Despenalizar, desregular, descriminalizar las drogas en América Latina. Parte II

Descriminalizar es un paso complejo y no tanto por la medida legal en sí, sino porque implica un cambio en la manera de percibir la problemática.

Despenalizar las drogas
Despenalizar las drogas

En la entrada anterior comentábamos como las drogas tienen una fuerte vinculación social y cultural con el entorno y la forma como las entendemos. Que no son entidades que carecen de un retículo construido mediante la interacción social y que gran parte de la información que conocemos sobre las drogas viene conexa a la guerra contra las drogas iniciada ya hace más de 40 años, con la famosa declaración que haría Nixon. Hoy sabemos que esta guerra ha fracasado, que son innumerables las victimas primarias y secundarias afectadas, que se ha incrementado el número de condenados por ofensas mínimas y en muchos aspectos las dependencias no han disminuido. Las nuevas propuestas que se presentan en diferentes latitudes traen consigo nuevos retos y posiblemente “viejos temores” que deberíamos revisar al momento de abordar políticas públicas en materia de drogas.

Sabemos que las discusiones en materia científica no están inacabadas, y a grandes rasgos discusiones que deben mediar la evidencia, observabilidad y resultados como propuestas en materia de políticas públicas, están mediadas por la moralidad y lo punitivo como recurso.

En términos del funcionamiento de los Estados, la criminalización de usuarios de drogas representa un uso poco racional de los recursos públicos destinados tanto a la seguridad ciudadana como al sector salud. Para policías, fiscales y poderes judiciales, la criminalización de consumidores implica el uso de recursos escasos que podrían ser usados para atender y perseguir conductas de mayor relevancia social (como el robo violento, la violación, el secuestro o el homicidio). Para el sector salud, la existencia de tratamientos obligatorios a los que algunos países someten a los usuarios -sean o no consumidores con uso problemático- significa el uso de valiosos recursos que podrían ser usados en campañas de prevención o en el tratamiento basado en evidencia científica. Sabemos que muchas de las decisiones en políticas públicas adolecen de un análisis profundo sobre el cómo, cuándo y cómo abordar problemáticas de sensibilidad nacional y regional, especialmente cuando está en juego una economía circular a manera de un engranaje cerrado que genera ingresos en materia de combate contra las drogas. Recordemos que los Estados Unidos estaría financiando en Latinoamérica alrededor de $ 97 millones de dólares entre los años 2008 al 2011, según la oficina de rendición de cuentas del Gobierno estadounidense. De igual forma los gastos en materia de programas, como los más de $ 5,500 millones de dólares destinados desde el año 2000 al Plan Colombia para combatir el narcotráfico, o el Plan Mérida en México que desde su aprobación por el gobierno de George Bush (hijo) en el 2008 ha destinado alrededor de $ 1,600 millones de dólares destinados a la adquisición de equipo y entrenamiento a las fuerzas mexicanas, curiosamente las empresas encargadas de dar el entrenamiento son contratistas estadounidenses como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Reytheon, ARINC y U.S. subsidiaria de Blackwater. Todo esto forma parte del engranaje de la criminalización en donde se beneficiarían empresas de seguridad y de armamento, en pocos casos los beneficios no irían directamente a desalentar el consumo o mediar, para que el consumo no sea un consumo problemático.

En la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGASS 2016, por sus siglas en inglés, se dieron recomendaciones para asumir con responsabilidad las decisiones venideras en materia de drogas para la región, las cuales indicaban:

Que era necesario tener sustento, y no posicionarse en ideologías preconcebidas, sino en investigaciones y análisis con evidencia disponible sobre los costos y beneficios totales de la prohibición y alternativas a la prohibición.

Sobre la importancia de los costos de la prohibición, no sólo para los países consumidores sino también, para los países productores y de tránsito de drogas, incluyendo muertes extrajudiciales y otros tipos de violencia, los costos de los programas de erradicación para los habitantes rurales, y la desestabilización de las instituciones por corrupción; y resaltar los beneficios económicos y públicos de invertir en servicios sociales y en salud eficiente en términos costo-beneficio para usuarios de sustancias y para personas que requieren drogas lícitas, e inversiones en programas de prevención contra el consumo que sean adecuadas al ambiente de toma de decisiones de los jóvenes en sus realidades.

En otras latitudes se han enfrentado a la posición de descriminalizar el consumo de drogas y aunque para muchos en su momento tomar esa medida representaba una especie de “ruleta rusa” las evidencias multisectoriales y multidisciplinares apoyaron contundentemente medidas como la descriminalización, por encima de aspecto moralistas y mágico religiosos.

Ejemplos como la legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado ha traído como consecuencia que organizaciones narcotraficantes en México vean reducidas sus ganancias en 25 y 30% propiamente, sin embargo, posiblemente el negocio de la venta sea desplazado hacia otras latitudes en busca de rentabilidad.

El fenómeno de la descriminalización de drogas en Portugal 

En la entrada anterior publicada en Iberoamérica Social el 04 de diciembre, hablábamos sobre la despenalización, la desregulación y la descriminalización como alternativas al modelo prohibicionista que tanto habían impactado en las políticas públicas a nivel global. Dándole seguimiento al tema y trayendo a colación otras realidades y otros escenarios que como laboratorio social se pusieron a disposición de las experiencias y las vicisitudes de cada realidad y cada país. Encontramos que existen países que han implementado una política de descriminalización frente al consumo de sustancia ilícitas de forma exitosa al día de hoy, sin embargo, con todo el riesgo que representa el ensayo y error.

Pasar de una política prohibicionista a una de descriminalización de las drogas requiere de un compromiso político y social, profundo. Identificando situaciones y puntos neurales que puedan ponerse a disposición de una real transformación. países como Portugal afrontaron una situación crítica, cuanto de cada 10 familias portuguesas al menos 1 de sus familiares tendría problemas con drogas, o que el 96% de los casos de personas en tratamiento en los Centros de Atención de Toxicodependencia, CAT, eran por heroína, de las personas presas el 52,1% eran por consumo de drogas, sin dejar de mencionar el elevado número de consumidores de heroína que tendrían muertes por sobredosis, así como las elevadas tasas de VIH/SIDA por el uso de jeringas compartidas, todo esto durante los años 80 y principios de los 90. Frente a esta realidad, se tomó el problema en serio, se crearon comisiones de evaluación multisectoriales y multidisciplinares, ya no era una cuestión meramente pensada desde lo judicial, sino que tendrían involucradas al sector salud, y además equipos de sociólogos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, en fin, todo un retículo de pensadores con argumentación científica frente a una problemática. ¿Cómo resolver el problema de consumo de drogas? Las comisiones de evaluación determinaron de forma unánime que descriminalizar el consumo de drogas, era la mejor solución científica, la menos costosa y la más humanamente posible. Siempre se mantenía el riesgo de que el país se volviera un paraíso de las drogas. Sin embargo, los resultados reflejados casi 20 años después no son desalentadores en cuanto a la reducción de infecciones por VIH/SIDA, muertes por hepatitis, personas detenidas por consumos menores o muertes por sobredosis. La descriminalización de las drogas como evidencia comprobada representa ventajas muy significativas frente a las desventajas ya conocidas de la prohibición de las drogas y la guerra contra las mismas. De acuerdo con la Comisión Global de Políticas de Drogas, (2016), Portugal estaría ahorrándose un 18% de costos sociales en relación a los primeros 10 años de la intervención de su política de descriminalización de drogas. Dichos ahorros están asociados en cuanto al mantenimiento del ingreso, y la productividad como resultado de que los individuos estuvieran evitando ser encarcelados por posesión de sustancias y costos indirectos de salud como la reducción de las muertes relacionadas con drogas y los índices de VIH y otras enfermedades asociadas.

Con la propuesta de descriminalización de las drogas en el 2000, mediante la implementación de la ley N. 30 del 2000 modificaron el Decreto Ley N. 15/93 del 22 de enero, que era un Acuerdo Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Substancias Psicotrópicas establecido por medio del Consejo de las Naciones Unidas en 1988. Con esta medida daban un paso al futuro, ciertamente con el recelo de: ¿Qué va a ocurrir? Y no era para menos, se apostaba por cambiar las reglas del juego prohibicionista y abocarse por una medida contraria a todo lo que conocíamos hasta la fecha, pero también a una prueba de fuego que ningún país había hecho y era no criminalizar al consumidor, sino identificarlo como un sujeto con derechos y con una relación de dependencia o abuso de las drogas, los procesos punibles pasaron a ser sanciones administrativas que conducían a los consumidores a comisiones de persuasión para evitar continuar el consumo. Con esto, el tratamiento redujo enormemente los casos de consumo. Si bien, el consumo de drogas no va a cesar por completo, si sus complicaciones directas y las asociadas.

Descriminalizar es un paso complejo y no tanto por la medida legal en sí, sino porque implica un cambio en la manera de percibir la problemática, derribar todos los mitos y fantasmas y ver el problema como lo que es, un asunto de Estado en donde el Derecho Humano y la dignidad están por encima de cualquier medida punitiva o represiva. Ojala los países de América Latina podamos consensuar cada uno de acuerdo con sus realidades propuestas encaminadas a hacer efectivo políticas públicas coherentes y basadas en los hechos científicos y no en apasionamientos morales que de nada ayudan a profundizar el análisis de la problemática regional latinoamericana.

Bibliografía.

Comisión Global de Políticas de Drogas, 2016, un nuevo enfoque para la descriminalización.

Colectivo de Estudio de Drogas y Derechos, CEDD, 2014, En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina, editoras, Catalina Pérez Correa, Coleto Youngers

Greenwald, G, (2009), Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for creating fair and successful drug policies, Washington, D.C. CATO, Institute.

Iniciativa Mérida https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_M%C3%A9rida

Márquez, W. 2012, ¿Privatiza Estados Unidos la guerra contra las drogas? https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/01/111208_eeuu_pentagono_guerra_drogas_mercenarios_wbm

Mejía, D, Csete, J. 2014, “Economía de la Guerra contra las drogas: costos no contabilizados, vidas perdidas, oportunidades no aprovechadas”, Open Society Foundations

Organización de los Estados Americanos, OEA, 2004, El problema de las drogas en las Américas: Estudios, la economía del narcotráfico.

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Licenciado en sociología por la Universidad de Panamá, Diplomado en Políticas Públicas por la Konrad Adenauer Stiftung de Alemania y la Asociación Civil de Estudios Populares de Argentina.

Maestrando en el Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas ISCSP de la Universidad de Lisboa. 

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