La privatización del agua en Chile y la lucha por su recuperación como bien común/comunitario

Como herencia de la Constitución de la dictadura cívico-militar, desde 1981 que el agua en Chile ha sido privatizada, mediante el Código de Aguas, que establece el derecho de aprovechamiento de éstas, generando un mercado de las aguas donde se puede comprar, vender e hipotecar este bien común/comunitario.¹Texto publicado originalmente el día 22 de julio del 2019 en el análisis semanal número 840 de Primera Piedra, revista digital disponible en http://www.revistaprimerapiedra.cl/

La privatización del agua se enmarca en un contexto histórico de consolidación permanente de una economía extractivista, basada en la explotación intensiva e ilimitada de los bienes comunes/comunitarios, mal llamados recursos naturales, dirigida hacia los mercados internacionales y hacia la producción de ganancias. Esto ha traído situaciones de despojo, usurpación y contaminación de los territorios, mediante la instalación de enclaves productivos, que tienen como única finalidad enriquecer a empresas nacionales y transnacionales a costa de la pérdida de soberanía territorial de los pueblos. Por ello es que el extractivismo también es colonialismo.

Hace algunos años se ha posicionado con fuerza la idea del cambio climático como el elemento causante de la mega-sequía o crisis hídrica en el país, sin embargo se hace necesario visibilizar el origen de esta crisis climática, un modelo económico/productivo/energético, el capitalismo, que se sostiene mediante la explotación de la naturaleza y de quienes habitan los territorios a ser arrasados, por lo general pueblos originarios, migrantes, campesinos, comunidades afro, mujeres, niñas y niños, convirtiéndose en la mano de obra barata para la incrementación de las ganancias.

Para entender la complejidad del proceso actual de privatización del agua es fundamental visibilizar tanto las actividades productivas como situar la multidimensionalidad de este bien común.

La gran minería ha sido uno de los ejes productivos del norte de Chile, así como también en menor escala en las zonas centro, sur y austral, siendo el principal causante de diversos desastres socioambientales, del deterioro de la calidad de vida de los habitantes y de la destrucción de los ecosistemas. Lo mismo acontece con la agroindustria y su conformación en agro-negocio en la zona centro y sur, mediante el uso de plaguicidas, semillas transgénicas y el acaparamiento de los derechos de agua, y con la presencia de forestales y salmoneras, entre otras actividades.

Hablar del agua es referirnos a los ríos, lagos, lagunas, glaciares, el mar, pero también a las sanitarias, entidad privatizada en los gobiernos de la Concertación entre 1994 y 1999.

Durante los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos se consolida la privatización de Aguas Andinas y otras sanitarias regionales, como ESVAL, ESSBIO y ESSAL, con el fin supuesto de ampliar la calidad y cobertura del tratamiento de aguas servidas a costa del aumento de las tarifas a los usuarios, lo que provocó lo contrario, la disminución de los estándares de calidad del servicio y el aumento exclusivamente de las ganancias del empresariado.

Es en este marco que se genera el desastre socioambiental de contaminación del agua potable y del río Rahue en Osorno, el día jueves 11 de julio, producto del derrame, según cifras oficiales, de 1100 litros de petróleo (algunos vecinos hablan de más de 4.000 litros) en la planta de producción Caipulli de ESSAL, destinado al funcionamiento de un generador.

A más de una semana de lo acontecido aún no se regulariza el flujo del agua potable en la zona, a pesar de varios intentos fallidos. Además de develar las malas condiciones de infraestructura en que se encontraba la planta, este hecho refleja la inexistencia de planes efectivos de emergencia, a pesar de ser uno de los servicios sanitarios más caros del continente y de ser ya una situación reiterativa. Es así que en el 2017 ESSAL fue la responsable de contaminar con aguas servidas el lago Llanquihue.

Es por ello que se hace indispensable el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano, pero también de la naturaleza como sujeto de derecho, además de derogar el Código de Aguas y transformar, de raíz, las instituciones fiscalizadoras, siendo fundamental la instalación de una Asamblea Constituyente en que se problematicen estas temáticas.

Hoy, más que nunca, la lucha por el agua y los territorios es la lucha por el buen vivir, por la vida digna, hacia la construcción de alternativas al modelo de desarrollo.