El currículum oculto de la ministra en Educación

Las instituciones de educación pública, han sido y siguen siendo presas de la violencia estructural que desde el Estado se ha ejercido por décadas.

ministra de educación Chile
ministra de educación Chile

Las iniciativas legales que ha promovido en Chile la actual administración en educación, se podrían sintetizar en tres conceptos que están vinculados entre sí: exclusión, violencia y empobrecimiento curricular. En ningún lugar, en ningún documento oficial, se encontrarán de manera explícita los valores y la ideología que orienta la “agenda o el currículum oculto” de este gobierno. De hecho, en ningún documento se señalará que las decisiones que se han tomado en educación están basadas en la racionalidad de mercado y en sus principios: selección, competencia, privatización, libre elección y la mercantilización de los servicios educativos.

No cabe duda entonces, que iniciativas legales como “Admisión Justa” promuevan la selección y por tanto, la exclusión de determinados alumnos de beneficiarse de una educación de calidad, siendo que todos los educandos tienen el legítimo derecho a recibir una formación integral de acuerdo al marco constitucional que nos rige. Además, no se ha presentado hasta el momento evidencia empírica que respalde este tipo de decisiones políticas, o por lo menos no se han realizado desde el gobierno, estudios en esta materia que justifiquen y señalen las bondades y beneficios de la selección escolar en contextos de mercado educativo como el chileno.

Para el caso de la ley “Aula Segura” esta ha sido una verdadera “oda a la violencia”. Si bien, una gran mayoría estaría de acuerdo con que en las escuelas debe primar una sana convivencia, en el entendido en que tanto profesores, como estudiantes deberían promover y crear un entorno propicio para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje, en muchos casos, este “clima” es muy complejo de generar, ya que de partida las instituciones de educación pública, han sido y siguen siendo presas de la violencia estructural que desde el Estado se ha ejercido por décadas: paupérrimas condiciones materiales, escuetos y frágiles sueldos sumado a las precarias condiciones laborales para el profesorado, la denostación pública a la educación municipal y estigmatización del alumnado que asiste a escuelas y Liceos públicos, los que han sido conceptualizados como alumnos marginales y por ende problemáticos y violentos (una correlación artificial creada para justificar los males de la educación pública). Si los estudiantes secundarios protestan y se manifiestan, lo hacen porque es un síntoma de las injusticias estructurales en la mayoría de los casos (no en todos, por cierto).

Por último, consignar que si actualmente se debate respecto de las asignaturas electivas (como el caso de Historia y Educación Física en 3° y 4° medio), este cambio no es más que parte de un plan que se ha desarrollado por años (este cambio curricular ha sido elaborado desde el 2011-2012), que se vincula con la alineación del currículum con las pruebas estandarizadas (SIMCE y PSU), lo que viene a completar una agenda “oculta” que se ha sustentado más en la ideología del gobierno de turno, que de la evidencia empírica o de la investigación existente en el campo educativo.

El hecho de “elegir” una asignatura por sobre otras, nuevamente refuerza la idea de que la libre elección del consumidor (estudiante) redundará en el beneficio para una sociedad entera. Lo lamentable, es que en esta elección ficticia, está en juego el derecho a una educación de calidad, holística y sustantiva que vaya más allá del simple entrenamiento para una prueba estandarizada que informe de solo algunos contenidos, habilidades y competencias que son relevantes solo para la evaluación estandarizada y no para la construcción de una comunidad nacional más integrada, democrática, crítica y participativa.

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Profesor de educación primaria, Magíster en educación mención dificultades del aprendizaje, Doctor (c) en Educación.

Temáticas de interés: Políticas educativas, Sociología de la educación, inclusión escolar, justicia social, derechos y desarrollo del profesorado.

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