Como herencia de la Constitución de la dictadura cívico-militar, desde 1981 que el agua en Chile ha sido privatizada, mediante el Código de Aguas, que establece el derecho de aprovechamiento de éstas, generando un mercado de las aguas donde se puede comprar, vender e hipotecar este bien común/comunitario.1
La privatización del agua se enmarca en un contexto histórico de consolidación permanente de una economía extractivista, basada en la explotación intensiva e ilimitada de los bienes comunes/comunitarios, mal llamados recursos naturales, dirigida hacia los mercados internacionales y hacia la producción de ganancias. Esto ha traído situaciones de despojo, usurpación y contaminación de los territorios, mediante la instalación de enclaves productivos, que tienen como única finalidad enriquecer a empresas nacionales y transnacionales a costa de la pérdida de soberanía territorial de los pueblos. Por ello es que el extractivismo también es colonialismo.
Hace algunos años se ha posicionado con fuerza la idea del cambio climático como el elemento causante de la mega-sequía o crisis hídrica en el país, sin embargo se hace necesario visibilizar el origen de esta crisis climática, un modelo económico/productivo/energético, el capitalismo, que se sostiene mediante la explotación de la naturaleza y de quienes habitan los territorios a ser arrasados, por lo general pueblos originarios, migrantes, campesinos, comunidades afro, mujeres, niñas y niños, convirtiéndose en la mano de obra barata para la incrementación de las ganancias.
Para entender la complejidad del proceso actual de privatización del agua es fundamental visibilizar tanto las actividades productivas como situar la multidimensionalidad de este bien común.
La gran minería ha sido uno de los ejes productivos del norte de Chile, así como también en menor escala en las zonas centro, sur y austral, siendo el principal causante de diversos desastres socioambientales, del deterioro de la calidad de vida de los habitantes y de la destrucción de los ecosistemas. Lo mismo acontece con la agroindustria y su conformación en agro-negocio en la zona centro y sur, mediante el uso de plaguicidas, semillas transgénicas y el acaparamiento de los derechos de agua, y con la presencia de forestales y salmoneras, entre otras actividades.
Hablar del agua es referirnos a los ríos, lagos, lagunas, glaciares, el mar, pero también a las sanitarias, entidad privatizada en los gobiernos de la Concertación entre 1994 y 1999.
Durante los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos se consolida la privatización de Aguas Andinas y otras sanitarias regionales, como ESVAL, ESSBIO y ESSAL, con el fin supuesto de ampliar la calidad y cobertura del tratamiento de aguas servidas a costa del aumento de las tarifas a los usuarios, lo que provocó lo contrario, la disminución de los estándares de calidad del servicio y el aumento exclusivamente de las ganancias del empresariado.
Es en este marco que se genera el desastre socioambiental de contaminación del agua potable y del río Rahue en Osorno, el día jueves 11 de julio, producto del derrame, según cifras oficiales, de 1100 litros de petróleo (algunos vecinos hablan de más de 4.000 litros) en la planta de producción Caipulli de ESSAL, destinado al funcionamiento de un generador.
A más de una semana de lo acontecido aún no se regulariza el flujo del agua potable en la zona, a pesar de varios intentos fallidos. Además de develar las malas condiciones de infraestructura en que se encontraba la planta, este hecho refleja la inexistencia de planes efectivos de emergencia, a pesar de ser uno de los servicios sanitarios más caros del continente y de ser ya una situación reiterativa. Es así que en el 2017 ESSAL fue la responsable de contaminar con aguas servidas el lago Llanquihue.
Es por ello que se hace indispensable el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano, pero también de la naturaleza como sujeto de derecho, además de derogar el Código de Aguas y transformar, de raíz, las instituciones fiscalizadoras, siendo fundamental la instalación de una Asamblea Constituyente en que se problematicen estas temáticas.
Hoy, más que nunca, la lucha por el agua y los territorios es la lucha por el buen vivir, por la vida digna, hacia la construcción de alternativas al modelo de desarrollo.
Notas
| ↑1 | Texto publicado originalmente el día 22 de julio del 2019 en el análisis semanal número 840 de Primera Piedra, revista digital disponible en http://www.revistaprimerapiedra.cl/ |
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Con la nueva contitucion sea cual sea del apruebo o el rechazo tienen que ser restaurada la libertad de agua y las que el pueblo pidió ser modificadas .
Me parece la aberración más grande cometida por esta gente cuyo único Dios es el lucro.
Mi gran esperanza en este proceso de crear una nueva Constitución es que barbaridades como éstas puedan ser corregidas. Este mundo tiene los recursos necesarios para sustentar a todos quienes lo habitan: las fortunas de unos pocos se fundan en la miseria de muchos.
Un artículo con fundamento e investigación.
No sólo es culpable Pinochet, recordar que el año 2003 se rehizo la Constitución en el gbno de Lagos.
No existe firma de Pinochet y por qué no se hicieron reformas contundentes!
Una vez más la Corrupción presente!
solo pregunto: ¿esta gente q destruye este mundo, tendran otro donde ir?
Bueno aprovechando que soy habitante de Chile está información es cierta pero igual me ayuda aprovechando que estudió algo relacionado con el medio ambiente y el tema de la escaces hídrica según se es mundial
Buenos dias, desde Lima, Peru nuestra solidaridad por la lucha que vienen desplegando por recuperar el agua como bien publico y derecho humano, nosotros aqui en Lima, Perú, nos estamos preparando para una campaña en defensa del agua y la vida, el gobierno a pedido de los empresarios reunidos en la Confiep, ordenando la privatización de las empresas del aguaa nivel nacional y la empresa de Lima SEDAPAL, los trabajadores y la sociedad civil comienza una lucha frontal contra gobierno y empresaurios