El discurso ambiental en el gobierno de la “Revolución Ciudadana”

Pedro Alarcón
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio.
[email protected]

Renata Mantilla
Universidad Central del Ecuador, Escuela de Sociología y Ciencias Políticas.
[email protected]
Recibido: 24/09/2016 – Aceptado: 03/11/2016

Resumen: En la redacción de la Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008 confluyeron diversos actores y movimientos de la sociedad civil que contribuyeron, además, a posicionar un modelo de discurso para abordar la relación sociedad-naturaleza. La iniciativa Yasuní-ITT epitomiza los fundamentos donde se asienta ese discurso como, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Cuando el gobierno, en el año 2013, decidió de manera unilateral dar por terminada la iniciativa se tornó evidente un cambio en la dirección del discurso ambiental. Como consecuencia de este viraje, sectores sociales representativos retiraron su apoyo al gobierno. Los intentos teóricos que pretenden sustentar al ‘nuevo’ discurso del gobierno sugieren un tipo de prácticas en línea con la mercantilización de la naturaleza. En esta lógica, el discurso ambiental se concibe como una disputa de sentidos, una lucha semiótica por posicionar conceptos desde distintas perspectivas y se argumenta que el cambio del discurso ambiental del actual gobierno pretende justificar un modelo de desarrollo basado en el extractivismo.

Palabras clave: relación sociedad-naturaleza, iniciativa Yasuní-ITT, Buen Vivir, postdesarrollo, neoextractivismo

Abstract: Diverse actors and civil society’s movements converged in the 2008 Ecuadoran Political Constitution drafting. These factions also contributed to place a discourse model to approach the society-nature relationship. The Yasuní-ITT initiative epitomizes the foundations where this discourse rests, as the recognition of the rights of nature. In 2013 the government decided one-sidedly to terminate with the initiative unveiling the change of direction of the environmental discourse. As a consequence of the turn, representative social sectors revoked their support to government. Theoretical attempts that pretend to sustain the ‘new’ governmental discourse suggest a kind of practices that go in line with the commodification of nature. Within this logic, the environmental discourse is understood as a dispute of meanings, a semiotic struggle to position concepts from distinct standpoints, and it is argued that the environmental discourse change attempts to justify a development model based on extractivism.

Keywords: society-nature relationship, Yasuní-ITT initiative, Buen Vivir, potsdevelopment, neo-extractivism

 

Introducción: dos momentos en el discurso del actual gobierno

La creación del Ministerio del Ambiente del Ecuador, en 1996 durante el gobierno de Abdalá Bucaram, puede considerarse como un reconocimiento oficial a la creciente preocupación de la sociedad civil por asuntos relacionados con la destrucción de la naturaleza. Esta respuesta del Estado se enmarca, en líneas generales, en la gestión de los recursos naturales desde una perspectiva moderna que resalta la dialéctica sujeto (sociedad) – objeto (naturaleza) para colocar al ser humano por encima de la naturaleza otorgándole la capacidad de administrarla. Diez años después, en 2006, el Plan de Gobierno del Movimiento Alianza País 2007-2011 (Movimiento Patria Altiva y Soberana, 2006) se nutrió con propuestas de activistas ecologistas y grupos ambientalistas de la sociedad civil que contenían elementos radicales para repensar la relación sociedad-naturaleza desde una perspectiva alternativa a la dominante. Con estos planteamientos, dicho movimiento llegó al poder en enero de 2007 apoyado por una amplia coalición de sectores sociales aglutinados alrededor de un proyecto político autodenominado “Revolución Ciudadana”.

La protección de la naturaleza se erigió como una de las prioridades al inicio de la gestión de Rafael Correa. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007), que se basó en gran medida en el plan de gobierno del Movimiento Alianza País, constituyó el primer documento oficial con los lineamientos de la nueva administración. En junio de 2007 el gobierno acogió la iniciativa Yasuní-ITT, una propuesta que se gestó años antes desde la sociedad civil y organizaciones ecologistas que planteaban dejar el petróleo bajo tierra, cuando se encontrara en zonas sensibles. En concreto, el gobierno ecuatoriano, a través de la iniciativa Yasuní-ITT, planteó renunciar a la explotación de las reservas estimadas en 846 millones de barriles del bloque petrolero 43, denominado Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní[1]. El parque fue creado en 1979 y desde 1989 está incluido en la red de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Reserva de Biosfera, por su excepcional diversidad biológica debida a numerosos grupos taxonómicos. Además, desde el año 2006 comprende la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, en reconocimiento a que es territorio ancestral de estos pueblos no contactados.

La Constitución de 2008, redactada en la ciudad de Montecristi, recogió esta y otras demandas acumuladas de la sociedad ecuatoriana: además de prohibir expresamente las actividades extractivistas en zonas sensibles, consideró a la naturaleza como sujeto de derechos. Este hecho situó a la Constitución ecuatoriana, junto con la boliviana, dentro de una corriente progresista, desde el punto de vista ambiental, que, además, exige (re)pensar la dependencia de los recursos naturales no renovables. La propuesta de convivencia armónica entre ser humano y naturaleza constituye el pilar de la dimensión ecológica del Buen Vivir o Sumak Kawsay que fue presentado, de este modo, como alternativa al desarrollo convencional, como modelo de postdesarrollo. Estos hitos marcan un primer momento en el cual el gobierno priorizó un patrón alternativo de discursos y prácticas para abordar la relación sociedad-naturaleza.

Este primer momento tuvo su fin en agosto de 2013, cuando el gobierno decidió dar por terminada la iniciativa Yasuní-ITT, evidenciando el distanciamiento de distintos sectores de la sociedad civil que habían contribuido a posicionar la iniciativa y el modelo mismo de postdesarrollo. Entre otros sectores de la sociedad civil, los movimientos ecologistas más representativos, que en un inicio conformaron el apoyo a la coalición que accedió al poder en el 2007, retiraron explícitamente su apoyo al gobierno y pasaron a identificarse con una línea de oposición política. Durante la nueva etapa inaugurada a partir de la finalización de la iniciativa Yasuní-ITT, el gobierno estableció, dentro de su discurso ambiental, una jerarquía de conceptos que colocó al imperativo de erradicar la pobreza por encima de la protección de la naturaleza. De este modo, la iniciativa Yasuní-ITT se constituye también en un punto de inflexión, que marca el tránsito de un discurso en línea con una visión alternativa al desarrollo hacia uno que justifica un modelo de desarrollo económico convencional, ortodoxo.

Dentro de la ‘nueva’ propuesta de desarrollo que configura el discurso ambiental se torna necesario aprovechar la teoría de las ventajas comparativas, que, en su formulación neoclásica, propone que los países deben soportarse en sus ventajas naturales. Para el Ecuador esto representa la posibilidad de sustentar su desarrollo en la explotación y exportación de recursos naturales, en el extractivismo. Postulados neoclásicos y neoliberales argumentan que es posible una utópica convergencia con niveles más altos de desarrollo económico de otros países si se explota comparativamente (no necesariamente competitivamente) la posición de proveedor de materias primas dentro de la jerarquía de la división internacional del trabajo.

El modelo de desarrollo que el discurso del gobierno contribuye a configurar durante el segundo momento propuso una transformación económica liderada por el Estado, que garantice la erradicación de la pobreza. Se prevé que la base material sea provista por actividades extractivistas (petróleo y minería). Por tanto, uno de los retos del gobierno en el actual momento, en cuanto a su discurso ambiental, es el de conjugar dos construcciones filosófico-conceptuales que aparecen como categorías antitéticas: desarrollo y ambiente. Así, el discurso ambiental se concibe como una disputa de sentidos, una lucha semiótica por posicionar conceptos desde distintas posiciones de poder (Escobar, 1995). En esta lógica, el cambio del discurso ambiental del actual gobierno pretende justificar un modelo de desarrollo basado en la mercantilización de la naturaleza. Un aporte teórico para legitimar como objetivo nacional este modelo de desarrollo económico sería provisto por una entelequia teórica elaborada por el gobierno, denominada “biosocialismo republicano” (Ramírez, 2012).

El presente artículo se inserta en un debate académico más amplio sobre las distintas formas que tienen los gobiernos llamados “progresistas” de abordar la relación sociedad-naturaleza y posicionarla en sus discursos (Alarcón, 2014). Para el efecto se estudia el discurso oficial del gobierno de Rafael Correa, en Ecuador, durante dos momentos, marcados por diferentes conceptos de desarrollo y distintas concepciones de la naturaleza. Un primer momento prioriza los derechos de la naturaleza, en el marco de una alternativa postdesarrollista que, entre sus líneas principales propone la convivencia armónica entre ser humano y naturaleza; mientras que el imperativo durante un segundo momento es utilizar una naturaleza mercantilizada y mercantilizable para sostener un modelo de desarrollo económico convencional. El hito que marca el cambio de discurso ambiental se ubica en la finalización de la iniciativa Yasuní-ITT.

La construcción de un discurso ambiental

En tanto discurso político, que para su comprensión necesita involucrar no solo a sus autores sino también a organizaciones y instituciones que forman parte del proceso político (van Dijk, 1999, p. 14), el discurso ambiental se ha nutrido del debate teórico alrededor del concepto de desarrollo que, a su vez, ha contribuido a configurar. El metarrelato del desarrollo capitalista puede ser aprehendido desde un marco epistemológico liberal donde las categorías ‘subdesarrollo’ y ‘desarrollo’ no se consideran como antitéticas dentro un continuum civilizatorio impulsado por la tecnología (Alarcón, 2016); puesto que, en este imaginario moderno, la tecnología a la par de permitir el tránsito hacia el desarrollo constituye la llave para dominar la naturaleza, para usufructuar de los recursos naturales. Es en este marco, y durante la década de los años 80 del siglo pasado, que surge el desarrollo sostenible como capítulo del “discurso liberal del desarrollo” (Escobar, 1995). En condiciones históricas específicas de prevalencia del ámbito económico en la discusión sobre la relación sociedad-naturaleza, el desarrollo sostenible hizo explícita la necesidad de incluir una dimensión ambiental, a la par que los términos de su discurso coincidían en gran medida con aquellos expuestos por el discurso ambiental a través de su marco conceptual (Hajer & Fischer, 1999, p. 3). Se trataba, sin embargo, del ambiente como una categoría reduccionista adecuada a la modernidad que no necesariamente evocaba a la naturaleza pero sí a la potestad del ser humano de sacar provecho de los recursos naturales. Diversos instrumentos ratificados y aprobados en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992, como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, constituyen narrativas modélicas o master narratives del discurso del desarrollo sostenible con la pretensión de configurar un cúmulo de prácticas tendientes a gestionar el ambiente; sin embargo, la categoría ‘ambiente’ emergió del desarrollo sostenible en su concepción inicial desligada de una dimensión política.

En este mismo contexto histórico, y para sellar la inclusión de una categoría asociada a la de naturaleza en la discusión sobre el desarrollo, emergió la Ecología Política. Esta disciplina, al integrar dimensiones políticas a la ecología, pretende proveer instrumentos para abordar “las causas de la degradación ambiental en países del Tercer Mundo” (Comas d’Argemir, 1999, p. 80) y analizar la gestión y el uso de los recursos desde las relaciones de poder. Aunque desde una perspectiva distinta, la inclusión de la ecología, en la conceptualización del paradigma de desarrollo capitalista puede rastrearse desde inicios del siglo pasado en movimientos conservacionistas y proteccionistas de los países llamados “industrializados”. Dichos movimientos basaron su acción en preocupaciones por la vida silvestre y la creciente contaminación industrial y sobre este modelo se asentó un desarrollo teórico que fue incorporando nuevas preocupaciones, para luego aprehender modelos teóricos y prácticas aplicables a otras realidades y escalas de análisis. En este contexto, aparece en 1962 la obra de Rachel Carson Silent Spring o Primavera silenciosa (Carson, 1962) que se constituyó en un relato al modo barthesiano, es decir, “internacional, transhistórico, transcultural” (Barthes, 1977, p. 65), sobre el desequilibrio que la acción del ser humano puede provocar en los ciclos naturales.

La narración denuncia los efectos nocivos del uso de pesticidas sintéticos, especialmente el dicloro difenil tricloroetano (DDT), utilizado para el control de enfermedades transmitidas por insectos vectores. Primavera silenciosa hace alusión a la eventualidad, en los Estados Unidos, de una primavera sin aves tras el daño definitivo que el DDT podría causar en sus funciones vitales y reproductivas. A través de referencias a herramientas usuales en las ciencias experimentales, la autora alerta sobre la acumulación y la prevalencia de las sustancias químicas utilizadas en los pesticidas sintéticos en los organismos vivos a lo largo de toda la cadena trófica: desde los insectos, como víctimas directas de los pesticidas, pasando por aves y peces, hasta llegar a los seres humanos. La obra, además de constituirse en un referente de divulgación científica que “popularizó la ecología moderna” y “encendió el movimiento ambientalista” (Griswold, 2012), marca un hito en la generación de un discurso ambiental en el sentido foucaultiano de configurar la realidad cotidiana, de establecer un tipo de orden social (Foucault, 2002). La creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en diciembre de 1970 habría sido una “respuesta” del Estado a Primavera silenciosa; durante 1972 la EPA canceló todos los registros de productos de DDT y prohibió su uso en los Estados Unidos (Paull, 2013, p. 2). La respuesta de la industria química ligada a la producción del DDT, que se sintió perjudicada por estas medidas, fue “más agresiva que lo que se hubiese anticipado” (Griswold, 2012) en contra del legado de Rachel Carson.

En línea con la esencia del discurso ambiental que emerge en gran medida como una crítica cultural a la sociedad moderna (Hajer & Fischer, 1999, p. 3), la denuncia de Rachel Carson pone de manifiesto los daños ecosistémicos asociados al uso de sustancias químicas manufacturadas por el ser humano para dominar a la naturaleza en una perspectiva anclada a la modernidad, donde la sociedad es el sujeto. Con esta crítica a un modo particular de relación entre sociedad y naturaleza, la autora del relato de Primavera silenciosa se torna en autora de un discurso ambiental en el sentido que describe Foucault (1992, p. 24), no como “el individuo que habla y que ha pronunciado o escrito un texto”, sino “como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco de su coherencia”. De todos modos, la ausencia de una “estrategia política decisiva” para hacer frente al problema tratado, ratifica la posición de la obra en el campo del discurso (Dobson, 1997, p. 59).

El Ecuador actual: el discurso ambiental y las visiones de desarrollo

Aunque los planes oficiales de desarrollo prefiguran un modo específico de relación sociedad-naturaleza resultante de la aplicación del programa de acción política del gobierno, dichos documentos no se consideran como referentes de una ideología ecologista (Dobson, 1997, p. 23), ni tampoco de una ideología en particular. Entre otras razones, el fracaso en la implementación de la propuesta política (la misma iniciativa Yasuní-ITT) y, más aún, el cambio en el proyecto oficial de la forma de relacionamiento entre sociedad y naturaleza (o, al menos, su escasa claridad), hacen pensar en el ejercicio del gobierno actual desde el campo del discurso ambiental y no desde el campo de la ideología ecologista.

El discurso ambiental del gobierno de Rafael Correa es planteado en un contexto social e histórico específico y refleja, a la vez que configura, elementos de la visión del desarrollo como proyecto nacional. Toda vez que la producción del discurso busca dar forma a la realidad a la que se refiere, el discurso ambiental busca proponer o plantear modos de pensar y concebir la relación sociedad-naturaleza. Del mismo modo que el discurso no pretende ser una descripción objetiva de la realidad pero sí el reflejo de una relación de poder, el discurso ambiental se concibe como una disputa de sentidos, una lucha semiótica por posicionar conceptos desde distintas posiciones de poder (Escobar, 1995).

Un primer momento de ese discurso, ligado a elementos como el otorgamiento de derechos a la naturaleza y la promoción de la iniciativa Yasuní-ITT, refiere a un modelo de postdesarrollo puesto que los elementos indicados cuestionan tanto “las bases conceptuales del desarrollo como las instituciones y las prácticas a través de las cuales éstas son legitimadas” (Gudynas, 2014, p. 65). Durante ese primer momento del discurso ambiental, el gobierno de Rafael Correa posicionó al Buen Vivir o Sumak Kawsay como modelo alternativo al del desarrollo convencional incluso mediante prácticas concretas como su inclusión en la Constitución de 2008.

En su dimensión ecológica, el Buen Vivir postula una relación armónica entre sociedad y naturaleza. Esta visión holística no deja de contraponerse al enfoque propio de la modernidad que ubica al ser humano en posición de dominio frente a una naturaleza que se presenta como un cúmulo de recursos aprovechables. Esta crítica a la modernidad, con orígenes rastreables en la cosmovisión indígena del Sumak Kawsay, sugiere una orientación alternativa al desarrollo en el modelo propuesto en la Constitución ecuatoriana de 2008. Mientras, el segundo momento del discurso ambiental del gobierno de Rafael Correa, cuyo elemento principal es la erradicación de la pobreza consistente con una elevación general del nivel de vida de la población, alude a un modelo de desarrollo convencional donde una matriz socioeconómica neoextractivista sería garante de la base material para optimizar el desempeño económico, reflejado en variables macroeconómicas, y para mejorar los indicadores sociales a manifestarse, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano (HDI).

A su vez, esta configuración de las esferas económica y sociopolítica legitimaría la intensificación de la actividad extractiva de los recursos naturales en línea con lo que Svampa (2013) llama “Consenso de los commodities”. Características similares de este patrón neoextractivista pueden observarse en otros países de la región regidos por gobiernos de la llamada ‘pink tide’ que se beneficiaron temporalmente de los altos precios internacionales de las materias primas. Por otro lado, durante las fases del ciclo de los commodities caracterizadas por precios internacionales bajos, los gobiernos de los países dependientes de las exportaciones de recursos naturales se han visto urgidos a profundizar las actividades extractivistas para mantener los niveles de ingreso fiscal. En este marco, que resume la historia económica reciente del Ecuador, se revelan distintas desviaciones entre el discurso ambiental del gobierno y sus prácticas. La finalización de la iniciativa Yasuní-ITT en agosto de 2013 marca un hito que separa los dos momentos del discurso ambiental del gobierno de Rafael Correa. El anuncio del inicio de las actividades petroleras en el campo ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, que acompañó a la finalización de la iniciativa, evidenció la contradicción entre las prácticas del gobierno y elementos de su discurso ambiental que fueron plasmados en la Constitución del 2008, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza (artículo 71) y la prohibición expresa de llevar a cabo actividades extractivas de recursos naturales no renovables en áreas protegidas, así como en zonas declaradas como intangibles (artículo 407) (Asamblea Constituyente, 2008).

La “inundación” de leyes, decretos y otros instrumentos legales que siguió a la ratificación de la Constitución de 2008 promovió la concentración de poderes en el ejecutivo (Conaghan, 2016, p. 112) al intentar implantar efectivamente su carácter garantista de derechos no solamente en la esfera ambiental. En lugar de solventar las divergencias entre la praxis del gobierno y su propio discurso, las profundizó. La finalización de la iniciativa Yasuní-ITT ejemplifica una serie de desviaciones de la ruta trazada por el discurso ambiental, desde su anuncio hasta el final de un proceso[2], que tuvo como consecuencia el retiro definitivo del apoyo político de grupos inicialmente afines a las propuestas del gobierno y que contribuyeron a formular su discurso ambiental. En este contexto, el ‘nuevo’ discurso ambiental constituye un imperativo para legitimar la actividad extractivista en el centro del modelo de desarrollo propuesto, a la vez que pretende dar soporte teórico a este último. En este marco se identifica al “biosocialismo republicano” (Ramírez, 2012) como discurso funcional a un modelo de desarrollo convencional lineal donde la base financiera es provista por recursos naturales y el extractivismo comprende una fase inicial del mercadeo sistémico de la “naturaleza capitalista” (O’Connor, 1994). Si bien el discurso ambiental sugerido en el “biosocialismo republicano” procura no contradecir avances en el campo ambiental plasmados en la Constitución de 2008, las prácticas e instituciones que promueve recalcan la concepción del desarrollo desde un marco epistemológico liberal, como en la teoría de la modernización, que hace referencia a la dicotomía entre unos ideales de sociedad -tradicional y moderna- conectados “por medio de un proceso evolucionario continuo que sigue unas leyes generales” (Larrain, 1989, p. 87). En esta lógica, el proceso de desarrollo se considera como una transición hacia una sociedad moderna (industrializada) donde la sociedad tradicional (primario exportadora) atraviesa una serie de fases, como en la obra de Rostow (1961) Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista, hasta convertirse en una sociedad caracterizada por el consumo a gran escala.

La inserción de una sociedad tradicional primario exportadora, como la ecuatoriana, en la economía-mundo globalizada estaría marcada por la explotación “inteligente” (Ramírez, 2012, p. 26) de sus ventajas comparativas, que se convertirían (gracias al mismo proceso de evolución evocado en la teoría de la modernización) en ventajas competitivas. De todos modos, una visión de desarrollo que prioriza un modelo “hacia afuera”, es decir que pretende sacar ventaja de su inserción en la globalización a través de la promoción de exportaciones de recursos naturales, guarda consistencia con los preceptos de apertura económica y predominio del mercado. El neoestructuralismo, que tácitamente acepta estos preceptos neoliberales, provee el marco teórico para abordar un modelo de desarrollo que promueve una integración selectiva en la economía mundo a través de ventajas competitivas con el objetivo de crear nichos de mercado (Kay & Gwynne, 2000, p. 58). Esta misma escuela de pensamiento sobre el desarrollo (el neoestructuralismo) propone una reconfiguración de las relaciones entre las esferas económica y política, que induce a reformular el rol del Estado en la transformación de la economía a favor de una intervención proactiva.

Buen Vivir y biosocialismo republicano: hacia la mercantilización de la naturaleza

En la tipología que propone Gudynas (2014, p. 79) para las posturas del postdesarrollo: 1) “desarrollos alternativos” y 2) “alternativas al desarrollo”, el Buen Vivir al que se refería el discurso ambiental del gobierno durante sus primeros años y hasta antes del 2013 se ubicó más cerca de la segunda opción. Tanto el Buen Vivir como el Sumak Kawsay corresponden a conceptos “construidos socialmente con aportes de instituciones y organizaciones sociales [… que] expresaban propuestas sociales en orden a formular alternativas a la crisis global (económica, política, cultural, civilizatoria) experimentada por la sociedad ecuatoriana a finales del siglo XX” (Cortez, 2014, p. 315). En tanto que planteamiento crítico, el Buen Vivir “coincide [con otras propuestas que emergen desde el sur global] no solamente en que el indicador del crecimiento económico carece de relevancia para el bienestar de la población, sino también en su preocupación por cuestiones ecológicas y propuestas para vivir en armonía con la naturaleza” (Peters, 2014, p. 139). Siguiendo la lógica de cuestionamiento al desarrollo, el discurso ambiental propuesto inicialmente por el gobierno incluyó elementos contrapuestos a la visión utilitarista de la economía neoclásica que se encuentran tanto en la Economía Social y Solidaria como en la Economía Ecológica.

La propuesta sugería trascender la racionalidad instrumental (medio-fin) que gobierna la relación sociedad-naturaleza tras “supeditarla a una racionalidad más integral de respeto al circuito natural de la vida humana” (Hinkelammert & Mora, 2009, p. 41) a la par que reconocía que “la economía humana es un subsistema de un sistema [bio]físico más amplio” (Martínez-Alier, 2009, p. 130). En este marco alternativo al desarrollo, el término ‘naturaleza’ se reinterpreta y se superpone al concepto reduccionista de ‘medio ambiente’, entendido como capital natural, dentro del cual los recursos naturales son considerados como un medio para alcanzar el crecimiento económico. El Buen Vivir fue introducido como concepto en la Constitución ecuatoriana de 2008, convirtiéndose así en una propuesta de Estado. A pesar de su institucionalización, o en parte debido a ésta, el contenido de la propuesta fue banalizado y se despojó de su “potencial crítico y transformador” (Peters, 2014, p. 140) inicial hasta convertirse en un concepto vago y polifónico. Cortez (2014, p. 316) argumenta que “la radical falta de consenso respecto al sentido, alcance y aplicación de los términos [Buen Vivir y Sumak Kawsay] se debe al diferente posicionamiento político de los actores (Estado, movimientos sociales e intelectuales) de cara a paradigmas de desarrollo que se quieren superar pero se siguen reproduciendo”. Al constituirse en un “significante vacío” (Laclau, 2014, p. 256), el concepto de Buen Vivir se ha ido llenando con distintos significados.

El primer plan de desarrollo elaborado por el gobierno de Rafael Correa, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007) recoge propuestas clave del discurso ambiental como la necesidad de la convivencia armónica entre ser humano y naturaleza:

[…] entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable. Nuestro concepto de desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir compartido. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007, p. 54)

Sin embargo, Cortez (2014, p. 337) argumenta que al utilizar conceptos como “libertades” o “capacidades” el plan hace referencia a una “narrativa económica y política que es incompatible con la perspectiva del Sumak Kawsay” a la vez que “recrea un discurso desarrollista o, también, neodesarrollista”. En este sentido, el Buen Vivir como discurso en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 se aleja de una perspectiva crítica al desarrollo para alinearse con el enfoque del desarrollo humano que “no llega a poner en cuestión el presupuesto ontológico de la prioridad o dominancia del sujeto antropocéntrico” (Cortez, 2014, p. 338).

Por su parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009), el segundo plan de desarrollo del gobierno de Correa, propone una diferenciación más estricta que el documento precedente entre los conceptos de Buen Vivir y Sumak Kawsay, asociando este último al pensamiento ancestral de los pueblos indígenas andinos que es “eminentemente colectivo”. Desde esta perspectiva, “[…] alcanzar la vida plena [o Sumak Kawsay] es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, p. 32). Con esto, el plan busca resaltar la dicotomía entre la propuesta del Buen Vivir y la concepción individualista del pensamiento occidental. Sin embargo, Cortez (2014, p. 339) argumenta que “lo comunitario” es un punto más de convergencia con la perspectiva occidental. En la medida que una crítica al desarrollo implica necesariamente un cuestionamiento a ciertos puntales de la modernidad, el discurso del Buen Vivir en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 marca distancia con la postura alternativa al desarrollo al recalcar la separación cartesiana moderna entre ser humano y naturaleza donde esta última está subordinada o es objeto de “manejo” por parte del sujeto antropocéntrico:

[…] sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica y política no cabe pensar en una sociedad plenamente libre. El desenvolvimiento de tal sociedad depende del manejo sostenible de unos recursos naturales y productivos escasos y frágiles. El planeta no resistiría un nivel de consumo energético individual equivalente al de los ciudadanos de los países industrializados. El fin de la «sociedad de la abundancia» exige disposiciones individuales e intervenciones públicas que no ignoren las necesidades generales y cultiven proyectos personales y colectivos atentos a sus consecuencias sociales y ambientales globales. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, p. 33)

Con estos elementos, el Buen Vivir al que hace referencia el plan guarda estrecha relación con el discurso liberal del desarrollo sostenible que “asume la existencia de una cultura económica dada”, cuya construcción histórica se caracteriza por rasgos como “la expansión del mercado, la mercantilización de la tierra y el trabajo, […], la constitución de la economía como una esfera «real», autónoma, con sus propias leyes e independiente de «lo político», «lo social», «lo cultural»” (Escobar, 1995, p. 9).

La finalización de la iniciativa Yasuní-ITT en agosto de 2013 puso de manifiesto el vaciamiento del concepto de Buen Vivir en tanto alternativa al desarrollo y evidenció el alejamiento de la postura postdesarrollista del discurso ambiental que lo alude. El ‘nuevo’ discurso ambiental del gobierno, abiertamente neodesarrollista, hace referencia a narrativas del desarrollo liberal, como el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, que asignan al crecimiento económico un lugar central dentro del paradigma. En tal modelo, la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente se subordina y es funcional a la consecución del crecimiento económico y el bienestar material. Los elementos más relevantes de este ‘nuevo’ discurso ambiental que lo vinculan a un modelo de desarrollo convencional confluyeron en el llamado “biosocialismo republicano” (Ramírez, 2012), que, desde el gobierno, pretendió constituirse en un aporte teórico para posicionar su propuesta como un proyecto nacional. Las sucesivas alusiones del Presidente de la República a los “ecologistas infantiles” que simpatizan con la alternativa postdesarrollista y con la iniciativa Yasuní-ITT constituyen un paso previo para la legitimación de la propuesta neodesarrollista.

Dentro del marco epistemológico liberal, la propuesta –explicitada en los sucesivos planes de desarrollo del gobierno y en el “biosocialismo republicano”– contempla el proceso de desarrollo como un tránsito rostowniano desde una sociedad tradicional hacia una sociedad moderna: “el paso de un esquema primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción diversificada y ecoeficiente, así como los servicios basados en los conocimientos y la biodiversidad” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, p. 329). Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 los “cambios en todo el ciclo económico: la producción, la reproducción, la distribución y el consumo” generados en dicho proceso de desarrollo cristalizarían una “nueva matriz productiva” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, p. 329). La consecución de la nueva matriz productiva, o el cambio de la matriz productiva, se fue constituyendo en el “eje central del desarrollo nacional” (Cypher & Alfaro, 2016, p. 170) que el gobierno posiciona a nivel de Estado como proyecto nacional. Es así que el tercer plan de desarrollo del gobierno de Correa, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) insiste en la necesidad de transición:

[…] pasar de una economía basada en recursos naturales finitos hacia una economía sustentada en recursos infinitos, mediante una apropiación científica, económica e industrial, del conocimiento que permita fortalecer las capacidades de la población ecuatoriana. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p. 62)

Esta narrativa contempla que la base material para la transformación de la matriz productiva sea provista por la explotación de los recursos naturales y, a pesar de ser presentada como una “ruta alternativa para generar riqueza y re-distribuirla” (Ramírez, 2012, p. 36), la narrativa prevé soportarse sobre la base de la naturaleza durante toda la transición e inclusive hasta la eventual consecución del cambio de la matriz productiva en la etapa denominada “sociedad del bioconocimiento” (Ramírez, 2012, p. 38):

Si bien la acumulación de la riqueza, en primera instancia, va a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de nuevas industrias no contaminantes y la diversificación de las exportaciones basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan significativamente la presión sobre el medio ambiente a largo plazo. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p. 69)
[…] cabe recordar que la mayor ventaja comparativa que tiene Ecuador es su biodiversidad, y la mayor ventaja competitiva que puede tener es saber aprovecharla a través de su conservación y la construcción de la industria de la bio y nano tecnología. En este sentido, la nueva estrategia está orientada a construir, en el mediano y largo plazo, bio-polis: una sociedad del «bio-conocimiento», de servicios eco-turísticos comunitarios y de productos agro-ecológicos». (Ramírez, 2012, p. 38)

Las etapas de transición desde la sociedad primario exportadora (sociedad tradicional) hasta la sociedad del bioconocimiento (sociedad moderna) imaginadas en el texto de Ramírez (2012) Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano coinciden con aquellas propuestas en la obra de Rostow (1961) Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista que resaltan la concepción liberal del desarrollo: “la sociedad tradicional, el periodo de las condiciones previas [al impulso inicial], el impulso inicial o despegue, la [marcha hacia la] madurez y el periodo de difusión en masa de bienes y servicios duraderos de consumo” (Rostow, 1961, p. 15). La etapa de creación de condiciones previas, que Ramírez (2012, p. 39) llama fase de transición, “no se plantea cambiar la matriz primario exportadora en lo que respecta al sostenimiento de la economía nacional, pero sí en lo concerniente a la redistribución de la riqueza que genera”. Esta redistribución vendría dada por la inversión en política social. Entre las prioridades de esta etapa se cuentan “la sustitución selectiva de importaciones, el impulso al sector de eco-turístico, […], la inversión pública educativa en el extranjero para la formación de capacidades humanas (especialmente en ciencias básicas y bio-disciplinas), […] y el auspicio de una agricultura ecológica” (Cypher & Alfaro, 2016, p. 171). Ramírez (2012, p. 40) hace referencia al impulso inicial o despegue con una fase en la cual “el peso relativo de la nueva industria nacional se incrementa frente a la de base primaria”. Está previsto, en esta fase, que las actividades extractivas (a las que el texto hace referencia como “industria de base primaria”) se mantengan, “la generación de ingresos para la economía nacional mantiene una dependencia —aunque menor a la primera fase— de la extracción responsable y sustentable de recursos naturales no renovables” (Ramírez, 2012, p. 41). De todos modos, “la prioridad en esta etapa es la consolidación de un sistema de educación superior de cuarto nivel y la inversión en investigación, desarrollo e innovación” (Cypher & Alfaro, 2016, p. 172). La etapa de madurez es aludida en Ramírez (2012, p. 41) como una fase en la cual “se consolida una estrategia de diversificación y sustitución de exportaciones”. En esta fase, la inversión en ciencia y tecnología sería el centro de la innovación productiva que permitiría sustituir bienes exclusivamente dependientes de los procesos extractivos por otros de mayor valor agregado (Cypher & Alfaro, 2016, p. 172).

La idea de industrialización que subyace en el modelo del biosocialismo republicano no se aleja de la concepción filosófica liberal del desarrollo económico. Alice Amsden (2001, p. 2), quien estudió los procesos de industrialización exitosa en algunos países de Asia y de Latinoamérica propone una definición de desarrollo económico fundamentado en “activos basados en conocimiento” aplicable a la lógica del segundo momento del discurso ambiental del gobierno: “desarrollo económico es un proceso de transición desde un conjunto de activos basados en productos primarios, explotados por fuerza de trabajo no calificada, hacia un conjunto de activos basados en conocimiento, explotados por fuerza de trabajo calificada”. Esta visión se complementa con el “uso racional y sostenible de la naturaleza” como “término” central del capitalismo usado para “autolegitimarse”, aunque su lógica interna implica prácticas concretas de mercantilización de la naturaleza (O’Connor, 1994, p. 16). O’Connor (1994, p. 16) reconoce que el proceso de capitalización de la naturaleza, que implica su representación en formas susceptibles de ser comercializadas, es decir, que pueden venderse como factores de producción de artículos básicos, constituye una dinámica primaria del capitalismo, a la vez que argumenta que abre la posibilidad de la “expansión semiótica del capital” que abarcaría “el ámbito externo y explotable” de la naturaleza capitalizada para redefinirlo como un “stock de capital”.

Unas reflexiones finales

El imperativo planteado por Arturo Uslar Pietri en 1936 en su editorial “Sembrar el petróleo” (Uslar Pietri, 1936) publicado en el diario caraqueño Ahora del 14 de julio ha sido interpretado mayoritariamente por la sociedad ecuatoriana desde el inicio de la era petrolera en 1972 como la necesidad de diversificar la economía con una proactiva intervención del Estado (Alarcón, 2016). La expresión “sembrar el petróleo” ha devenido en un discurso utilizado ampliamente para referirse al uso de la renta en países con alta dependencia de recursos naturales. En este tipo de economías, donde las exportaciones de recursos naturales constituyen la mayor fuente de ingresos tanto fiscales como no fiscales de los gobiernos, uno de los tantos rostros de la dependencia se devela cuando la fluctuación de los precios internacionales de las commodities impacta en la estructura de las finanzas públicas. En este contexto, la transformación de la economía se considera como uno de los roles del Estado moderno (Evans, 1995; Wade, 2004), siendo el Estado la “única institución social con capacidad para lograr que intereses de grupos específicos aparezcan como de interés común de toda la sociedad” (Osorio, 2014, p. 71), es decir, para posicionar a nivel de la sociedad un proyecto nacional. A la par que el gobierno de Rafael Correa trata de promocionar el cambio de matriz productiva como un ideal que aglutina a la sociedad en su conjunto se tornó necesario mutar el discurso ambiental hacia uno que justifica la mercantilización de la naturaleza y el modelo neodesarrollista que esto implica.

En un marco postneoliberal, el neoestructuralismo promueve la inserción selectiva en la economía mundial mediante la creación de ventajas comparativas a través de políticas sectoriales diseñadas por los gobiernos. Una vez aceptadas tácitamente de las reglas de juego de la globalización económica impuestas por el neoliberalismo, el neoestructuralismo trata de conjugar la estrategia de desarrollo endógeno defendida por los estructuralistas y la propuesta de desarrollo hacia fuera (basada en la explotación de ventajas comparativas) promovida por el neoliberalismo. Entonces, el neoestructuralismo se centra “en la idea de reestructurar el viejo paradigma desarrollista, pero a la luz –y en concordancia– de las señales que emite el neoliberalismo” (Sotelo, 2005, p. 20). En este sentido, el modelo desarrollista propuesto por el gobierno de Rafael Correa y explicitado en documentos oficiales, como los tres planes de desarrollo editados durante su periodo y el texto Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano (Ramírez, 2012), se enmarca en una perspectiva neoestructuralista. Sotelo (2005, p. 21) argumenta que el neoestructuralismo se cuenta entre “los paradigmas dominantes de la actualidad” en tanto que corresponde a “la superestructura ideológica, psicológica y cultural de la sociedad capitalista e imperialista contemporánea por más que a veces presenten «rasgos progresistas» en sus elucubraciones teóricas”.

A su vez, el denominado biosocialismo republicano como epítome del discurso ambiental que configura, o es configurado por el modelo neodesarrollista, se encuentra cerca de cualquiera de los dos significados que Negri (2013, p. 20) anota para el término biocapitalismo:

el primero indica un capitalismo industrial aplicado al desarrollo de las ciencias biológicas en general. El segundo se refiere a un capitalismo que para su valorización (es decir para sacar ganancias) ya ha involucrado a la totalidad de la sociedad. Inclusive (y algunas veces sobre todo) a la naturaleza, porque está incluida en lo social y en la producción de bienes y valores.

De todos modos, el cambio del discurso ambiental del gobierno de Rafael Correa, de la mano de la necesidad de legitimar ante la sociedad ecuatoriana una propuesta neodesarrollista, hace referencia a “una mutación lógica del modus operandi del capital como sistema abstracto” (O’Connor, 1994, p. 16), a una ‘nueva’ reconfiguración del capitalismo.

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Notas

[1] A cambio de dejar el crudo bajo tierra, el Ecuador solicitó una compensación internacional, basada en “el principio de corresponsabilidad diferenciada” (Alberto Acosta, entrevista, 12 de febrero de 2016), “equivalente al menos a 3 600 millones de dólares correspondientes a la mitad del valor que el Estado obtendría en caso de explotación del petróleo” (Larrea, 2010, p. 8). El plazo para obtener dicha contribución internacional fue fijado en trece años y, en 2010, se suscribió un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas al Desarrollo (PNUD) con el fin de conformar un fondo para recibir las contribuciones internacionales a la par que el país se comprometía a dejar las reservas de petróleo del bloque 43 inexplotadas por la eternidad.

[2] Dado que el artículo 407 de la Constitución ecuatoriana prohíbe la extracción de recursos naturales no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, la decisión del gobierno de iniciar las actividades extractivistas no podía ser implementada sin antes cumplir con el requisito, establecido en el mismo artículo, de que la Asamblea Nacional declare de “interés nacional” a la extracción de petróleo del bloque ITT. Diversas organizaciones de la sociedad civil plantearon la necesidad de convocar a una consulta popular, ejerciendo un derecho garantizado en el artículo 103 de la Constitución. En representación de movimientos sociales y colectivos ciudadanos, el colectivo Yasunidos llevó a cabo la recolección de firmas a nivel nacional (para convocar a una consulta popular); sin embargo, en mayo de 2014, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló el proceso de convocatoria alegando irregularidades en las firmas.

 

Para citar este artículo: Alarcón, P., Mantilla, R. (2017). El discurso ambiental en el gobierno de la “Revolución Ciudadana”. Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales VII, pp. 90 – 106. Recuperado en http://iberoamericasocial.com/discurso-ambiental-gobierno-la-revolucion-ciudadana/