Congreso peruano cesante: la democracia se defiende

Se trataba a las claras de una crisis sin precedentes: todos los ex presidentes desde el retorno a la democracia se encuentran presos.

Congreso peruano cesante
Congreso peruano cesante

El 30 de setiembre de 2019 ha trascendido a la historia del Perú como un día clave para la democracia y sus instituciones. El presidente Vizcarra, tras varias disputas con el legislativo, resolvió disolver el Congreso. Quizás esta terminología en otros países suene a golpista o antidemocrático, pero lo cierto es que la decisión de Vizcarra cuenta con gran apoyo de la ciudadanía y bastante lejos está de esos lugares comunes donde podríamos caer. Brevemente desandaremos algunos aspectos claves para echar luces en el asunto.

En una entrada anterior intentamos explicar las causas del anuncio sobre el adelanto de las elecciones del pasado 28 de julio en el discurso presidencial. Esta decisión fue bien recibida por el pueblo peruano que ya venía exigiendo el cierre del congreso y mayor transparencia en las instituciones políticas y quienes las representan. Lo acontecido el 30S es justamente la concreción de uno de los escenarios posibles tras el anuncio presidencial en las fiestas patrias. Pero ¿por qué contra el Congreso? ¿No es ir contra el equilibrio de poderes “sano” para una república? Pues no hay blancos y negros, podríamos decir que con esta decisión las instituciones republicanas (importadas del viejo mundo) muestran sus limitaciones frente a la realidad pero la democracia sale fortalecida, o al menos resulta oxigenada.

En toda América Latina la democracia en el marco del estado nación es un proyecto mejorable, incompleto y casi siempre al borde del abismo. Lo ocurrido estos días en el país inca se inserta dentro de un proceso mayor latinoamericano de demandas ciudadanas insatisfechas y democracias débiles. Pero si a ello le sumamos el ingrediente del “escándalo Odebrecht” en el cual quedó ensuciada gran parte de la casta política peruana, el abismo se presenta como único horizonte para algunos y la democracia si no quiere precipitarse al vacío debe renacer cual ave fénix. Eso esperemos sea lo que ocurra a partir de esta nueva coyuntura que se abre.

Martín Vizcarra asumió la presidencia en marzo del 2018 tras varias intentonas del fujimorismo, fuerza mayoritaria del congreso, de vacar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con el objetivo de salvar a su lideresa política Keiko Fujimori y a varios integrantes de Fuerza Popular, frente a los escándalos de Odebrecht, el parlamento se concentró en el pedido de vacancia para el presidente. Recordemos el anuncio de indulto a Alberto Fujimori la nochebuena de 2017, dado por PPK como intento de salvataje antes de hundirse. Dos pedidos de vacancia liderados por Fuerza Popular precipitaron la crisis institucional y la caída definitiva de PPK.

Congreso peruano cesante - adelanto elecciones

En ese contexto, Vizcarra asumió sabiendo que no la tenía nada fácil. La mayoría parlamentaria fujimorista y aprista en su contra, había salido fortalecida de su riña con el ejecutivo. El sucesor de PPK podría terminar igual que él, era cuestión de fuerzas. Se trataba a las claras de una crisis sin precedentes: todos los ex presidentes desde el retorno a la democracia se encuentran presos. Empezando por quien renunciara, PPK, Toledo, García, Humala y varios funcionarios, entre quienes destaca Keiko Fujimori, quedaron implicados en casos de corrupción. Como si no fuera suficiente, en abril de este año Alan García intentó suicidarse cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht, disparándose en su habitación y muriendo a las pocas horas en un hospital. A principios de julio el ex presidente Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos por la misma causa y actualmente se encuentra procesado.

Sin un fuerte apoyo popular y sin las posibilidades de sostener con firmeza el gobierno, más bien con la idea de “salvar” la institucionalidad, Vizcarra vio como única alternativa a la crisis el adelanto de las elecciones generales de 2021 para 2020. Ya lo anticipaba en el mensaje presidencial del 28: “no hay ningún lugar del Perú donde no me digan ¡Vizcarra cierra el congreso!”. Sobradas oportunidades tuvieron los y las congresistas de demostrar estar a la altura de sus cargos, con voluntad de diálogo y dignidad. Nadie puede reprocharle en este caso al ejecutivo un actuar autoritario. El congreso desoyó todas las demandas, de las calles, de los pueblos y también de los demás poderes. Había una salida honrada, que hubiese evitado el escándalo posterior. Pero el fujimorismo, nuevamente repetimos, no tiene voluntad democrática y un adelanto de las elecciones significaba la pérdida de sus fueros y privilegios.

Rechazado el proyecto presidencial de adelanto de las elecciones generales por la comisión de constitución del Congreso, el Ejecutivo solicitó la cuestión de confianza, tras hacerse públicos los negociados entre apristas y fujimoristas para la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo el Parlamento desestimó en los hechos la cuestión de confianza al designar de manera express a un nuevo miembro del TC, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, vinculado con el fujimorismo y esta fue la causante última de la disolución constitucional del congreso. Vale aclarar que ya se había recurrido en dos oportunidades anteriores a la cuestión de confianza y en ambas ocasiones el congreso evitó llegar a acuerdos.

Frente a esto, Vizcarra anunció en vivo la decisión de cerrar el congreso dado que “lo acontecido subraya la desvergüenza de la mayoría parlamentaria alejada de la voluntad de los peruanos” y que lo que se pretendía con la cuestión de confianza era un procedimiento más democrático y transparente de elección de los miembros del TC. Y concluyó: “este cierre está dentro de mis facultades constitucionales para dar soluciona democrática y participativa para un problema del país, dando fin al entrampamiento político. Estamos haciendo historia contra uno de los males endémicos que tanto males ha hecho a nuestro país”. Además anunció que según lo establecido en la constitución, se convocará a elecciones de congresistas para enero de 2020. Mientras, sesionará una comisión permanente hasta que juren los nuevos congresistas electos.

En respuesta a esta decisión, la mayoría del congreso (ya disuelto) decidió realizar una jugarreta inconstitucional y burda, nombrando como “presidenta” a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, tras haber vacado previamente al presidente. Claramente ninguna de estas acciones tuvieron consecuencias, más que el dejar mal parada a la ex mayoría parlamentaria fujimorista y aprista. El consenso respecto a la constitucionalidad de lo actuado por el ejecutivo era total. En menos de veinticuatro horas la excongresista Aráoz presento su renuncia al cargo de vicepresidenta y de “presidenta temporal”.

La ciudadanía salió a las calles

Una mención especial merece el accionar de la ciudadanía peruana. En todos los departamentos (no sólo en Lima), las personas salieron a dar su apoyo a la decisión de cerrar el congreso. Carteles y cánticos contra los congresistas fujimoristas acompañaban un clima de júbilo ya que por fin alguien “pensaba en el Perú”, parafraseando al propio Vizcarra.

Si bien las celebraciones y el apoyo el 30S fueron multitudinarios, las movilizaciones sociales venían desarrollándose desde meses antes. Podemos afirmar que fue por presión popular que el presidente actuó como lo hizo, por lo tanto el desplazamiento del fujimorismo fue el resultado de un pueblo cansado de la impunidad y la corrupción de este grupo político mafioso. Una demanda que se hizo escuchar con fuerza es la de convocar a una asamblea constituyente, no debe olvidarse que la constitución vigente hoy en el Perú es la del ´93, realizada tras el autogolpe de Fujimori.

El fujimorismo, esa “pesada herencia” de los noventa, ha demostrado que es posible tras aparentes colapsos mantener la continuidad de sus prácticas antidemocráticas, corruptas y autoritarias. Por ello es responsabilidad de toda la ciudadanía y las autoridades el garantizar y mantenerse en vigilancia para que el proceso que se abre de cara a las elecciones de enero sea lo más transparente y participativo posible.


NOTA AL PIE: La Cuestión de Confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. Según la Constitución Política del Perú, si el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza o si el Presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia. Fuente: Plataforma digital única del Estado peruano

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Maestranda en Estudios Latinoamericanos (UNCuyo, Argentina).

Miembro del grupo de investigación Historia y Ciudadanía Activa (UNMSM, Perú).

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