Entre la cárcel y el turismo: Criminalización del aborto y clasismo

Sólo cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, este deja de ser un asunto personal para convertirse en un hecho social, allí y solo allí, todos se interesan, preocupan e intervienen; no para apoyarla, sino para sancionarla y criminalizarla.

Entre la cárcel y el turismo: Criminalización del aborto y clasismo

Aborto espontaneo

En nuestras sociedades latinoamericanas profundamente androcéntricas y patriarcales, son muchas las situaciones y problemáticas que continúan afectando a las mujeres, sin embargo, algunas de estas afectan de forma desproporcionada a las mujeres más vulnerables. Entre ellas es posible considerar a las mujeres de bajos recursos económicos pues, el sexismo, la hipersexualización a la que han sido sometidas y la pobreza las coloca en especial condición de riesgo ante la maternidad.

Las mujeres más pobres son las que más se embarazan, por ignorancia, por estereotipos, por expectativa y presión social, por violencia de género, por violencia sexual, por no tener información, por no contar con acceso a los anticonceptivos. Muchas de ellas durante la niñez y la adolescencia, lo que las condena a reproducir un ciclo de pobreza y violencia del cual pocas veces es posible salir. Pese a ello, en pocos países latinoamericanos existen políticas públicas eficientes, eficaces, oportunas y duraderas dirigidas a prevenir el embarazo adolescente, a proporcionar herramientas para la planificación familiar, o a garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.

Aborto criminalizaciónEn la mayoría de los países latinoamericanos en materia de salud sexual y reproductiva las mujeres están echadas a su suerte, a nadie le interesa si se embarazan, cuantas veces, en qué condiciones o bajo que riesgos físicos, psicológicos y sociales; esto es considerado su exclusivo problema y responsabilidad, sin embargo, cuando del aborto se trata, la hipocresía social y estatal no se hace esperar. Sólo cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, este deja de ser un asunto personal para convertirse en un hecho social, allí y solo allí, todos se interesan, preocupan e intervienen; no para apoyarla, sino para sancionarla y criminalizarla.

En la región son pocos los países que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo y en los cuales este se puede realizar a petición o sin especificar motivos dentro del rango del primer trimestre de embarazo (Cuba, Puerto Rico y Uruguay). En algunos países el aborto se permite en caso de riesgo de vida de la mujer embarazada, inviabilidad fetal o violación (Chile, Colombia y Panamá). En otros el aborto solo es consentido si se encuentra en riesgo la vida de la mujer o esta ha sido víctima de violación (Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina). Por su parte, en otros países la interrupción del embarazo solo se permite cuando está amenazada la vida de la mujer (Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela). Pero algunos países de América Latina y El Caribe mantienen leyes en los que se sanciona de forma absoluta la interrupción del embarazo (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam).

En el caso de El Salvador, desde 1997 cuenta con una de las leyes más severas de la región para las mujeres que aborten y para aquellos que las asistan, aun cuando el embarazo sea producto de violación, incesto o represente un riesgo de vida. No obstante, esta ley draconiana no solo es aplicada contra aquellas mujeres que abortaron voluntariamente sino también contra aquellas que han sufrido abortos involuntarios, quienes bajo la sospecha de haberse provocado un aborto terminan siendo condenadas por homicidio agravado o tentativa de homicidio agravado.

Uno de los casos más emblemáticos que ponen en evidencia la violación de derechos humanos contra las mujeres bajo el amparo de leyes antiabortistas es el caso de Teodora Vásquez quien, en 2007 fue sentenciada a 30 años de prisión tras sufrir lo que se denomina una “emergencia obstetricia”. Vásquez sintió intensos dolores, llamó en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, dio a luz a un niño muerto en los baños de la escuela en la que trabajaba, se desmayó y fue detenida por la policía mientras yacía en un charco de sangre. El pasado mes de diciembre de 2017 fue ratificada la condena a 30 años de prisión por homicidio agravado pues, “el tribunal llegó a la conclusión de que la sentencia definitiva condenatoria en contra de la señora Teodora Vásquez debe de confirmarse”, porque “los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica”.

Pero Vásquez no es la única, de acuerdo a la organización salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, actualmente unas 27 mujeres cumplen penas de hasta 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto. Además, la investigación “Del Hospital a la Cárcel” realizada por la Agrupación entre 2000 y 2014, reveló que el origen de las mujeres que están en prisión cumpliendo condenas, es humilde y de escasos recursos económicos, por lo que hicieron uso de los servicios de salud pública cuando enfrentaron problemas obstétricos.

Estos hechos motivaron el pronunciamiento de las Naciones Unidas, en el que se llamó a las autoridades de El Salvador a la revisión de los casos de mujeres que cumplen largas penas por provocarse aborto, al mismo tiempo que solicitó se retire la absoluta prohibición al aborto en el país en cumplimiento de la Ley Internacional de Derechos Humanos. A esto se sumó un llamamiento conjunto del Comité de Expertas del MESECVI, la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, para expresar su preocupación por la sentencia que niega libertad a Teodora Vázquez.

Estos hechos ponen en evidencia la persistencia de las desigualdades de género en América Latina y El Caribe, donde las mujeres no solo son víctimas de la violencia perpetrada por los hombres, sino también aquella a la que han sido sometidas por un sistema social y jurídico que las criminaliza, que las condena por ser mujeres, pero que además, las castiga por su clase social. La existencia de restricciones y el mantenimiento de la penalización del aborto castiga de forma más severa a las más pobres, quienes se ven obligadas a someterse a abortos en la clandestinidad en condiciones de inseguridad e insalubridad, mientras que las mujeres de más recursos económicos siguen optando por el “turismo para abortar”.

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Auora

Socióloga, Magister Scientiarum en Estudios de la Mujer, Doctora y Postdoctora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Central de Venezuela.

Fundadora de EPG Consultora de Género y Equidad. Escritora y columnista en diversos medios de comunicación venezolanos y extranjeros.