Femicidio y feminicidio en América Latina de 2010 a 2016: Avances y desafíos para 15 países de la región

El sexto continente en Iberoamérica - la emergencia de la comunicación
El sexto continente en Iberoamérica - la emergencia de la comunicación

DescargarEsther Pineda.
EPG consultora.
estherpinedag@gmail.com

 

Resumen: El femicidio y el feminicidio se definen como la forma extrema de violencia contra la mujer motivada en el sexismo o la misoginia. En América Latina estos crímenes comenzaron a ser tipificados en los ordenamientos jurídicos desde hace apenas una década; a razón de ello, son pocos los países que cuentan con estadísticas de calidad sobre femicidios y feminicidios, menos aun los que disponen de una política de datos abiertos, por lo cual prevalece el hermetismo, la opacidad y el secretismo. Ante esta situación, esta investigación se ha propuesto visibilizar esta problemática, exponiendo las estadísticas oficiales, públicas y disponibles sobre femicidio y feminicidio en 15 países de la región, pero principalmente, caracterizando las expresiones y manifestaciones de este delito a nivel nacional y regional; con el propósito de proporcionar insumos para prevenir, atender, sancionar y erradicar de manera efectiva, eficiente y oportuna el feminicidio y el feminicidio en América Latina.

Palabras clave: Mujeres, violencia de género, femicidio, feminicidio, América Latina.

 

Abstract: Femicide and feminicide are defined as the extreme form of violence against women motivated by sexism or misogyny. In Latin America these crimes began to be typified in legal systems for just a decade; As a result, few countries have quality statistics on femicides and femicides, even less those that have an open data policy, which is why secrecy, opacity and secrecy prevail. Faced with this situation, this research has proposed to make this problem visible, exposing official, public and available statistics on femicide and femicide in 15 countries of the region, but mainly, characterizing the expressions and manifestations of this crime at a national and regional level; with the purpose of providing inputs to prevent, address, sanction and eradicate in an effective, efficient and timely manner femicide and femicide in Latin America.

Keywords: Women, gender violence, femicide, feminicide, Latin America.

 

Introducción

El proceso histórico social se ha organizado en torno a múltiples y diversas formas de discriminación, desigualdad y violencia; una de las más persistentes ha sido aquella fundamentada en el género, la cual se ha construido, legitimado y mantenido bajo el amparo de un discurso determinista que apela a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres para justificar las desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales. Aunque estos argumentos han perdido alcance y las mujeres han ido modificando de manera lenta pero progresiva su situación social, aún se enfrentan a limitaciones en lo que desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2016) se ha denominado la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física.

En este contexto, la violencia por razones de género continúa siendo una de las formas de discriminación y desigualdad más frecuente y de mayor impacto en la vida de las mujeres. A nivel mundial son víctimas de repetidas y sistemáticas formas de violencia, entre estas es posible considerar: la violencia simbólica, mediática, laboral, política, patrimonial, institucional, obstetricia, el acoso, la trata, la prostitución, la violencia psicológica, sexual, física, la inducción al suicidio, entre otras; pero también víctimas de la forma más extrema y dramática de violencia por razones de género como lo es el femicidio y el feminicidio1El término femicidio fue introducido por Diana Russell en 1976 cuando testificó sobre dicho crimen en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, sin embargo, no fue sino en la década de los noventa que junto a Jane Caputi lo definió como como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”; más tarde en colaboración con Jill Radford lo decribiría como “el asesinato misógino de mujeres por hombres” y finalmente, consideraría el femicidio como “el asesinato de mujeres por hombres porque son mujeres”, es decir, como crímenes genéricos de odio. La confusión terminológica se inició en el año 2006 con la edición en español de los libros Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres de Diana Russell y Jill Radford, así como, del libro Femicidio: una perspectiva global de Diana Russell y Roberta Harmes, realizada por Marcela Lagarde quien coordinó y presentó la edición de estos textos, en los cuales tradujo y sustituyó femicide (femicidio) por feminicidio, arguyendo que “en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa homicidio de mujeres”, término que posteriormente se atribuiría. Esta traducción del termino femicidio en América Latina ha derivado en la tipificación diferenciada de la normativa jurídica en los distintos países de la región, pese a ello, no existen diferencias sustantivas entre los términos; estando su empleo en un país u otro determinado por una mayor o menor influencia de alguno de los términos y el background al cual se ha tenido acceso en la materia.; el cual según Diana Russell (2006) es el resultado de un continuo de aterrorizamiento sexista a mujeres y jovencitas.

Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (2014) elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)  y la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el femicidio y el feminicidio se entiende como: la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión; y el uso del concepto de femicidio/feminicidio y su diferencia con el homicidio permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres.

En el caso de América Latina el femicidio y feminicidio alcanza altos índices de ocurrencia, goza de aceptación y permisividad social, al mismo tiempo que, con frecuencia, es justificado por los medios de comunicación; estos hechos lo convierten en un problema que sin dudas se constituye como una de las principales amenazas a la igualdad en la actualidad y el devenir de la sociedad latinoamericana. Así lo pone en evidencia las cifras oficiales disponibles de 15 países de América Latina, las cuales dan cuenta de que entre los años 2010 y 2016 han sido asesinadas por motivos de género un total de 7227 mujeres. Esto equivale a 1204 mujeres al año, 100 al mes y 3 al día; es decir, la violencia contra la mujer en la región se ha convertido en lo que Eugenio Zaffaroni (2011) define como una “masacre por goteo”.

Ahora bien, aunque como señala Diana Russell (2006),  los gobiernos patriarcales tienden a negar muchos de los problemas trascendentales que victimizan a las mujeres, la ocurrencia de estos altos índices de violencia femicida y feminicida en América Latina los han convertido en delitos difíciles de obviar; esto aunado a las normas y estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos y las exigencias de los movimientos de mujeres, han creado las condiciones para la impostergable generación de respuestas por parte de los Estados; entre estas es posible considerar:

a) La progresiva aprobación de leyes contra la violencia por razones de género o reformas al código penal en la que se tipifica el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. De acuerdo a las legislaciones nacionales se denomina homicidio agravado (Argentina), femicidio (Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela) o feminicidio (Bolivia, Colombia, El Salvador, Paraguay, Perú y República Dominicana).

b) La aplicación de penas ejemplificadoras para los perpetradores de homicidio agravado por razones de género, femicidio y feminicidio, entre estos: Bolivia, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela con penas de hasta 30 años de cárcel, El Salvador y Costa Rica hasta 35 años, Republica Dominicana hasta 40 años, Colombia y Guatemala hasta 50 años, y Argentina, Chile y Perú donde las condenas pueden alcanzar cadena perpetua.

c) La creación de unidades específicas o la delegación en las ya existentes, de la sistematización estadística de los femicidios y feminicidios, a fin de contar con información precisa, fiable, oportuna y pública; entre estos destacan Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú.

d) La adopción e implementación por parte de algunos países del “Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género Femicidio/Feminicidio” o la elaboración de protocolos nacionales.

Estas medidas e iniciativas han permitido atender las recomendaciones de los organismos y mecanismos internacionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar desde la debida diligencia la discriminación y la violencia contra la mujer; han contribuido a desproveer progresivamente a los femicidios y feminicidios de los atenuantes de “emoción violenta”, han coadyuvado a algunos países de la región a transitar hacia formas más expeditas de investigación criminal y, han favorecido la homogenización de los procesos de cuantificación y análisis de los delitos; pese a ello, no han logrado disminuir y menos aún erradicar la ocurrencia del femicidio y el feminicidio en las sociedades latinoamericanas.

Ante estos hechos se hace necesario profundizar en esta problemática, identificar la existencia o no de una política de datos abiertos en materia de femicidios y feminicidios en los 15 países en estudio, así como, caracterizar y comprender el fenómeno; información que puede constituirse en insumo para la construcción de herramientas, instrumentos y políticas públicas, jurídicas y comunicaciones orientadas a la prevención, protección, investigación, sanción, reparación y erradicación efectiva, eficiente y oportuna del femicidio y el feminicidio en América Latina.

Femicidio y feminicidio: Tipificar para contar

Históricamente la violencia contra la mujer y su desenlace en los femicidios y feminicidios han estado presente en las sociedades latinoamericana, incluso en las últimas décadas se ha percibido un importante incremento de estos crímenes por su reseña y presencia en los medios de comunicación, sin embargo, no existían estadísticas específicas, oficiales y confiables que dieran cuenta de este fenómeno.

Tradicionalmente los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, ocurridos en los distintos países de América latina, fueron contabilizados entre la totalidad de homicidios comunes de mujeres, con lo cual quedaba invisibilizada la naturaleza particular, sexista y misógina de estos crímenes. Esta ausencia de estadísticas se convirtió en un impedimento para la realización de investigaciones en la materia, pero también (al desconocer su expresión, manifestación y ejecución) en una limitación para la formulación, diseño e implementación de políticas públicas efectivas, eficientes y oportunas que permitieran prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y por tanto, su forma extrema expresada en el femicidio y el feminicidio.

No obstante, con excepción de países como Colombia (2010), Perú (2010), República Dominicana (2010), Paraguay (2011), y Uruguay (2012), que iniciaron la contabilización de estos crímenes previo su tipificación, en los distintos países de la región ante las exigencias dirigidas a los órganos de competencia por parte de los movimientos de mujeres y expertas en la materia, para la sistematización y publicación de las estadísticas de femicidio y feminicidio, la respuesta fue casi unánime: estos crímenes no podían contabilizarse como femicidio o feminicidio al no estar tipificados en los ordenamientos jurídicos de estos países. Es decir, las posibilidades de sistematización estadística de este fenómeno por parte de los organismos oficiales del Estado vinculados a la materia como fiscalías, institutos nacionales de estadísticas, institutos de la mujer, entre otros, se encontraba supeditada de manera casi exclusiva a su tipificación; ya fuese mediante reformas en el código penal, la aprobación de leyes especiales en materia de violencia contra la mujer, o la reforma de las ya existentes para la inclusión de dicho delito.

De acuerdo a ello, el primer paso para la generación de estadísticas en la materia lo constituyó la tipificación del femicidio y feminicidio en América Latina. En algunos de estos países se tipificó el delito desde una perspectiva pareja céntrica, es decir, en la que se considera femicidio y feminicidio solo a los asesinatos de mujeres perpetrados por la pareja actual o pasada de la víctima, es decir, ocurridos en el seno de la relación conyugal (de matrimonio o en unión de hecho declarada o no), pero también aquellos crímenes perpetrados por quienes pretendían establecer o reanudar una relación de pareja con la víctima. Entre estas leyes destacan: Costa Rica, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM) Nº 8.589 (2007). Chile, Ley N° 20.480 que modifica el artículo 390 del Código Penal (2010). Y República Dominicana, Ley N° 550-14 que establece el Código Penal (2014).

En otros países de la región se tipificaron estos crímenes de una forma más amplia, considerando el femicidio y el feminicidio como el asesinato de una mujer cometido por un hombre teniendo como motivación odio, desprecio o menosprecio a su condición de mujer, su identidad de género, o perpetrado en el contexto de la discriminación o la violencia por razones de género. En estos instrumentos jurídicos se consideran aquellos crímenes cometidos por hombres con quienes la víctima tuvo o mantuvo algún vínculo de confianza, convivencia, subordinación o dependencia, entre estos: la pareja actual o pasada de la víctima, familiares, amigos, compañeros, profesores o jefes; pero también conocidos o desconocidos en un contexto de vulnerabilidad, violencia sexual o privación de la libertad.

Aquí destacan: Guatemala, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (2008). El Salvador, Decreto 520 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2011). Argentina, Ley 26.791 que modifica el Código Penal (2012). Nicaragua, Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley 641 “Código Penal” (2012). Bolivia, Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2013). Panamá, Ley 82 que Tipifica el Femicidio y la Violencia Contra la Mujer (2013). Perú, Ley 30.068 que incorpora el artículo 108-A al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el articulo 46 del Código de Ejecución Penal (2013). Ecuador, Reforma al Código Orgánico Integral Penal (2014). Venezuela, Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014). Colombia, Ley 1.761 Rosa Elvira Cely (2015). Paraguay, Ley 5.777 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia (2016). Y Uruguay, Ley 19.538 que Modifica el Código Penal (2017).

Pero no fue sino posterior a la tipificación de este delito bajo la figura de homicidio agravado, femicidio o feminicidio que de forma inmediata o varios años más tarde, estos crímenes comenzaron a ser contabilizados, sistematizados y presentados de manera oficial, por ejemplo: Chile (2010), Guatemala (2010), Costa Rica (2012), Bolivia (2013), El Salvador (2013), Nicaragua (2013), Argentina (2014), Ecuador (2014), Panamá (2014) y Venezuela (2015). Sin embargo, la tipificación del delito (considerado como requisito indispensable para la recopilación y análisis de estadísticas en la materia) poco transformó la política de datos en algunos de estos países. En materia de estadísticas de femicidios y feminicidios, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela continúan caracterizándose por la opacidad y el secretismo; es decir, la invisibilización de la problemática, la postergación de su abordaje, así como, la ausencia en los informes presentados de información relevante y necesaria en la materia que permitan caracterizar, comprender y actuar ante el fenómeno.

Fuente de datos y análisis de la información

Uno de los principales problemas en los que refiere el proceso de comprensión, prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer, y su evitable desenlace en el femicidio y feminicidio, se encuentra estrechamente ligado a la disponibilidad de la información. En la mayoría de los países latinoamericanos no se hace un seguimiento, sistematización y publicación de las estadísticas en materia de violencia por razones de género, menos aún de los casos de femicidio y feminicidio. A razón de ello, para la realización de esta investigación, se procedió a monitorear vía electrónica la disponibilidad o no de estadísticas en materia de femicidio y feminicidio en los órganos de competencia en la materia en cada uno de los países latinoamericanos, sin embargo, solo se pudo hallar información oficial, pública y confiable en 15 de ellos2En el caso de Argentina, la información sobre el número de homicidios agravados de mujeres fue obtenida del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para Bolivia las estadísticas en materia de feminicidios provienen de la información suministrada por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia durante la Rendición Pública de Cuentas Final del año 2016.  En Chile los casos de femicidio fueron extraídos de los Informes Circuito Intersectorial de Femicidios desarrollados por el Ministerio del Interior en articulación con el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y Carabineros de Chile. Para Colombia se recurrió a las estadísticas de homicidios de mujeres cometidos por pareja o ex pareja provenientes del Observatorio de Asuntos de Género de la Consejería y, a las estadísticas de homicidios de mujeres perpetrados por pareja o ex pareja según el Boletín Epidemiológico Violencia de Género en Colombia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte en Costa Rica las estadísticas fueron recabadas del informe “Mujeres fallecidas por femicidio en Costa Rica, bajo el ámbito de la ley de penalización de la violencia contra las Mujeres y la Convención Interamericana Belem do Pará” publicado por el Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de la República. La fuente de información para el caso de Ecuador fue el informe “Femicidio. Análisis penológico 2014-2015” de la Dirección Nacional de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado y los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe CEPAL. Para El Salvador se obtuvo la información de los informes “Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador” publicados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). En Guatemala el número de casos de femicidio provienen de los Informes “Violencia en Contra de la Mujer 2008-2013” y “Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer 2O14-2O16” del Instituto Nacional de Estadística del Guatemala. Así mismo, las estadísticas de femicidio de Nicaragua y Panamá provienen de los Informes de Gestión Anual del Ministerio Público de estos países respectivamente. Para el caso de Paraguay la información se extrajo del informe “Violencia contra las mujeres en Paraguay: Avances y desafíos” desarrollado por el Ministerio de la Mujer en Paraguay y ONU Mujeres y del informe “Feminicidio en Paraguay: hecho punible de acción penal pública” de la Secretaria de Género de la Corte Suprema de Justicia. Las estadísticas de femicidios para el caso de Perú fueron extraídas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y del Boletín V-2017 Feminicidios en el Perú, del Observatorio Nacional de Política Criminal “José Hurtado Pozo” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el caso de República Dominicana la información se consiguió en las estadísticas sobre los feminicidios de la Procuraduría General de la República. Para el caso de Uruguay se accedió a las estadísticas desde el informe “Femicidios íntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas” generado por la División de Políticas de Género y el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Finalmente para Venezuela la información de los casos de femicidios proviene del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe CEPAL y los Informes Anuales de Gestión del Ministerio Público..

Posterior a la recopilación de las estadísticas disponibles, se procedió a caracterizar estos crímenes por país, pero también a caracterizarlos y analizarlos desde una perspectiva regional. En este proceso se destacaron aspectos fundamentales como grupo etario de las víctimas, vínculo con el agresor, lugar de ocurrencia de los femicidios y feminicidios, arma o modalidad empleada.  También se visibilizaron elementos como la existencia de denuncias previas, victimas secundarias, suicidio del agresor y el estado procesal de los casos pues, como afirma Rita Segato (2006) solamente una caracterización precisa del modus-operandi de cada tipo de crimen y la construcción de una tipología lo más precisa posible de las diversas modalidades de asesinatos de mujeres podría llevar a la resolución de los casos, la identificación de los agresores y al fin de la impunidad.

El femicidio y el feminicidio en 15 países de América Latina

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres en América Latina, pasa necesariamente por comprender y caracterizar la naturaleza y manifestaciones de este fenómeno. Pese a las particularidades de cada país en lo que refiere a la formulación e implementación de políticas públicas para la prevención de la violencia por razones de género, la tipificación del delito de femicidio y feminicidio, los tipos de agravantes considerados, los años de condena impuestos, la disponibilidad de la información, así como, el procesamiento y análisis de los datos; las cifras oficiales disponibles de 15 países de América Latina dan cuenta de que entre los años 2010 y 2016 han sido asesinadas por motivos de género un total de 7227 mujeres. Esto equivale a 1204 mujeres al año, 100 al mes y 3 al día; es decir, la violencia contra la mujer en la región se ha convertido en lo que Eugenio Zaffaroni (2011) define como una “masacre por goteo”.

Cuadro 1: Femicidio y feminicidio en América Latina (15 países) 2010-2016.
(Expresado en números absolutos)
País2010201120122013201420152016Total
Argentina225235254714
Bolivia2569110104308
Chile49403440404534282
Colombia1251301398814581128836
Costa Rica31422618242726194
Ecuador192672117
El Salvador98183351349981
Guatemala2052452463002092092101624
Nicaragua42381910109
Panamá26291974
Paraguay14245262339131
Perú1391231221109993100786
República Dominicana9712810371937788657
Uruguay202213261697
Venezuela74121122317
Total6467227148191283147215717227

Fuente: Elaboración propia

Pero ¿cómo se manifiesta esta violencia extrema contra la mujer en cada uno de estos países? ¿Cuáles son sus particularidades y especificidades? A continuación se presentan los hallazgos de las cifras de femicidio y feminicidio disponibles para los 15 países de América Latina en estudio:

Argentina

En la República Argentina, de acuerdo a la información disponible correspondiente a las estadísticas recabadas durante 3 años por el Registro Nacional de Femicidios, se contabilizaron un total de 714 casos; esto supone un promedio de 238 femicidios al año y 20 femicidios al mes. De estos, 322 lo que representa el 45% de los crímenes, ocurrieron en Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma), a esta le siguen como las Provincias en las que representa un mayor riesgo ser mujer: Santa Fe con 69 femicidios 9,6%, Córdoba con 48 femicidios 6,7% y la provincia de Salta con 41 casos, lo que representa el 5,7% de los crímenes motivados en el género.

El 3,3% de las víctimas eran menores de 10 años, 3,5% de ellas tenían entre 11 y 15 años, un 9,5% de las asesinadas se encontraba en el grupo etario de 16 a 20 años, 44,5% oscilaba entre los 21 y 40 años, 21,9% de las victimas tenía entre 41 y 60 años de edad, mientras que 7,8% tenía más de 60 años y se desconoce la edad de 9,2% de las víctimas. Es decir, la mayoría de las mujeres asesinadas se encontraban en edad reproductiva y el 58,5% de ellas fueron victimizadas por sus parejas o exparejas; 12,6% fueron asesinadas por algún familiar hombre, 11,3% por algún conocido, 6,6% fueron ultimadas por algún extraño, y se desconoce el vínculo entre la víctima y el agresor en 10,6% de los casos. Por su parte, el 19% de las víctimas de femicidio ya habían denunciado a sus agresores por violencia de género; y, aunque por estos 714 femicidios perpetrados durante los años 2014, 2015 y 2016 han sido imputadas 722 personas, el 41,6% de los casos se encontraban a la fecha en fase de investigación, 30% en juicio, en el 18% de los casos se dio por terminado el proceso (principalmente por suicidio del agresor), el 2% habían sido absueltos, y solo se logró condena en 8,3% de los femicidios perpetrados.

Además, estas estadísticas ponen en evidencia el hecho de que los femicidios no solo suponen el proceso de victimización de las mujeres, sino que, ante la ocurrencia de estos crímenes también hay numerosas víctimas indirectas o secundarias; por ejemplo las niñas, niños y adolescentes que quedan en condición de desamparo al ser asesinadas sus madres, los cuales en el caso de Argentina entre los años 2014 y 2016 ascienden a un total de 591 hijos e hijas menores de edad en condición de orfandad3Esta situación motivó la presentación en el año 2017 del proyecto de “Ley Brisa” para la Reparación Económica para Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Víctimas Colaterales de Homicidios Agravados por el Vínculo (Femicidios), el cual fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 04 de julio del año 2018..

Bolivia

De acuerdo a la información disponible se pudo conocer que en este país han ocurrido 308 feminicidios entre los años 2013 y 2016. Además estas estadísticas ponen en evidencia que los índices de ocurrencia de este delito no han disminuido desde su tipificación, por el contrario, se han incrementado, pudiendo contabilizarse 25 feminicidios durante 2013, 69 en 2014, 110 en 2015 y 104 durante el año 2016. Adicionalmente a esta información, solo fue posible conocer el estado procesal de los casos registrados durante el año 2016, de los cuales el 72% se encuentran en fase de investigación, en 4,8% de los casos se dio por terminado el proceso (principalmente por suicidio del feminicida), y solo el 23% de los casos han obtenido una sentencia condenatoria; esto pone en evidencia la prevalencia de la impunidad cuando de victimización de las mujeres se trata.

Chile

A partir de la información recabada en los Informes Circuito Intersectorial de Femicidios se pudo contabilizar la ocurrencia de un total de 282 femicidios entre los años 2010 y 2016, lo cual se traduce en un promedio de 47 femicidios al año y 4 en un mes. Estas estadísticas también permitieron comprobar que la comisión de estos crímenes es más común en las áreas urbanas del país pues, del total de crímenes mortales cometidos contra las mujeres por sus parejas o ex parejas, el 37,5% ocurrieron en la Región Metropolitana.

En lo que refiere el grupo etario de las víctimas de femicidio el 2% era menor de 18 años, 27,6% se encontraba en el rango de 18 a 29 años, el 30,5% oscilaba entre los 30 y 39 años, el 23% tenía edades entre 40 y 49 años, y el 16,4% de las victimas tenía más de 50 años. Además, el 76,5% de las mujeres asesinadas entre los años 2010 y 2016 fueron victimizadas por su pareja, 21,5% por su ex pareja, y 1,8% por un hombre con el cual mantenía otro tipo de relación sexual o sentimental. Así mismo, también es importante visibilizar que 14,4% de las victimas ya habían denunciado a su agresor y contaban con una medida cautelar vigente.

Por su parte, el 59% de los femicidios fueron cometidos en el domicilio que la víctima compartía con el agresor, 13,7% en la vivienda de la víctima, 2% en la residencia del victimario, 7,7% de los crímenes fueron perpetrados en otro domicilio, 16% en la vía pública o previos diversos, y se desconoce el lugar de ocurrencia en 1% de los femicidios. Para la consumación de estos crímenes los agresores emplearon arma blanca en el 49% de los casos, arma de fuego en el 19,3% de los femicidios, en 5% de los casos las mujeres fueron asesinadas a golpes, en 4,4% se emplearon objetos contundentes, en el 15,6% de los delitos se usó otro tipo de arma o instrumento, y se desconoce el arma o modalidad empleada en 5,6% de los femicidios. Además, tras la comisión del crimen el 27% de los agresores se suicidaron. Finalmente, estos femicidios cometidos en Chile entre los años 2010 y 2016 no solo dejaron 282 víctimas fatales, sino que también dejaron en condición de dependencia y vulnerabilidad a 404 menores de edad convertidos en victimas indirectas de la violencia machista.

Colombia

Las estadísticas oficiales disponibles dan cuenta de la ocurrencia de un total de 836 feminicidios en Colombia entre los años 2010 y 2016. En el año 2010 se registraron 125 casos, 130 para 2011, 139 en 2012, 88 en 2013, 145 en 2014, 81 en 2015 y 128 en el año 2016, no obstante, no debe perderse de vista que estas cifras pueden ser mayores debido a que solo están siendo contabilizados los feminicidios cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima, quedando invisibilizados los asesinatos de mujeres motivados en el género que también son cometidos por familiares, conocidos o desconocidos en el contexto de otras formas de violencia no conyugales.

Costa Rica

De acuerdo a la información recabada se pudo conocer que entre los años 2012 y 2016 en Costa Rica han ocurrieron 121 femicidios, esto significa un promedio de 24 femicidios al año y 2 crímenes de esta naturaleza al mes. De la totalidad de estos femicidios el 34,7% fueron perpetrados por la pareja de la víctima y 21,4% la ex pareja, es decir, más del 50% de los femicidios fueron cometidos por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo alguna relación de carácter sexual y sentimental. Aunado a ello, el 10% de los femicidios fueron consumados por algún familiar, 10,7% por un conocido, 10,7% fueron realizados durante un ataque sexual, y en 12,3% de los casos no existía ninguna relación entre la víctima y el agresor.

En lo que refiere al arma o modalidad empleada para la comisión del delito, el 29% de ellos fueron ejecutados con arma blanca, 25,6% con arma de fuego, 10,7% a golpes, y 34,7% de los asesinatos de mujeres por razones de género fueron cometidos mediante diversos métodos e instrumentos. Por su parte el grupo etario de las víctimas no fue incluido en el referido informe sino hasta el año 2015, pudiendo evidenciarse de acuerdo a las estadísticas que, 16,9% de las víctimas eran menores de edad, 28,3% oscilaban entre los 18 y 29 años, 32% tenían entre 30 y 39 años, 18,8% tenían edades comprendidas entre los 40 y 49 años, mientras que el 3,7% era mayor de 50 años; situación que demuestra que el riesgo de femicidio acompaña a las mujeres durante toda su vida.

Ecuador

De acuerdo al informe titulado “Femicidio. Análisis penológico 2014-2015”, se pudo identificar que la mayoría de los casos de femicidio cometidos en Ecuador son perpetrados en las zonas urbanas del territorio nacional, así mismo, muestra que 6,6% de las víctimas tenían edades comprendidas entre los 12 y 18 años, 44% tenían entre 19 y 28 años, 35,5% se encontraban en el grupo etario de 29 a 38 años, 11% se agrupa entre los 39 y 48 años, y finalmente, el 2% de las mujeres victimizadas oscilaban entre los 49 y 58 años de edad.

Estas cifras oficiales también nos permiten aproximarnos al perfil de los agresores, 55,5% de ellos eran la pareja actual de la víctima, 28,8% ex pareja, 2,2% de los crímenes fueron cometidos por un familiar, 4,4% por un conocido, 4,4% por otra persona, y no se posee información respecto al victimario en 4,4% de los delitos. Estas estadísticas también evidencian que en Ecuador el arma blanca es la más utilizada para la comisión de los femicidios, con un nivel de incidencia del 48,8%, a esta le sigue la asfixia con 31%, otras armas o modalidades con 15,5% y solo un 4,4% de los femicidios son perpetrados con armas de fuego; es decir, los agresores se valen de cualquier arma, modalidad o instrumento para la comisión de los crímenes de género.

En lo que refiere al estado procesal de los femicidios ocurridos durante los años 2014 y 2015, en 13,3% de ellos se extinguió la acción penal por el suicidio del agresor, 28,8% de los casos estaban en fase pre-procesal o de investigación, y el 57,7% -para la fecha de publicación del informe- se encontraban en proceso penal.  Por su parte, para el año 2016 no fue posible hallar información oficial sobre el número de femicidios, con excepción de los 72 casos sistematizados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe CEPAL.

El Salvador

Según los informes “Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador” publicados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) fue posible tener conocimiento de la ocurrencia de 98 feminicidios en 2013, 183 casos en 2014, 351 en el año 2015 y 349 en 2016; sin embargo, estos informes no cuentan con mayor información que permita caracterizar el fenómeno4Si bien las Memorias de Labores Anuales de la Fiscalía General de la República de El Salvador incluyen un apartado dedicado al delito de feminicidio, este es muy somero, sólo visibiliza algunos pocos casos en los que se logró la aplicación de penas ejemplarizantes sin hacer referencia al número de crímenes cometidos en el año en cuestión..

Guatemala

En Guatemala de acuerdo a la información suministrada en los Informes “Violencia en Contra de la Mujer 2008-2013” y “Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer 2O14-2O16” del Instituto Nacional de Estadística del Guatemala, es posible contabilizar la ocurrencia de 205 femicidios en el año 2010, 245 en 2011, 246 en 2012, 300 en 2013, 209 en 2014, 209 en 2015 y 210 durante el año 2016. Adicionalmente, en estos informes se develan los altos índices de impunidad que prevalecen en el país centroamericano pues, del total de femicidios perpetrados en Guatemala entre los años 2010 y 2016 sólo se ha logrado una sentencia condenatoria en el 13,5% de los casos5Estos niveles de impunidad podrían profundizarse debido a la sentencia con fecha del 27 de junio de 2018 emitida por la Corte Constitucional de Guatemala en la cual se declara la inconstitucionalidad parcial del artículo 6 de la Ley contra Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, específicamente donde esta estipula que “y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”. Ante esta medida que representa un retroceso en lo que refiere la sanción del delito de femicidio, organismos internacionales como ONU Mujeres han expresado su preocupación afirmando que, esta sentencia que permitirá la reducción de las condenas por la comisión del delito de femicidio pone “en riesgo la vida y la dignidad e las mujeres sobrevivientes de violencia y su derecho a una justicia efectiva y plena. Asimismo, tomando en cuenta la particularidad de los casos de feminicidio, coloca aún en mayor vulnerabilidad a las víctimas colaterales (familiares, hijos e hijas), ya que eleva el riesgo de venganza y/represalias del condenado”..

Nicaragua

El caso de Nicaragua llama particularmente la atención debida a que la información contenida en los Informes de Gestión Anual del Ministerio Público, muestran una progresiva reducción de los casos de femicidio desde la tipificación del delito; en un lapso de 4 años,  las estadísticas dan cuenta de la ocurrencia de un total de 109 femicidios específicamente, 42 durante 2013, 38 en 2014, 19 en 2015 y 10 en 2016, sin embargo, en estos no se incluye información adicional que permita caracterizar el fenómeno6Estos informes aunque muestran una progresiva minimización del delito de femicidio en Nicaragua, carecen de información fundamental como grupo etario de la víctima, lugar de ocurrencia del crimen, ubicación geográfica, arma o modalidad empleada, relación entre la víctima y el agresor, medidas o iniciativas desarrolladas por las unidades de competencia, entre otras, que permitirían caracterizar y comprender el fenómeno, así como, explicar el significativo, inmediato e inusual descenso de los femicidios desde su tipificación..

Panamá

Durante el año 2014 el Ministerio Público de la República de Panamá comenzó a sistematizar los casos de femicidios, para ese año contabilizaron 26 de estos crímenes motivados en el género, sin embargo, esta fue la única información publicada para el referido periodo. En el año 2015 se reportaron 29 casos, 19 para el 2016 y 18 en 2017. Las estadísticas disponibles permiten conocer que de los femicidios ocurridos en Panamá entre los años 2015 y 2017 el 6% de las víctimas eran menores de 18 años, 36,3% tenían entre 18 y 29 años, 33,3% oscilaba entre los 30 y 39 años, 9% tenía edades entre 40 y 49 años, 6% se encontraba en el grupo etario de 50 a 59 años, 7,5% tenía más de 60 años, y se desconoce esta información para el 1,5% de las víctimas; situación que pone en evidencia que las principales víctimas de femicidio son aquellas mujeres en edad reproductiva y por tanto con edades para vincularse en relaciones sexo-afectivas.

Los datos también dan cuenta de que el 31,8% de estas mujeres asesinadas lo fueron con arma de fuego, 28,7% con arma blanca, 12% mediante asfixia, 7,5% a golpes, y 19,6% de las víctimas fueron asesinadas mediante el empleo de distintas armas o modalidades. Estos crímenes también tienen altos niveles de incidencia en las zonas urbanas, al menos el 43,9% de los femicidios perpetrados entre 2015 y 2017 fueron cometidos en la Ciudad de Panamá. Así mismo, durante el año 2015 las estadísticas sobre femicidio del Ministerio Público incluyeron la situación jurídica de los casos, a partir de ello se pudo conocer que 27,5% se encontraba en juicio, 55% en trámite, 6,8% en archivo como consecuencia del suicidio del agresor y se desconoce el estado del 10,3% de los casos; empero, esta información no fue nuevamente incluida en las estadísticas correspondientes a los años 2016 y 2017, por lo cual la calidad de los datos presentados descendió en relación con el año 2015.

Paraguay

Paraguay es otro de los países de la región con debilidades en lo que refiere a la sistematización y presentación de las cifras de feminicidios. Para esta investigación solo fue posible acceder a las estadísticas del informe “Violencia contra las mujeres en Paraguay: Avances y desafíos” en el que se hace referencia a la ocurrencia de 14 feminicidios en 2011, 24 en 2012 y 5 durante 2013; mientras que el informe “Feminicidio en Paraguay: Hecho punible de acción penal pública” sistematizó 26 casos de feminicidio durante 2014, 23 en 2015 y 39 en 20167Esta información coloca a Paraguay como uno de los países de América Latina con menores índices de ocurrencia de feminicidio, sin embargo, estas estadísticas se presentan como insuficientes para caracterizar el fenómeno, y por tanto, realizar recomendaciones de acciones o decisiones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de los feminicidios..

Perú

Entre los años 2010 y 2016 en Perú han ocurrido 786 feminicidios, esto supone un promedio de 131 asesinatos de mujeres por razones de género al año y al menos 11 al mes. Así mismo, este delito tiene mayores índices de ocurrencia en las zonas urbanas, entre 2010 y 2014 Lima aparece como la región con más casos de feminicidios registrados. En lo que refiere al grupo etario de las mujeres asesinadas se pudo conocer que el 13,4% era menor de edad, 27% se encontraba en el rango de los 18 a los 24 años, el 31% oscilaba entre los 25 a 34 años, 16,4% de ellas tenían entre 35 y 44 años, 7,6% estaban en el grupo de los 45 a 54 años, 1,7% pertenecía al grupo de 55 a 64 años, y el 2,4% de las victimas tenía más de 65 años de edad.

De los femicidios perpetrados entre 2010 y 2016 el 63% fueron cometidos por la pareja de la víctima, 17,6% por la expareja, 9,4% por algún familiar hombre, 5% por un desconocido y no se tiene información para el 4,4% de los casos. Además, el 31,8% de estos feminicidios fueron perpetrados en el domicilio que la víctima compartía con el victimario, 13,9% en la vivienda de la víctima, 10% en la residencia del agresor, 2% en otro domicilio, 24% en la vía o lugar público, y el 17,6% de los crímenes fueron cometidos en otro lugar. Por su parte, para la comisión de los crímenes sexistas y misóginos en Perú, el arma o modalidad más empleada es la asfixia la cual alcanza el 29,3% de los casos, esta es seguida por el empleo de arma blanca con 28,3%, golpes 18,8%, arma de fuego en el 15% de los casos y en el 8% de los casos se recurrió a otro tipo de arma o modalidad8La disponibilidad de estas estadísticas según reseña el informe Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, ha permitido al Ministerio Público del Perú mejorar el proceso de investigación y ha dado lugar a la propuesta para un modelo predictivo para la prevención de muertes de mujeres en un contexto de feminicidio. El modelo predictivo ha permitido dar seguimiento a las mujeres con más de cuatro denuncias por violencia familiar o tentativas de feminicidio, a las que se asigna un puntaje de riesgo, que genera una alerta a la Fiscalía. Entre 2009 y 2015, se ha detectado un número de 183 mujeres en riesgo de feminicidio, ante lo cual, personal de la Fiscalía realiza visitas domiciliarias a estas mujeres, las que han permitido reafirmar que el 46% de ellas están en alto riesgo y emitir una alerta a los mecanismos de prevención; no obstante, la disponibilidad de información estadística, así como, la implementación del sistema de alertas no ha logrado disminuir los altos índices de ocurrencia de este delito en la sociedad peruana..

República Dominicana

República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de ocurrencia del delito de feminicidio, sin embargo, las estadísticas de la Procuraduría General de la República sólo contabilizan y presentan el número de casos ocurridos. De acuerdo a estos, en los últimos siete años se han perpetrado 764 casos de feminicidio, específicamente 97 durante 2010, 128 en 2011, 103 en 2012, 71 en 2013, 93 en 2014, 77 en 2015, 88 durante 2016 y 107 en 2017.

Uruguay

Pese a que Uruguay figura como el último país en tipificar los asesinatos sexistas y misóginos en la región, desde hace algunos años ya sistematizaba la ocurrencia de los crímenes de esta naturaleza. A través de las estadísticas presentadas en el informe “Femicidios íntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas” desarrollado por la División de Políticas de Género y el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, se pudo conocer que entre los años 2012 y 2016 han ocurrido 97 femicidios. El 60,3% de ellos fueron cometidos por la pareja de la víctima y 39,8% por la ex pareja. El 43% de los crímenes tuvieron lugar en el domicilio que la víctima compartía con su agresor, 25,1% en la vivienda de la víctima, 6,1% en la residencia del victimario, 19,8% en la vía pública y 6,1% de los femicidios fueron perpetrados en otro lugar. Así mismo, el 54,5% de los femicidios fueron cometidos con arma de fuego, 30% con arma blanca, 8,9% mediante asfixia, estrangulación o ahogamiento, 3,9% de las mujeres fueron asesinadas mediante golpes con objetos contundentes, mientras que en 2,7% de los casos se empleó otro tipo de arma.

Finalmente, los datos oficiales analizados permiten aproximarse al hecho de que 20,6% de las victimas ya había denunciado previamente a su agresor por violencia de género, sin embargo, no obtuvieron la respuesta y protección necesaria por parte de los órganos de competencia; negligencia y violencia institucional que dejó un saldo de 97 mujeres asesinadas, de las cuales, el 42,3% tenían hijos e hijas menores de edad bajo su cargo.

Venezuela

Con base al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en Venezuela durante el año 2014 ocurrieron 74 femicidios. Es en el año 2015 que por primera vez se pudieron conocer las cifras oficiales de este delito, las cuales fueron presentadas en el Informe Anual de Gestión 2015 del Ministerio Público. En este periodo ocurrieron 121 femicidios, de los cuales 4,9% fueron cometidos contra menores de 15 años, 33% de las víctimas tenían edades comprendidas entre 15 y 25 años, 27% oscilaban entre los 26 y 35 años de edad, 19,8% 24 tenían entre 36 y 45 años, 14% se encontraban entre los 46 y 60 años, y 2,4% de las mujeres victimizadas eran mayores de 60 años. Aunado a ello, vale la pena señalar que el mayor número de femicidios fueron perpetrados en los Estados que condensan mayor población y grados de urbanidad como lo son el Estado Carabobo, Distrito Capital, el Estado Miranda y el Estado Zulia. No obstante, para el año 2016 a través del Informe Anual de Gestión del Ministerio Público sólo se pudo conocer la ocurrencia de 122 casos de femicidio, sin ninguna información adicional que permitiera caracterizar y analizar el fenómeno9Tras dos años de la tipificación del delito, la calidad de los datos sobre femicidio no se incrementó como era de esperarse, por el contrario, descendieron y empeoraron. Además es importante señalar que las cifras oficiales de femicidio en Venezuela presentadas en los Informes Anuales de Gestión 2015 y 2016 del Ministerio Público, ya no se encuentran disponibles en la web del organismo; estos fueron removidos tras la destitución de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 5 de agosto de 2017, con el Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público, oficializado en Gaceta Extraordinaria Número 6.322..

Femicidio y feminicidio: Características regionales de la violencia patriarcal

Si bien es cierto que el femicidio y el feminicidio tiene expresiones y manifestaciones específicas en cada país, asociado a las formas organizativas y de socialización establecida en determinadas sociedades, también es cierto que existen elementos comunes que permiten caracterizar de forma regional la ocurrencia, mantenimiento y prevalencia de esta forma de violencia extrema contra la mujer.

De acuerdo a la información estadística oficial recabada en 15 países de América Latina, se pudo conocer que la mayor cantidad de víctimas de femicidio y feminicidio en la región se concentran en el grupo etario entre 18 y 49 años de edad: Argentina (66%), Chile (82%), Costa Rica (79%), Ecuador (91%), Panamá (81%), Perú (82%), Uruguay (77%) y Venezuela (69%). Esto quiere decir que, si bien todas las mujeres se encuentran en riesgo de ser victimizadas en cualquier momento de su vida, este riesgo aumenta en la medida en que pasan a formar parte del grupo de mujeres en edad reproductiva y por tanto de unirse en pareja, donde la relación de acuerdo a los códigos sexistas de una organización social patriarcal y machista como la latinoamericana se organiza en torno al ejercicio del poder y el control masculino sobre la mujer.

De acuerdo a ello, en América Latina es posible hablar de la prevalencia de lo que  Campbell y Runyan (1998) denominan el feminicidio de pareja íntima, donde, como señala Frances Power (2006) en casos innumerables la esposa-golpeada ha avanzado a la esposa-torturada y la esposa-torturada generalmente termina en esposa-mutilada, esposa-ciega o esposa-asesinada. Así lo ha dejado en evidencia los datos disponibles, según los cuales estos delitos son cometidos en primer lugar por la pareja de la víctima: esposo, concubino, novio o amante (Argentina 58,8%), (Chile 77%), (Costa Rica 34,7%), (Ecuador 55,5%), (Perú 63%), (Uruguay 60,3%), y en segundo lugar por exparejas: ex esposos, ex concubinos, ex novios y ex amantes (Chile 21,3%), (Costa Rica 21,4%), (Ecuador 28,8%), (Perú 17,6%), (39,8%).

Por su parte, los femicidios y feminicidios perpetrados en el contexto de la violencia sexual, suelen tener como víctimas en mayor medida a niñas y mujeres en condición de vulnerabilidad: niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, adultas mayores o mujeres de la tercera edad, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas y mujeres migrantes; quienes la más de las veces son sometidas y victimizadas por hombres pertenecientes al grupo familiar, vecinos o amigos cercanos; pero también hombres que participan del mercado de la carne, como lo son las redes de trata y prostitución.

Las estadísticas muestran que la mayoría de los casos de femicidio y feminicidio en América Latina ocurren en el domicilio donde la víctima convivía con el agresor (Chile 60,3%), (Perú 31,8%), (Uruguay 43%), seguido del domicilio de la víctima (Chile 12,5%), (Perú 13,9%), (Uruguay 25%); aunque también algunos de estos crímenes son consumados en espacios públicos donde el victimario suele citar  amistosamente  a la víctima (Chile 14,5%), (Perú 24%), (Uruguay 19,8%). Ahora bien, en lo que respecta al arma o modalidad empleada para la comisión del delito de femicidio y feminicidio como afirman Gartner, Dawson y Crawford (2006), una proporción sustancial de los feminicidios íntimos involucraron múltiples métodos, fuerza excesiva y violencia continuada. En el caso de América Latina en algunos países en estudio el empleo de armas blancas es la más común (Chile 50%), (Ecuador 49%), en otros alcanza mayores porcentajes la suma de diversas modalidades para la comisión del crimen como la asfixia, el estrangulamiento, los golpes y el envenenamiento (Costa Rica 45%), (Perú 56%). Por su parte, aunque en la mayoría de los países el arma de fuego no es la más empleada en la perpetración de los femicidios y feminicidios (Chile 19,3%) (Costa Rica 25,6%), (Ecuador 4%), (Perú 15%), en otros países tiene una gran presencia en estos delitos (Panamá 35%) (Uruguay 55%).

Los femicidios y feminicidios también pueden ubicarse geográficamente, las cifras permiten evidenciar altos niveles de incidencia en las zonas que condensan más población y grados de urbanidad; generalmente ocurren en la capital o principales ciudades de los países en estudio, por ejemplo: Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma) en Argentina (45%), Región Metropolitana de Santiago en Chile (57%), Ciudad de Panamá en Panamá (46%), Lima (Provincia y Región) en Perú (31%), Área Metropolitana de Caracas, Estados Carabobo, Miranda y Zulia en Venezuela (43%). Una excepción es Uruguay donde el número de femicidios es mayor en el interior del país (64,5%) en relación a Montevideo (40%).

Pero de acuerdo a los registros también fue posible constatar los altos índices de indiferencia, impunidad, negligencia e inoperancia de las instituciones y funcionarios de justicia ante los casos de violencia contra las mujeres pues, algunas de las víctimas de femicidio y feminicidio ya habían denunciado a su agresor (Argentina 19%), (Uruguay 20,6%) mientras que otras contaban incluso con medidas de protección vigentes (Chile 14%). En lo que refiere a la sanción de estos delitos, la mayoría de los casos para el momento de la publicación de la información analizada se encontraban en fase de investigación (Argentina 41,8%), (Bolivia 72%), (Ecuador 28,8%), (Panamá 55,1%) o juicio (Argentina 29,5%), (Ecuador 57,7%), (Panamá 27,5%), muy pocos habían logrado sentencia condenatoria (Argentina 8%), (Bolivia 23%), (Guatemala 13,5%). Posterior a la comisión del crimen algunos de los femicidas y feminicidas toman la decisión de suicidarse como un mecanismo de evasión de la justicia (Argentina 18%), (Bolivia 4,8%), (Chile 27,6%), (Ecuador 13%), (Panamá 6,8%), pero también como ha señalado Diana Russell (2006) la unión de homicidio con suicidio ocurre con frecuencia en hombres que asesinan a miembros de su familia.

Pero los femicidios y feminicidios no solo victimizan a las mujeres, por el contrario, se constituyen como crímenes expansivos, en los cuales con frecuencia hay víctimas secundarias. Entre estas es posible considerar personas enfermas o ancianas bajo el cuidado de las víctimas, hijos e hijas mayores de 18 años cursando estudios o en condición de discapacidad, pero sobre todos niños, niñas y adolescentes quienes la más de las veces han tenido que presenciar el crimen; y quienes tras su ocurrencia se enfrentan al desamparo familiar, la violencia institucional y la ausencia de garantía de derechos por parte de las instituciones del Estado (Argentina 591 víctimas secundarias), (Chile 346 víctimas secundarias), (Uruguay 41 víctimas secundarias).

Conclusiones y recomendaciones

Aunque tradicionalmente ha sido un ámbito invisibilizado, postergado y desatendido, la violencia contra la mujer y su desenlace en el femicidio y el feminicidio es una de las problemáticas que en mayor medida afecta a las mujeres en las sociedades latinoamericanas. Estos crímenes contrario a como se ha intentado instaurar en el imaginario colectivo, no poseen un carácter privado, aislado o excepcional; por el contrario, son crímenes cotidianos que, como evidencian las cifras oficiales de 15 países de la región, disponibles y analizadas para esta investigación, dan cuenta de la ocurrencia de un total de 7227 femicidios y feminicidios entre los años 2010 y 2016, esto sin incluir las numerosas víctimas secundarias o indirectas de estos crímenes motivados por el sexismo y la misoginia.

El proceso de investigación también permitió identificar que estos crímenes al tener como génesis las desigualdades y formas de violencia por razones de género, encuentran elementos comunes en los distintos países de América Latina. Si bien entre los 15 países en estudio, algunos disponían de mayor información estadística que otros, fue posible concluir, que en términos generales, las victimas de femicidio y feminicidio suelen ser mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 49 años de edad, entre los agresores destacan aquellos con quien la víctima tuvo o mantuvo alguna relación sexo-afectiva, es decir pareja o ex pareja. La vivienda que la víctima compartía con el agresor o la vivienda propia destaca como el lugar de ocurrencia de los hechos, son múltiples y diversas las armas y modalidades empleadas para la comisión del crimen, y existe mayor riesgo de femicidio y feminicidio en las zonas urbanas;  finalmente, se hallaron altos índices de impunidad en lo que refiere a la sanción de estos crímenes motivados en el género.

Ante ello, la respuesta proporcionada por los Estados ante la ocurrencia del fenómeno si bien representan un gran avance, no ha sido suficiente. El femicidio y el feminicidio continúa extendiéndose como una epidemia en América Latina y, la ausencia, inacción e ineficacia de las políticas públicas, la falta de articulación institucional, la precaria asignación presupuestaria, la exigua formación y sensibilización en la materia de los operadores de justicia, las investigaciones criminales incompletas y prejuiciadas, así como la impunidad, son la norma, los cuales se presentan como elementos potenciadores de la amenaza que este delito representa contra la igualdad. Ante la magnitud y gravedad del femicidio y el feminicidio en América Latina, se hace necesario el fortalecimiento de lo implementado y el desarrollo de nuevas estrategias, entre las cuales es posible considerar grosso modo:

  1. Realizar un abordaje integral del fenómeno en articulación con los diferentes actores e instituciones sociales involucradas.
  2. Superar el enfoque femenil de las políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia por razones de género.
  3. Destinar mayores recursos económicos para las políticas públicas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
  4. Trascender la judicialización como mecanismo único de atención de estos delitos, aunado al monitoreo de los procesos de aplicación de las leyes y reformas al código penal para prevenir, sancionar y erradicar el femicidio y feminicidio.
  5. Ampliar la tipificación del delito en los casos de las legislaciones que solo contemplan el homicidio agravado, femicidio o feminicidio como consecuencia de violencia por razones de género en los ámbitos domésticos o perpetrados exclusivamente por pareja o ex pareja de la víctima pues, contribuye a invisibilizar los crímenes cometidos contra las mujeres por razones de género pero perpetrados fuera de la unidad doméstica o la relación conyugal.
  6. Diseñar políticas públicas dirigidas a la reparación de las victimas secundarias del femicidio y el feminicidio.
  7. Optimizar los procesos de recolección, sistematización y divulgación de las estadísticas de femicidios y feminicidios.
  8. Incorporar en los registros de femicidio y feminicidio de América Latina a la población de mujeres transgéneros victimizadas por su identidad o por la violencia por razones de género.
  9. Diseñar un modelo de protocolo latinoamericano para el abordaje mediático de los casos de femicidio y feminicidio, a fin de sensibilizar a los profesionales de la comunicación, evitar la desinformación y la revictimización de las víctimas.

Estos hechos en su conjunto evitarían que, como lo ha señalado Eugenio Zaffaroni (2017) el Estado se limite a recoger cadáveres e imponer penas, y tributarían a la profundización de los avances en la materia hasta el momento alcanzados; proporcionando insumos para una mejor comprensión, análisis y atención del fenómeno, al mismo tiempo que contribuyendo a desacelerar el ritmo de crecimiento de los casos de femicidio y feminicidio que amenazan la igualdad, la autonomía y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en América Latina.

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Notas   [ + ]

1.El término femicidio fue introducido por Diana Russell en 1976 cuando testificó sobre dicho crimen en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, sin embargo, no fue sino en la década de los noventa que junto a Jane Caputi lo definió como como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”; más tarde en colaboración con Jill Radford lo decribiría como “el asesinato misógino de mujeres por hombres” y finalmente, consideraría el femicidio como “el asesinato de mujeres por hombres porque son mujeres”, es decir, como crímenes genéricos de odio. La confusión terminológica se inició en el año 2006 con la edición en español de los libros Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres de Diana Russell y Jill Radford, así como, del libro Femicidio: una perspectiva global de Diana Russell y Roberta Harmes, realizada por Marcela Lagarde quien coordinó y presentó la edición de estos textos, en los cuales tradujo y sustituyó femicide (femicidio) por feminicidio, arguyendo que “en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa homicidio de mujeres”, término que posteriormente se atribuiría. Esta traducción del termino femicidio en América Latina ha derivado en la tipificación diferenciada de la normativa jurídica en los distintos países de la región, pese a ello, no existen diferencias sustantivas entre los términos; estando su empleo en un país u otro determinado por una mayor o menor influencia de alguno de los términos y el background al cual se ha tenido acceso en la materia.
2.En el caso de Argentina, la información sobre el número de homicidios agravados de mujeres fue obtenida del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para Bolivia las estadísticas en materia de feminicidios provienen de la información suministrada por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia durante la Rendición Pública de Cuentas Final del año 2016.  En Chile los casos de femicidio fueron extraídos de los Informes Circuito Intersectorial de Femicidios desarrollados por el Ministerio del Interior en articulación con el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y Carabineros de Chile. Para Colombia se recurrió a las estadísticas de homicidios de mujeres cometidos por pareja o ex pareja provenientes del Observatorio de Asuntos de Género de la Consejería y, a las estadísticas de homicidios de mujeres perpetrados por pareja o ex pareja según el Boletín Epidemiológico Violencia de Género en Colombia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte en Costa Rica las estadísticas fueron recabadas del informe “Mujeres fallecidas por femicidio en Costa Rica, bajo el ámbito de la ley de penalización de la violencia contra las Mujeres y la Convención Interamericana Belem do Pará” publicado por el Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de la República. La fuente de información para el caso de Ecuador fue el informe “Femicidio. Análisis penológico 2014-2015” de la Dirección Nacional de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado y los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe CEPAL. Para El Salvador se obtuvo la información de los informes “Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador” publicados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). En Guatemala el número de casos de femicidio provienen de los Informes “Violencia en Contra de la Mujer 2008-2013” y “Estadísticas de Violencia en contra de la Mujer 2O14-2O16” del Instituto Nacional de Estadística del Guatemala. Así mismo, las estadísticas de femicidio de Nicaragua y Panamá provienen de los Informes de Gestión Anual del Ministerio Público de estos países respectivamente. Para el caso de Paraguay la información se extrajo del informe “Violencia contra las mujeres en Paraguay: Avances y desafíos” desarrollado por el Ministerio de la Mujer en Paraguay y ONU Mujeres y del informe “Feminicidio en Paraguay: hecho punible de acción penal pública” de la Secretaria de Género de la Corte Suprema de Justicia. Las estadísticas de femicidios para el caso de Perú fueron extraídas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y del Boletín V-2017 Feminicidios en el Perú, del Observatorio Nacional de Política Criminal “José Hurtado Pozo” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el caso de República Dominicana la información se consiguió en las estadísticas sobre los feminicidios de la Procuraduría General de la República. Para el caso de Uruguay se accedió a las estadísticas desde el informe “Femicidios íntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas” generado por la División de Políticas de Género y el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Finalmente para Venezuela la información de los casos de femicidios proviene del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe CEPAL y los Informes Anuales de Gestión del Ministerio Público.
3.Esta situación motivó la presentación en el año 2017 del proyecto de “Ley Brisa” para la Reparación Económica para Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Víctimas Colaterales de Homicidios Agravados por el Vínculo (Femicidios), el cual fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 04 de julio del año 2018.
4.Si bien las Memorias de Labores Anuales de la Fiscalía General de la República de El Salvador incluyen un apartado dedicado al delito de feminicidio, este es muy somero, sólo visibiliza algunos pocos casos en los que se logró la aplicación de penas ejemplarizantes sin hacer referencia al número de crímenes cometidos en el año en cuestión.
5.Estos niveles de impunidad podrían profundizarse debido a la sentencia con fecha del 27 de junio de 2018 emitida por la Corte Constitucional de Guatemala en la cual se declara la inconstitucionalidad parcial del artículo 6 de la Ley contra Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, específicamente donde esta estipula que “y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”. Ante esta medida que representa un retroceso en lo que refiere la sanción del delito de femicidio, organismos internacionales como ONU Mujeres han expresado su preocupación afirmando que, esta sentencia que permitirá la reducción de las condenas por la comisión del delito de femicidio pone “en riesgo la vida y la dignidad e las mujeres sobrevivientes de violencia y su derecho a una justicia efectiva y plena. Asimismo, tomando en cuenta la particularidad de los casos de feminicidio, coloca aún en mayor vulnerabilidad a las víctimas colaterales (familiares, hijos e hijas), ya que eleva el riesgo de venganza y/represalias del condenado”.
6.Estos informes aunque muestran una progresiva minimización del delito de femicidio en Nicaragua, carecen de información fundamental como grupo etario de la víctima, lugar de ocurrencia del crimen, ubicación geográfica, arma o modalidad empleada, relación entre la víctima y el agresor, medidas o iniciativas desarrolladas por las unidades de competencia, entre otras, que permitirían caracterizar y comprender el fenómeno, así como, explicar el significativo, inmediato e inusual descenso de los femicidios desde su tipificación.
7.Esta información coloca a Paraguay como uno de los países de América Latina con menores índices de ocurrencia de feminicidio, sin embargo, estas estadísticas se presentan como insuficientes para caracterizar el fenómeno, y por tanto, realizar recomendaciones de acciones o decisiones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de los feminicidios.
8.La disponibilidad de estas estadísticas según reseña el informe Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, ha permitido al Ministerio Público del Perú mejorar el proceso de investigación y ha dado lugar a la propuesta para un modelo predictivo para la prevención de muertes de mujeres en un contexto de feminicidio. El modelo predictivo ha permitido dar seguimiento a las mujeres con más de cuatro denuncias por violencia familiar o tentativas de feminicidio, a las que se asigna un puntaje de riesgo, que genera una alerta a la Fiscalía. Entre 2009 y 2015, se ha detectado un número de 183 mujeres en riesgo de feminicidio, ante lo cual, personal de la Fiscalía realiza visitas domiciliarias a estas mujeres, las que han permitido reafirmar que el 46% de ellas están en alto riesgo y emitir una alerta a los mecanismos de prevención; no obstante, la disponibilidad de información estadística, así como, la implementación del sistema de alertas no ha logrado disminuir los altos índices de ocurrencia de este delito en la sociedad peruana.
9.Tras dos años de la tipificación del delito, la calidad de los datos sobre femicidio no se incrementó como era de esperarse, por el contrario, descendieron y empeoraron. Además es importante señalar que las cifras oficiales de femicidio en Venezuela presentadas en los Informes Anuales de Gestión 2015 y 2016 del Ministerio Público, ya no se encuentran disponibles en la web del organismo; estos fueron removidos tras la destitución de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 5 de agosto de 2017, con el Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público, oficializado en Gaceta Extraordinaria Número 6.322.
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Socióloga, Magister Scientiarum en Estudios de la Mujer, Doctora y Postdoctora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Central de Venezuela.

Fundadora de EPG Consultora de Género y Equidad. Escritora y columnista en diversos medios de comunicación venezolanos y extranjeros.

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