Martha Ruffini.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientìficas y Tècnicas (CONICET)-Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) -Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
meruffini@gmail.com
Resumen: A partir de 1955 Argentina experimenta profundos cambios vinculados con el final de la experiencia peronista y el pacto proscriptivo gestado a partir de ese momento entre el orden castrense y sus aliados civiles. En un clima de violencia y conflictividad polìtica, las argumentaciones de la exclusión electoral del peronismo acompañadas de medidas tendientes a lograr la completa desperonización de la sociedad argentina fueron acompañadas por el apoyo y colaboración de la sociedad civil a los postulados ideológicos de la autodenominada Revolución Libertadora. En la Patagonia Argentina y como manifestación del “legado territorial” ni la dirigencia política ni la sociedad civil lograron sustraerse a lo que en términos gramscianos constituirìa el espíritu de época y asumieron posturas excluyentes y justificadoras de la proscripción electoral y la desperonización, evidenciadas tanto en la colaboración al gobierno militar como en las argumentaciones vertidas por los convencionales al definir, mediante la sanción de las primeras constituciones provinciales, un orden institucional y un régimen político pretendidamente democràtico para las nuevas provincias del sur.
Palabras claves: Patagonia, Dictadura, Sociedad Civil, Política, Persecución
Abstract: From 1955 Argentina undergoes profound changes associated with the end of the Peronist experience and proscriptive pact gestated from that moment between the military command and their civilian allies.In a climate of violence and political unrest, the arguments of the electoral exclusion of Peronism accompanied by measures to achieve full desperonization of Argentina society were accompanied by the support and collaboration of civil society to the ideological postulates of the self-appointed Liberating Revolution .In Patagonia Argentina and as a manifestation of «territorial legacy» neither the political leadership nor civil society managed to escape what in Gramscian terms constitute the spirit of time and assumed exclusive positions and justifying the electoral proscription and desperonization,were evidenced in both the military government collaboration and the arguments expressed by conventional to define, through the enactment of the first provincial constitutions, an institutional profile and a democratic political regime to the new southern provinces.
Keywords: Patagonia, civil society, dictatorship, Political, Persecution
La Patagonia Argentina a mediados del siglo veinte
Durante largo tiempo, el vasto espacio del sur argentino –la mítica Patagonia- existió como un lugar marginal dentro de la política nacional. A partir del momento en que el Estado Nacional dominó soberanamente el sur una vez finalizada la conquista militar contra los pueblos indígenas (1879-1885), la Patagonia fue organizada primero como Gobernación (1878-1884) y a partir de 1884 se aplicó en ella el formato político de inspiración norteamericana de los Territorios Nacionales. Esta administración centralizada bajo estricta tutela estatal motivaba el escaso interés de las fuerzas partidarias de proyección nacional -como el radicalismo y el socialismo- por vincularse más estrechamente con la dirigencia política patagónica dado que sus habitantes no votaban para la elección de presidente ni para los representantes del Congreso Nacional. Si bien legisladores y funcionarios estatales viajaron al sur en varias oportunidades,la Patagonia aparecía en la agenda estatal como un desafío para completar la “argentinización” del país y como un espacio que requería potenciar su desarrollo económico,fundamentalmente en base a la riqueza minera y petrolera. (Navarro Floria, 1999). Fragmentada en cinco territorios nacionales-Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego- y una Gobernación Marítima- Comodoro Rivadavia entre 1944 y 1955-, el litoral atlántico patagónico desarrolló lentamente la economía ganadera basada en el ovino y trato de sortear las dificultades que la carencia de infraestructura y obras de riego ocasionaban para el desarrollo agrícola en los valles de Río Negro y Chubut (Bandieri, 2005).
Hasta la llegada del peronismo en 1946, los sectores dominantes locales-fundamentalmente comerciantes y hacendados- presentaban un papel activo en la gestación de asociaciones rurales y culturales y en la prensa local. Accedieron a la política a través de los Consejos Municipales y Juzgados de Paz nucleados en agrupaciones comunales o filiales de los partidos nacionales.Los cargos electivos municipales constituían los escasos resquicios para el ejercicio de los derechos polìticos, limitados por la ley de Territorios Nacionales de 1884 a localidades con población superior a mil habitantes. Empero, muchas veces los municipios fueron intervenidos por el poder central en razón de acefalía o situaciones de conflicto entre sus integrantes. Por otra parte, los golpes de Estado de 1930 y 1943 implicaron una involución en el carácter electivo de estos municipios ya que conjuntamente con el avance de las autoridades de facto sobre los cargos representativos, los municipios de los territorios nacionales perdieron su autonomía.
A partir de 1946 estos elencos dirigentes de larga vigencia –sobre todo en la Norpatagonia- fueron desplazados por nuevas figuras provenientes del movimiento peronista, que penetro masivamente los territorios instalando agencias estatales y unidades básicas para la difusión partidaria y electoral. Desde la Reforma Constitucional de 1949, la progresiva participación de los habitantes en instancias electorales nacionales[1] se vio completada en 1955 con la autonomía política provincial de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, que pasó a denominarse Provincia Patagonia. En el sur los comisionados nacionales nombrados por el gobierno peronista tomaron las primeras medidas para instalar el orden provincial.
La constitución del orden provincial cancelaba un período de larga vigencia en el sur de esta organización centralizada. El interrogante era cómo podría llegar a influir sobre los agentes decisores de la estructura provincial en construcción, los casi setenta años de marginación de la Patagonia de las contiendas electorales nacionales, al igual que el control social ejercido sobre la población y la sujeción funcional y administrativa que había detentado el gobierno central sobre los espacios ahora convertidos en provincias y que se ha denominado Republicanismo Tutelado (Ruffini, 2007). El interrogante es, entonces, si los dirigentes políticos que marcaron con su discurso y acción la impronta fundacional de las provincias patagónicas, se adaptaron rápidamente y con criterios propios y autónomos a las nuevas condiciones de participación e inserción en el esquema político nacional creadas por la provincialización o manifestaron dificultades en el ejercicio del poder, en la construcción de consensos y en la capacidad para crear comunidades políticas pluralistas e incluyentes debido al déficit de ciudadanía sufrido durante la etapa de dependencia del gobierno central.
Esta preocupación nos introduce en la problemática del poder político, que como concepto articulador de la realidad social tiene potencialidad para reflejar la especificidad de “lo político”, entendiendo como tal a un campo que -para algunos autores- implica primordialmente conflicto y antagonismo, mientras que para otros también incluye instancias de negociación y consenso (Mouffe, 2011, p. 27; Foucault, 1988, pp. 3-20). El campo de lo político es un campo de poder en el que las fuerzas activas definen su capital específico: la producción y reproducción de la dominación, una realidad relacional que se estructura sobre la base de la diferencia entre personas o grupos. La política como dominación y articulada en torno al gobierno de una sociedad, se halla atravesada por las relaciones de poder que resultan constitutivas de las relaciones sociales. (Bourdieu, 1996: p.138).
El golpe miltar de septiembre de 1955 puso entre paréntesis la organización provincial patagónica. En ese marco se suspendieron las medidas destinadas a instalar la burocracia provincial. Simultáneamente, el gobierno de facto que pronto devino en dictadura iniciaba la investigación de las acciones y bienes del Partido Peronista, ex funcionarios de gobierno y dirigentes,enmarcada en la proscripción electoral como parte del proceso de desperonización de la sociedad y la política argentina. En cada provincia se instalaron Comisiones Investigadoras con sus correspondientes sub-comisiones que obraban como filiales de la Comisión Nacional y cuyo accionar profundizó la fractura y polarización social esbozada en los finales del peronismo.
En 1957 las nuevas provincias, por disposición del gobierno de facto, dictaron su constitución y un año después eligieron su primer gobierno electivo.Pero el aparato estatal de las noveles provincias del sur no estaba consolidado. A pesar de que se habían producido algunas transformaciones, faltaba mucho por definir en la estructura de las provincias, que debían organizarse para darle una dirección a un proceso histórico construido socialmente. El pasaje de un gobierno centralizado a autónomo, de una población con derechos políticos restringidos a ciudadanos plenos,de prácticas electorales esporádicas protagonizadas por agrupaciones vecinales o proto-partidos a elecciones periódicas, libres y con participación de fuerzas políticas nacionales, implicaba una completa mutación de la manera en que se venía ejerciendo la política.
En este sentido, debemos considerar al trayecto histórico-político de una región, provincia o
Estado como resultante de la manera por la cual las fuerzas sociales devinieron fuerzas políticas, la forma en que se estructuró la conciencia social y las prácticas colectivas que definen y traducen una identidad cultural compartida (Zemelman, 2007, p. 36). El Estado como condensación de fuerzas sociales articula y moldea sus tres dimensiones –la burocracia, el sistema legal y la identidad colectiva- y lo hace mientras se está organizando. Por ello el continente tridimensional del Estado no surge abruptamente de una normativa y se presenta ya definido per se, sino que se construye socialmente en función de la relación de fuerzas existente (O’Donnell, 2003; pp. 34-35).
El objetivo de este artículo es analizar el involucramiento de la sociedad civil y la dirigencia política patagónica con los principios y fines de la autodenominada Revolución Libertadora durante la etapa de transición de territorios a provincias (1955-1958), a través de las acciones efectivas de denuncia y persecución impulsadas por el gobierno de facto y en los debates de las Convenciones Constituyentes de 1957, para advertir cuál fue el grado de adhesión de la sociedad patagónica a la política proscriptiva y esclarecer el contenido dado a la democracia y al pluralismo político por parte de los que definieron el orden provincial. Nuestra hipótesis se orienta a pensar que se manifestaron rasgos de continuidad con la etapa anterior que nos permiten afirmar la presencia de lo que vamos a definir como un “legado territorial” de alta movilización social acompañado de conflictos en los que el enfrentamiento personal aparece como nota dominante, en el marco de la construcción de un orden provincial que con escasos matices acompañó, apoyó y consensuo un modelo fundacional excluyente .
Para María Estela Spinelli las comisiones investigadoras formaron parte del proyecto pedagógico de la desperonización ya que la difusión de los resultados de las investigaciones estigmatizaba al peronismo como un gobierno corrupto y alentaba la desmitificación del líder y de su gobierno (Spinelli, 2005: 67). Su finalización abrupta -en abril de 1956-puede relacionarse con presiones empresariales y de las corporaciones económicas nacionales e internacionales ante los hechos investigados (Sáenz Quesada, 2007: 155 y ss). Por su parte, Silvana Ferreyra (2014) ha trabajado las comisiones investigadoras en la provincia de Buenos Aires y Chaco en pos de articular la tipificacion de delitos,las motivaciones de las denuncias y su relación con los conflictos políticos. En cuanto a la Patagonia existen pocas referencias acerca del alcance de la desperonización y la persecución política y sobre la acción de las comisiones investigadoras provinciales o locales. Para Neuquén, un primer acercamiento en este sentido se advierte en Mases y Cuminao (2012) y en Rafart y Mases (2001) mientras que para Santa Cruz en Bona y Vilaboa (2007). Las investigaciones sobre Río Negro ponen el acento en el gobierno del Gral. Aramburu como el momento de mayor violencia polìtica en el que rápidamente se puso en marcha el aparato represivo, se activaron las comisiones investigadoras y se detuvieron a las autoridades del gobierno justicialista (Mases y Rafart: 2001, 190 y ss.; Iuorno: 2007, 396 y ss.). Para Río Negro se ha demostrado que la represión estatal estuvo presente en ambos gobiernos-Lonardi y Aramburu- señalandose la participación activa de la sociedad civil y política rionegrina en la labor de las comisiones investigadoras (Ruffini, 2012).
Sobre las convenciones constituyentes de la Patagonia, Enrique Mases y Mariano López Cuminao analizan la Convención Constituyente Neuquina desde la perspectiva de la Unión Cívica Radical Intransigente, las tensiones provocadas por la desperonización y los intentos de captación de los votos peronistas (Mases y López Cuminao, 2012: 96-100) complementando un aporte más general que identificó las problemáticas-electorales y económicas-objeto de preocupación de los convencionales (Arias Bucciarelli, González y Scuri, 1993: 336-343). Por su parte una publicación reciente destaca las características de la Constitución neuquina fundamentalmente en los avances realizados en el campo de los derechos laborales (Navarro Floria y Nicoletti, 2014: 149-174). Para Chubut, los aportes realizados permiten advertir la necesidad de develar una trama corporativa-partidaria urbana presente en la Convención chubutense y refutar la idea de una constitución progresista (Gatica y Pérez Álvarez, 2012). Santa Cruz fue trabajada en función de la conformación de expresiones partidarias y su desempeño en la labor de la Constituyente y la incidencia del clima de ideas desarrollista en los aspectos vinculados con el régimen económico y social (Bona y Vilaboa, 2005). La Convención rionegrina ha sido analizada en relación con las posturas políticas vinculadas con la proscripción peronista (Ruffini, 2012) y la incidencia del regionalismo y las pujas locales en los debates por la capital del territorio (Marchisio, 2014, Iuorno, 2007).
Este artículo se realizara con fuentes primarias, fundamentalmente expedientes generales del Archivo General de la Nación-Archivo Intermedio que contienen los legajos de investigación y las memorias provinciales; documentación proveniente de los archivos de las provincias patagónicas, discursos de autoridades de facto, prensa local y diarios de sesiones de las Convenciones Constituyentes de Neuquén, Río Negro ,Chubut y Santa Cruz.
La Patagonia en el marco del gobierno militar ¿una manifestaciòn del legado territorial?
Como se ha expresado, el presidente de facto Eduardo Lonardi (1955-1956) postergó la ejecución de la ley N° 14.408/55 de creación de nuevas provincias patagónicas sancionada durante los últimos meses del gobierno peronista. En su reemplazo,el gobierno provisional dictó un Estatuto para el gobierno y administración de las provincias que tuvor vigencia hasta la sanción de la Constitución Provincial.[2] Tierra del Fuego quedó provisionalmente a cargo de la Provincia Patagonia hasta 1957, cuando se dictó un Estatuto especial y se creó una gobernación militar dependiente de la presidencia de la Nación,manteniéndose como Territorio Nacional hasta 1991. En el caso de las provincias Chubut y Patagonia la transición fue más compleja. Al disolverse la Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia (1944-55), su parte norte quedo para Chubut y la parte sur para la Provincia Patagonia, que en 1956 recobró su antigua denominacion de Santa Cruz.
En cada provincia, los interventores nombrados por el peronismo fueron desplazados y asumieron nuevas figuras provenientes en su mayoría del orden castrense. En las sociedades patagónicas, gran parte del arco político y social celebró el cambio de gobierno.
Para los dirigentes políticos, algunos de ellos vinculados con el partido Unión Civica Radical aliado de los golpistas, el alejamiento del poder que habían sufrido con la llegada del peronismo no había sido fácil de aceptar y veían con este cambio y la vigencia del pacto proscriptivo la posibilidad del retorno. A su vez, gran parte de la sociedad acompaño los festejos por la asunción del nuevo gobierno militar. No olvidemos que eran sociedades cuasi de frontera, sin clases altas “tradicionales” sino más bien sociedades rurales, con sectores dominantes locales que habían cooptado el poder y sectores populares rurales nativos o mestizados, en algunos casos pequeños propietarios u ocupantes de campos fiscales, peones asalariados y empleados urbanos (empleados estatales y de comercio, obreros de la construcción, minas y pozos petrolíferos). En cada provincia las localidades más importantes competían en la puja por el poder tratando de obtener o asegurar su capitalidad[3] con el apoyo de asociaciones rurales[4], comerciales y la prensa local. Desde el punto de vista demográfico, el norte de la Patagonia concentraba la mayor parte de la población sureña en las provincias de Río Negro y Neuquén, esta última contando aún con una importante presencia chilena (Navarro Floria y Nicoletti, 2014) que también se advierte en la Provincia Patagonia, que contaba con un 60% de población de ese origen.
Una vez producida la revolución representantes del clero, autoridades civiles y organizaciones sociales y culturales expresaron la adhesión al nuevo gobierno. En todas las provincias patagónicas se efectuaron celebraciones populares- caravanas de vehículos y hasta carrozas adornadas en Viedma y Roca (Río Negro) con importante participación de jóvenes estudiantes festejando la caída del gobierno peronista. Estos actos festivos estuvieron acompañados de algunos episodios violentos y de vandalismo contra estatuas, placas, unidades básicas justicialistas-con quema de archivos- y periódicos como Bariloche (Río Negro) de la localidad homónima, cuyo edificio fue destruido. [5]En Gaiman (Chubut) a los pocos dias de la revolución se registró una manifestación popular en homenaje a las Fuerzas Armadas y al gobierno revolucionario.[6] En Río Gallegos (provincia Patagonia) la población aprovechó la llegada de un torpedero para rendir homenaje al conjunto de las Fuerzas Armadas.
A poco de asumir y en función de la decisión de desperonizar la sociedad, los interventores federales nombrados por el gobierno de facto recibieron la orden de eliminar los nombres de Perón y Eva de calles,plazas,ciudades y monumentos, suprimir feriados celebratorios vinculados con el peronismo y libros de texto alusivos de los planes de estudio. Simultaneamente, debían instalar las Comisiones Investigadoras en sus provincias. El objetivo era “…mostrar a la Nación aquellos hechos que habiendo constituido una corrupción administrativa o moral sean capaces de gravitar en la opinión publica en forma tal que conmuevan profundamente toda esta organización de tipo político-delictiva que accionaba en todo el país durante doce años”.[7]
Las Comisiones Investigadoras creadas para el sur fueron presididas por militares con la excepción de Río Negro y Chubut en las que hubo presidentes civiles[8]. Los integrantes de las comisiones eran figuras locales, vinculadas a corporaciones o a partidos como el radicalismo en Neuquén y en Rio Negro, provincia en la que tambien participó el Partido Socialista mientras que en Patagonia se observó una notoria presencia de militares en las comisiones . En la Comisión de Río Negro actuó el abogado radical Edgardo Castello quien será el primer gobernador constitucional de la provincia en 1958. En Chubut su segundo presidente también fue civil -Julio Ibarguren-, quien manifestaba que deben “…juzgar a los ciudadanos que delinquen o cooperaron en la subversión del orden republicano y en la deformación de las conciencias”. [9]
En líneas generales las comisiones investigadoras recibieron amplio apoyo de la sociedad civil y sus instituciones representativas. Como parte de la tendencia nacional colaboracionista de las fuerzas políticas con el gobierno de facto, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los partidos políticos patagónicos mantuvieron una estrecha relación con el gobierno de la intervención y en muchas oportunidades denunciaron no sólo a vecinos sino también a autoridades judiciales. El interrogante es cómo interpretar el apoyo masivo de la sociedad patagónica a las acciones y decisiones del gobierno de facto.
Según el presidente de la Comisión de Neuquén Tte Angel Barbieri la colaboración social se explicaba por las “…ansias retenidas de la gente para que por fin bajo el nombre de Revolución Libertadora se les hiciera justicia volviendo al país a la normalidad que tanto aspiraba”.[10] Sin embargo creemos que existe otro elemento clave a considerar. La modalidad con la que los noveles espacios autónomos resolvieron su incorporación tardía a la Nación, si asumieron un perfil propio o imitaron el de las provincias ya existentes y cómo resolvieron la ecuación democracia/dictadura presente en la arena política nacional a partir de 1955 constituyen dilemas a resolver. Creemos que para empezar a interpretar estas cuestiones,resulta importante tener en cuenta lo que hemos considerado el “legado territorial” sobre las provincias sureñas.
Esta conceptualización que presentamos alude a los componentes polìticos y sociales mas acentuados y persistentes del formato territorial desarrollado entre 1884 y 1955, que pueden haber influido en forma positiva o negativa sobre el perfil que asumieron las nuevas provincias del sur teniendo en cuenta la pervivencia de actores sociales y políticos de la etapa territorial durante los primeros años de autonomía provincial. A los fines analíticos, deslindamos del mismo lo que consideramos sus manifestaciones más visibles:autoridades sin arraigo, absentistas, carentes de autonomía e iniciativa; proto-partidos o filiales de agrupaciones políticas nacionales con intereses locales o regionales hegemonizados por sectores comerciantes y terratenientes que dirimían los conflictos mediante la violencia y con escasa capacidad incluyente; prensa activa y con involucramiento en la actividad política, sociedad civil movilizada y participativa, que se expresaba mediante demandas pero también conflictos; entre otros. Para esta contribución y teniendo en cuenta que estamos analizando una etapa dictatorial portadora de un alto grado de violencia, el comportamiento de la dirigencia política y la sociedad civil resultan de especial importancia.
A lo largo de la etapa territorial, la sociedad civil patagónica demostró ser una sociedad activa y movilizada. No solo se involucraba en contiendas polìticas y tomaba partido sino que ante situaciones críticas- como por ejemplo las grandes inundaciones de 1899 en Rio Negro y Chubut- asumia un rol participativo. Esto que forma parte de lo que llamamos el “legado territorial” aparece como un rasgo de continuidad en esta etapa. Durante la “Revolución Libertadora”, la sociedad patagónica se movilizó y denunció con un tono cargado de un fuerte tinte revanchista. En Neuquén se registraron varias denuncias de particulares contra policias, personal de las escuelas y ferroviarios. En esta provincia llama la atencion las denuncias de subalternos contra superiores, lo que señala el grado de persuasión de las autoridades revolucionarias sobre la totalidad de los empleados, animando la delación y la denuncia. En la provincia Patagonia hubo denuncias de vecinos sobre empleados de Aduanas, jueces de paz, comisionados municipales y directores de escuela.
En esta escalada de denuncias se entremezclaron cuestiones personales, revanchismo y cierto grado de violencia. Se dirigían al interventor, a los ministros o a la Comisión Investigadora Provincial o local. Generalmente las realizaban particulares o en algunos casos grupos de vecinos Se solicitaba la intervención de organismos alegando la presencia de figuras vinculadas con el justicialismo que constituían una verdadera “amenaza y peligro para la moral”. Los motivos eran por acciones o dichos de los denunciados, ya sea autoridades, empleados o instituciones, pero también por omisiones –la asistencia a un acto patrio por ejemplo- o expresiones orales de difícil probatoria. Se los acusaba de vínculo –aunque sea emocional- con el gobierno justicialista y la persona de Perón o por presunción de connivencia con el mismo ya sea por omisión o ausencia de palabras en favor del gobierno de facto. No se presentaba prueba alguna y bastaba la declaración para que la policía iniciara una investigación. Cuando la sospecha era de connivencia y para prevenir cualquier reacción contra el gobierno de facto, los resultados de las denuncias implicaban frecuentemente el traslado o cesantía o la detención como presos políticos en la cárcel de Viedma o Río Gallegos.[11] Pero no todas las denuncias tenian resolución favorable. En el caso de Neuquén la falta de prueba era suficiente para archivar la causa o la pertenencia de los denunciados al orden castrense alejaba el riesgo de investigación. Las expresiones de los vecinos avaladas frecuentemente por los medios de prensa se orientaban a conservar la “libertad conquistada” y separar de sus cargos a figuras identificadas con el régimen depuesto que según manifiestan amenazan la moral: “…no escapa a nuestro entender que la tarea de higienizar el país es ardua pero creemos que cambiando la cabeza de todas las reparticiones y oficinas la tarea será mas llevadera”.[12]
Los presidentes de las comisiones investigadoras solían referir que el rol de la sociedad era más de denuncia,de delación que de trabajo activo, resultando dificil en ocasiones conformar las sub comisiones investigadoras. El compromiso de la sociedad civil pasaba por la denuncia –siendo frecuente sobre el personal de los establecimientos educativos- y el ofrecimiento de pruebas no asi por el compromiso activo, como refieren en Chubut.[13] Por otra parte y durante su labor, las Comisiones recibieron apoyo de empleados de instituciones que donaron su tiempo libre y como asi tambien de organizaciones económicas que expresaron su deseo de colaborar, como por ejemplo la Federación Económica de Comodoro Rivadavia en Chubut o el Colegio de Abogados de General Roca en Río Negro.
Del mismo modo y en funciòn de los sectores dominantes locales o regionales, la creación de Juntas Consultivas en las provincias contó con la participación de las sociedades rurales locales, las federaciones económicas y cámaras industriales, directores de escuela y hasta la Confederación General del Trabajo (CGT) que en Patagonia participó mediante su delegado regional. En la Provincia Patagonia la Junta Consultiva inició con mucho entusiasmo su labor, proponiendo diversas medidas para estudio y solución de los problemas de la provincia. Su carácter era corporativo ya que participaban en ella representantes de sociedades rurales, escuelas, bancos, cámaras de comercio, delegados de la CGT y de Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF).[14] La Junta de Río Negro en cambio tenía un carácter más político. Estaba integrada por dos representantes de los partidos políticos “honorables y capaces” (artículo 2) y de las fuerzas independientes de la provincia, actuando el ministro de Gobierno como su presidente. Participaron en ella siete integrantes, dos por cada fuerza política – partidos Socialista, Demócrata Nacional, Demócrata Cristiano– y un representante por las fuerzas independientes. El radicalismo que aceptó integrar las comisiones investigadoras y la subcomisión provincial liquidadora de los bienes del ex Partido Peronista creada en enero de 1956, no participó de esta Junta quizá para no aparecer directamente ligado a una tarea gubernativa de estrecha colaboración con la intervención.
Pero en Río Negro se advirtió una cuestión más espinosa:la creación de fuerzas paramiliares compuestas por vecinos y autoridades municipales que colaboraron activamente en la represión mediante la creación de comandos civiles revolucionarios o grupos de apoyo al gobierno de facto que pusieron bajo la dependencia de la policía local Su función era vigilar, delatar y castigar, generando acciones no exentas de violencia.[15] En algunos casos como los comandos civiles organizados en Ing. Jacobacci y Maquinchao, su emergencia podría estar relacionada con el levantamiento militar frustrado de los generales Tanco y Valle en junio de 1956; en otros casos como la Junta Pro Defensa de la Revolución Democrática de General Roca, resultan anteriores y aparecen a fines de 1955. En este caso, esta Junta emitió una amplia solicitada explicitando su constitución y objetivos y registrando múltiples adhesiones. En sus considerandos advertimos que se auto-asignó un rol de vigilancia, delación y control tanto de la opinión pública como de las autoridades como una forma de prevenir acciones de los “dirigentes desplazados”.[16]
En cuanto a los restantes actores, la postura de la Iglesia Catolica no fue uniforme ya que dependio de la adhesión personal de los sacerdotes –mayoritariamente de la orden salesiana de Don Bosco- instalados en el sur. Algunos con militancia activa, difundiendo panfletos y realizando denuncias, tuvieron un claro compromiso con uno u otro bando.A modo de ejemplo,mientras en Neuquén una cesantía masiva de obreros petroleros en Plaza Huincul motivó la intervencion del sacerdote salesiano Ernesto Zsanco en favor de los despedidos, en la Provincia Patagonia en el paraje Los Antiguos, el sacerdote Natalio Astolfo realizó una serie de denuncias contra el presidente de la Comisión de Fomento, el director del Hospital Local, enfermeros y maestras. Su fervor con el gobierno de facto lo expresó al decir: “La Escuela de Perito Moreno es un nido de viboras peronistas…que los trasladen a un lugar donde, en nuevo ambiente, puedan rehabilitarse para bien suyo y nuestro”. [17]
En el sur, los peronistas destinatarios de la represión ejercieron una resistencia mínima. Según las fuentes existentes solo se registraron algunos episodios aislados en localidades de la línea sur rionegrina como leyendas de apoyo al justicialismo y atentados contra la bandera nacional, hechos que fueron calificados por el gobierno militar como “subversivos”.[18] El levantamiento de Tanco y Valle en 1956 tuvo un repique en la localidad rionegrina de General Roca, cuando un grupo de civiles atacó la colonia penal y tomo como rehenes a civiles y autoridades del penal. El asalto fue frustrado por el comisario de Roca y los detenidos fueron trasladados a Neuquén.[19]
Pero en líneas generales, en las provincias patagónicas, el peronismo derrotado mantuvo un perfil bajo. En Neuquén se pudo constatar acciones de ocultamiento de libros, fotos, folletos y la desaparición del busto de Eva Perón en San Martin de los Andes. Pero la agitacion obrera se manifesto como una forma de resistencia civil. En Neuquén las autoridades militares y vecinos manifestaban la preocupación por el personal obrero en la Comisión de Energía Atómica de Loncopue, en estado de rebelión, disponiendose la separación de varios empleados y la exhoneración del secretario del gremio. Se registraron incidentes con varios detenidos en los sindicatos petroleros de ASTRA e YPF en Chubut, en los que el antiperonismo había retomado el control y en laa ciudad de Caleta Olivia (Provincia Patagonia), en la que fue allanada la casa del suboficial del Ejercito, peronista y dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista Federico Troxler, involucrado en el conflicto gremial en las petroleas chubutenses. Algunas medidas fueron resistidas por la población como la intervencion al Colegio Nacional de Trelew en Chubut, que terminó con la renuncia del funcionario designado.[20]
La proscripción en discusión. Las Convenciones Constituyentes:debates y planteos
Con una fuerte impronta simbólica, el gobierno provisional emitió un decreto-ley el 1º de mayo de 1956 en el que encaraba la cuestión constitucional, restableciendo la vigencia de la Constitución Nacional de 1853 -en tanto no afectara los principios revolucionarios- y derogando la Constitución peronista de 1949. [21] Esta normativa suscitó debates y se cuestionó la potestad de un gobierno de facto para derogar una Constitución y dictar otra; de igual modo, la puesta en vigencia de la Constitución de 1853 y sus reformas no era plena: el imperio de la constitución quedaba sujeto a los fines del gobierno de facto y a las necesidades de organización y conservación del gobierno provisional.
La proclama también decidió el destino constitucional de cada una de las provincias argentinas. Podemos advertir tres situaciones diferenciadas: a) provincias cuya constitución fue derogada y se restablecieron las anteriores vigentes[22] b) provincias cuya primera constitución fue derogada y se debía dictar una nueva constitución[23] y c) provincias sin constitución que debían convocar convenciones constituyentes: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Formosa.
La convocatoria a elecciones para la Convención Constituyente Nacional fue anunciada mediante decreto-ley Nº 3838 del 12 de abril de 1957 que declaró la necesidad de reforma parcial de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Entre los aspectos a reformar se incluyeron la cuestión electoral, los derechos sociales y el afianzamiento del sistema federal de gobierno.[24]
Para algunos autores, el objetivo de la convocatoria a una Convención Nacional en 1957 excedía a la mera sustitución de una constitución derogada- la de 1949-por una nueva carta magna basada en la anterior constitución de 1853 y sus reformas. Se procuraba evitar en un próximo gobierno constitucional una mayoría peronista poniendo como obstáculo la representación proporcional de los sufragios emitidos, a la vez que acotar el poder presidencial y aumentar las prerrogativas del Congreso Nacional (Spinelli, 2005: 11-18). Sin embargo, las elecciones para constituyentes demostraron que la desperonización había fracasado y el peronismo, aun con su caudal electoral menguado, seguía siendo una fuerza considerable, en esta ocasión bajo el ropaje del voto en blanco, que le proporcionó el primer lugar en la contienda con un 24%, lo que demuestra que el liderazgo de Perón continuaba vigente.Si bien la mayoría de los partidos respaldó la derogación de la Constitución de 1949, la Convención no fue exitosa en dictar una Carta Magna completamente renovada. La división de la UCR en dos ramas en 1956 –la Unión Civica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Civica Radical del Pueblo (UCRP) -y el enfrentamiento entre Arturo Frondizi y Ricardo Balbín ocasionado por perspectivas diferenciadas acerca del destino futuro del peronismo y de la base electoral que lo sustenta , se trasladó al interior de la Constituyente, retirándose la UCRI de la misma una vez inauguradas las sesiones y disolviéndose la Convención por falta de quórum (Novaro, 2010: 30-35).
En la Patagonia se realizaron elecciones para Constituyentes en julio de 1957 y la UCRI obtuvo un triunfo rotundo en todo el sur. En lo atinente a la representación política, la UCRI y la UCRP tuvieron representación en las cuatro provincias. Debido a la aplicación del sistema D`Hont, las agrupaciones minoritarias obtuvieron representación en el sur: fracciones de partidos políticos como el Partido Demócrata Cristiano presente en las cuatro provincias, el Partido Socialista y la Democracia Progresista en Neuquén, Rio Negro y Chubut o partidos provinciales de escaso alcance como el Partido Demócrata de Rio Negro en la provincia homónima, el Partido Demócrata (Neuquén), el Partido Comunista (Neuquén) y el Partido Conservador Popular (Santa Cruz). En Río Negro y Santa Cruz, el voto en blanco ocupó el segundo lugar mientras que en Chubut, el tercero. La cantidad de convencionales osciló entre 20 y 24 con un exiguo cupo femenino: dos representantes en Santa Cruz, una en Neuquén y otra en Río Negro, quedando Chubut sin representación femenina.[25]
Al igual que en la población patagónica, las convenciones fueron conflictivas. En primer lugar emergieron tensiones partidarias que se centraron en la incongruencia de la UCRI, partido que a nivel nacional se retiro de la Convención de Santa Fe pero que a nivel provincial mantuvo su participación, alegando la necesidad de no entorpecer el diseño de un orden institucional. Estas tensiones se pusieron en superficie fundamentalmente en las convenciones de Chubut y Neuquén. En la primera la UCRP acuso a la intransigencia radical de hacer uso de su mayoría para imponer sistemas restrictivos.[26] En Río Negro la UCRI sufrió fracturas internas con la expulsión de dos convencionales –Manuel Porcel de Peralta y Justo Epifanio- y decidió retirarse de la Convención durante cinco sesiones en señal de protesta por la sanción impuesta a Bernardo Lavayen ante reiteradas ausencias a las sesiones, mientras que en Chubut el convencional de la UCRP Diógenes Varela Díaz sorpresivamente alegó “estado de inhibición mental y anonadamiento” y solicito retirarse del recinto en las siguientes sesiones. Pero en Santa Cruz fue la bancada completa de la UCRP la que se retiró de la Convención alegando disconformidad con los planteos acerca de la validez de la convocatoria provincial.[27] Las fracturas intra-partidarias se advirtieron también al interior de las bancadas, en las que algunos episodios ensombrecieron el clima de deliberación como en Rio Negro donde los convencionales denunciaron amenazas e intimidaciones, alteraciones en la aplicación del reglamento y en los días y lugares de reuniones de comisión y presiones al interior de las fuerzas políticas para modificar votaciones.[28]
La segunda perspectiva es la vinculada a la coyuntura política signada por la caída de Perón,la Dictadura militar y la proscripción electoral. El gobierno de facto había sido, para los convencionales, necesario para abatir la “tiranía” y su objetivo era la restauración plena de las instituciones. En las expresiones se advierte una confusión acerca del concepto democracia que fue atribuido en forma persistente al gobierno de facto. Las ideas dominantes giraban en torno a un escenario actual democrático en el que el gobierno militar habilitaba el pasaje a la democracia y la anticipaba devolviendo a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus facultades La Revolución Libertadora quedaba justificada ante la historia y el pueblo, ya que había ejercido el derecho de resistencia a la opresión de la tiranía, había reordenado jurídicamente al país y encauzado la normalidad.[29]
La proscripción del peronismo fue un tema de tratamiento en las convenciones patagónicas. En Neuquén y Río Negro y a diferencia de Santa Cruz, los representantes de la UCRI dejaron en claro que avalar el pacto proscriptivo del gobierno nacional no implicaba compartir muchas de las medidas tomadas.[30] Para el futuro presidente de facto José María Guido, convencional rionegrino (UCRI), la constitución que se dicte será provisoria y debe ser ratificada por el pueblo una vez finalizada la proscripción del peronismo.[31] La Convención de Santa Cruz se movió en cambio en una actitud ambivalente: mientras la UCRP defendía sin fisuras al gobierno militar, la UCRI -en alianza con el conservadurismo popular- en ocasiones ponderaba al peronismo “partido político grande, popular y obrero” y criticaban la proscripción pero en otras justificaban calurosamente el golpe de 1955 que eliminó la “tiranía y el sectarismo”.[32] La más neutral fue la convención chubutense, empeñada en todo momento en no generar debates políticos y en la que se emitieron tibias críticas al gobierno peronista y no se expresó opinión alguna sobre la proscripción electoral. Pero en esta Convención el gobierno de la Revolución Libertadora fue juzgado con bastante severidad,alegándose su carácter de facto, las contradicciones entre el discurso y la acción y cuestionando las medidas de carácter económico. La convocatoria a elecciones generales para febrero de 1958 fue criticada, ya que implicaba apresurar la labor de la Convención y dejar para Chubut una representación en el Congreso acorde con los datos del Censo Nacional de 1947-un diputado- dato que no coincidía con los guarismos reales de población.[33]
Con respecto a la exclusión del peronismo, existía un acuerdo generalizado que condenaba el carácter despótico y dictatorial del gobierno depuesto y que se observa con escasos matices en las convenciones provinciales de Río Negro y Neuquén. En esta provincia, los convencionales opinaron que la proscripción afectaba a un “número reducido de ciudadanos” y que era resultado de una medida de seguridad tomada por el gobierno provisional.[34] Para ellos, Perón era “el tirano”, el “fulano”, “el señor que sabemos “o simplemente “ese”. Pero en Santa Cruz la UCRI y el P. Conservador denunciaron la exclusión peronista: “…lo que falta aquí no es el prófugo, sino una enorme parte del pueblo de la provincia, porque se le ha cerrado el camino del cuarto obscuro por la fuerza” mientras que en Chubut, como expresamos, no hubo discusiones al respecto.[35]
A modo de conclusión
En 1955 la Patagonia pasó de ser un espacio centralizado a adquirir -merced a la Ley 14408- su autonomía política. Pero el golpe militar de 1955 incorporó al sur en el esquema autoritario del gobierno de facto dictatorial. Persecuciones, denuncias e investigaciones formaron parte del antiperonismo imperante y tradujeron un “espiritu de epoca” en el que por decisión estatal y con el apoyo civil, la mayoría peronista quedó imposibilitada de participar en la arena electoral.
En el sur se reprodujo la situación de las provincias en las que el antiperonismo reinante movilizó a la sociedad civil y motivó una catarata de denuncias que mantuvo en vilo a la población y generó tensiones y episodios con algún grado de violencia. Por su parte, la dirigencia política colaboró estrechamente con las autoridades militares a través de la participación en las Juntas Consultivas y el apoyo a los interventores federales.
El interrogante es como se articulo este antiperonismo con el formato de las nuevas provincias del sur. Aquí cabe referir nuevamente al “legado territorial” y su influencia en los primeros años de la autonomìa provincial. Teniendo en cuenta que las gobernaciones centralizadas quedaron marginadas de las decisiones nacionales por casi setenta años, nuestra preocupación se centró en analizar la manera en que los nuevos Estados procesaron la etapa transicional de territorios a provincias y se incorporaron a la política partidaria y electoral. A través del comportamiento y expresiones tanto de la dirigencia política como de la sociedad civil en la etapa de investigación del gobierno depuesto así como en las convenciones constituyentes, creemos que puede advertirse claramente un sustrato político de modalidades de acción y gestión de la dirigencia y la sociedad civil con episodios conflictivos y de violencia que proviene de la etapa territorial. El desafìo consiste en interpretar si este verdadero “legado territorial” condicionó la posición de los actores durante la transición y si perduró en el tiempo; si perjudico o facilitó la obtención del consenso, posibilitó o impidió el mantenimiento de la conflictividad social e incluso advertir cómo se tramitaron las cuestiones pendientes. También podríamos pensar que las nuevas provincias nacieron con una fuerte impronta democrática y pluralista que les posibilitó ignorar, atenuar o superar los rasgos pervivientes de la etapa anterior. Empero, la participación activa de la dirigencia partidaria y de gran parte de la sociedad civil en la trama de las investigaciones decididas por el gobierno de facto –denuncias,delación, participación en las comisiones, petitorios y notas-augura expectativas poco favorables para el disenso y el pluralismo político.
Para la etapa transicional que consideramos podemos esbozar dos respuestas. Uno de los rasgos fundamentales de ese legado se relaciona con el ejercicio del poder que presentó, durante la etapa territorial, una modalidad excluyente y de cooptaciòn de organismos electivos. En ese sentido la exclusión aparece para ellos como algo naturalizado por los mismos setenta años territoriales como por la exclusiòn que ellos mismos detentaban sobre otras fuerzas politicas. Al plantear el modelo de provincia, los debates dieron cuenta de una postura favorable a la proscripción peronista, seguramente influida por la oportunidad electoral que dejaba la ausencia del peronismo en la competencia intrapartidaria. Pero al argumentar la exclusiòn, las palabras dieron cuenta del amplio consenso que la “Revolución Libertadora” había obtenido en la dirigencia política. Por otra parte, la escasa valencia del concepto democracia refleja la debilidad con las que estas provincias se incorporaban a la vida cívica al bastardear el término “democracia” y alterar sus sustancia original al relacionarlo positivamente con un gobierno militar dictatorial,algo que por otra parte aparecía como un componente esencial del antiperonismo dominante.
Serà necesario entonces indagar de que manera estos formatos transicionales se sobreimprimieron al legado territorial y generan una modalidad conflictiva en las relaciones entre los diferentes poderes del Estado que desembocarìa en la inestabilidad institucional de las provincias patagónicas en la década de 1960.
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Notas
[1]En la Constitución de 1949 y por el artìculo 81, los habitantes de los territorios quedaron habilitados para votar presidente y vice en las elecciones de 1951. La Ly Nª 14032 de 1951 les concedio la posibilidad de elegir un delegado parlamentario con voz pero sin voto a la vez que se decidió convertir en provincias a Chaco y La Pampa. En 1953 fue provincializada Misiones y los restantes territorios- Formosa y los territorios patagónicos- fueron autorizados a votar para vicepresidente de la Nación. En ese mismo año la Ley 14315 les permitía la elecciòn de autoridades ejecutivas y legislativas provinciales.
[2]República Argentina. Anales de Jurisprudencia Argentina .Año de 1956,Tomo XVI-A, pp. 755-758.
[3] En el caso de Neuquén, la misma capital,Chos Malal y Zapala; en Río Negro General Roca, Bariloche y Viedma; en Chubut Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia; en Santa Cruz Río Gallegos y Comandante Piedrabuena.
[4] Por ejemplo la Sociedad Rural de Neuquén, la Sociedad Rural de Rio Gallegos (Santa Cruz), la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Neuquén, la Federaciòn Económica de Santa Cruz, entre otras.
[5] “Se realizan entusiastas manifestaciones en Carmen de Patagones y Viedma celebrando jubilosamente el triunfo de la revolución”, La Nueva Era, Carmen de Patagones, 1º de octubre de 1955, p.3, col 2-3; “Frente a la revolución argentina”, Río Negro, General Roca, 23 de septiembre de 1955, p.1, col 2, entre otros.
[6] Archivo Histórico de Chubut, Fondo Documental Gobernación del territorio del Chubut, 1885-1957, Expedientes Microfilmados (en adelante AHCH) ,Rollo N° 1229, Nota del interventor Federal al Ministro de Interior y Justicia, 24 de octubre de 1955;Rollo 1224,Expediente 2192, nota del 24/9/1955 .
[7] Archivo General de la Nación-Archivo Intermedio.Fiscalia Nacional de Recuperacion Patrimonial.Clasificación y Custodia de Actuaciones.Comisiones Provinciales de investigación (en adelante AGN-FNRP).Provincia de Río Negro, legajo Nª 1066, Directivas para la intervención Federal,8 de noviembre de 1955.
[8]A modo de ejemplo, en Neuquén el Teniente Angel Barbieri, en Patagonia el capitán de Navío José María Guzman, en Chubut el teniente de navio Alberto Schneidewind , al poco tiempo reemplazado por Julio Ibarguren; en Río Negro Enrique Geddes.
[9]AGN-FNRP, Caja N° 1,Provincia de Chubut, nota del 6/1/1956, Comisión Central de Chubut a Leonardo Mc:Lean, f 2.
[10] Archivo General de la Nación,Fiscalia Nacional de Recuperación Patrimonial, Comision Nacional de Investigaciones, (en adelante AGN- CNI), Memorias de las Comisiones Provinciales, Caja 13, Memoria original de Neuquen, f 1.
[11]Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro.Sección Administración de Gobierno (en adelante AHP-RN), año de 1955, Caja Nº 18- B, Expediente C-421, 19 de octubre de 1955.
[12] AHP-RN, año de 1955, Caja Nº 18-B, Expediente V-351, nota de jóvenes estudiantes, empleados y profesionales de Cipolletti al interventor Gualberto Wheeler, 18 de octubre de 1955.
[13]AGN-FNRP, Comisiones Provinciales, Caja 1,provincia de Chubut, nota del 31 de marzo de 1956, Julio Ibarguren a Leonardo Mc Lean.
[14]Archivo Histórico de la provincia de Santa Cruz.Fondo de la gobernación de la provincia.Sección Provincia Patagonia (en adelante AHCS-PP) , Legajo N° 3, Expediente 8019, 9 de octubre de 1955. .
[15] AHP-RN, año de 1956, Caja Nº 6, nota del comisario de Maquinchao al Jefe de Policía , 18 de junio de 1956
[16] AGN-AI, provincia de Río Negro, legajo Nº 1068, 5 de diciembre de 1955.
[17] AHSC-PP, Legajo 1, Expediente 3333-A, 3 de enero de 1956.
[18]“Investigación de los hechos subversivos en la localidad de Maquinchao”, La Nueva Era, 11 de agosto de 1956, p. 5, col 4-5.
[19] Véase las repercusiones de estos hechos en “Rodear la Revolución”, Rio Negro,15 de junio de 1956, p. 1, col 2-3.”Formula declaraciones el Interventor de Río Negro”, 29 de junio de 1956, p.2, col 1-2; “Sobre los recientes sucesos dio un comunicado la intervención nacional en la provincia de Río Negro”, La Nueva Era, 16 de junio de 1956, p.1, col 2, entre otros.
[20] AGN-FNRP, Comisiones Provinciales, Caja 1,Neuquén, Expediente N° 102.568, 17/4/1956; Archivo General de la Nación-Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Comisión de ordenamiento de archivos.Expedientes secretos,confidenciales y reservados (en adelante AGN-ESCR), Caja 133, Expediente 149, 1956; ACH,Rollo 1228,Expediente 3014-R, 19 de octubre de 1955; Rollo 1234, Expediente 4425-I, 1° de diciembre de 1955; ASC-PP, Legajo 4, Expediente 9174, octubre de 1955, entre otros.
[21]“Proclama del 27 de abril de 1956”, en Anales de Jurisprudencia Argentina, T XVI –A, Decretos, 1956, pp.1-4.
[22] Fue el caso de las catorce provincias históricas mencionado en el artículo 3º de la proclama.
[23] Fue el caso de Chaco, Misiones y La Pampa (artículo 4º de la proclama).
[24] Decreto-ley Nº 3038 del 12 de abril de 1957. Declaración de la reforma parcial de la Constitución Nacional, en Anales…, op.cit, Tomo XVIII A, pp. 389-391.
[25]En Neuquén la representante fue María Dolores de Mc Kean; en Rio Negro Olga Frey de Niemeyer quien presidio la Convención; en Santa Cruz Leonor Altamirano (P. Conservador Popular) y Adelina Llaneza (UCRI), ambas de activa participación en los debates.
[26] Provincia del Chubut. Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente. (en adelante CCCH ) sesión del 27 de noviembre, p. 331.
[27] Provincia de Río Negro. Honorable Convención Constituyente. Diario de Sesiones (en adelante CCRN), sesión del 20 de noviembre, p. 3; sesión del 21 de noviembre, p. 2; sesión del 25 de noviembre, p.2, entre otros; CCH, sesión del 24 de noviembre, p. 230-234; CCSC, sesión del 21 de octubre, pp.74-83.
[28] CCRN, sesión del 20 de noviembre, pp.5-10; sesión del 28 y 29 de noviembre, p.13.
[29] CCH, sesión del 26 de octubre, p. 161; Provincia de Neuquén. Honorable Convención Constituyente. Diario de Sesiones (en adelante CCN), sesión del 31 de octubre, pp.99-103 y sesión del 25 de noviembre, p. 215; Provincia de Santa Cruz, Honorable Convención Constituyente, Diario de Sesiones, (en adelante CCSC), sesión del 9 de septiembre, p.28.
[30]CCRN, 23 de septiembre, 21, 24 y 25; 31 de agosto, 12; CCN, sesión del 31 de octubre, p.104.
[31] CCRN, sesión del 23 de septiembre de 1957, pp. 12-13
[32] CCSC, sesión del 9 de septiembre, pp. 19-29; sesión del 21 de octubre, p.63-64 y 71, entre otros.
[33] CCH, sesión del 24 de noviembre, p. 314; CR-CCH, sesión del 26 de octubre, p.161.
[34] CCN, sesión del 31 de octubre de 1957, p. 99
[35] CCN, sesión del 31 de octubre, pp. 100-109; CCSC, sesión del 9 de septiembre, p.30.
Para citar este artículo: Ruffini, M. (2016). Dictadura, dirigencia política y sociedad civil. La persecución al peronismo en la Patagonia Argentina durante la “Revolución Libertadora” (1955-1958), Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales, número especial Vol. 1, pp. 89 – 107. Recuperado en https://iberoamericasocial.com/dictadura-dirigencia-politica-y-sociedad-civil-la-persecucion-al-peronismo-en-la-patagonia-argentina-durante-la-revolucion-libertadora-1955-1958/