En defensa de la protesta social Protestar significa perturbar, cuestionar, reclamar por algo que legítimamente nos corresponde, y a la vez, impugnar, rechazar lo que arbitrariamente se nos impone.

En defensa de la protesta social

“Con qué indignación he visto, en un día de huelga nacional, con despótica soberbia, a la policía arrojando al suelo la comida que unos obreros preparaban en sus ollas populares. Y entonces me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva”.

 Ernesto Sabato. Antes del fin.

En plena época del conformismo gracias al embrutecimiento televisivo, pareciera que no hubiera nada por hacer que no sea soportar contritamente las estupideces, impericias, absurdos y aberraciones de quienes gestionan en nuestro nombre el presente y futuro de nuestro país.

Vivir es enfrentar y resolver problemas directa o indirectamente. Frente a un hecho problemático de interés común y público, el Estado es el ente encargado de la resolución del conflicto, caso contrario, el ejercicio de la protesta es el instrumento más eficaz para persuadir a las autoridades a gobernar en favor de quien los eligió: el pueblo.

No obstante, en los últimos años en nuestro país (Perú), como en otros de nuestra América, los representantes políticos y académicos intentan por todos los medios posibles deslegitimar la protesta social, arguyendo, en el mejor de los casos que es una forma desfasada y anacrónica de lucha social, y en el peor de los casos, una alternativa violentista que linda con el terrorismo.

Sostenemos que dichas afirmaciones no hacen más que evidenciar su miseria intelectual. Porque los derechos sociales fueron conquistados casi siempre a través de arduas luchas y pueden resultar amenazados o eliminados sino se fortalece, protege y efectiviza el derecho a la protesta como arma de defensa frente a las arbitrariedades de las autoridades políticas, de lo que se ha venido a llamar el  terrorismo legal de Estado, que hoy agita la bandera de una criminalidad que señala a los pobres como los culpables y encubren las poderosas redes de criminales de las que muchos de los representantes políticos formar parte1Calveiro, Pilar (2012). Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. México: Siglo XXI, p. 194..

Manipulación comunicaciónLa miseria intelectual tiene como síntoma el conformismo, que es otra forma de idiotismo2“Idiota: del griego idiotez, utilizado para referirse a quien no se metía en política, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a los demás”. (Savater). En la antigua Grecia se utilizaba para nombrar a los ciudadanos egoístas que no se interesaban por los asuntos públicos, es decir por la política. La idiotez, decía Voltaire, es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. La palabra idiota proviene del griego idios que significa privado, uno mismo, hostilidad a las cuestiones de interés común público. Es una droga que como cualquier narcótico paraliza y mantiene en estado de somnolencia, inconciencia y adicción. Los inoculadores (sobre todo, los medios de comunicación masiva), salvo excepciones, trabajan incansablemente para que los consumidores de semejante sustancia no tomen conciencia jamás de la gravedad de sus consecuencias y se levanten.

La protesta social hoy, como antes, se justificación políticamente. Entendiendo por justificar el hacer que algo sea justo. Una acción política es justa cuando contribuye a la afirmación de la vida de sus destinatarios, el pueblo. Una acción política puede ser legal, pero no justa, porque llevarla a cabo supondría negar los medios de vida de una determinada población3Dice Shakespeare por boca de Shylock, “si me arrancan los medios con que vivo, me quitan la vida entera”. Cfr. Shakespeare, William (2001). El mercader de Venecia. Bogotá: Carvajal Educación S.A.S, p.  125: agua, vivienda, trabajo, educación, salud, etc. Así como una acción podría ser justa pero no legal, cuando la acción se realiza en defensa de los medios de vida que una ley quiere restringir o negar.

Por tal razón, sostenemos que la ley no es criterio de justificación. No es el fundamento último, sino la voluntad del pueblo4Así lo entendió Bartolomé De las Casas: “Ningún rey o gobernante, por muy supremo que sea, puede ordenar o mandar nada concerniente a la república (republicam), en prejuicio o detrimento del pueblo (populi) o de los súbditos, sin haber tenido el consenso (consensu) de ellos, en forma lícita y debida. De otra manera no valdría (valet) por derecho”. Cfr. Dussel, Enrique (2007). Política de la liberación. Historia mundial y crítica. Madrid: Trotta, p. 26. Los zapatistas al respecto lo tienen bien claro, cuando dicen: “Ha como sea hay que liberar este mundo… siempre pidiendo el pensamiento del pueblo. Aunque se equivoque el pueblo, es el pueblo quien tiene que corregir, porque si nosotros somos líderes aquí, si nosotros equivocamos, el pueblo paga, ¿es correcto? ¿es correcto que nos equivocamos y el pueblo paga? Bueno, eso hay que preguntarle al pueblo y hacer lo que dice el pueblo”. Cfr. Almendra, Vilma. (2016). “Intentado reconocernos frente a la hidra: (des) habitar el espectáculo”. En: Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, Nº 73, Maracaibo-Venezuela: Universidad del Zulia, p. 136.. Cuando una ley niega la vida del pueblo hay que tener el valor de levantarnos y negarlo con nuestro disenso. Es decir, con nuestro desacuerdo y protesta. Caso contrario, la política entendida como la gestión del bien común en común se convierte en la gestión del bien de una minoría a costa del sufrimiento y miseria de la mayoría.

Sostenemos dicha hipótesis porque el fin de todo ser humano es poder vivir. Para llevar a cabo este objetivo se vale de mediaciones: crea instituciones. Las instituciones son mediaciones que nos damos para desarrollar nuestra vida y no perecer prematuramente en el camino. En otras palabras la razón de ser de una institución política es la afirmación de la vida de quien la hizo posible, pueblo5El primer criterio ético-político debe ser el dar de comer al hambriento y no cumplir la ley. Por eso, una economía, un derecho, una política que no parta de este criterio debe ser desobedecido.. Porque nadie crea instituciones para que le domine, oprima o niegue su vida. Por eso, cuando una institución no cumple con el fin para el cual fue creado tiene que ser corregido rápidamente por el pueblo. Y el recurso más eficaz que tenemos es la protesta social, que también viene hacer una institución reconocida por nuestro ordenamiento legal nacional e internacional.

Protestar significa perturbar, cuestionar, reclamar por algo que legítimamente nos corresponde, y a la vez, impugnar, rechazar lo que arbitrariamente se nos impone. Pero no por el mero hecho de la imposición, sino porque el acto que se impone es perjudicial para la vida del pueblo, “único sujeto político real”6Agamben, G. (2006). El tiempo que resta. Comentario a la carta a los Romanos. Madrid: Trotta, p. 62., y sede soberana de todo poder7El fundamento de la política es la soberanía del pueblo. No es el Estado ni el Derecho. La legitimidad de toda institución reside en la soberanía del pueblo., conforme lo reconoce nuestra Constitución8En el art. 45°, nuestra Carta Magna señala: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”., y si no lo reconociera, igual tendría que reconocerlo. Porque el poder originario, el primer poder es el instituyente que reside en el pueblo. El cual decide darse una Constitución para que a partir de ella se creen instituciones.

En consecuencia, el ejercicio de la protesta es de vital importancia para la convivencia social democrática. En razón de que si delegamos la gestión de la educación, salud, economía, administración de justicia, etc., en una institución macro como el Estado, el deber que nos compete como miembro de la comunidad política, como sujetos políticos, es intervenir a través del instrumento de la protesta cuando este encargo no responda a nuestros intereses legítimos.

La historia de los derechos nos muestra que éstos fueron conquistados casi siempre a través de arduas luchas sociales. Pero estos derechos pueden resultar amenazados incluso negados, sino se fortalece, protege y efectiviza el derecho legítimo a la protesta como arma de disuasión frente a las arbitrariedades del poder Estatal, que en última instancia es el poder delegado del pueblo, el único que tiene el poder soberano.

Para efectos de  advertir la importancia social de la protesta basta pensar en lo que ocurría si nadie protestase en presencia de violaciones a los Derechos Humanos, la impunidad, la corrupción o agresiones a los Derechos  Sociales  por parte de quien debe protegerlos: el Estado. Históricamente, casi todos los derechos fueron conseguidos a través de arduas luchas sociales, incluso el derecho a tener derechos es la historia no de ríos de tinta, sino de ríos de sudor y sangre.

En consecuencia, el derecho a protestar aparece, dice Gargarella9Gargarella, Roberto. (2005). El derecho a la protesta. El primer derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 9., como el primer derecho y el primer deber que tiene todo ciudadano en un Estado democrático de derecho, a fin de que pueda intervenir en la gestión del bien común en común. Legitimando aquellas decisiones de gobierno que favorezcan las condiciones de vida digna para el pueblo e impugnando aquello que lo restrinjan o nieguen.

Si esto es así, no es posible que frente a los atropellos de nuestros derechos abracemos la genuflexión, la indiferencia o el mimetismo intelectual. No es posible que no nos rebelemos, sabiendo que el poder que ejercen las autoridades es un poder delegado: temporal y relativo. Porque el poder soberano es el poder del pueblo. Las autoridades políticas gobiernan no por ningún mandato divino, sino por mandado de la voluntad popular. De manera que así como el pueblo le delega su poder, también le puede quitar, cuando no trabajen por los intereses por los cuales se les eligió.

Finalmente, por las razones antes expuestas, incitamos a ejercer nuestro derecho a la protesta, porque el devenir histórico nos muestra que “el respeto y la resignación pueden haber llenado el martirologio romano y el cielo; pero sólo el irrespeto y la rebeldía conquistaron la naturaleza y cubrieron de flores el camino de la humanidad”10Gonzales Prada, Manuel (2004). Pensamiento y librepensamiento. Caracas: Claves de América, p. 65.. Si los representantes políticos no gobiernan en beneficio del pueblo, es por nuestro consentimiento. No es porque ellos tengan el poder soberano, sino porque nos hemos conformado a vivir de rodillas. Levantemos la mirada, pongámonos de pie y veremos que ellos no son soberanos. Parecen absolutos porque nos hemos acostumbrado a vivir de rodillas.  Dejemos las rodilleras del conformismo que nos denigra y nos limita. Usemos el poder legítimo y soberano, el disenso de la voluntad del pueblo, y celebremos la vida, como sugirió el poeta: “hasta que un puñado de tierra nos tape la boca”.

Notas   [ + ]

1.Calveiro, Pilar (2012). Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. México: Siglo XXI, p. 194.
2.“Idiota: del griego idiotez, utilizado para referirse a quien no se metía en política, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a los demás”. (Savater). En la antigua Grecia se utilizaba para nombrar a los ciudadanos egoístas que no se interesaban por los asuntos públicos, es decir por la política. La idiotez, decía Voltaire, es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás
3.Dice Shakespeare por boca de Shylock, “si me arrancan los medios con que vivo, me quitan la vida entera”. Cfr. Shakespeare, William (2001). El mercader de Venecia. Bogotá: Carvajal Educación S.A.S, p.  125
4.Así lo entendió Bartolomé De las Casas: “Ningún rey o gobernante, por muy supremo que sea, puede ordenar o mandar nada concerniente a la república (republicam), en prejuicio o detrimento del pueblo (populi) o de los súbditos, sin haber tenido el consenso (consensu) de ellos, en forma lícita y debida. De otra manera no valdría (valet) por derecho”. Cfr. Dussel, Enrique (2007). Política de la liberación. Historia mundial y crítica. Madrid: Trotta, p. 26. Los zapatistas al respecto lo tienen bien claro, cuando dicen: “Ha como sea hay que liberar este mundo… siempre pidiendo el pensamiento del pueblo. Aunque se equivoque el pueblo, es el pueblo quien tiene que corregir, porque si nosotros somos líderes aquí, si nosotros equivocamos, el pueblo paga, ¿es correcto? ¿es correcto que nos equivocamos y el pueblo paga? Bueno, eso hay que preguntarle al pueblo y hacer lo que dice el pueblo”. Cfr. Almendra, Vilma. (2016). “Intentado reconocernos frente a la hidra: (des) habitar el espectáculo”. En: Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, Nº 73, Maracaibo-Venezuela: Universidad del Zulia, p. 136.
5.El primer criterio ético-político debe ser el dar de comer al hambriento y no cumplir la ley. Por eso, una economía, un derecho, una política que no parta de este criterio debe ser desobedecido.
6.Agamben, G. (2006). El tiempo que resta. Comentario a la carta a los Romanos. Madrid: Trotta, p. 62.
7.El fundamento de la política es la soberanía del pueblo. No es el Estado ni el Derecho. La legitimidad de toda institución reside en la soberanía del pueblo.
8.En el art. 45°, nuestra Carta Magna señala: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”.
9.Gargarella, Roberto. (2005). El derecho a la protesta. El primer derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 9.
10.Gonzales Prada, Manuel (2004). Pensamiento y librepensamiento. Caracas: Claves de América, p. 65.