Golpismo y neogolpismo en América Latina. Violencia y conflicto político en el siglo veintiuno

Número de golpes de estado por país

DescargarDr. Octavio Humberto Moreno Velador.
Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
octaviohmoreno@gmail.com

 

Dr. Carlos Alberto Figueroa Ibarra.
Profesor- Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
carlosalbertofigueroaibarra@gmail.com

Recibido: 11/10/2018 – Aceptado: 25/11/2018

 

Resumen: En este artículo se presenta una revisión de las principales características de los Golpes de Estado que se presentaron durante el siglo veinte en América Latina y una comparación con las características de los llamados nuevos golpes de estado, o neogolpismo, en el siglo veintiuno. Se plantea la necesidad de una discusión acerca de la redefinición de un fenómeno como el Golpe de Estado con base en una propuesta de nueva caracterización de los fenómenos más recientes.1Este trabajo es posible gracias al grupo de trabajo “Neogolpismo en América Latina” que se formó con estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, gracias a ellos fue posible la recopilación de la mayor parte de los datos históricos que alimentan esta investigación: Sebastián Arroy Juárez, Samantha Dorelí Álvarez Jiménez, Alexander Bermejo Aguilar, Sara Adriana Reyes Cortés, Héctor Manuel Polaco Romero, Esliyarency Gaona Cabrera, Diana Úrsula Pérez Guevara, Irani Estephany Santamaría Castro, Mónica Michelle Santos Iturbide y Cristopher Mejía Rosas.

Palabras clave: golpe de estado, neogolpismo, democracia, Latinoamérica.

 

Abstract: This article presents a review of the main characters of the coup d´état in Latin America along the twentieth century, beside a comparison with the characters of the so called new coups d´état on the twenty first century. We propose the necessity of a discussion about the redefinition of the coup d´état concept based on a characterization propose.

Keywords: coup d´état, neo coup d´état, democracy, Latin America.

 

Introducción

Un paradigma que orientó buena parte del trabajo de la ciencia política y la sociología política durante al menos los últimos treinta años en América Latina fue el de la democratización y consecuente consolidación democrática en la región. Una corriente de pensamiento que comenzó con los procesos de transición política iniciados en los años ochenta del siglo veinte, y que volvió a la democracia un tema central en la discusión académica y política hasta la actualidad (O´Donnell, Schmiter & Whitehead, 1994; Morlino, 2005). Para buena parte de los estudiosos de la política y la sociología en la región, parecía que en adelante todas las discusiones acerca del Estado y de la política nacional o internacional tendrían como premisa la existencia de la democracia, ya fuera de alta o baja calidad, consolidada o no, o con uno u otro adjetivo (Lynn, 1990; Garretón, 1997; Smith, 2004, 2009; Pérez-Liñán & Whitehead, 2011; Gargarella, 2015, 2017).

Sin embargo, los primeros 17 años del siglo veintiuno han traído de vuelta un fenómeno que se pensaba superado, el surgimiento de nuevos Golpes de Estado en casos como los de Venezuela en 2002, Haití en 2004, Bolivia en 2008, Honduras en 2009, Ecuador en 2010, Paraguay en 2012 y Brasil en 2016. Desde nuestra perspectiva el resurgimiento del golpe de estado implica un cuestionamiento de fondo a todos los esfuerzos políticos por construir democracia en la región, así como también a todos aquellos modelos teóricos que han intentado de una u otra forma influir en su construcción. Principalmente de aquellas ópticas que centraron en su parte meramente procedimental (Schumpeter, 1952; Dahl, 1956; Downs, 1957; Przeworski, 2010; Ansaldi, 2001,2008).

Los nuevos Golpes de Estado, o Neogolpismo, varían significativamente del tipo clásico de golpe que se presentó durante el siglo veinte, ya que poseen características novedosas que hacen de su investigación un asunto relevante en la discusión política. Por ello presentamos en primer lugar una revisión de las conceptualizaciones del fenómeno que se elaboraron durante el siglo veinte, para después analizar las principales tendencias que tuvo el fenómeno en la región. Posteriormente presentamos una revisión de ocho casos recientes de nuevos golpes de estado con el fin de poder captar sus principales tendencias y características. A partir de ello concluimos con una serie de observaciones para avanzar en la definición de los nuevos Golpes de Estado o neogolpismo.

La conceptualización del Golpe de Estado en el Siglo veinte

Las conceptualizaciones que se hicieron del golpe de estado en el Siglo veinte coinciden sustancialmente en cuanto a la caracterización que hicieron del fenómeno. En principio se trata de un acto, llevado a cabo para deponer un gobernante o gobierno y colocar a otro, incluyendo la posibilidad de que el golpe se genere por el propio gobernante para reforzar su poder o bien pueda provenir de algún sector dentro del poder instaurado (Barbé, 2015; Serra, 1998; Nohlen 2006; Ramírez y Ramírez, 1997; Politicus, 2001). Es una ruptura con una institucionalidad que podría ser democrática o autoritaria. En este último caso se refiere a un golpe que depone a un gobernante que podría haber sido colocado en el poder por un golpe de estado anterior.

Se le puede distinguir de un fenómeno como el de la Revolución, ya que el golpe de estado es impulsado desde el interior del aparato gubernamental por personas o grupos que buscan reforzar su poder dentro de dicho aparato y no es un fenómeno que provenga desde abajo, es decir, usualmente no tiene participación de los grupos populares, aun habiendo la posibilidad de que existan protestas y movilizaciones sociales antes o después del acto (Barbé, 2015; Serra, 1998; Nohlen, 2006). Por otro lado, el golpe no aspira a crear una situación de transformación en el statu quo de una sociedad determinada, como sí se plantea en los fenómenos revolucionarios, esto es según Pasquino (1982) “de derribar a las autoridades políticas existentes y de sustituirlas con el fin de efectuar profundos cambios en las relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico institucional y en la esfera socioeconómica” (p. 1458). El golpe de estado es una ruptura de la institucionalidad existente desde dentro y desde arriba del poder, y por ello puede distinguirse de un proceso revolucionario que combine la participación del ejército con la participación popular2Un ejemplo de esto último sería el proceso que se pudo observar en la llamada Revolución de Octubre de Guatemala en 1944..

Otro elemento característico del golpe de estado es la necesaria violación del orden legal e institucional para generar el cambio de poder, proviniendo de sectores o grupos colocados dentro de la propia organización gubernamental con el objetivo de apropiarse de los órganos del poder político. Dichos sectores o grupos aspiran a cambiar el orden jurídico a favor de los actores del golpe, a fin de imponer “su propia legalidad” (Barbé, 2015:723; Nohlen, 2006).

Un golpe puede ser organizado y protagonizado por lo que Barbé (2015) describe como un “grupo o sector oficial, de carácter civil, militar o combinado” (p.723). Los actores implicados pueden provenir tanto del ejército como de órganos como el parlamento u otras posiciones gubernamentales. Sin embargo, para la literatura especializada basada en las experiencias del siglo veinte, un actor central suelen ser los jefes militares ya que debido a su control de las armas resultan decisivos en el desarrollo de un golpe, ya fuera por su acción, neutralidad o complicidad (Rouquié, 1984 y 2011). En este sentido, el fenómeno del golpe de estado en América Latina históricamente se encuentra fuertemente ligado con las instituciones militares y su captura del estado tanto en un sentido material como simbólico. Como explica Victoriano (2014)

Material, en la medida en que fueron golpes que utilizaron la infraestructura propia de una situación de guerra (…) Simbólico, debido a que (sobre las instituciones) se desplegó un conjunto de códigos altamente jerarquizados destinados a invadir el ámbito público de un principio de excepcionalidad, hasta entonces, propio de situaciones catastróficas o de agresión externa. (p. 176)

Finalmente tenemos que la violencia puede hacerse presente como parte de la realización de golpes de estado, aunque no necesariamente en todos los casos.

Este conjunto de elementos da una conceptualización clara del golpe de estado que coincide con las principales tendencias que presentó este fenómeno en América Latina durante el siglo veinte.

Tendencias del Golpe de Estado en América Latina durante el siglo veinte

Se recabó información de diversas fuentes especializadas hasta registrar un total de 87 casos de golpes de estado exitosos3Se presenta en el Anexo 2 una tabla que concentra el total de casos considerados por país y por año. en la región de América del Sur y el Caribe durante el siglo veinte.4El grupo de investigación recabó de diversos documentos especializados información sobre casos de golpes de estado por cada caso nacional en la región durante el siglo XX (1901-2000). La recopilación consideró casos reconocidos como exitosos, sin considerar asonadas, pronunciamiento, levantamientos, guerras civiles o revoluciones. Es importante aclarar que la recopilación de casos no aspira a ser absoluta, ya que como parte de los hallazgos de la investigación encontramos que no existe en la literatura histórica un consenso sobre muchos de los casos en la región. Por ejemplo, un autor como Modesto Emilio Guerrero contabiliza, entre 1902 y 2002, 327 casos; sin embargo, su recuento no distingue entre golpes, asonadas, pronunciamientos, levantamientos y guerras civiles (2006). Por lo tanto, solo se consideraron para la muestra los casos recurrentemente reconocidos como exitosos. La lista de fuentes de información utilizadas en este estudio se presenta en un anexo al final de este artículo. La distribución de todos los casos varía entre los diferentes estados, aunque el país con más registros es Bolivia con 12, le siguen Chile y Argentina con 6, Guatemala y El Salvador con 5, y los casos con menos registros son Cuba y Costa Rica con 2, y México y Surinam con 1 (Ver gráfico 1).

Número de golpes de estado por país
Gráfica 1. Número de golpes de estado por país (Elaborada con datos propios)

La distribución temporal de los golpes nos indica que en cuatro décadas se han concentrado la mayor cantidad de casos: 1930-1939 con 18 casos, 1940-1949 con 12, 1960-1969 con 16 y 1970-1979 con 13 casos5En lo que respecta a los períodos de 1960-1969 y 1970-1979, se puede encontrar que en ambos períodos la tendencia se corresponde con lógicas antirrevolucionarias., y en las décadas de 1900-1909 y 1990-1999 se presentan la menor cantidad de casos con 3 y 1 respectivamente (Ver gráfico 2). El primer pico surge a partir de 1929 debido a los efectos políticos y sociales provocador por la gran depresión (Vuskovic, 1990), y el segundo pico se registra después de la revolución cubana, período en el que tras la popularidad en la izquierda de la llamada vía armada se registraron numerosos golpes bajo el discurso de la seguridad y el enemigo interno. Finalmente observamos el declive del fenómeno en la década de los noventa, tal pareciera que con el fin de la guerra fría terminaron los golpes de estado en su expresión militar clásica.

Distribución de casos por décadas
Gráfica 2. Distribución de casos por décadas (Elaborada con datos propios)

En cuanto a la modalidad del golpe de estado se elaboró una tipología que distingue primero entre golpes y autogolpes, para después distinguir entre diversas modalidades:

a) Militares. Golpes que son dados directamente por jefes o grupos militares, deponiendo gobernantes (p.ej. juntas militares)

b) Civiles. Estos son realizados por actores no militares, gobernantes en funciones, miembros prominentes de partidos, líderes políticos, etc. Regularmente poseen el apoyo activo o tácito de grupos militares.

c) Parlamentarios. Impulsados desde los congresos o parlamentos para deponer con procesos irregulares a gobernantes electos democráticamente. Puede poseer de facto el apoyo a bien contar con la anuencia de grupos militares.

d) Autogolpes presidenciales. Actos de presidentes que disuelven el orden institucional para mantenerse y fortalecerse en el poder.

e) Autogolpes militares. Acto en el que un dictador militar o una junta militar fortalece su propio poder al gobernar de facto, disolver la institucionalidad restante e impedir que otro actor o grupo puedan disputarle el poder ante una posible sucesión.

De esta forma se encontró que 63 fueron de tipo militares, 7 fueron golpes civiles, 8 fueron golpes de tipo cívico militares, 6 fueron autogolpes de tipo presidenciales y 3 autogolpes militares. No se encontraron casos de golpes de tipo parlamentario (Ver gráfica 3).

Cantidad y tipo de golpes de estado
Gráfica 3. Cantidad y tipo de golpes de estado (Elaborada con datos propios)

En tanto el golpe de estado implica la ruptura del orden legal e institucional instaurado, se acompaña usualmente de la instalación de dictaduras que pueden ser breves o prolongadas, dependiendo de la cantidad de tiempo que se mantienen en el poder. A este respecto se propone una distinción entre dictaduras de corta duración (que se mantienen en el poder entre un día o hasta tres años) y dictaduras de larga duración (que se mantienen desde tres y hasta cinco años o más). El hallazgo a este respecto es que 65.5% de los golpes (57 casos) dieron pie a dictaduras de corta duración y 32% dieron paso a dictaduras de larga duración (30 casos) (Ver gráfica 4).

Duración de años en el poder tras el golpe de estado
Gráfica 4. Duración de años en el poder tras el golpe de estado (Elaborada con datos propios)

Respecto a la forma que tomó el poder tras el golpe encontramos dos grandes tipos, la instauración de una dictadura personal de tipo civil o militar, o bien la instauración de una junta de gobierno militar o cívico militar. Los datos obtenidos nos muestran que de 87 casos 12 tomaron la forma de dictadura personal civil, 44 de dictadura militar personal, 17 fueron juntas militares y 14 fueron juntas cívico militares. En términos porcentuales el 64% fueron dictaduras personales (cívicas o militares) y el 36% fueron juntas de gobierno (militares o cívico militares) (Gráfica 5).

Tipo de dictadura y número de casos por cada tipo
Gráfica 5. Tipo de dictadura y número de casos por cada tipo (Elaborada con datos propios)

Por otro lado, en la realización de un golpe de estado cuenta mucho el contexto histórico particular de cada caso, por ello la presencia de protestas y disturbios sociales aparece en muchos casos. En específico encontramos que, de los 87 casos revisados, 29 de ellos presentaron protestas previas al golpe de estado y en 16 se presentaron protestas posteriores.

Como parte de la concepción generalizada acerca de los golpes se considera que la injerencia extranjera, en particular de los EE.UU., ha resultado central en la realización de numerosos casos. Los datos obtenidos en esta investigación solo mostraron una intervención probada y documentada de los EE.UU. en 24 casos, concentrándose la mayor parte en los años sesenta con 9 casos.

Finalmente, se encontró en 77% de los casos una marcada influencia de ideología de derecha y participación de partidos de derecha. A diferencia de un 14% de los casos en los que se encuentra una abierta ideología de izquierda con participación de partidos y fuerzas políticas de izquierda. En el 9% restante de los casos no se pudo identificar una tendencia política ideológica clara (Gráfica 6).

Ideología del Golpe de Estado
Gráfica 6. Ideología del Golpe de Estado (Elaborado con datos propios).

Los datos aquí señalados permiten entender las principales tendencias del golpe de estado en AL durante el siglo veinte:

  • Durante el siglo veinte fue un fenómeno frecuente en la región.
  • Los países que tuvieron mayor cantidad de casos son Bolivia y Ecuador.
  • Cuatro décadas en especial tuvieron la mayor cantidad de casos: los treinta, los cuarenta, los sesenta y los setenta.
  • El tipo que predominó fue el militar, muy por encima de los civiles, presidenciales, cívico-militares y de los autogolpes.
  • La forma de dictadura más común instalada tras el golpe fue la dictadura de tipo personal y militar.
  • Es un fenómeno más frecuentemente relacionado con la ideología y fuerzas políticas de derecha que con las de izquierda.

Los primeros años del siglo veintiuno han traído de vuelta este fenómeno, aunque ahora presenta algunas características que lo hacen distinto de la forma típica que ya se ha analizado en este trabajo. Para demostrar lo anterior a continuación analizamos los casos de nuevos golpes de estado o Neogolpismo que se han presentado en los últimos diecisiete años en la región y presentamos una discusión acerca de este cambio y la consecuente adaptación conceptual que el fenómeno podría tener.

El Golpe de Estado en el siglo veintiuno

A partir del año 2001 se han registrado un total de 7 fenómenos de golpes de estado en la región, de los cuales solo 4 han resultado exitosos (Tabla 1). Para abordar los casos del siglo veintiuno consideramos tanto golpes fracasados como exitosos debido al limitado universo de estudio, así como a la posibilidad de analizar las características de las intentonas.

PaísAñoDía y mesResultado
Venezuela200213 de abrilFracasado
Haití200429 de febreroExitoso
Bolivia200811 septiembreFracasado
Honduras200928 de junioExitoso
Ecuador201030 de septiembreFracasado
Paraguay201222 de junioExitoso
Brasil201631 de agostoExitoso

Tabla 1. Golpes exitosos y fracasados en el siglo veintiuno (Elaborado con datos propios).

En cuanto al tipo de golpe de estado tenemos que, considerando tanto exitosos como fracasados, 4 han sido del tipo militar/policial (Venezuela 2002, Haití 2004, Honduras 2009, Ecuador 2010), 2 han sido golpes parlamentarios (Paraguay 2012 y Brasil 2012) y 1 ha sido golpe civil-oficial (Bolivia 2008) (Gráfica 7). En tres casos existe evidencia de la intervención de los EE.UU., hablamos del caso de Haití en 2004, en donde el secuestro y deportación del presidente fue a manos del ejército norteamericano (Álvarez, 2010); el caso de Bolivia en 2008, donde el gobierno de Morales sostuvo que el ex embajador, Philip Goldberg, mantuvo reuniones con el prefecto de Santa Cruz y con uno de los líderes opositores, Rubén Costas6Incluso el gobierno boliviano presentó una protesta formal ante la administración de George W. Bush: http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=mundo&article=036n1mun, y finalmente el caso de Honduras de 2009 en donde también los EE.UU. tuvieron injerencia (Ver gráfica 7).

Tipo de golpe en el siglo veintiuno
Gráfica 7. Tipo de golpe en el siglo veintiuno (Elaborado con datos propios).

A partir de estos datos no se puede presentar una tipología pura acerca de los nuevos golpes de estado, ya que en tanto la forma militar predominante durante el siglo veinte ha ido a la baja, se han entremezclado diferentes variantes del fenómeno que a continuación analizamos. Para mostrar la presencia de estas variantes y su distribución entre los diferentes casos presentamos el siguiente cuadro comparativo, para después ir presentando en detalle cada una de ellas.

CasosG.E. ExitosoParticipación de las fuerzas armadasParticipación de la Sociedad Civil (Previa al G.E.)Participación de la Sociedad Civil (Posterior al G.E.)Intervención de instituciones judicialesParticipación de instituciones parlamentariasIntervención de instituciones regionales y supranacionales
Venezuela (2002)XXX
Haití (2004)XXXX
Bolivia (2008)XX
Honduras (2009)XXXXX
Ecuador (2010)XXX
Paraguay (2012)
XXXXX
Brasil (2016)XXXXX

Cuadro comparativo 1. Casos y variables de los Nuevos Golpes de Estado.

 

a) Participación de las fuerzas armadas

Como dicta su definición conceptual, el golpe de estado necesita de la participación directa o al menos la anuencia de las fuerzas armadas para poderse llevar a cabo, sin embargo, a partir del año 2001 sólo en 4 casos han tenido participación directa. En Venezuela 2002 una parte del ejército capturó al presidente y posteriormente en cadena nacional el General Lucas Rincón anunció que Chávez (1995-2013) había aceptado firmar su renuncia. Pocas horas después un grupo de militares leales a Chávez lo rescataron del cautiverio (Ruíz, 2016).

En el caso de Haití 2004, tras un período de impasse político, el presidente Jean Bertrande Aristide (2001-2004) fue detenido por miembros del ejército estadounidense con complicidad oficial francesa, y deportado a la República Centroafricana (Meyssan, 2004; Álvarez, 2009).

El 28 de junio de 2009, el palacio presidencial de Honduras fue asaltado por fuerzas armadas, quienes detuvieron al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) y lo obligaron a exiliarse en Costa Rica. En este caso el ejército había caído previamente en rebeldía cuando se negó a distribuir los materiales electorales necesarios para realizar una “encuesta de opinión pública” para crear una nueva Constitución de la República (Aguilar, 2009; Piker & Nuñez, 2010; Romero, 2009).

En Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, tras una huelga de “brazos caídos” por parte de las fuerzas policiales, Rafael Correa (2007-2017) fue retenido en el medio de una protesta policial. Simultáneamente a estos hechos, un grupo de cuatrocientos soldados tomaron el control del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, la base aérea de Lacatunga, la Asamblea Nacional, el puerto y los aeropuertos de Guayaquil. Tras un lapso de más diez horas Correa logró ser liberado por un Grupo de Operaciones Especiales del ejército y un Grupo de Intervención y Rescate de la policía, impidiendo de esta manera la consumación del golpe.

En los cuatro casos mencionados las fuerzas armadas intervinieron, considerando la particularidad del caso haitiano en donde soldados extranjeros participaron en la captura del presidente, aunque en ninguno de los casos se instauró una dictadura o una junta militar en el gobierno. Aunado a ello, en los casos ecuatoriano y venezolano, existió división dentro de las fuerzas armadas, permitiendo que pudieran ser revertidas las intentonas golpistas. Otro aspecto importante es que no se ejerció violencia abierta o masiva en contra de la población civil, o contra sectores políticos, y más bien se actuó de manera selectiva en la búsqueda de sus objetivos. A diferencia de la tendencia dominante en el siglo veinte, el ejército y la policía no han sido las únicas que han actuado para generar los golpes, un factor importante en los nuevos fenómenos es la participación activa de actores civiles, y en algunos casos, de la sociedad civil de manera masiva.

b) Participación de la sociedad civil

En la totalidad de los casos de golpes de estado en este nuevo siglo, han existido protestas sociales previas o posteriores a la realización del golpe o de la intentona de golpe. Este es un aspecto que consideramos importante en la definición y desarrollo de los golpes del siglo veintiuno ya que las acciones de grupos y/o actores de la sociedad civil han tomado una nueva importancia en el desarrollo de estos fenómenos.

Por un lado, tenemos un conjunto de casos en los que la participación se dio previamente al golpe, a través de protestas, movilizaciones y el ejercicio de fuerte presión política, este tipo de acciones las encontramos en los casos de Haití 2004, Bolivia 2008 y Brasil 2016. En el caso de Haití existió una fuerte presión de grupos opositores que se movilizaron desde República Dominicana, aprovechando un contexto de dificultades económicas provocadas por el corte de fondos y préstamos extranjeros, hechos que terminaron por generar una importante presión política para Aristide (Álvarez, 2010). En Bolivia desde mayo y hasta septiembre de 2008 se generó una fuerte movilización social liderada por los prefectos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca en contra del gobierno de Evo Morales, provocando un “paro cívico” que incluyó cortes de rutas internacionales hacia Argentina y Paraguay, toma y saqueo de edificios públicos, toma del aeropuerto de Tarija y amenazas de interrupción a las redes de suministro de gas hacia Argentina y Brasil. Producto de esta movilización se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los hechos fueron denunciados por Morales como un intento de “golpe de Estado civil, cívico y prefectural” (Rojas, 2008; Lemoine, 2014; Malamud, 2008).

Para el caso de Brasil en 2016, los antecedentes de movilizaciones en contra del gobierno del PT se remontan hasta el año de 2013 cuando se fundaron tres movimientos “conservadores y radicalmente contrarios al PT”: Revoltados On Line, el Movimiento Brasil Libre y el Vem Para Rua (Breda, 2016). Estos tres movimientos que reunieron a grupos de clase media y alta mantuvieron un discurso en “contra de la corrupción”, y organizaron, con ayuda de medios de comunicación, una serie de protestas en las ciudades más grandes de Brasil a lo largo de todo el año 2015. El día 13 de marzo de 2016 se realizó una multitudinaria manifestación política que logró reunir a más de 500.000 personas en apoyo al impeachment en contra de Dilma Roussef, quién finalmente fue destituida por el Congreso (Breda, 2016; Darling, 2015).

En estos tres casos podemos observar como la movilización de grupos de sociedad civil representa un elemento clave en la realización de los nuevos golpes de estado, al convertirse en un factor de presión política, ya que las manifestaciones de grupos civiles progresivamente generaron un clima de tensión e inestabilidad para justificar y legitimar el acto (Soler, 2015:79).

Por el otro lado, tenemos que la participación de la sociedad civil se puede expresar posteriormente a la realización del golpe, esto es a través de la organización de protestas contra el acto e incluso en apoyo al gobernante depuesto. Este tipo de expresión la encontramos en Venezuela 2002, Haití 2004, Honduras 2009, Ecuador 2010, Paraguay 2012 y Brasil 2016. En el caso de Venezuela en 2002 tras la detención de Chávez se dio una gran movilización social alrededor del Palacio de Miraflores que coadyuvó a la vuelta al poder de Chávez en menos de 48 horas; caso parecido a lo sucedido en Ecuador donde tras la detención de Correa se registraron manifestaciones multitudinarias en apoyo al presidente.

Ambas expresiones -tanto las protestas a favor como en contra- nos muestran un cambio importante en la realización del golpe de estado en la región.

c) Intervención de instituciones judiciales

Una característica que se comparte en tres casos es la intervención de poderes judiciales. En el caso hondureño la intervención judicial comenzó a gestarse desde enero de 2006 cuando se aprobó en el Congreso una ley “de participación ciudadana” en la que se permitía realizar consultas sobre asuntos nacionales. En 2009, a un año de finalizar su mandato, Zelaya impulsó la idea de colocar una cuarta urna en las elecciones de ese año para crear una nueva Constitución de la República. La oposición tomó este gesto como un intento de Zelaya por presentarse para un segundo mandato y debido a este reclamo se cambió el rotulo a una “encuesta de opinión pública”. Aunado a lo elementos anteriores, Zelaya tuvo posturas proclives a Hugo Chávez e ingresó posteriormente a PETROCARIBE, hechos que fueron protestados y resistidos por la oligarquía transnacional hondureña.  En este contexto la Corte Suprema acusó a Zelaya de delitos como traición a la patria y abuso de autoridad, cargos que constitucionalmente implicaban la destitución del cargo. Aunque finalmente la destitución se realizó a través de la intervención militar, la postura del poder judicial generó condiciones que intentaron legitimar el golpe (Luque, 2016; Huertas & Cáceres, 2014; Aguilar, 2009; Piker & Nuñez, 2010, Romero; Aguilar, 2009).

Otro caso de intervención judicial lo tenemos en Paraguay 2012, cuando en el mes de mayo se registró un enfrentamiento entre campesinos y policías debido a una invasión de tierras en la provincia de Curuguaty, episodio que fue posteriormente conocido como los “sucesos de Curuguaty”. El enfrentamiento derivó en 17 muertes, 11 de campesinos y 6 policías. La particularidad del caso estuvo en que las tierras invadidas eran propiedad de Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado provocando diversas dimisiones de ministros y jefes policiales (Luque,2016). Sin embargo, el caso llegó hasta la Cámara de Diputados al presentarse una propuesta para someter a juicio al presidente de la República, Fernando Lugo (2008-2012), bajo pretexto de que había actuado de manera “impropia, negligente e irresponsable”, y que su gobierno estaba provocando la constante “confrontación y lucha de clases sociales” entre compatriotas. El proceso judicial en el Congreso tardó 48 horas en resolver, declarando culpable a Fernando Lugo y siendo destituido de su cargo. A este respecto el poder judicial tuvo una injerencia directa en el proceso ya que la defensa de Lugo reclamó acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de frenar el juicio político. El argumento de la defensa era que no se habían respetado los mínimos trámites procesales ya que el Congreso aprobó un reglamento para viabilizar y cerrar el proceso en menos de veinticuatro horas, por lo que los abogados de Lugo no tuvieron el tiempo necesario para preparar una defensa apropiada (Huertas & Cáceres, 2014; Yussef, 2013).

El tercer caso relacionado a este aspecto lo tenemos en Brasil cuando el 2 de diciembre de 2015 comenzó un proceso de impeachment que culminó con la destitución de Dilma Rousseff (2011-2016) el 31 de agosto de 2016. En este caso el poder judicial intervino desde julio de 2015 con la operación llamada “Lava Jato” en la que se culpaba a la presidenta de violar las leyes de responsabilidad fiscal, debido a que el gobierno retrasó una transferencia de casi mil millones de dólares al Banco de Brasil para el pago de un programa de crédito agrícola, ante la dilación el propio banco pago a los agricultores con sus propios recursos. Aunque el dinero posteriormente fue reintegrado, el acto se consideró como un “pedaleada”, un acto prohibido por la ley al considerar como un préstamo tomado por la presidencia de un banco estatal. El cargo por el cual Rousseff fue juzgada, fue maquillar el déficit presupuestal, aunque ella siempre negó haber realizado alguna acción ilegal, ya que mover dinero entre diferentes presupuestos era una práctica común que sus antecesores habían realizado. Cabe decir que la propia operación “Lava Jato” señaló a Eduardo Cunha (entonces presidente de la Cámara de Diputados) de recibir sobornos de hasta por 4.2 millones de dólares por parte de Petrobras, sin embargo, el propio Cunha aprobó el inicio del proceso de impeachment en contra de Roussef. De esta forma el poder judicial participó del proceso en contra de la presidenta Roussef (Gallas, 2016; Jiménez 2016; Rempigio, 2016).

En los tres casos se puede observar como las decisiones tomadas por las Cortes generaron condiciones propicias para que el golpe de estado se llevará a cabo, avalando las acusaciones y cargos que se presentaron, además de permitir los procesos de impeachment aunque existieran irregularidades en los procesos. Cabe decir que un factor fundamental en los tres casos es que la oposición dominaba parte importante de los congresos y tenía una fuerte influencia en el poder judicial.

d) Participación de instituciones parlamentarias

En tres casos se presenta la participación de instituciones parlamentarias, o congresos: Honduras 2009, Paraguay 2012 y Brasil 2016. Para el caso de Honduras la intervención del Congreso antecede a la propia realización del golpe de estado a manos del ejército, ya que previamente había aprobado una ley para prohibir la celebración de una consulta popular impulsada por Zelaya. Posteriormente, una vez realizado el rapto y deportación del presidente, se reunió horas después y aceptó como válida una supuesta carta de renuncia de Zelaya. Acto seguido se emitió un decreto oficial en el que se le destituía por el presidente del Congreso, Rigoberto Micheletti. De esta forma la detención y destitución cobró una presunta legalidad constitucional debido a las órdenes emitidas por la Suprema Corte de Justicia con el aval del Congreso (Huertas & Cáceres, 2014, Luque 2016).

Debido a los llamados “Sucesos de Curuguaty”, la destitución de Fernando Lugo en Paraguay se llevó a cabo a través de la Cámara de Diputados, ya que se emitió una moción de censura en contra de supuestas responsabilidades del gobernante. El juicio político fue iniciado por el diputado opositor Luis Gneiting el miércoles 20 de junio de 2012, acusándolo de responsabilidad política en los enfrentamientos entre campesinos y policías. La tarde del viernes 22 de junio, tras constituirse en tribunal del juicio, el Senado Paraguayo, presidido por Oviedo Matto, declaró culpable a Lugo, con 39 votos a favor y 4 en contra. Posteriormente se le tomó posesión del cargo al vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (Huertas & Cáceres, 2014). Como se ha señalado antes, el poder judicial tuvo responsabilidad en el proceso al omitir obligaciones del juicio en su debido proceso y rechazó todos los recursos presentados por la defensa del presidente.

El proceso de impeachment en contra de la presidenta Dilma Rousseff comenzó el 2 de diciembre de 2015, iniciado por Eduardo Cunha (entonces presidente de la Cámara de Diputados) por presuntas violaciones a las normas fiscales. Tras una larga sesión de 21 horas del Senado brasileño, el 12 de mayo de 2016, aprobó el proceso con 55 votos a favor y 22 votos en contra. Rousseff fue suspendida de su cargo por 180 días, mientras Michel Temer, vicepresidente y líder del Partido Democrático do Movimento Brasileiro, quedo nombrado como presidente interino (Gallas, 2016; Jiménez, 2016; Rempigio, 2016; Luque, 2016).

Estos tres casos hablan de una modalidad nueva en la realización de golpe de estado en la región, esto es gracias a la intervención de los poderes legislativos. La condición más importante para que este tipo de fenómenos puedan existir es que el presidente o presidenta en funciones no posea mayoría en el congreso, y a diferencia de los golpes militares, estos no usan la violencia abierta y dan el golpe de estado revestidos de procesos previstos en el ordenamiento constitucional.

e) Intervención de instituciones regionales y supranacionales

En el contexto de los nuevos golpes de estado un nuevo elemento ha surgido, esto es la intervención de instituciones políticas supranacionales. A partir de los años noventa diversas instancias multilaterales regionales consideraron el compromiso con la democracia dentro de sus cláusulas: Organización de Estados Americanos (OEA), MERCOSUR, UNASUR y CELAC, buscando a nivel regional mantener estabilidad.

En el caso de Venezuela 2002 el Grupo de Río se pronunció prontamente dado que estaban reunidos en Costa Rica celebrando la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. El grupo condenó la irrupción del orden constitucional y se instó a la normalización democrática, de igual forma solicitaron al Secretario General de la OEA a llamar a una sesión especial del Consejo permanente a fin de adoptar una respuesta colectiva a la situación (Pignatta, 2014). En los sucesos de Honduras 2009 el Consejo permanente de la OEA emitió una resolución condenando el golpe y demandando la restitución de Zelaya en el poder. Ante el rechazo a la solicitud de restitución se resolvió suspender a Honduras del ejercicio de sus derechos de participación en la OEA. En el caso de Ecuador 2010, ante la detención de Correa, la UNASUR celebró una reunión de emergencia en Buenos Aires, para condenar los hechos y coordinar una respuesta en común; de igual manera la OEA repudió los hechos. Ambas instituciones celebraron la liberación de Correa y la continuidad democrática (Pignatta, 2014). En el caso de Paraguay 2012, el MERCOSUR y la UNASUR suspendieron a los representantes paraguayos de su participación en la siguiente cumbre, aplicando las disposiciones del protocolo de Ushuaia, sin embargo, no lograron ninguna respuesta efectiva (Yussef, 2013, Luque 2016)7El protocolo de Ushuaia, firmado por el consejo de MERCOSUR en julio de 1998, establece que la vigencia de las instituciones democráticas “es condición indispensable para la existencia y desarrollo de los procesos de integración”; y en caso de ruptura del orden democrático se suspenden los derechos de participación en los órganos de MERCOSUR.. En el caso de Bolivia en 2008 la UNASUR convocó a una cumbre presidencial el 15 de septiembre en Chile, en la que se acordó una posición unánime en la llamada Declaración de la Moneda, en el que se expresó un “pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum”, rechazaba la ruptura del orden institucional, el desmembramiento territorial, y una condena a la masacre de Pando8http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/07/internacional/1218121805.html.

A pesar de que en ningún caso la intervención de las instituciones referenciadas en los párrafos correspondientes han tenido un efecto directo vinculante, los pronunciamientos y posturas tomadas sí representan una novedad en la política regional.

f) Mantenimiento de la “formalidad” democrática

Tras el descrédito que ganaron los golpes de estado militares y las dictaduras militares en el siglo veinte, y bajo la prédica de las transiciones democráticas en la región, los nuevos golpes de estado han buscado evadir su expresión militar más cruda para llevarse a cabo. En este sentido la intervención de instituciones judiciales y parlamentarias han representado una alternativa viable para mantener una “continuidad democrática” a pesar de la ruptura de los pactos constitucionales e institucionales. Así, podemos ver como en los casos de Honduras 2009, Paraguay 2012 y Brasil 2016, se ha intentado hacer pasar el golpe como una alternativa para resolver problemas de ingobernabilidad, de ineficiencia gubernativa, de impasse político, o incluso de fuertes confrontaciones entre grupos políticos. Un auxiliar importante en estos escenarios es la participación de grupos de la sociedad civil quienes mediante la presión o la manifestación abierta buscan dotar de legitimidad a estos fenómenos, aunque, en la mayoría de los casos, obedezcan abiertamente a las agendas políticas de determinados grupos de poder.

Conclusiones

Visto de manera conjunta, el fenómeno de los golpes de estado ha sufrido algunos cambios importantes. Por un lado, tenemos que el principal cambio es la pérdida de preeminencia de la forma militar que tuvo durante en el siglo veinte, tanto en su ejecución como en la posterior instauración de un poder militar. Esto es presumiblemente debido a la pérdida de legitimidad de la opción militar ante la hegemonía de la democracia como forma de hacer política en la región. En respuesta a la caída de su forma militar, el golpe de estado ha tenido un desplazamiento hacia la participación y acción de la sociedad civil, a través de la construcción de escenarios adecuados para la realización del golpe y su posterior legitimación; así como en la participación directa de grupos organizados a través de marchas y protestas consecutivas. Para ello se ha apelado al discurso del golpe de estado como una forma de resolver el impasse político, de acabar con políticos ineptos y corruptos, y también de terminar con escenarios de confrontación política provocado por los gobernantes depuestos. Por otro lado, se ha registrado que grandes grupos empresariales, nacionales e internacionales, han participado activamente en los golpes. En este sentido el ejército pasa de ser el actor central a un instrumento utilizado para dar el golpe (los ejemplos más claros a este respecto son los casos de Honduras y Venezuela).

Una de las preocupaciones centrales en los nuevos golpes ha sido mantener al máximo la fachada democrática y para ello se ha judicializado la política a través del golpismo parlamentario. A contrapelo de lo sucedido en el siglo veinte se ha legalizado el golpe de estado a través de la participación de instituciones judiciales o parlamentarias, y para ello ha resultado fundamental la presencia de gobiernos divididos o la existencia de mayorías parlamentarias endebles. Tal como lo muestran los casos de Brasil y de Paraguay, la organización de frentes políticos amplios, que reúnen a fuerzas políticas diversas y contradictorias, pueden convertirse en terrenos fértiles para la realización de golpes parlamentarios. En un sentido general, la proliferación de nuevos golpes de estado podría deberse a que con el fin de la guerra fría se ha deslegitimado la opción por regímenes autoritarios, y el llamado a realizar nuevos golpes ha sido en una supuesta defensa de la democracia sin que sea una opción la construcción de regímenes totalitarios. Este es un aspecto muy delicado debido a que se rompen los equilibrios institucionales y la garantía jurídica del orden democrático, de manera que, aunque existan formalmente los límites institucionales nacionales o supranacionales no representan una garantía para evitar la ruptura del orden. En el orden neoliberal predominante la democracia liberal y representativa ha sido un eje ideológico fundamental, por ello la ruptura de la legalidad del neogolpismo ha sido cuidada de apariencia, de fachada.

Finalmente, no se puede obviar el hecho de que el golpismo del siglo veinte ha tenido como uno de sus blancos primordiales el avance el progresismo latinoamericano de los últimos veinte años, máxime cuando los resultados electorales de estas fuerzas fueron exitosos durante un período prolongado de tiempo.

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Anexo 2. Tabla casos considerados por país y año

PAÍSAÑOPAÍSAÑOPAÍSAÑOPAÍSAÑO
Argentina1930Chile1924


El Salvador1931




Panamá1931

Argentina1943Chile1925El Salvador1944Panamá1941
Argentina1955Chile1932El Salvador1960Panamá1951
Argentina1962Chile1932El Salvador1961Panamá1968
Argentina1966Chile1932El Salvador1979Paraguay1912

Argentina1976Chile1973Guatemala1930




Paraguay1912
Bolivia1934











Colombia1953Guatemala1954Paraguay1954
Bolivia1937Colombia1957Guatemala1963Paraguay1989
Bolivia1943Costa Rica1917Guatemala1982Perú1914


Bolivia1946Costa Rica1948Guatemala1983Perú1919
Bolivia1964Cuba1933Honduras1956

Perú1930
Bolivia1969Cuba1952Honduras1963Perú1948
Bolivia1970Ecuador1906




Honduras1972Perú1962
Bolivia1971Ecuador1925Honduras1978Perú1968
Bolivia1978Ecuador1935México1913Perú1975
Bolivia1978Ecuador1937Nicaragua1909Perú1992
Bolivia1979Ecuador1947Nicaragua1926
Uruguay1933
Bolivia1980Ecuador1961Nicaragua1936Uruguay1973
Brasil1930Ecuador1962Nicaragua1947Venezuela1908
Brasil1937Ecuador1966República Dominicana1930

Venezuela1945
Brasil1945
Ecuador1975República Dominicana1963Venezuela1948
Brasil1964Surinam1980Venezuela1958

Notas   [ + ]

1.Este trabajo es posible gracias al grupo de trabajo “Neogolpismo en América Latina” que se formó con estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, gracias a ellos fue posible la recopilación de la mayor parte de los datos históricos que alimentan esta investigación: Sebastián Arroy Juárez, Samantha Dorelí Álvarez Jiménez, Alexander Bermejo Aguilar, Sara Adriana Reyes Cortés, Héctor Manuel Polaco Romero, Esliyarency Gaona Cabrera, Diana Úrsula Pérez Guevara, Irani Estephany Santamaría Castro, Mónica Michelle Santos Iturbide y Cristopher Mejía Rosas.
2.Un ejemplo de esto último sería el proceso que se pudo observar en la llamada Revolución de Octubre de Guatemala en 1944.
3.Se presenta en el Anexo 2 una tabla que concentra el total de casos considerados por país y por año.
4.El grupo de investigación recabó de diversos documentos especializados información sobre casos de golpes de estado por cada caso nacional en la región durante el siglo XX (1901-2000). La recopilación consideró casos reconocidos como exitosos, sin considerar asonadas, pronunciamiento, levantamientos, guerras civiles o revoluciones. Es importante aclarar que la recopilación de casos no aspira a ser absoluta, ya que como parte de los hallazgos de la investigación encontramos que no existe en la literatura histórica un consenso sobre muchos de los casos en la región. Por ejemplo, un autor como Modesto Emilio Guerrero contabiliza, entre 1902 y 2002, 327 casos; sin embargo, su recuento no distingue entre golpes, asonadas, pronunciamientos, levantamientos y guerras civiles (2006). Por lo tanto, solo se consideraron para la muestra los casos recurrentemente reconocidos como exitosos. La lista de fuentes de información utilizadas en este estudio se presenta en un anexo al final de este artículo.
5.En lo que respecta a los períodos de 1960-1969 y 1970-1979, se puede encontrar que en ambos períodos la tendencia se corresponde con lógicas antirrevolucionarias.
6.Incluso el gobierno boliviano presentó una protesta formal ante la administración de George W. Bush: http://www.jornada.unam.mx/2008/09/11/index.php?section=mundo&article=036n1mun
7.El protocolo de Ushuaia, firmado por el consejo de MERCOSUR en julio de 1998, establece que la vigencia de las instituciones democráticas “es condición indispensable para la existencia y desarrollo de los procesos de integración”; y en caso de ruptura del orden democrático se suspenden los derechos de participación en los órganos de MERCOSUR.
8.http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/07/internacional/1218121805.html