¿Existe inclusión en las escuelas de Chile?: Una promesa incumplida

Al no considerar que la inclusión sea un asunto de Estado, estaremos perpetuando una educación segregada por clase social, por capacidades de los estudiantes, por el bolsillo de las familias, por la lotería genética, etc.

¿Existe inclusión en las escuelas de Chile?: Una promesa incumplida
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inclusión en las escuelas de Chile

En un sistema escolar como el chileno, regulado fuertemente por las dinámicas de mercado, considerar la posibilidad de que la inclusión escolar sea parte de las prioridades dentro de la agenda del gobierno en materia de educación, es algo totalmente ilusorio. Solo basta, con observar todo el empeño invertido en iniciativas como el Proyecto de Ley de “Admisión Justa” (actualmente en discusión) para evidenciar que es más importante la selección escolar que el legitimo y pleno derecho a una educación de sustantiva, integral y de calidad para todos (y no solo algunos) estudiantes.

Es más, existe un conjunto de investigaciones a nivel nacional e internacional que afirman de manera contundente que en sistemas educativos dominados por las lógicas de mercado como el chileno, las externalidades negativas (o consecuencias indeseadas) que se producen, impactan negativamente en los colectivos de alumnos que son considerados como otros “inferiores” (niños con necesidades educativas especiales, de sectores vulnerables, de pueblos originarios, migrantes, entre otros).

En términos de políticas de inclusión escolar, un grupo de estas (PIE, Ley SEP, decreto 170, Ley 20.422, entre otras) han reforzado una mirada asistencialista, asociada a un presunto “déficit” que presentarían niños y jóvenes. Esta forma de entender y abordar la heterogeneidad entre el alumnado, es transmitida a la escuela y a la sociedad en su conjunto, quienes reproducen las clasificaciones y etiquetas que las mismas políticas crean: “el niño vulnerable”, “el niño con hiperactividad”, “el joven con Down”, “el estudiante prioritario”, entre otras categorías que no aportan a la construcción de la identidad de los educandos.

Esta construcción de alumnos “que son inferiores” a los demás desde las políticas, es grave y perjudicial para el logro de un proceso educativo sustantivo e integral. A modo de ejemplo, el solo hecho de considerar que un niño a sus 4 años de edad se le diagnostique un déficit atencional con hiperactividad (TDAH), implicaría que este educando recibirá desde una temprana edad, un trato diferenciado y tendrá que cargar con su “condición de salud” durante toda su escolaridad. Es más, terminará por internalizar su diagnóstico, por tanto, pensará y actuará (performará desde una perspectiva butleriana) como si estuviera “enfermo”, lo que afectará toda su trayectoria educativa y vital (peor aún si es medicamentado desde esta etapa de desarrollo).

Si el Estado, no asume que está realizando solo “una inclusión a la chilena” (Sisto, 2019), la que consiste hasta el momento solo en un traslado de alumnos de escuelas especiales a la educación regular (integración), sin hacerse cargo de ellos, sino que más bien solo se encarga de subsidiar y compensar de manera asistencialista y paternalista a los alumnos que se les marca y etiqueta como “diversos” y se les conceptualiza como “otros inferiores”, no existirá en el mediano o largo plazo, la posibilidad de pensar una inclusión plena.

Una propuesta osada en un régimen de mercado como el chileno, para subsanar esta situación, es proponer un financiamiento basal y permanente para la inclusión escolar, la que no dependa de diagnósticos, ni etiquetas y que esté dirigido a todos los alumnos y en especial aquellos que requieren de mayores apoyos pedagógicos para acceder y participar plenamente del currículum escolar. Adicionalmente, se tendría que contar con una educación pública robustecida, que posea con los recursos materiales y humanos para ofrecer similares trayectorias educativas a todo el alumnado, acabando con las ventajas comparativas que poseen los sectores subvencionados y privados y eliminando todo mecanismo de selección de alumnos, aspecto contrario a lo que desea el actual y controversial proyecto de Ley de Admisión Justa.

Al no considerar que la inclusión sea un asunto de Estado, estaremos perpetuando una educación segregada por clase social, por capacidades de los estudiantes, por el bolsillo de las familias, por la lotería genética, etc. Pero, lo más grave aún, es que muchos alumnos no podrán ejercer el legítimo derecho a recibir la educación que se merecen solo por el hecho de asistir a la escuela, lo que es totalmente contrario a la inclusión.

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Autor

Profesor de educación primaria, Magíster en educación mención dificultades del aprendizaje, Doctor (c) en Educación.

Temáticas de interés: Políticas educativas, Sociología de la educación, inclusión escolar, justicia social, derechos y desarrollo del profesorado.