La sanción de la violencia de género y el femicidio: ¿”Punitivismo”, justicia o impunidad?

Apenas el 22,5% de los imputados por los femicidios perpetrados en América Latina entre los años 2010 a 2018 han sido condenados.

sanción de la violencia de género
sanción de la violencia de género

La tipificación de la violencia por razones de género y del delito de femicidio, en algunos sectores sociales, académicos e institucionales ha despertado polémica y ha generado reacciones adversas. Desde el poder patriarcal constituido se espeta con frecuencia que, la tipificación específica de los delitos contra la mujer es injusta, discriminadora, y que, más que contribuir a erradicar la desigualdad existente entre hombres y mujeres esta colabora en su profundización. Empero, estas reacciones son previsibles pues, aquellos que tradicionalmente han detentado el poder patriarcal y ejercido múltiples, sistemáticas y repetidas formas de violencia contra las mujeres, inevitablemente habrán de oponerse ya que, la tipificación de estas violencias, supondría la penalización de sus discursos y prácticas institucionalizadas, legitimadas y cotidianizadas en el entramado social.

No obstante, veo con preocupación que, en los últimos años estas críticas contra la tipificación y sanción de la violencia contra la mujer y del delito de femicidio en América Latina, provienen cada vez más de los sectores feministas. En este contexto, las leyes que sancionan los delitos cometidos contra las mujeres, los familiares y personas cercanas a las víctimas, así como, los movimientos de mujeres que demandan justicia, están siendo fuertemente criticadas, señaladas y calificadas como “punitivistas”.

En el caso que nos ocupa, pese a la evidencia de la existencia de una justicia patriarcal cuyas sentencias tienden a favorecer y exculpar a los agresores; las individualidades y movimientos feministas que promueven y exigen la tipificación de la violencia por razones de género y del delito de femicidio, la investigación y sanción despatriarcalizada de estos delitos y, el no otorgamiento de beneficios procesales para quienes cometan estos crímenes contra las mujeres, están siendo socialmente señaladas, sancionadas y acusadas de “punitivistas”. No obstante, el empleo de esta categoría funciona como un estigma, persiguiendo la reprobación y la sanción moral de quienes exigen la aplicación efectiva y eficiente de la acción penal. Además, estos señalamientos se amparan en la idea de que, este tipo de leyes:

  1. Contribuyen a la criminalización a la población masculina.
  2. Tributan a la sobrejudicialización de los delitos de género, así como, a la persecución excesiva y el encarcelamiento masivo de los hombres.
  3. Profundizan el sufrimiento al someter a los agresores a las violencias e inequidades de la institución carcelaria.
  4. Exponen a los victimarios a la violencia sexual en los recintos carcelarios.
  5. Impiden la erradicación del crimen y la rehabilitación de los agresores o femicidas pues, la tipificación y sanción del delito no educa ni previene.

No obstante, en este contexto, es necesario aclarar que las estadísticas oficiales de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay dan cuenta de que apenas el 22,5% de los imputados por los femicidios perpetrados en América Latina entre los años 2010 a 2018 han sido condenados. Estos hechos desmontan las tesis de la sobrejudicialización de los procesos de violencia de género, la persecución excesiva y, la aplicación de duras condenas contra los perpetradores de los crímenes contra las mujeres; así como, de la sobrepoblación carcelaria como consecuencia de la tipificación de la violencia de género y del femicidio.

De acuerdo a ello, no pueden ni deben criminalizarse las exigencias de justicia por los delitos cometidos contra las mujeres pues, como bien lo ha señalado Claudia Korol (2018)  “Justicia no es punitivismo. No nos interesa castigar. Nos interesa sí, defender nuestros cuerpos y vidas de las agresiones”. Por el contrario, desde mi perspectiva la tipificación de los delitos de violencia contra la mujer, así como, de los femicidios tiene como objetivo:

  1. Presionar a los Estados para el diseño e implementación de políticas públicas de prevención y atención de los delitos cometidos contra las mujeres.
  2. Persuadir a los perpetradores de la comisión del delito mediante la aplicación de penas ejemplificadoras.
  3. Enviar a la población el mensaje de que las agresiones contra las mujeres basadas en el sexismo y la misoginia son delitos, los cuales no serán tolerados ni por la sociedad ni por el Estado.
  4. Sancionar la comisión de los crímenes cometidos contra las mujeres en el contexto de relaciones de desigualdad, dependencia y proximidad.
  5. Garantizar justicia ante los crímenes perpetrados contra las mujeres.
  6. Salvaguardar la integridad de otras mujeres, víctimas reales o potenciales de femicidio.

Por su parte, también es importante señalar que, los cuestionamientos contra las leyes que tipifican y sancionan los delitos contra las mujeres y los femicidios, es decir, los discursos “anti-punitivista” que desde la perspectiva de un “feminismo anti-carcelario” estigmatizan de “punitivistas” las demandas de justicia de las mujeres:

  1. Limitan el derecho de las víctimas a recibir justicia por los crímenes contra ellas cometidos.
  2. Revictimizan a las víctimas de violencia por razones de género y de femicidio al responsabilizarlas por las formas de victimación y vulneración experimentadas por los agresores en los recintos carcelarios.
  3. Revictimizan a las víctimas al adjudicarles responsabilidades inherentes al Estado como lo son los procesos de transformación social, rehabilitación y reinserción social de los agresores.
  4. Reproducen los roles tradicionales de género en los que se les exige a las mujeres en su “rol de cuidadoras” proteger y educar a los transgresores y agresores.
  5. Reproducen una perspectiva estrictamente sociológica del fenómeno, invisibilizando y obviando las responsabilidades individuales de los victimarios en la comisión de los crímenes contra las mujeres.
  6. Promueven la impunidad ante los delitos cometidos contra las mujeres y,
  7. Favorecen la reincidencia de los agresores.
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Socióloga, Magister Scientiarum en Estudios de la Mujer, Doctora y Postdoctora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Central de Venezuela.

Fundadora de EPG Consultora de Género y Equidad. Escritora y columnista en diversos medios de comunicación venezolanos y extranjeros.

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