Los gobiernos ante la violencia de género y el femicidio: Inoperancia, negligencia y manipulación política

Ejemplos de ello sobran en toda América Latina, pero destacan los casos de 3 países que han tenido lugar durante el mes de agosto de 2019.

gobiernos ante la violencia de género y el femicidio
gobiernos ante la violencia de género y el femicidio

Alrededor del mundo las mujeres son víctimas de acoso, explotación sexual, trata, múltiples formas violencia, violación y femicidio. No hay un solo país en el mundo donde las mujeres no sean víctimas de la opresión y la violencia patriarcal, menos aún, donde los índices de ocurrencia de estas formas de violencia contra las mujeres estén disminuyendo; por el contrario, las violaciones cada vez se hacen más recurrentes, tumultuosas y el número de femicidios se incrementa año tras año.

Este hecho pone en evidencia la inoperancia y negligencia de los Estados. La violencia por razones de género, la explotación sexual, la trata de mujeres, la violación y el femicidio continúan ocurriendo y aumentando porque no se están tomando medidas concretas, efectivas, eficientes y oportunas por parte de los Estados para proteger a las mujeres, porque las medidas que se diseñan e implementan son insuficientes y erradas y, porque los crímenes cometidos contra las mujeres no están siendo sancionados, impunidad que crea las condiciones para que estos delitos sean sistemática y repetidamente cometidos.

La vida de las mujeres, su dignidad y sus derechos no son importantes para ningún gobierno; con independencia de su tendencia política han obviado y desatendido sistemática y repetidamente la violencia de género y los femicidios. En los llamados “de derecha” se ataca explícitamente al feminismo y se tiende rápidamente a desmantelar la institucionalidad creada para la protección y garantía de derechos de las mujeres; en los llamados “de izquierda” se ignora la problemática hasta sus últimas consecuencias y la institucionalidad para la protección y garantía de derechos de las mujeres es progresivamente aniquilada mediante el vaciamiento de sentido y utilidad, la inoperancia, la burocracia y el clientelismo.

Todos estos gobiernos, sin distingos, no previenen la ocurrencia de la violencia por razones de género, la mayoría no cuentan con políticas para su prevención, asignan un presupuesto insignificante e irrisorio para la erradicación de la violencia contra las mujeres, no atienden a las mujeres cuando son violentadas o en riesgo de serlo y buscan protección; eliminan políticas e instancias de atención a las mujeres víctimas de violencia, cierran las casas de abrigo para las mujeres en riesgo de femicidio, y no otorgan justicia cuando se cometen crímenes contra las mujeres, es decir, los responsables no son perseguidos ni sancionados. Así mismo, cuando el movimiento feminista, las mujeres víctimas de violencia de género o los familiares de las víctimas de femicidios protestan contra la impunidad de los Estados rápidamente son reprendidas, amenazadas, criminalizadas y sancionadas.

Ejemplos de ello sobran en toda América Latina, pero destacan los casos de 3 países que han tenido lugar durante el mes de agosto de 2019. En Bolivia ante el exponencial incremento de los femicidios las mujeres se han pronunciado exigiendo acciones a las autoridades y se han movilizado masivamente como signo de protesta en las calles. La respuesta del Presidente y candidato a la reelección Evo Morales ha sido proponer que los feminicidios sean declarados internacionalmente crímenes de lesa humanidad y encabezar la marcha contra los feminicidios que tuvo lugar el 9 de agosto en la ciudad de La Paz. Por su parte el Gobernador de La Paz Félix Patzi afirmó que el incremento de los casos de feminicidio en el país se debe a la incursión de la mujer en la política, esto según  el político “ha separado a la familia”, y consideró que  el problema se resuelve si la norma permite que el varón acompañe a la mujer a su fuente de trabajo pues, “con el marido a su lado, habrá muchas ventajas porque se eliminarían los celos”.

En Argentina la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y candidata a la reelección María Eugenia Vidal, difundió como parte de su campaña electoral un video en el que se le ve conversando con una mujer quien le relata estar siendo víctima de acoso por parte de un hombre que no fue su pareja y con quien no tuvo nunca ningún tipo de vínculo, por lo cual no quiso salir más sola. La respuesta de la gobernadora fue ir a buscar a su casa al agresor, y tras una puerta cerrada hacerle saber que la víctima la puso al tanto de la situación y que lo denunció.

Por su parte en México el pasado 16 de agosto las mujeres protestaron pintando monumentos y arrojando brillantina tras la violación de una menor de edad por parte de 4 policías y los numerosos casos de feminicidio en el país; Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reaccionó calificando los hechos de “provocaciones”, y afirmó que se abrirían carpetas de investigación por las afectación a los edificios públicos y que no habría impunidad. A esta criminalización se uniría el presidente Manuel López Obrador quien señaló “Hago un llamado para quienes se manifiestan, para que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México. (…) ¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso los derechos de las mujeres, con la destrucción?”.

No obstante, estos hechos en su conjunto, ponen en evidencia que: En las sociedades latinoamericanas los cuerpos y las vidas de las mujeres no tienen valor. Con independencia de la tendencia política e ideológica de los gobiernos, los procesos de victimización de las mujeres no son considerados relevantes y no forman parte de sus agendas. Por este motivo no se implementan políticas públicas concretas, efectivas, eficientes y oportunas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer y el femicidio.

Existe un gran desconocimiento, desinterés, irresponsabilidad, negligencia e hipocresía en la mayoría de los gobernantes a nivel local o nacional sobre la violencia por razones de género y el femicidio. Esta situación les lleva a reproducir prejuicios y estereotipos, ejercer formas de violencia, exponer y revictimizar a las víctimas, así como, a incrementar su condición de riesgo y vulnerabilidad.

Finalmente, es necesario señalar que existe una tendencia muy marcada en los gobiernos latinoamericanos a manipular y explotar la situación social de las mujeres, su vulnerabilidad y las violencias contra ellas cometidas como recurso de electoral. En este contexto se tienden a prometer, crear o aprobar medidas, comités, mesas de trabajo, iniciativas, proyectos y leyes; esto es denominado por Eugenio Raúl Zaffaroni como “populismo punitivo”, lo cual persigue crear en la población la sensación de que si se está atendiendo el problema, pero sin que exista interés por realizar transformaciones profundas y reales que permitan modificar la situación. Este hecho queda manifiesto cuando, estas iniciativas creadas o aprobadas en el contexto electoral, al poco tiempo de su creación son desmanteladas o desaparecen por la burocracia, la falta de recursos y la corrupción.

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Socióloga, Magister Scientiarum en Estudios de la Mujer, Doctora y Postdoctora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Central de Venezuela.

Fundadora de EPG Consultora de Género y Equidad. Escritora y columnista en diversos medios de comunicación venezolanos y extranjeros.

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