Integrantes de #Panamá Vale Más Sin Minería exigen investigación independiente por derrame en Minera Panamá

El 20 de julio del 2021, se presentó el comunicado Nº 2, de la articulación de 83 organizaciones gremiales, sindicales, académicas, ecologistas, campesinas, indígenas, estudiantiles entre otros denominada #Panamá Vale Más Sin Minería que busca frenar el avance de la minería a cielo abierto en Panamá, frente a lo que se consideran una violación al derecho a la vida y a un ambiente sano. Manifiestan mediante el comunicado que el contrato Ley 9 de 1997 que aprobó la concesión para la extracción minera en el área de Donoso, es inconstitucional. Así fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia desde el fallo del 21 de diciembre de 2017 y reiterado el pasado 28 de junio de 2021 cuando rechaza de plano por improcedentes las 6 solicitudes presentadas por Minera Panamá S.A. y el Ministerio de Comercio e Industrias que pretendían que se modificara esta decisión. Tal y como fue confirmado: Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus atribuciones son finales, definitivas y obligatorias y no se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales en su contra -Constitución Política de la República de Panamá artículos 206 y 207-, por lo tanto, la minera Panamá estaría operando sin un contrato.

El pronunciamiento realizado por el titular del Ministerio de Comercio e Industrias convocando a una comisión negociadora para definir un nuevo contrato con Minera Panamá S.A. resulta de máxima preocupación. En primera instancia, tal y como fue expresado por el ministro, estas negociaciones se realizarán al margen del Código de Recursos Minerales de Panamá y como segundo agravio, una vez más se incurrirá en desacato de la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia dado en el fallo de inconstitucionalidad -del contrato que hoy quieren renegociar- y textualmente indica: “Para otorgar una concesión minera, se debe convocar a una licitación pública con la participación de empresas estatales o mixtas, no es procedente una contratación directa”.

Todo esto ocurre en un escenario en donde continúan los ya conocidos “accidentes” dentro del desarrollo de la operación minera, como el derrame de sustancias que gracias a la rápida acción de divulgación ciudadana se dio a conocer el 14 de julio por el área del río Pifá, cerca de las comunidades de Chicheme y Nuevo Sinaí.

Claramente se observó como cambió la coloración del río sin conocer a ciencia cierta el contenido de las sustancias derramadas ni su peligrosidad. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente se aprestaron a señalar que la situación fue controlada y que se han iniciado investigaciones, pero es hecho público y notorio que estas investigaciones son posteriormente paralizadas por el cúmulo de recursos legales, solicitudes de suspensión, amparos de garantías y otros que aunque improcedentes, suspenden cualquier acción efectiva en contra de detener las actividades, restaurar por los daños o emitir sanciones, mientras la operación extractiva continúa sin ningún control ni correctivo.

¿Si no respetaron el fallo de la corte suprema de justicia, por qué respetarían las investigaciones administrativas?

El Movimiento #Panamá Vale Más Sin Minería continuará haciendo conciencia ciudadana y alertando al pueblo panameño de los peligros que conlleva esta actividad para la salud y el buen desarrollo socio económico del país, sino es bien regulada tal y cual lo estipulan las leyes nacionales y los convenios internacionales sobre el ambiente, de los cuales Panamá es signataria.

Por tales razones:

  1. OBJETAMOS cualquier negociación que se realice de un contrato inconstitucional, al margen de las leyes panameñas, en desacato de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, a puertas cerradas y con una comisión negociadora sesgada y con claro conflicto de intereses.
  2. RECHAZAMOS la posición estatal de que con el pago de más regalías se obtendrán mayores beneficios para el país, estos pagos no devolverán la salud de las personas afectadas, la calidad de las fuentes de agua impactadas, ni los espacios del territorio que no podrán ser utilizados para ninguna otra actividad, en claro perjuicio de la población y el ambiente.
  3. REFUTAMOS el proceso sistemático que tanto la empresa minera como el Estado panameño realizan por “vender” a la opinión pública las supuestas bondades de esta actividad contaminante y nociva para la salud, en donde a través de donaciones de todo tipo, compra de espacios pagados de publicidad, ofrecimientos de apoyo para el combate de la crisis económica post pandemia, el “salvar” la Caja del Seguro Social y hasta como alternativa frente al cambio climático, pretenden pintar de desarrollo sostenible su falta de transparencia y de respeto por las leyes.
  4. EXIGIMOS que sean publicados los protocolos de atención aplicados en el evento del derrame de la semana pasada, así como los resultados de las pruebas de laboratorio practicadas a las fuentes de agua que se vieron afectadas, no sólo aquellas presentadas por la empresa en su no fiscalizada autorregulación, sino por agentes externos a la relación empresa-Estado, que de manera objetiva muestren resultados fiables.
  5. REITERAMOS el llamado público a que se declare una moratoria a la actividad minera a cielo abierto en todo el país. Necesitamos un verdadero plan nacional de desarrollo sostenible que exprese el respeto al entorno comunitario y priorice el bienestar colectivo.

 

A los 20 de días de julio de 2021

 

 

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Máster en Sociología por el ISCSP, Lisboa, Portugal, miembro fundador y presidente del Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad, OBPAS.

Docente en la Universidad de Panamá y coordinador de investigación e innovación en la escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María La Antigua, USMA.

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