Guerra quirúrgica contra las mujeres: el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú

Este plan basó su estrategia en prácticas coercitivas, obligando a las mujeres a someterse a las esterilizaciones ya sea mediante engaños, acoso domiciliario, persecución, e incluso bajo anestesia sin solicitarles consentimiento alguno.

Magazine Latino Esterilizaciones
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En la década del noventa, durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF 1996-2000). En este marco, aproximadamente 300 mil personas, en su gran mayoría mujeres, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Bajo la apariencia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se maquillaron otros objetivos, entre ellos la reducción de la pobreza.

Mujeres pobres, campesinas, indígenas, quechuahablantes, analfabetas, éstas eran algunas de las características de aquellas que fueron intervenidas quirúrgicamente por parte de un Estado que hasta ese momento había mostrado una histórica indiferencia y que tras la violación de sus cuerpos volvió a estar ausente.

La falta de consentimiento, de información, la violencia con la que se llevó a cabo, todo indica que el plan sistemático de esterilizar a las poblaciones más vulnerables con el fin de reducir los índices de pobreza fue una orden expresa de los altos mandos estatales. Complicidad mediante de los equipos de salud, educados en Lima, que veían en estos cuerpos basurizados1“Debemos de entender el proceso de basurización simbólica como una forma de deshumanizar al cuerpo del sujeto para que sea subsumido dentro de una lógica residual que asegure su instrumentalización” (Silva Santisteban, 2014, p. 12). poblaciones inferiores, animales, “cuyes2Extraído de un testimonio que afirma: “una obstetriz de Huanta dijo «ahora aunque sea… como cuyes son, ahora no van a tener hijos» diciendo se reía todavía de nosotros”. Tomado de Ewing, en Ballón, 2014, p. 50).” a quienes se les hacía un favor.

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Fuente: Mauricio Malca. La República.

Las consecuencias de este plan han sido nefastas. En primer lugar, los principales responsables aún permanecen impunes por esta causa. En segundo lugar, las mujeres esterilizadas no han recibido reparaciones, muchas murieron por mala praxis o falta de cuidados y en todos los casos han visto alteradas sus vidas, su economía, su salud, sus relaciones. Por otro lado, este tema ha sido funcional para los grupos que se oponen a garantizar derechos sexuales y reproductivos.

Pasaremos en estas breves líneas a contextualizar el PNSRPF en el marco del cual se llevaron a cabo las esterilizaciones, para luego formular algunas reflexiones respecto a la vigencia de este tema en la actualidad peruana.

Cuerpos de mujeres pobres, cuerpos para esterilizar

En 1980 se desencadenó en Perú el denominado Conflicto Armado Interno entre el estado y grupos armados de la izquierda revolucionaria3El principal movimiento armado fue el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, pero también participó en esos años el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.. El periodo del conflicto (1980-2000) incluyó la mayor crisis económica e hiperinflacionaria del siglo XX lo cual generó gran inestabilidad política y económica con la implementación de políticas neoliberales que incluían despidos y privatizaciones a grandes escalas (CVR, 2003).

Durante estas dos décadas se sucedieron presidentes de distintos espacios políticos. Belaúnde Terry (1980-1985) fue el encargado del retorno a la democracia, le sucedió la primera presidencia de Alan García (1985-1990) para finalmente asumir Alberto Fujimori, quien ocupó el cargo máximo durante dos mandatos consecutivos (1990-2000).

Los años fujimoristas se caracterizaron por la corrupción y la violación sistemática a los derechos humanos. Esto fue posible mediante la implementación de una cultura política autoritaria y un discurso de lucha antiterrorista y estabilidad económica. El régimen fujimorista acompañó el combate contra el terrorismo de la mano de una gran corrupción.

El fujimorismo consolidó el régimen neoliberal en el Perú, produciéndose una “privatización de lo estatal”. Estas medidas fueron acompañadas de una campaña del terror y políticas autoritarias, de manera que su implementación no tuvo mayores obstáculos. Pero aparentemente a contramano de estos recortes de derechos, Alberto Fujimori se mostró abierto al diálogo con las demandas de las organizaciones feministas. Un ejemplo de ello fue que el Perú suscribió a lo establecido en las conferencias de El Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijin (1995), en las cuales, entre otras cosas, se hizo gran hincapié en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Centro de Salud I, barrio Ramon Castilla, distrito de Huancabamba, Piura, 2012. Fotografía de Alejandra Ballón.
Centro de Salud I, barrio Ramon Castilla, distrito de Huancabamba, Piura, 2012. Fotografía de Alejandra Ballón.

Así, en 1995 se estableció el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF 1996-2000). En éste, se introdujo la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) como método anticonceptivo a ser garantizado por el Estado, siendo accesible antes sólo por privados o frente a riesgo de salud de la mujer con un nuevo embarazo. Numerosos grupos de mujeres mostraron su apoyo al programa, ya que en el Perú había gran demanda por derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo las reales intenciones del PNSRPF fueron otras. Esto quedó en evidencia tanto en la práctica como en la letra chica.

Algo que comenzó presentándose como un necesario diseño de planificación familiar terminó implementado como política de control demográfico (Ballón, 2014). Si bien se aplicó a lo largo de todo el territorio nacional, sus principales destinatarias fueron mujeres campesinas pobres. El personal de salud recorría las zonas más necesitadas del país realizando ferias, campañas y festivales de ligaduras. Desde el gobierno la misión consistía en cumplir con “metas” anuales y mensuales. Los trabajadores y trabajadoras de la salud tenían la orden de completar las cuotas de pacientes que debían llegar a un número determinado de esterilizaciones de manera obligatoria; esto a cambio de estímulos económicos o amenazas como el despido.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 1996 en el sector público se realizaron 81761 ligaduras de trompas y 6313 vasectomías, mientras que en 1997 hubo más de 114.500 ligaduras y 11.400 vasectomías. Tanto por la presión sobre el personal de salud para cubrir las cuotas como por el racismo imperante en la sociedad peruana, principalmente limeña, este programa fue llevado a cabo con métodos que violentaron sistemáticamente los derechos humanos, sobre todo hacia mujeres vulnerables.

Bajo una lógica malthusiana, el PNSRPF se destinó a una población concreta a la cual se buscaba reducir: campesinas quechuahablantes y mujeres amazónicas. Entre la gama de métodos anticonceptivos se privilegió el uso casi exclusivo de ligaduras de trompas –y vasectomía en los hombres- sobre otras formas. Sin brindar información ni otorgar libertad de decisión, miles de mujeres fueron intervenidas quirúrgicamente con un método irreversible dejándolas estériles.

Manifestación contra las esterilizaciones
Fuente: Pool Vásquez.

Este plan basó su estrategia en prácticas coercitivas, obligando a las mujeres a someterse a las esterilizaciones ya sea mediante engaños, acoso domiciliario, persecución, e incluso bajo anestesia sin solicitarles consentimiento alguno. A veces la única probanza de la operación era un papel donde la paciente manifestaba conocer lo que se le haría, pero todo estaba escrito en español y muchas mujeres eran analfabetas y quechuahablantes. En algunas zonas se hizo firmar a los maridos, se falsificaron firmas y en los casos más extremos se llegó a encerrar y atar a las mujeres que ponían resistencia para que no escaparan y así poder practicarles la ligadura. Incluso hay testimonios de mujeres que ingresaban al hospital a dar a luz y salían con las trompas ligadas sin haber sido consultadas previamente4Un caso notorio fue el de Victoria Vigo, quien ingresó al hospital para una cesárea pero su hijo nació con dificultades respiratorias y murió poco tiempo después. Cuando el médico la consoló diciéndole que podría tener otro hijo, otro doctor le señaló que ya no, porque había sido esterilizada. Victoria ganó un juicio contra el médico que le practicó la esterilización forzada, Nicolás Angulo..

Ballón (2014) señala que un plan de planificación familiar requiere del consentimiento legítimo, la libertad de elegir distintos métodos anticonceptivos, y también de los protocolos pre y post operatorios. Nada de esto sucedió.

En una entrevista realizada por RT Noticias5La entrevista puede verse en el canal de RT Noticias en español “La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización”, 31 de mayo de 2016 en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vr-9GmspQho&t=1546s, Alejandra Ballón explica lo que anticipaba en su libro: Alberto Fujimori había pedido al Banco Mundial 150 millones de dólares para implementar un programa que fuera efectivo y rápido de disminución de la pobreza. Para que estadísticamente los números le favorecieran, en lugar de reducir la pobreza lo que se buscó fue disminuir el número de pobres. De esta manera se buscaba una reducción de la tasa de pobreza en las cifras del PBI haciendo que nazcan menos pobres.

Las consecuencias de este plan han sido numerosas y devastadoras: aproximadamente 300mil personas fueron violentadas física y sicológicamente. Ballón (2014) asegura que las esterilizaciones causaron daños impensados. Entre éstos menciona el quiebre completo de la estructura familiar. Cuando las mujeres volvieron a sus hogares muchas de ellas fueron despreciadas por sus maridos al no poder tener más hijos y/o al no querer tener relaciones sexuales por la pérdida de la libido y los dolores tras la intervención. En muchos de estos casos los maridos abandonaron el hogar y así las mujeres quedaron más pobres que antes y con todas las dolencias físicas consecuentes que les impedía labores que requiriesen esfuerzo físico.

Además debe considerarse que la situación de los grupos familiares en las zonas rurales es distinta a la de las ciudades. En el campo las familias tienen más hijos porque éstos representan unidades de producción, se necesitan más personas para trabajar la tierra.

Por otro lado, como señala Giulia Tamayo (2014) no podemos escindir esta problemática de lo que ocurría en el Perú durante esos años con el Conflicto Armado Interno. La violencia azotó duramente a las poblaciones de la sierra que fueron las más diezmadas. En este sentido Ballón denuncia categóricamente que las poblaciones rurales afectadas por las esterilizaciones forzadas fueron las mismas que sufrieron la violencia durante el conflicto armado. Se aplicaron esterilizaciones sobre comunidades que estaban a punto de desaparecer por el descenso demográfico causado ya fuera por las muertes o los desplazamientos ante la violencia.

Entre otras cosas, las campañas de esterilización se valieron del miedo existente en las poblaciones que se encontraban en zonas de emergencia bajo control militar. En este punto Alejandra Ballón (2014) lamenta el hecho de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) haya perdido la oportunidad de constatar el aspecto etnocida del conflicto armado interno y de la campaña de esterilización forzada.

Las destinatarias fueron mujeres de zonas pobres, muchas analfabetas o quechuahablantes, campesinas y con difícil acceso a ciertos capitales que le hubiesen permitido una información adecuada o una pronta reparación por parte del Estado. Como señala Rocío Silva Santisteban:

«Lo que ha quedado evidencia es que el tema de las esterilizaciones se daba con determinados grupos de mujeres, no con mujeres de Miraflores, de Lima, de Magdalena, sino mujeres de Huancabamba, de Anta, de la selva, con mujeres consideradas ciudadanas de segunda clase. Allí ha habido un hecho discriminatorio. A determinadas mujeres les haces una ligadura de trompas y a otras mujeres les recomiendas el uso de métodos anticonceptivos. Eso entra en el terreno de la discriminación directa» (Silva Santisteban, 2014. Reportaje lamula.pe).

Si bien también los hombres fueron sometidos a la práctica de vasectomía, llama la atención la enorme inequidad entre mujeres y varones afectados: más de 270 mil mujeres frente a 22 mil varones. Los números demuestran que hubo un plan específico de violencia contra las mujeres, que fueron la gran mayoría del total de afectados. Siendo la vida fértil de los varones más extensa y atendiendo a que los costos y el post operatorio de la ligadura de trompas son mucho mayores, esta desigualdad no tendría justificación aparente. Pero sí la tiene si analizamos en términos de intersección género-clase-raza. Hombres y mujeres pertenecientes a un mismo grupo étnico y de bajos recursos no tuvieron el mismo trato, por lo cual resulta necesario pensar en el patriarcado, que justificó cortar los cuerpos y dejar cicatrices en miles de mujeres.

Esterilizaciones Perú
Fuente: Agencia EFE. Eldiario.es

En la década del noventa, casi 300 mil mujeres fueron esterilizadas bajo el régimen de Fujimori. Hasta la fecha, sólo 2074 han podido denunciar el crimen que sufrieron. Muchas afectadas están muriendo sin alcanzar justicia, mientras los acusados aún no reciben el castigo correspondiente. Hace veintitrés años que comenzaron a hacerse las primeras denuncias sobre el PNSRPF y hasta la fecha poca ha sido la voluntad política de hacer justicia y esclarecer el asunto.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presentó el caso de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, quien en 1998 fue sometida a una AQV sin su consentimiento en una posta de salud de Cajamarca, y a los pocos días murió a causa de una infección generalizada. Este caso sí fue atendido por el fiscal peruano y reconocido como delito de lesa humanidad por haber llegado a cortes internacionales, no así el resto de las denuncias.

En el 2003 el Estado se comprometió ante la CIDH a investigar y reparar a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, pero el gobierno no ha cumplido con el acuerdo. En gran parte, esto se debe a las obstrucciones constantes del fujimorismo hacia las investigaciones. Dicho sea de paso, este tema le costó las elecciones a Keiko Fujimori frente a Ollanta Humala en el 2011 e influyó para que por muy poco no ganara las elecciones en 2016.

En noviembre de 2018 se abrió contra Alberto Fujimori y otros implicados una denuncia penal por parte del Ministerio Público. Esto ha sido un gran avance, resta esperar a ver cómo sigue el proceso en el contexto actual de debilitamiento del fujimorismo frente al cierre del Congreso. La postura del grupo fujimorista es sostener la teoría del “exceso” por parte de ciertos médicos y no reconocer la responsabilidad oficial de quienes dieron las órdenes.

Parafraseando a Giulia Tamayo (2014), podemos concluir que es debido al menor poder social de las victimas (o afectadas) y sus condiciones estructurales que aún no han recibido justicia ni reparaciones. La CVR no las consideró y hoy colectivos de mujeres como “Somos 2074 y muchas más” alzan sus voces en las calles denunciando la impunidad frente a este crimen de lesa humanidad. Cuentan con una fortaleza, y es que están organizadas y se han agrupado como sobrevivientes de esterilizaciones forzadas en distintos lugares como Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, San Martín y Ucayali. El feminismo, esa marea que recorre toda América Latina, las abraza y hace suyos sus reclamos de verdad, justicia y reparación integral. Porque si tocan a una, tocan a todas.

Bibliografía

Ballón, A. (coomp) (2014). Memorias del caso peruano de esterilización forzada. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.

Informe final sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (2002) Subcomisión investigadora de personas e instituciones involucradas en las acciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV).

Tamayo, Giulia (1999). Nada Personal Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú: 1996-1998, Lima: CLADEM.

Tamayo, Giulia (2014). Resistencia y Crítica cap. IV en Ballón, A. Memorias del caso peruano de esterilizaciones forzadas, Lima: Biblioteca Nacional del Perú.

Silva Santisteban, Rocío (2014). Maternidad y Basurización simbólica (el testimonio de Giorgina Gamboa), en Alternativas, n° 3, 2014, pp. 1-27 ISSN 2168-8451

Entrevista realizada a Rocío Silva Santisteban para el medio La Mula.pe en el año 2014, accesible en el siguiente enlace: https://lamula.pe/2014/02/02/rocio-silva-santisteban-hay-mucha-cobardia-entre-los-fiscales-porque-prefieren-no-tener-un-caso-caliente-entre-manos/irradiando16/

Notas   [ + ]

1.“Debemos de entender el proceso de basurización simbólica como una forma de deshumanizar al cuerpo del sujeto para que sea subsumido dentro de una lógica residual que asegure su instrumentalización” (Silva Santisteban, 2014, p. 12).
2.Extraído de un testimonio que afirma: “una obstetriz de Huanta dijo «ahora aunque sea… como cuyes son, ahora no van a tener hijos» diciendo se reía todavía de nosotros”. Tomado de Ewing, en Ballón, 2014, p. 50).
3.El principal movimiento armado fue el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, pero también participó en esos años el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
4.Un caso notorio fue el de Victoria Vigo, quien ingresó al hospital para una cesárea pero su hijo nació con dificultades respiratorias y murió poco tiempo después. Cuando el médico la consoló diciéndole que podría tener otro hijo, otro doctor le señaló que ya no, porque había sido esterilizada. Victoria ganó un juicio contra el médico que le practicó la esterilización forzada, Nicolás Angulo.
5.La entrevista puede verse en el canal de RT Noticias en español “La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización”, 31 de mayo de 2016 en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vr-9GmspQho&t=1546s
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Maestranda en Estudios Latinoamericanos (UNCuyo, Argentina).

Miembro del grupo de investigación Historia y Ciudadanía Activa (UNMSM, Perú).

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