Desprotección en la salud privada La salud privada se desarrolló en Chile, como un negocio que se ha asegurado buscando al cliente sano con alta capacidad de pago.

Salud privada en Chile

El acceso universal a la salud es un desafío y una aspiración de toda sociedad,  la que abarca  aspectos como la accesibilidad física, socioeconómica, el acceso a medicamentos, el acceso a información y la no discriminación. La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19, Nº 9 1Constitución Política de la República de Chile https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 asegura a todas las personas el derecho a la protección, recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo, y menciona el deber preferente del estado de garantizar las acciones de salud y el derecho a elegir el sistema de salud al cual acogerse.

En nuestro país  la atención de salud  es entregada por dos sistemas de salud, uno  público,  proveniente del antiguo Servicio Nacional de Salud,  y el de más reciente creación, de carácter privado2Existe, además un sistema de salud que corresponde a la Previsión de las Fuerzas Armadas.. En 1979 el Servicio Nacional de Salud fue reestructurado por Augusto Pinochet y sus economistas neoliberales: se crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) organizados por zonas,  articulados a la red de hospitales y postas rurales existentes, las que continuaron desarrollando sus actividades a pesar de las limitaciones que imponía  la dictadura, como despidos, desarticulación de redes de trabajo, restricciones económicas y cambios que afectaron la organización y autonomía del servicio y del sector. La  idea del período dictatorial era impulsar y privilegiar la medicina privada, para superar las falencias que según su visión  presentaba el sistema público bajo la administración estatal. Para ello  crean las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) organismos que operan como intermediarios financieros que captan la cotización previsional obligatoria de los trabajadores-as, más otro monto adicional que varía según el plan de salud al que haya ingresado cada persona. Coexiste con el sistema público de salud, que a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA)  recibe la cotización previsional obligatoria del 7% de la remuneración  imponible para salud de los trabajadores.  La decisión de asignar la cotización obligatoria de salud a uno u otro sistema, dependerá de los recursos e ingresos del trabajador (el sistema privado es más costoso) y de la disponibilidad de servicios y centros asistenciales en el territorio nacional (el sistema público es el que tiene la mayor cobertura territorial, aunque en algunos puntos presenta  dificultades para resolver toda la demanda de la población, mientras que los servicios administrativos y centros asistenciales privados tienen presencia sólo en grandes ciudades)

La instauración del sistema privado dio paso a la mercantilización de la salud, y la concepción de ésta como bien de consumo, susceptible de ser sometida a decisiones netamente económicas. Esto ha permitido las medidas discriminatorias por edad y sexo, por tratarse de personas que significan mayores riesgos para el sistema. Por ejemplo, el que los planes de salud de las mujeres en edad fértil sean  más caros, o la existencia de  restricciones y obstáculos para el ingreso de personas mayores o con enfermedades preexistentes. Estas instituciones privadas incluso tienen la posibilidad de negar la afiliación  de una persona a su Isapre, ya que previamente exigen  al interesado identificar a cada una de las “cargas”  legales o médicas que serán parte del contrato de salud (personas dependientes del trabajador) y exponer todas las enfermedades habidas o preexistentes en sus potenciales beneficiarios. Las Isapres pueden rechazar a personas previamente enfermas, y decidir no pagar por las enfermedades o condiciones de salud preexistentes no declaradas.

En resumen, la salud privada se desarrolló en Chile, como un negocio que se ha asegurado buscando al cliente sano con alta capacidad de pago. Desde su introducción en el sistema chileno, la salud privada ha tenido actos de segregación e  injusticia social hacia sus propios afiliados, los que representan más riesgo y los de menor ingreso. Sólo en el año 2010 fue posible que el Tribunal Constitucional considerara como inconstitucional la Tabla de Factores de Riesgo que permitía  la discriminación y mayores cobros basados en el sexo y la edad de sus afiliados y que obstaculizaba el libre acceso a las acciones de salud que el Estado garantiza.

Un subgrupo desprotegido.

El sistema recibe la cotización de sus afiliados, algunos de bajos ingresos, a quienes se les asigna planes de salud básicos y con menores beneficios. Este grupo de cotizantes es el que se encuentra en una situación de desprotección real al momento de tener una enfermedad importante no cubierta por su plan de salud.  Desprotección que también experimentan quienes enfrenten un cambio de trabajo que implique una disminución de ingresos, o las situaciones de cesantía o paro. Para ello también se ha instaurado la opción de agregar otro  pago mensual junto a la cotización normal, que permita enfrentar una eventual cesantía involuntaria, la que cubre un período pactado previamente en un contrato. Comúnmente quienes pierden su trabajo, dejan de ser beneficiarios de las Isapres y, salvo que puedan seguir  pagando la cotización de salud por su cuenta estando cesantes, estas personas deben firmar una carta de desafiliación por cesantía, para luego perder los beneficios de atención de salud junto con las personas que dependan de él  (hijos, cónyuge) sin importar la situación de vulnerabilidad en que se puedan encontrar los hijos menores, sus estados de salud, ni el tiempo anterior de afiliación y los fondos entregados en este período.

Como vemos, este sistema crea segregación y exclusión y permite el ingreso de quienes tienen menos recursos por el tiempo en que puedan entregarles parte de sus ingresos, quedando claro el interés que mira a sus propias utilidades y ganancias, más que a la salud como derecho.

Por otra parte, ante crisis económicas, o el cese de pagos de subsidios del estado (como el incentivo para  la incorporación de familias de clase media al sistema)  algunas Isapres más inestables, han llegado a la quiebra, arrastrando con ello a la desprotección total del usuario, quien en la práctica ha debido movilizarse en forma individual por una solución, ya sea, buscando una  nueva Isapre, o emigrando al sistema público FONASA, lo que no remedia inmediatamente la situación de desprotección , ya que la calidad de beneficiario de una nueva institución no se adquiere automáticamente.

El sistema privado de salud, atiende aproximadamente al 15 % de la población chilena, y  despliega para una parte de sus afiliados una medicina de alto nivel, con acceso a tecnología e infraestructura moderna. Pero presenta aún restricciones al derecho a la salud entre sus beneficiarios y ha permitido muchas arbitrariedades y prácticas abusivas contra sus usuarios, como los aumentos unilaterales de cotizaciones, cambios en los planes de salud, entre otros. Por mucho tiempo se ha observado que el control de este mercado por un grupo reducido de empresarios ha facilitado estas arbitrariedades.

Frente a estas situaciones la legislación ya establecía que “el objeto de las Isapres debe ser exclusivamente el financiamiento de prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias a ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores”3Artículo 173 del DFL Nº 1 de 2006. Pese a esto, y a través de los holdings pertenecientes a los mismos dueños, las Isapres se encuentran participando también en las clínicas, laboratorios y centros de salud. Es decir, que detrás de la toma de decisiones se encuentran las mismas juntas administrativas o cargos ejecutivos, creando conflictos de interés entre instituciones y distorsionando el mercado.

Como vemos, para un grupo importante de la población (que pertenece tanto al sistema público como al privado) la protección a la salud, señalada en la Constitución, no logra  cumplirse. Por  ahora, es habitual que los usuarios del sistema privado  se concentren en su situación particular, amparándose en la judicialización de los casos de arbitrariedad y abusos del sistema4Casi 90% del total del trabajo de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Temuco y Valparaíso son sólo recursos contra las Isapres  En: Zúñiga F, Alejandra. (2013). Isapres, tribunal constitucional y distribución del derecho a cuidado sanitario. Revista médica de Chile141(4), 514-518. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013000400013, como los casos de rechazo de beneficiarios o las alzas unilaterales originadas en la verticalización de las Isapres. Pero las resoluciones judiciales toman tiempo de estudio y de tramitación, y se requiere de una vía para un mejoramiento definitivo, lo que implicaría un compromiso político, la voluntad empresarial -en un negocio que con las reglas actuales es muy ventajoso- y frente a éstos, una fuerte organización de clientes-usuarios. Hoy en día, los beneficiarios del sistema privado en salud, son una minoría de la población, y sus reclamos, aunque legítimos, parecen tener menos relevancia frente a otras crisis y problemáticas de la salud pública.

 

 

Notas   [ + ]

1.Constitución Política de la República de Chile https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
2.Existe, además un sistema de salud que corresponde a la Previsión de las Fuerzas Armadas.
3.Artículo 173 del DFL Nº 1 de 2006
4.Casi 90% del total del trabajo de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Temuco y Valparaíso son sólo recursos contra las Isapres  En: Zúñiga F, Alejandra. (2013). Isapres, tribunal constitucional y distribución del derecho a cuidado sanitario. Revista médica de Chile141(4), 514-518. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013000400013