Golpe de Estado, movilización popular y crisis en Perú

En Perú se produjo un golpe de Estado que empujó al pueblo a las calles hace ya una semana de manera ininterrumpida. La respuesta estatal se tradujo en una fuerte represión por parte de la policía, quienes disparan a mansalva contra manifestantes, en su gran mayoría jóvenes. Muertos, heridxs de gravedad, desaparecidxs son parte de estas jornadas que enlutan al país y a toda la región pero que también confirman que más que nunca hay que salir a las calles. Hace pocas horas el presidente golpista Merino anunciaba su renuncia.

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El pasado 9 de noviembre el congreso de la Republica destituyó por “incapacidad moral” al presidente Martin Vizcarra, acusado de casos de corrupción durante su gestión como gobernador regional  de Moquegua entre los años 2011-2014. Así comenzó  lo que muchos analistas consideraron golpe de Estado “blando”, asumiendo de manera ilegal e ilegítima Manuel Merino de Lama, político perteneciente a la derecha de Acción Popular, quien finalmente presentó su renuncia tras casi una semana de protestas.

Del inicio y fin de la presidencia de Vizcarra

Vizcarra llegó al poder como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Vale recordar que el resultado de las elecciones de ese año fue muy ajustado entre los  dos principales contrincantes,  Keiko Fujimori y Kuczynski (conocido popularmente como PPK). Éste resultó electo con un ajustadísimo 50.12% frente al 49.88% de su rival. Al igual que en las elecciones de 2011 Fuerza Popular, el partido fujimorista, logró tener la mayoría en el congreso. A menos de dos años de mandato, PPK  presentó su renuncia en  marzo de 2018, en el marco de una tensa relación con el congreso, en su mayoría opositor y tras el detonante de escándalos de corrupción.

En diciembre de 2016 Estados Unidos dio a conocer un documento que revelaba que la constructora brasileña Odebrecht había otorgado coimas a cambio de concesiones a varios políticos latinoamericanos. Cuatro ex presidentes, Toledo, García, Humala y PPK fueron acusados de recibir dinero de forma ilegal, como así también gran cantidad de políticos, entre ellos Keiko Fujimori.  Tras estos escándalos, en medio de investigaciones Kuczynski envió su carta de renuncia al Congreso. Martín Vizcarra, su sucesor constitucional juró como nuevo presidente el 23 de marzo de 2018. De esta manera, como primer vicepresidente, Vizcarra asumió el ejecutivo con el objetivo de finalizar  el  mandato de PPK en 2021.

La gestión de Vizcarra estuvo orientada principalmente a timonear el país  en el medio de una  institucionalidad débil y un congreso opositor que no dudó en realizar artimañas para poder cumplir sus objetivos. En setiembre del año pasado,  Vizcarra con respaldo popular ordenó el cierre del Congreso por una serie de denuncias que involucraban a esta institución con componendas con el Poder Judicial. Se convocó así a  elecciones para un nuevo congreso, complementario hasta julio de 2021, que se eligió en enero. Algo que podría considerarse un importante error político fue que Vizcarra no presentó lista propia de candidatos, por lo tanto no poseía fuerza en un congreso unicameral con poder de “vacancia express”.

El 9 de  noviembre de este año,  el Congreso con poca o nula credibilidad social, con personajes corruptos y representantes de alianzas electorales circunstanciales y oportunistas, apuró la moción de vacancia presidencial arguyendo “incapacidad moral”, prerrogativa constitucional que sin embargo no fue aplicada de manera legal. En tan solo un día de debate el congreso aprobó por amplia mayoría la destitución del presidente. Al día siguiente asumió interinamente Manuel Merino de Lama, quien era hasta entonces  el presidente del Congreso.

La jugada del congreso ha sido considerada inconstitucional y como un golpe de estado “blando” ya que se han utilizado argumentos legales de manera ilegal, arguyendo interpretaciones dudosas de la ley, camuflando así intereses corporativos que nada tienen que ver con las necesidades populares.

El 10 de noviembre Merino  nombró como jefe gabinete a Antero Flores Araoz. Este personaje de la ultra derecha peruana fue ministro de Defensa de Alan García y tuvo que renunciar tras el Baguazo de 2009, la revuelta indígena que terminó con 33 muertes. Además de ser tristemente célebre por sus dichos misóginos  y racistas, entre otros el haberse referido públicamente hacia las personas de las comunidades andinas como «llamas y vicuñas» para manifestar que esta  población era ignorante.

Estos hechos generaron gran repudio popular. Masivas movilizaciones se han registrado desde el 9N hasta la fecha en todos los rincones del Perú, en costa, sierra y selva. En todas las regiones ha habido marchas importantes. En su gran mayoría son jóvenes quienes reclaman por una país más justo, contra el gobierno golpista e incluso por una nueva constitución para el Perú.

El actual contexto de pandemia global y la crisis sanitaria seguramente han servido de catalizador para un país terriblemente golpeado por el covid-19.  Las estadísticas de la pandemia en Perú son alarmantes: cerca de un millón de contagios y más de 35 mil muertxs confirmados según cifras oficiales –que podrían hasta duplicarse-, teniendo una de las tasas de decesos por número de habitantes más alta del mundo, con más de un muerto cada mil habitantes. Como en otros países, esta crisis dejó a la vista la fragilidad estructural del sistema de salud y económico. En Perú la informalidad laboral ronda el 90%, lo cual también deja en claro que las medidas sanitarias como el aislamiento y el teletrabajo fueron sólo posibles para la menor parte de la población.

Autor: Mario Segovia Guzmán Instagram: fotografias_deviajes
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Una crisis de larga data: 30 años

La actual crisis y descontento social tiene raíces más profundas que las ya mencionadas. La política peruana se presenta en extremo frágil y corruptible. Todos los ex presidentes de los últimos treinta años han sido acusados de actos delictivos por corrupción y en algunos casos también de violación a derechos humanos, empezando por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), responsable de delitos de lesa humanidad por los cuales ha sido declarado culpable (Cantuta y Barrios Altos) y otros sobre los cuales permanece la impunidad, como las masivas esterilizaciones forzadas a mujeres campesinas. La constitución fujimorista  de 1993, pese  a no tener legitimidad de origen  es la que aún hoy se mantiene vigente, consagrando al neoliberalismo con el  estatuto legal máximo en Perú. Si bien el colapso del fujimorato responde a la multicausalidad podemos identificar como detonantes los escándalos de corrupción y el fraude de la tercera reelección de Fujimori. Esto movilizó a grandes sectores de la sociedad que convergieron en su descontento en la Marcha de los Cuatro Suyus en el año 2000. Estas protestas contra el fujimorismo son el antecedente más próximo de las jornadas de lucha que se han vivido en los últimos días y podríamos enmarcarlas en un mismo proceso de mediana duración o coyuntural.

Si bien en el 2000 el fujimorismo debió replegarse por la movilización popular, el modelo económico y político sobrevivió en  el legado de la Constitución política que impuso Fujimori. De esta manera los gobiernos siguientes (Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra) ya en democracia, mantuvieron el mismo esquema dado por el fujimorismo, tanto en el manejo de lo político como lo económico y también en materia  de actos de corrupción. Esto explica lo inédito del caso peruano, donde todos los ex presidentes desde 1990 hasta la fecha están acusados de corrupción, algunos cumpliendo pena, otros sentenciados e incluso, en el caso de Alan García, habiendo elegido la propia destrucción, el suicidio, cuando fue a ser investigado. Tres presidentes en los últimos cuatro años reflejan la magnitud  de esta crisis.

La crisis del sistema político llega a tal punto que la fragmentación se refleja con crudeza en los procesos electorales, donde una veintena de partidos se disputan el poder.   En los últimos comicios de enero, quienes más votos consiguieron, lo hicieron con apenas un 10%. Es decir que con un 5% del total de los votos una alianza electoral puede conseguir bancadas en un congreso donde las alianzas aparecen como oportunistas y efímeras, sin consignas claras y menos aún un proyecto de país. Como señala la socióloga peruana Anahí Durand “cada quien hace un partido y pone en circulación la franquicia – Entrevista a Anahí Durand, Magister en Ciencias Sociales por Daniel Cholakian, de la redacción de NODAL.

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Autor: Mario Segovia Guzmán Instagram: fotografias_deviajes

Movilizaciones,  represión y alto costo social

Apenas conocida la vacancia, las calles peruanas se convirtieron en verdaderas mareas humanas. Mayormente son lxs jóvenes de distintos sectores sociales, de todos los puntos del Perú quienes salieron a manifestarse contra la decisión del congreso de vacar a Vizcarra y la posterior asunción del gobierno golpista de Merino.  Algunas de las consignas que pueden todavía escucharse son: “amo a mi país, me avergüenza su gobierno”, “Perú te quiero por eso te defiendo”, “Merino no es mi presidente”. Con el correr de los días las demandas se han ido profundizando dejando en claro que las luchas no son en defensa de Vizcarra sino contra la corrupción de todo el  sistema. Esto se refleja también en las exigencias, cada vez con mayor eco en la sociedad, de la conformación de una Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución en el Perú.

Para el día 12 de noviembre se convocó a la “I Marcha Nacional” y el 14 a la segunda versión de ésta, si bien ambas presentaron afluencia por miles de personas  todos estos días el pueblo ha estado movilizado en las calles, sin menguar en número ni en intensidad, en todos los rincones de la costa, sierra y selva. Si bien se reportaron hechos de represión en ciudades como Cusco y Trujillo, Lima como metrópoli que concentra la mayor parte de la población también ha sido escenario de diversas performances, protestas, marchas y por otra parte de una brutal represión.

El pasado sábado 14 de noviembre por la noche se confirmaban las dos muertes por asesinato de la Policía Nacional del Perú (PNP) de los jóvenes estudiantes  Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez. Además hay una decena de heridos por disparos al cuerpo en distintos hospitales de Lima, y una figura preocupante y terrible antecedente para la democracia de 44 personas detenidas desaparecidas de las cuales no se ha tenido noticia. Estos números han sido denunciados públicamente por la  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CCNNDD), y representan el registro del día 14 de noviembre, es decir no incluye los datos de los días previos. Lo cual permite deducir números preocupantes de cientos de heridxs de gravedad y violentadxs por la PNP.

Distintos organismos internacionales como Amnistía Internacional han llamado la atención del gobierno peruano y elevado un repudio mundial por las sistemáticas y excesivas violaciones a los derechos humanos que se están dando en el marco de la represión a una protesta mayoritariamente pacífica. Basta con observar los videos que ampliamente circulan en las redes sociales donde pueden verse jóvenes expresándose con música, danza, sikuris, cantando el himno y que luego son gaseados y perseguidos por la PNP. En muchos casos se observan disparos de perdigones al cuerpo de lxs manfiestantes, habiéndose causado por abuso policial lesiones oculares, impactos múltiples en los cuerpos e incluso, como en los casos mencionados, asesinatos resultados de verdaderas ejecuciones  policiales frente a los ojos indignados de todxs.  Entre treinta y cuarenta corresponsales de prensa también han sido atacados por la PNP mientras cumplían con su trabajo de cubrir los hechos.

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Autor: Mario Segovia Guzmán Instagram: fotografias_deviajes

Detenciones arbitrarias y  policías infiltrados como civiles fueron parte del repertorio represivo.  Junto a estos actos, se ha reportado violencia sexual de la PNP  hacia  por lo menos una mujer que protestaba y fue detenida de manera ilegal, a quien se le obligó a desnudarse y sufrió distintos abusos de poder, como exámenes íntimos en condiciones ilegales.  Además durante todas las noches se han registrado cacerolazos a lo largo y ancho del territorio.

Este escenario y el estado de permanente movilización impulsaron al presidente golpista Merino a anunciar públicamente su renuncia en la jornada del domingo 15 de noviembre, tras seis días de intensas protestas populares.

Ahora es el Congreso, esa institución públicamente repudiada y desprestigiada, quien definirá los próximos pasos en un país que se encuentra aún en un proceso golpista inacabado, con una sociedad cansada de las mafias que se enquistan en el poder, atravesando a la par la mayor crisis sanitaria y económica por la pandemia mundial.  Eso sí, el estado de movilización del pueblo continua, los muertos no quedarán en el olvido, es necesario investigar y condenar a los responsables de tremenda barbarie contra una juventud que le dice “basta” a un sistema que lleva décadas precarizando y empobreciendo a las mayorías del país.

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Autor: Mario Segovia Guzmán Instagram: fotografias_deviajes

¿Efecto Chile? Se preguntan algunxs. Algunas similitudes son evidentes, en especial en los repertorios de organización y resistencia, de manera horizontal, creativa, solidaria. Tal vez incluso exista esta impronta al ponerse sobre el tapete la constitución. Los procesos son diferentes pero la exclusión de la juventud, la falta de posibilidades y la enorme desigualdad se parecen mucho.

El proceso peruano sigue su curso, la sociedad está más despierta que nunca, seguiremos con atención los eventos y deseamos que un nuevo Perú más justo e inclusivo asome de cara al Bicentenario.

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Maestranda en Estudios Latinoamericanos (UNCuyo, Argentina).

Miembro del grupo de investigación Historia y Ciudadanía Activa (UNMSM, Perú).

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