Legislar para el crimen

Toda relación institucional en la que el pueblo sea maltratado, humillado y olvidado es una relación corrupta y por lo tanto debe ser corregida.

Legislar para el crimen
Legislar para el crimen

El 2019 ha sido denominado por el gobierno peruano el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Si de luchar contra la corrupción y la impunidad se trata se tiene que iniciar por el Congreso de la República. Y el pueblo peruano está tomando conciencia de esta realidad. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP/08/2019) el 87% de la población desaprueba la labor del legislativo y está de acuerdo con que se cierre el Congreso. Y esto porque, es vergonzoso decirlo, pero es irrefutable: la mayoría de los legisladores en el Perú hace exactamente todo lo contrario de lo que el pueblo le encomendó, legislan para favorecer la corrupción y la impunidad. Mejor dicho, legislan no contra el crimen, sino para el crimen. Porque viven del crimen.

Pero como nadie ataca un crimen sin que algunas voces se levanten en su contra, frente a la toma de conciencia y a la autocrítica del pueblo por haberse equivocado al elegir a una organización criminal en vez de a una organización que vele por sus intereses, constitucionalistas de toda laya han salido en defensa de la mafia, entre ellos, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, quien le ha recomendado a los legisladores: “Ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común. Los políticos saben lo que es el bien común. Y el bien común es que las instituciones prevalezcan” (Bruce, 16/09/2019). ¡Increíble!

A decir verdad esta idea en el Perú lo comparten muchos constitucionalistas, sobre todo los considerados más importantes, solo que no lo dicen, lo presuponen. Es muy importante que se haya dicho. Sobre todo que lo haya dicho alguien que ha estado a cargo de una de las instituciones más importantes, como el Tribunal Constitucional, cuya función es la de velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. Lo es porque pone al descubierto que la corrupción política y la impunidad, el crimen en el Perú no solamente es de facto, sino también de iure. Es decir, los que tienen a su cargo la producción, interpretación y aplicación del derecho para luchar contra la corrupción piensan como corruptos, como delincuentes.

La razón de lo que decimos radica en que la corrupción política se inicia no cuando el representante se apropia de los recursos públicos, no cuando utiliza el poder delegado para beneficio personal, sino cuando se cree la sede del ejercicio poder político y lo ejerce sin referencia a quien le delegó, el pueblo (Araujo Frias, 27/07/2019). En otras palabras, la corrupción política consiste en creerse la sede del ejercicio del poder político y ejercerlo, como recomienda el expresidente del TC al Congreso de la República, sin el consentimiento del pueblo.

El ejercicio del poder político no reside en ningún órgano del Estado, sino en el pueblo (Pérez Royo, 2012). Desconectarse de los intereses del pueblo y hacer de la institución un fin en sí mismo es la relación presupuesta en todo acto de corrupción política. Esto es así porque no son las instituciones la sede del ejercicio del poder político, sino el pueblo. Las instituciones son mediaciones que el pueblo se da con la finalidad de asegurar la convivencia social en justicia. No cualquier tipo de convivencia social, sin duda, sino aquella en la que todos tengan asegurados las condiciones mínimas de vida. En consecuencia, toda práxis política institucional que no tenga como objetivo el bien del pueblo, sino fines autorreferentes, es corrupta y por lo tanto debe ser corregida inmediatamente. El bien común no es que las instituciones prevalezcan, sino que el bien de quien se dio las instituciones prevalezca.

Esto es así porque ¿qué es primero las instituciones o quién se dio las instituciones? Toda relación institucional en la que el pueblo sea maltratado, humillado y olvidado es una relación corrupta y por lo tanto debe ser corregida. La razón es simple: ninguna institución se funda en sí misma. Al respecto, el neurocientífico Antonio Damasio (2019) en un reciente trabajo sugiere que la respuesta del ser humano frente al dolor y al sufrimiento fue la que dio origen a las grandes empresas culturales, entre las cuales se puede identificar a la medicina, a la política, a la economía y , sin duda, al derecho. Es decir resolver los conflictos que aparecen en la convivencia humana fue el motivo que impulsó al ser humano a inventar instituciones.

Entonces, por extensión se podría decir que garantizar la convivencia de la comunidad política dio origen a la Constitución Política. No sin razón el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no dice que la Constitución es el bien público, como afirma el insigne constitucionalista antes citado, sino que “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada y la separación de poderes no está determinada, no tiene Constitución”. En otras palabras defender la constitución significa garantiza los derechos de la población. Y ello pasa por legislar para garantizar como mínimo la salud y la educación pública, porque el ser humano es una simbiosis de biología y cultura. Pero nuestros legisladores hacen exactamente todo lo contrario.

Finalmente, el sociólogo Alain Touraine (2017), quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los problemas de América Latina nos dice que la crítica más severa que se le puede hacer a nuestras instituciones es que, en lugar de representar las voces humanas, es decir, las voces de quienes se dieron las instituciones, el pueblo, nos impiden escucharlas. Si no nos levantamos y corregimos con nuestro disenso a las instituciones que se han vuelto contra el pueblo, seremos cruelmente castigados.

Referencias bibliográficas

Araujo Frias, Jaime (27/07/2019). “La raíz de la corrupción política”. Disponible en https://iberoamericasocial.com/la-raiz-de-la-corrupcion-politica/. Consultado el 25 de setiembre de 2019.

Bruce, Jorge (16/09/2019). “El bien común de los políticos”. La República. Disponible en https://larepublica.pe/politica/2019/09/16/jorge-bruce-el-bien-comun-de-los-politicos/. Consultado el 25 de setiembre de 2019.

Damasio, Antonio (2019). El extraño orden de las cosas. La vida, los sentimientos y la creación de las culturas. Bogotá: Destino.

Instituto de Estudios peruanos (25/08/2019). “Informe de opinión”. Disponible en https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2019/08/Informe-OP-Agosto-2019-5.pdf. Consultado el 26 de setiembre de 2019.

Pérez Royo, Javier (2012). Curso de derecho constitucional. Madrid: Marcial Pons.

Touraine, Alain (2017). “Prólogo”. En Calderón Gutiérrez Fernando. Ed. La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo. Antología esencial. Buenos Aires: CLACSO.

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Egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UNMSM-Perú). Abogado. Bachiller en Filosofía.

Director del Centro de Estudios Disenso.

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