecimiento económico dado que es biofísica y ético-políticamente insostenible (Daly, 1985).

México sigue sin prestar la seria y urgente atención que requiere la elaboración de diagnósticos multicriteriales y de una política integral de gestión de riesgos frente al cambio climático, para poder identificar nuestras vulnerabilidades y actuar en consecuencia, así como para diseñar e implementar articuladas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático con las que se construyan territorialidades más resilientes. Al respeto retomamos las declaraciones de Debra Roberts, co-presidenta del Grupo de Trabajo II del IPCC “This report gives policymakers and practitioners the information they need to make decisions that tackle climate change while considering local context and people’s needs. The next few years are probably the most important in our history,” (IPCC, 2018). Nos encontramos en una coyuntura histórica que definirá el futuro que habitaremos, por ello no podemos darnos el lujo de delegar el análisis crítico de procesos complejos, enmarcados por el cambio climático, a tomadores de decisiones que omiten la seria ponderación de análisis económico-ecológicos, que minimizan los contextos y necesidades locales, e ignoran la inextricable conexión de procesos ecológicos y sociales con las dinámicas entrópicas que se gestan por la ley de mercado del sistema capitalista.

Con base en estos planteamientos, resulta crucial, que cada un@ de nosotr@s hilvanemos serias reflexiones sobre estos procesos complejos, e intentemos construir acciones colectivas en conexión con las dinámicas socio-ecológicamente arraigadas que urge construir para cambiar o frenar los actuales patrones de producción, distribución y consumo, para definir las formas de apropiación que debemos darle a la tierra, o a cada finito recurso natural, así como para cuidar el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos de los que dependemos. De esta manera, podremos posicionarnos críticamente frente a los inminentes ecocidios que demanda la acumulación de capital, ¿cómo es que el crecimiento económico podría internalizar impactos socio-ecológicos irreversibles como la desaparición de especies, la destrucción de ecosistemas enteros, el agotamiento del agua, entre mucho otros, al regirse por un principio de sobre-explotación en búsqueda de mayores ganancias? Está claro que la ley del dinero y del crecimiento económico, seguirán evadiendo el uso de modelos económico-ecológicos integrados para la toma de decisiones, y que continuarán sembrando conflictividad y violencia en los tejidos sociales para justificar la ampliación de sus geografías de extracción, despojo y “desarrollo”. Retomando las reflexiones de Raúl Zibechi,

“Las y los de abajo sobramos en este mundo de acumulación por robo, porque como ya se ha dicho somos el mayor obstáculo para convertir la naturaleza en mercancías […]” Las mega-obras no son errores sino el meollo del progresismo (Zibechi, 2018).

Frente al mal del crecimiento económico y del “desarrollo” como necesidad que aqueja al ligero aire esperanzador del próximo gobierno, resulta fundamental que demandemos evaluaciones multicriteriales participativas. Asimismo, que exijamos una política y prácticas basadas en el cultivo y cuidado de la vida en las territorialidades como eje articulador de sectores, de planeación, de diagnósticos, de estrategias y de instrumentos, de evaluaciones y de monitoreos, con los que se pondere seriamente y a largo plazo la viabilidad, no solamente económica, sino biofísica, social, ecológica, e intercultural de cada proyecto. Este par de megaproyectos son sólo la punta del iceberg que se avizora para el periodo que esta por comenzar, por ello el seguimiento a las diversas luchas y resistencias en defensa de los territorios y de la vida será una brújula fundamental para ponderar críticamente el confuso posicionamiento que ya se ha venido mostrando cuando se trata de asuntos socio-ambientales confrontados con intereses por el crecimiento económico, así como para analizar la ausencia de una clara política de gestión de riesgos frente al cambio climático, ya que las buenas intenciones y los supuestos beneficios económicos que se venden en cada megaproyecto no nos protegerán de las vulnerabilidades climáticas y socio-ecológicas a las que estamos expuestos.

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Muñoz Alma; Méndez Enrique (2018) La consulta, en favor de Santa Lucía. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/10/29/politica/002n1pol (obtenido 31 octubre 2018).

Muñoz Alma; Jiménez Néstor (2018) AMLO firma pacto con Tv Azteca para ofrecer capacitación a jóvenes. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/11/23/politica/005n1pol (obtenido: 23 noviembre 2018).

NOTIMEX (2018). Exagerado, decir que no habrá inversiones para México: Cepal. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/006n1pol (obtenido: 31 octubre 2018).

Proceso (2018) Con menos de un millón de votos, quedan avalados los 10 proyectos prioritarios de AMLO. Proceso. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/561161/con-menos-de-un-millon-de-votos-quedan-avalados-los-10-proyectos-prioritarios-de-amlo (obtenido: 26 noviembre 2018).

Ramírez León (2018). México sufrirá más que otros países los efectos del cambio climático. Animal político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/10/mexico-efectos-cambio-climatico/  (obtenido: 14 octubre 2018).

Ramos Claudia (2018). Qué requisitos requiere una obra de infraestructura (el tren Maya aún no cumple ninguno). Animal político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/11/requisitos-obras-infrastructura-tren-maya/ (obtenido: 26 noviembre 2018).

Ramos Claudia (2018b). Los pueblos indígenas llevan mano sobre el futuro del Tren Maya, promete equipo de AMLO. Animal político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/11/tren-maya-pueblos-indigenas-amlo/ (obtenido: 26 noviembre 2018).

Salinas Cesáreo (2018) El FPDT exige la restitución de tierras en ex lago de Texcoco. La Jornada.  Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/007n2pol (obtenido: 31 octubre 2018).

Zibechi Raúl (2018) Un salto cualitativo en las tormentas. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/11/23/opinion/020a1pol (obtenido: 23 noviembre 2018)

Sitios de internet consultados

TorreDeControl.org: iniciativa de PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación), para el monitoreo de la construcción, financiamiento y viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: https://torredecontrol.projectpoder.org/

Aristegui Noticias para consultar todos los documentos relacionados con el NAICM: https://aristeguinoticias.com/1708/mexico/consulta-aqui-todos-los-documentos-sobre-el-nuevo-aeropuerto/

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Autora

Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial en la Universidad de Córdoba, España.

Notas   [ + ]

1.El GACM adjudicó directamente un contrato de 17 millones de pesos a Especialistas Ambientales, S.A. de C.V., para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), estudio que determina las afectaciones de cualquier proyecto, del NAICM. A lo largo de sus carreras profesionales, los propietarios de esta empresa han tenido vínculos con la Semarnat, organismo público que en última instancia debe aprobar o no cualquier MIA (Cf. Ocaranza, 2018d). En contraste con estudios realizados por otros organismos públicos, la MIA de Especialistas Ambientales, presentaba importantes contradicciones, lo que levanta serios cuestionamientos a la luz de la elaboración de MIA que esta empresa ha llevado a cabo en otros proyectos para favorecer intereses privados, en perjuicio del interés público (Cf. Ocaranza, 2018d).
2.En su momento, los diversos impactos ambientales, sociales y arqueológicos que hubiera generado la construcción del NAICM, fueron ignorados en los reportes que prestigiosas certificadoras, como Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y S&P Global, dieron a inversionistas del NAICM, al haber sido contratadas por el gobierno federal (Farachala; Balderas, 2018; Ocaranza, 2018c).
3.El NAICM, publicó información sobre cuales empresas ganaban contratos, sin esclarecer quienes eran los beneficiarios directos. A través de diversos mapas de correlaciones empresariales elaborados por PODER, se sabe que eran cinco empresarios los que controlaban el 55% de los contratos: ICA de Bernardo Quintana, Grupo Carso y empresas asociadas a la familia de Carlos Slim Helú, Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon, PRODEMEX y Grupo empresarial Ángeles de Olegaria Vázquez Raña, y GIA+a de Hipólito Gerard Rivero (TorreDeControl, 2018).
4.Siguiendo los análisis consultados, los recursos del GACM para el NAICM provienen de tres fuentes principales. Por parte del sector privado, están los créditos por alrededor de 4 mil millones de dólares con bancos privados nacionales y extranjeros, y los 2 mil millones de dólares que se han colocado en bonos internacionales. Respecto al monto público, se trata de dinero contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. (Ocaranza, 2018b). La última fuente de ingresos es el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que el AICM cederá al GACM bajo un fideicomiso manejado por Nacional Financiera (Nafin) como fiduciaria (Ocaranza, 2018b). Esta TUA se consideraría dentro de la aportación privada, al estar contralado por Nafin, sin embargo, los recursos son de origen público porque surgen de la paraestatal GACM. Para el director de comunicación del GACM, Octavio Mayen, el hecho que algunos beneficiarios funjan como prestamistas y al mismo tiempo como inversionistas no representa algún conflicto de interés (Cf. Ocaranza, 2018b).
5.Las comunidades que firman el documento se encuentran representadas en las organizaciones Coordinación “Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio”, Prodiversa A. C., Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab A. C., Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Muuch Kambal A. C., Consejo Indígena de Atasta, Cladem Yucatán, Movimiento de Resistencia Civil, Candelraria Campeche, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila y Ejido de Conhuas en Calakmul (Ramos, 2018b).
6.“The economic sphere was construed as a relatively autonomous, self-equilibrating sphere governed by different laws than nature (14), and also distinct from the state. The state supposedly intervened from the outside into that economic sphere (15, 16). In the second period of change, during the 1930s and 1940s, what we now identify as “the economy” was established as a self-contained structure or totality of relations of production, distribution, and consumption of goods and services within a given geographical space (17–19). Economic growth as a policy goal appeared in the 1950s (see collection of essays in 20), together with the development of accounting techniques and statistical tools designed to represent and measure it. Soon after, processes of state-sponsored economic statistics, particularly national income accounting, worked to mark the national economy as a well-defined object (13, 18)” (Kallis, et. al., 2018: 4.4