Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe: un análisis del panorama regional desde la Ecología Política

Miradas y prácticas eco sociales en Iberoamérica - Iberoamérica Social XV
Miradas y prácticas eco sociales en Iberoamérica - Iberoamérica Social XV

DescargarRaul Anthony Olmedo Neri.
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
raulanthonyn@yahoo.com.mx

Marx José Gómez Liendo.
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, San Antonio de los Altos, Venezuela.
mjgomezliendo@gmail.com

Recibido: 22/09/2020 – Aceptado: 15/11/2020

 

Resumen: América Latina y el Caribe (ALC) se ha caracterizado en los últimos años como una región pujante en términos de recepción de inversión extranjera y desarrollo de megaproyectos para el aprovechamiento y commodificación de los recursos naturales. Este escenario ha profundizado la ya existente relación conflictiva entre la sociedad civil y los ‘promotores del desarrollo’, debido una serie de disputas por los sentidos, discursos y cosmovisiones sobre los recursos naturales en particular, y sobre la relación sociedad-naturaleza en general. Bajo este contexto, el presente trabajo analiza el panorama de la región desde el prisma de la ecología política, y a través de la sistematización de la información existente en el Atlas de Justicia Ambiental. Entre los principales hallazgos se encuentra que más de una cuarta parte (28,88%) de la conflictividad socioambiental mundial (3,244 conflictos) ocurre en ALC (937). De ese total mundial, los conflictos mineros en la región representan un 10% (324 conflictos). El análisis realizado permitió identificar una serie de tendencias con relación a las formas mediante las cuales la lógica económica global se materializa y avanza en el sometimiento y mercantilización de la naturaleza en la región.

Palabras clave: Conflictividad Socioambiental; América Latina y el Caribe; Ecología Política; Megaproyectos.

 

Socio-environmental conflicts in Latin America and the Caribbean: A regional analysis from a Political Ecology perspective

Abstract: In recent years, Latin America and the Caribbean (LAC) has been characterized as a thriving region in terms of receiving foreign investment and developing megaprojects for the use and commodification of natural resources. This scenario has deepened the already existing conflictive relationships between civil society and the ‘development promoters’, due to a series of disputes over the meanings, discourses and worldviews about natural resources in particular, and about the relationship between nature and society in general. The present work analyzes the regional panorama from the lenses of political ecology, and through the systematization of the existing information in the Environmental Justice Atlas. A major finding is that more than a quarter (28,88%) of the global socio-environmental conflicts (3,244) occurs in LAC (937). Of this world total, mining conflicts in the region represent 10% (324 conflicts). The analysis carried out made it possible to identify a series of trends in relation to the ways in which global economic logic materializes and advances in the subjugation and commodification of nature in the region.

Keywords: Socio-environmental conflicts; Latin America and the Caribbean; Political Ecology, Megaprojects.

 

Introducción

La crisis ecológica global ha hecho explícita la necesidad de desmantelar la vinculación entre sustentabilidad y capital, para adquirir así una lógica alternativa que sustente la vida (Leff, 2019), volviéndose esto un imperativo categórico para repensar una civilización-otra a la actual, donde se pueda frenar la violencia del capital, la cual ha generado una fractura metabólica, de magnitudes planetarias, en la relación sociedad-naturaleza. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para ser alcanzados a 2030. Sin embargo, una mirada al pasado permite apreciar que al menos desde 1972 ya existían preocupaciones mundiales por la relación entre ambiente y desarrollo, por ejemplo, con la realización de la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia. Desde ese entonces, la situación se ha agudizado de tal manera que ya han sido transgredidos dos de los nueve límites planetarios que garantizan el funcionamiento estable del Sistema Tierra (Rockström et al. 2009; Steffen et al, 2015), lo que amenaza la salud de los ecosistemas y la habitabilidad de la especie humana y sus coterráneos no humanos.

Esta situación se traduce en un mundo constitutivamente asimétrico y de alta conflictividad socioambiental debido a la insostenibilidad estructural que ha propiciado la violencia del capital hacia la natura en procesos y dinámicas de larga duración (Moore, 2013a; 2013b).

En este sentido, hablar de este tipo conflictividad implica reconocer la existencia de una disputa entre dos o más posturas ideológicas/políticas/económicas/ontológicas alrededor de un elemento particular, en este caso el uso del territorio y los recursos naturales, que hace que estas visiones se excluyan mutuamente dado que cada una de ellas busca posicionarse legal y legítimamente sobre la otra para mantener/transformar una parte del espacio geográfico. Dicha disputa no se da en términos de equilibrio entre las partes mutuamente excluyentes, por el contrario, en ellas se materializa la asimetría de poder históricamente construida por y desde el capital en tanto relación social estructurante del sistema-mundo capitalista y moderno-colonial (Quijano y Wallerstein, 1992).

Por tanto, el conflicto socioambiental no es más que una colisión de sentidos, percepciones, juicios de valor y cosmovisiones entre quienes detentan un territorio y recursos naturales, y quienes ostentan el capital; dicha colisión puede generar tensos procesos de aceptación, negociación y resistencias entre los socialmente afectados y los económicamente beneficiados. Lo anterior se manifiesta en movimientos sociales en defensa del territorio y la vida (Svampa, 2019) y en procesos de negociación/coercitivos derivados de los marcos normativos en cada Estado-Nación (Olmedo Neri, 2019).

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones del mundo donde se expresa con mayor nitidez la división global de la naturaleza como base material de la división internacional del trabajo (Coronil, 2013). Desde el auge de la economía/ecología-mundo capitalista (Moore, 2013a; 2013b), esta parte del mundo ha sido un constante escenario de resistencia y lucha socioambiental. Por ello, el análisis de estos procesos cobra relevancia no sólo en el presente inmediato, sino en el futuro próximo donde el espacio y el territorio pueden continuar siendo sustancialmente modificados debido al despliegue del capital sobre la naturaleza (Pineda, 2018). Bajo este contexto, se hace necesario el abordaje de este problema desde la Ecología Política Latinoamericana (EPL) en tanto su desarrollo ha permitido ampliar las formas en que este proceso de conflictividad ya no sólo responde a aspectos meramente económicos, sino a su convergencia, mezcla e interrelación con elementos simbólicos, socioespaciales, políticos, discursivos, gnoseológicos y ontológicos.

Así pues, el presente trabajo tiene como propósito ofrecer un panorama general de la conflictividad socioambiental existente en la región debido al desarrollo pujante de megaproyectos que de una u otra manera se enclavan en la disputa tanto del territorio como del uso de los recursos naturales en espacios estratégicos. El análisis de este panorama se realiza en dos momentos: uno dedicado a la estructuración de un marco que identifica y articula algunos aportes teórico-conceptuales y empíricos propios de la EPL, y otro donde se discuten estos aportes a la luz de los datos presentados en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, 2020) sobre los conflictos socioambientales en ALC a fin de dar cuenta del nuevo contexto de disputas en la región.

Finalmente, se resalta la relevancia que este análisis regional adquiere no sólo por la empírica resistencia social que se ha generado alrededor de las iniciativas privadas por socavar el equilibrio socioambiental en beneficio del capital, sino también por la innovación teórico-conceptual que ha sido producto de la tradición crítica latinoamericana y las posturas alternativas que emanan de la diversidad cultural e identitaria de sus sociedades.

Marco teórico

Como ya se mencionó, las preocupaciones mundiales por la relación entre ambiente y desarrollo pueden ubicarse alrededor del año 1972 aunque las razones de tal concienciación datan de mucho antes, como las consecuencias de la Revolución Verde y la devastación generada por las dos guerras mundiales, por citar solo dos casos. Lo anterior evidencia que la relación ambiente-desarrollo (posteriormente rearticulada en torno a la noción de crecimiento) ha sido concebida desde la imposición del capital sobre los recursos naturales y espaciotemporales, donde la máxima ganancia se inserta como fin último, desestimando los efectos locales y globales que en conjunto socavan la propia materialidad de la economía-mundo capitalista (O’Connor, 1988).

A nivel académico, existe un consenso que también ubica en 1972 los orígenes del estudio de los conflictos en torno al acceso, control, uso y valoración de los recursos naturales. Se trata del trabajo Ownership and Political Ecology del antropólogo austriaco-estadounidense Eric Wolf, donde se abordan las tensiones entre visiones de corto y largo plazo en la gestión de territorios (Delgado Ramos, 2013). No obstante, el artículo de Wolf no hace mención explícita a qué supone el término ecología política, pero, a partir de ese momento, se hace notorio que su posterior formulación conceptual es el resultado de la intersección entre campos como la economía política, la antropología ecológica, la ecología cultural, la ecología humana y la historia ambiental (Alimonda, 2016; Biersack, 2006; Gudynas, 2014).

Aunado a ello, el contexto de surgimiento de estas preocupaciones, tanto a nivel internacional como a nivel académico y de movilización social, está enmarcado en una serie de debates álgidos sobre diversos temas: crecimiento económico y demográfico, efectos del modo de vida de las sociedades industriales, tensiones entre lo rural y lo urbano, extinción de especies, consecuencias de la ciencia y la tecnología, matrices energéticas, calentamiento global, cambio climático y críticas al desarrollo.

En términos regionales, Martín y Larsimont (2016) ofrecen una caracterización de la ecología política en contextos anglosajones, francófonos y latinoamericanos que resulta relevante para los propósitos de esta sección. Para estos autores, la political ecology está anclada en abordajes académicos, principalmente desde departamentos de geografía y antropología, desde los cuales se promueven estudios críticos sobre medio ambiente y desarrollo. Si bien esto ha hecho que se visibilicen problemas y conflictos socioambientales en el Norte Global, la tendencia ha sido hacia estudios de casos y producción de conocimientos sobre el Sur Global.

Por su parte, en el mundo francófono l’écologie politique se caracteriza por su eclecticismo. Diferentes intelectuales llegan por distintas vías a los temas de interés de este campo sin abandonar sus respectivas trayectorias. Ello hace que les resulte difícil asumir/construir una identidad/comunidad de ecologistas políticos, como sí ocurre en el contexto anglosajón.

Por último, la Ecología Política Latinoamericana (EPC) emerge de una situación de frontera entre tradiciones disciplinares, el pensamiento crítico de la región y las experiencias de luchas territorializadas, lo que hace que su rasgo diferencial más llamativo sea el hacer explícito el lugar de enunciación desde el que se generan las reflexiones y propuestas. Esto supone una posición ética, política y epistémica marcada por la experiencia de la colonización; de allí que su otra característica, en comparación a las dos regiones previas, sea resaltar el carácter civilizatorio de la crisis ecológica y las relaciones de poder-saber que subyacen a ella.

A su vez, Eduardo Gudynas (2014), ha venido desarrollando una serie de ideas sobre las concepciones y tendencias de las EPL, resaltando precisamente su pluralidad constitutiva y las contribuciones de diferentes autores de la región. Para Gudynas, las ecologías políticas pueden tener diferentes expresiones, muchas veces sobrepuestas entre sí: a nivel terminológico, se encuentran aquellas que abordan la política como discusión pública de asuntos de interés colectivo (politics) y otras que se centran en políticas públicas, programas y estrategias de gestión (policies); a nivel epistemológico, pueden identificarse corrientes realistas, esencialistas, constructivistas y postestructuralistas; a nivel generacional, se ubican las ecologías políticas de primera y segunda generación, cuya distinción reside en su base ontológica dualista y relacional, respectivamente; a nivel de sus campos de acción, se pueden observar tendencias interaccionistas (centradas en la reflexión sobre las relaciones sociedad-naturaleza), normativistas (interesadas en el estudio y proposición de agendas políticas enfocadas en cuestiones ambientales) y politológicas (enfocadas en la evaluación de partidos políticos y el rol de los gobiernos).

Finalmente, a nivel meta-político, las ecologías políticas se diferencian en tres tipos, según los ‘objetos’ y ‘sujetos’ que las constituyen, abarcando una amplia matriz de perspectivas que va desde posiciones antropocéntricas hasta entendimientos biocéntricos del mundo, pasando por posiciones intermedias entre ambos enfoques.

En cuanto a la especificidad de la EPL, Gudynas (2014) identifica primeramente algunas prioridades y orientaciones para la región. Dentro de su balance, argumenta que un aspecto positivo es la posibilidad de diálogo y mutua retroalimentación de las investigaciones y prácticas que se llevan a cabo en ALC con otras regiones del mundo. Además, las y los investigadores de la región poseen mayores libertades para vincular la investigación con la política, la militancia y/o el activismo.

Por el contrario, un punto de tensión reside en el hecho de que tales diálogos se dan en contextos asimétricos. La ecología política (en singular) está muy marcada por una gobernanza epistémica del Norte Global que establece unos términos idiomáticos de conversación y participación que pueden afectar la pluralidad constitutiva que describe el autor en su trabajo.

Hechas esas consideraciones, Gudynas (2014) puntualiza que son temáticas fuertes en la región son el ecofeminismo, la decolonialidad, la historia ambiental, la biodiversidad, la interculturalidad, la relación entre ciencia y saberes expertos, la relación entre pobreza y ambiente, y las críticas al mito de una riqueza ecológica, aparentemente inagotable (sobre ésta última temática, véase también Gudynas, 2016).

Dentro de esta caracterización de la EPL es necesario hacer un comentario más detallado sobre el ecofeminismo, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque en el momento de emergencia de las preocupaciones mundiales sobre las relaciones entre medio ambiente y desarrollo, también surgía un interés por explorar los vínculos entre ecología y feminismo, con la publicación en 1974 del libro Le féminisme ou la mort de la escritora francesa Françoise d’Eaubonne (Delbene-Lezama, 2015). Y, en segundo lugar, porque en el contexto latinoamericano, aunque hay diversas iniciativas ecofeministas, este movimiento ha sido poco conocido en la región.

En una importante contribución para una historia de los ecofeminismos en ALC, la colectiva ecofeminista venezolana, LaDanta LasCanta (2017a), identificó al menos 50 organizaciones en un periodo que abarca desde finales de la década de 1980 hasta el presente. En términos generales, según este grupo de investigación y acción, el ecofeminismo en la región puede dividirse en dos momentos: la teología ecofeminista y la lucha de las mujeres contra el extractivismo y por la defensa de sus territorios-cuerpos.

En el primer momento, destaca la influencia regional del grupo Con-spirando. La importancia de las contribuciones teológicas ecofeministas reside en el desarrollo de una concepción biocéntrica y la configuración de nuevas formas de producción de conocimiento que incluye la experiencia de las mujeres empobrecidas en la región. De hecho, a partir de esta idea es que el ecofeminismo se constituye como una categoría plural en la que se pueden agrupar “a todos los movimientos o perspectivas sociales que vinculan a la mujeres con la Naturaleza” (Delbene-Lezama, 2015, p. 2), posibilitando un tipo de análisis que explica de qué manera las asimetrías de poder instaladas en el seno de la vida social cobran sentido en la relación mutuamente constitutiva entre la dominación y explotación de la naturaleza y las mujeres, algo que permite considerar al patriarcado como una de las raíces generadoras de la crisis ecológica global (Nogales, 2017; LaDanta LasCanta, 2017b).

En el segundo momento, la colectiva señala que no es descabellado suponer que las resistencias al extractivismo y a la esclavización se remontan al momento de la colonización, aunque ello requiere trabajos más elaborados al respecto. Se apoyan en la noción de imaginarios ecofeministas de Erin Finzer para poder recuperar y visibilizar a organizaciones y lideresas que sin asumirse explícitamente como ecofeministas, ejercen una praxis que se enmarca en algunas de las corrientes de este movimiento.

En años recientes, la lucha de las mujeres contra el extractivismo, particularmente desde las organizaciones de mujeres indígenas, viene planteando una serie de desafíos ontológico-políticos en el repensar las relaciones entre seres humanos y la naturaleza. Todo este recuento, le permite a LaDanta LasCanta (2017) concluir afirmando que su contribución supone “una interpelación a la gobernabilidad epistémica del Norte Global y coloca esta discusión [la de los ecofeminismos] en el marco de la teoría feminista del punto de vista, la geopolítica del conocimiento y la colonialidad del saber” (p. 43).

Los énfasis de la EPL, incluida la historia de los ecofeminismos dentro de ella, colocan en el centro de la discusión la relación entre modernidad y colonialidad, así como la distinción entre colonialidad y colonialismo. Este último término, como señalan Restrepo y Rojas (2010), hace alusión al dominio político y militar a fin de garantizar la explotación de mano de obra y recursos naturales en beneficio del colonizador en territorios subordinados a la fuerza por éste. La colonialidad, en cambio, es entendida por los autores como un fenómeno histórico complejo que se extiende hasta nuestros días, como telón de fondo de las naciones latinoamericanas formalmente independientes, a través de un patrón o matriz de poder que posibilita la naturalización de jerarquías y asimetrías territoriales, raciales, culturales y epistémicas que reproducen la articulación entre diferentes formas de dominación y opresión. Bajo este panorama, decolonizar implica el compromiso con la visibilización de “historias silenciadas, subjetividades reprimidas, lenguajes y conocimientos subalternizados” (Mignolo, 2010, p. 14). Por tanto, la EPL es un espacio que propicia diálogos inter-epistémicos e inter-ontológicos en el marco del estudio de la conflictividad socioambiental y el fomento de relaciones socio-ecológicas justas y sostenibles.

En esta caracterización de la EPL, los conflictos socioambientales tienen una base teórica y una empírica que se manifiestan en diferentes tiempos hasta un momento en que se unen para cuestionar la legitimidad y legalidad un proceso de mercantilización de la naturaleza. Es justamente esta vinculación y sincronización la que se ha manifestado de manera pragmática en la región debido a su condición geopolítica y estructural en el orden mundial establecido con la globalización (Beck, 1998; Bruckmann, 2012).

Por un lado, la parte teórica no sólo se enmarca en el discurso de la sustentabilidad para concientizar el proceso depredador y volverlo más eficaz, sino que buena parte de su lógica descansa en la propia metanarrativa nacida de la Modernidad (Berman, 2011), particularmente en las nociones de desarrollo y progreso (Lang y Mokrani, 2011; Sachs 1996). En su base empírica, la materialización de estos presupuestos modernos se vio aplicada en políticas públicas, discursos políticos, acciones económicas y reordenamientos territoriales a partir de la competitividad de los espacios geográficos y sus recursos naturales para su aprovechamiento al grado de extrapolarse a una depredación económicamente justificable, políticamente correcta y socialmente conflictiva.

De esta manera, esta articulación encuentra un contexto prolífico desde los años setenta del siglo pasado, donde la sostenibilidad1 adquiere preponderancia por su expansión a diferentes espacios públicos, económicos y sociales. La principal base de la sostenibilidad fue el establecer desarrollo y crecimiento como conceptos ligados e interdependientes al capital. Así, esta vinculación “funciona como una forma de globalización integral, que prepara un embrionario capitalismo ecológico, que surge junto al modelo depredador porque no cuestiona el régimen de la ganancia y la explotación capitalista, fuentes de toda forma de contaminación” (Torres, 2012, p 36). Esta lógica de operación dará como resultado el mito del crecimiento donde “la gente se colgará de la idea de que el crecimiento es la clave de un futuro mejor, y hará todo lo que esté a su alcance para lograr un mayor crecimiento” (Meadows, Meadows y Rander, 1992, p. 36).

Esta búsqueda incansable e infinita no es más que el resultado por el cual el capital expande sus horizontes en términos de depredación y eficacia sobre la naturaleza. Por tanto, el desarrollo sostenible es la expresión del proceso de depredación del sistema capitalista sobre la naturaleza, la cual se inserta en una dinámica constante de modificación a beneficio del ciclo de acumulación.

Una vez justificado el proceder de la depredación y transformación de la naturaleza en nombre del progreso y el crecimiento, se da paso a la materialización de dichos postulados mediante el desarrollo de proyectos o megaproyectos que se insertan en un territorio previamente evaluado con la finalidad de aprovechar los recursos que allí se presentan. Es entonces cuando el discurso puesto en práctica entra en contradicción con las lógicas socioambientales que se desarrollan en el territorio, generando un conflicto. Estos casos son vistos desde la sostenibilidad como procesos necesarios para incentivar la economía y con ello generar desarrollo y crecimiento de la sociedad, por lo que aquellos conflictos que lleguen a desarrollarse deben entenderse y atenderse mediante la internalización de las externalidades y la mitigación/indemnización de los daños provocados.

Este proceso de análisis y resolución es parcial y está fincado en la lógica productiva de la máxima ganancia, por lo que resulta necesario abordar estos conflictos más allá del mito del progreso y el discurso de la Modernidad. De esta manera, es que la EPL se instala como un cuerpo teórico-metodológico que “busca una mejor comprensión de los problemas dicotómicos entre humano y ambiente” (Calderón-Contreras, 2013, p. 561) y desde la cual estos conflictos son resultado de complejos procesos de disputa que trascienden el ámbito económico y se enclavan en la esfera política, social, ambiental y de cosmovisión entre los afectados y los promotores del desarrollo.

Así, desde la EPL se pueden abordar los procesos de depredación que se articulan con dinámicas socioambientales, lógicas mercantiles, acciones de organización social, reestructuración política y generación del conocimiento. En la región latinoamericana, cada uno de estos ámbitos han sido profundizados por diferentes autores, quienes han identificado y analizado las formas en que estos procesos se materializan (Alimonda, 2006; Alimonda, 2011; Alimonda, Toro Pérez y Martín, 2017).

Desde el punto de vista socioambiental, por ejemplo, los megaproyectos que se fundan en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales bajo la lógica del desarrollo y el crecimiento son vistos como generadores de crisis eco-sociales dado que “el crecimiento infinito se enfrenta a territorio y ecosistemas  que, por definición, son finitos; y la aceleración de las ganancias se enfrenta con el hecho de que la naturaleza tiene tiempos ecosistémicos de regeneración insalvables” (Pineda, 2018, p. 130). Por ende, el conflicto socioambiental no sólo es entendido como la disputa entre las fuerzas de los actores involucrados, sino la defensa de la propia naturaleza y los ciclos naturales que son más lentos que los ciclos del capital.

Sobre la lógica mercantil, los procesos de transformación y revaloración económica vertidos en la sostenibilidad o megaproyectos no son más que un proceso de mercantilización, el cual implica transformar un espacio a partir de una racionalidad capitalista que es económicamente más rentable que las lógicas sociales, culturales y productivas que ya se manifiestan en dicho espacio (Leff, 2004; Torres, 2012, Olmedo Neri, 2014). Por ello, la transformación del espacio posee un carácter propiamente mercantil; aquí se encuentran y se despliegan diferentes clasificaciones de megaproyectos a partir de su impacto, de su finalidad, del recurso que mercantilizan, de los efectos que provocan o por su caracterización desde los marcos normativos.

Todos ellos se enclavan como detonadores o continuadores de la depredación del capital sobre la naturaleza, por lo que son en buena parte responsables de la crisis socioambiental actual; por tanto “no hay crisis ecológica por un fallo del mercado, sino a la inversa, por la total victoria de su lógica” (Pineda, 2018, p. 144).

Esta sistemática mercantilización y depredación de la naturaleza encuentra resistencias desde diferentes acciones de organización social por la defensa de los territorios o los cuerpos-territorios, como se argumenta desde los ecofeminismos. La expansión de las fronteras extractivas en ALC son una muestra de ello. Por ejemplo, algunos de los impactos del extractivismo en la vida de las mujeres son la pérdida de autonomía económica, soberanía alimentaria, derecho a la salud e identidad cultural, así como la violencia intrafamiliar y violencia sexual. Esto ha hecho que las mujeres se movilicen en una variedad de formas organizativas que van desde organizaciones no gubernamentales y colectivos ambientalistas hasta articulaciones interétnicas e intersectoriales. Desde estas plataformas propician espacios para el intercambio de experiencias, acciones de incidencia política a diferentes escalas o prácticas de resistencia cotidiana como la preservación de semillas nativas y los conocimientos asociados a ellas (FAU-ALC, 2016).

Si el accionar de estas organizaciones sociales se traduce (o no) en una reestructuración política de los diferentes actores y posturas presentes en un conflicto socioambiental, dependerá de factores favorables o desfavorables en los que se enmarcan dichos conflictos. Rodríguez-Labajos y Özkaynak señalan que para el caso de los conflictos mineros estos factores “tienen que ver con las características del proyecto, sus impactos, las relaciones entre la comunidad y el poder, y la respuesta institucional a las demandas sociales” (2014, p. 61). Tener presente estos aspectos permite realizar análisis ecológico-políticos en perspectiva comparada, describiendo el gradiente de resultados de una particular lucha territorial, según sea su grado de éxito (paralización del megaproyecto/desarrollo de nuevos instrumentos legales), negociación o fracaso (reactivación del megaproyecto/ausencia de respuesta institucional).

Por último, la EPL también ha contribuido significativamente en la generación de conocimiento inter- y transdisciplinario para la búsqueda de mundos socialmente justos y ecológicamente sostenibles. Conceptos como ‘deuda ecológica’, acuñado en la década de 1990 desde el Instituto de Ecología Política de Chile, o imperativos ético-políticos como ‘el agua vale más que el oro’, impulsado desde las luchas contra la megaminería en la región, son evidencia de una gramática que se va tejiendo desde una situación de frontera en donde actores académicos y no académicos producen explicaciones que tensionan los discursos y las causalidades hegemónicas. Esto abre posibilidades para decolonizar la ecología política en general (Schulz, 2017), y la forma con la cual se abordan los conflictos en particular (Parra Romero, 2016; Blaser, 2019) lo que permite dar cuenta de la diversidad de elementos que promueven la organización en defensa del territorio y otros modos de ser.

Como ya se ha mencionado, la conflictividad socioambiental deriva de la dicotomía contradictoria de visiones, prácticas, usos o fines del territorio y sus recursos naturales que pone en tensión una relación entre dos o más entes (individuos, colectivos, empresas, Estados, por ejemplo). En ALC, esta dicotomía se ha caracterizado por la implementación y desarrollo de megaproyectos, es decir, grandes iniciativas estatales o privadas que se fundan bajo el mito del progreso, articulando un discurso que justifica el reaprovechamiento de los recursos naturales en una zona particular.

La materialización de los megaproyectos adquiere múltiples formas, sean presas hidroeléctricas, parques eólicos, concesiones mineras, parques industriales, complejos turísticos, fábricas de transformación de materia prima, gestión de los recursos, contaminación por residuos o plantas geotérmicas; en todas estas formas, el conflicto es un componente inherente (Svampa, 2019). Por tanto, “un ‘megaproyecto’ adquiere materialidad conceptual no a partir de su tamaño o inversión, sino desde la definición de su objetivo, el impacto y el conflicto potencial que puede generar en el ámbito social, político, económico y ambiental entre el Estado, la Sociedad y la Industria” (Olmedo Neri, 2019, p. 151).

De esta manera, al ser detonadores de conflictos, los megaproyectos son promotores de resistencias y negociaciones por parte de la población potencialmente afectada. La acción social organizada en movimientos sociales ha adquirido en los países latinoamericanos una resistencia más notable debido a la diversidad multicultural que yace en cada Nación por los Pueblos Originarios, así como la construcción histórica de la identidad y la posición de la región en los inicios de la globalización (Quijano, 2000). Por tal motivo, como ya se ha mencionado, el conflicto ya no sólo es de carácter económico, sino también “una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo, y de manera más general, [los conflictos] reivindican otras formas de la democracia, ligadas a la democracia participativa y directa” (Svampa, 2019, p.32). Por ende, entre los efectos negativos de estas iniciativas también se encuentra el intento de fragmentación y ruptura de otras formas democráticas de representación, participación y decisión dentro de las sociedades latinoamericanas.

Entonces, los megaproyectos han incrementado su presencia en ALC por el desarrollo de un contexto político específico donde los recursos naturales se convierten en commodities (Svampa, 2019) bajo el nuevo orden mundial y la división internacional del trabajo y la naturaleza (Coronil, 2013). Por tanto, su proliferación no sólo ha sido en cantidad, sino en esencia y objetivos, lo que muestra que dicha intervención ha sido hacia todos lados, en todas las direcciones posibles. De allí surge la necesidad de evidenciar, mediante la construcción del panorama general de la región, la forma en que se materializan teórica y empíricamente estos conflictos por el uso del territorio y sus recursos naturales.

Metodología

Analizar la condición particular que se presenta en ALC sobre la conflictividad socioambiental adquiere relevancia dado el carácter cultural, ambiental y económico de sus respectivas sociedades. Aunque cada Estado-Nación establece marcos normativos para la regulación, exploración y explotación de los recursos, resulta relevante observar que independientemente de los matices, en la región existen similitudes particulares que le dan un sentido de unidad. Es decir, que, a pesar de las diferentes legislaciones y gobiernos, en cada país existe una vinculación entre la explotación de recursos naturales y la generación de conflictos socioambientales.

Por ello, el objetivo del presente trabajo es construir un panorama general de cómo se manifiestan estos conflictos en la región. Para ello se ha empleado la técnica de investigación indirecta (Guzmán, Torres y Gómez, 2020), con la cual se ha recolectado, sistematizado y analizado el conjunto de datos disponibles en el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, por sus siglas en inglés) al 3 de septiembre de 2020.

La selección del EJAtlas como fuente primaria para el análisis responde al carácter académico y social con el que fue diseñado en 2014, año en que fue presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (Fuhem, 2014) como parte de un proyecto más amplio y que se encuentra bajo la dirección de Joan Martínez Alier.

Su elección no significa que sea la única opción para conseguir datos de esta índole, ya que para el caso de América Latina se encuentra un amplio conjunto de observatorios académicos que presentan análisis detallados sobre conflictos socioambientales a nivel local, regional y nacional como son los casos del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) o el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). También existen otras iniciativas que llegan a poseer un alcance interregional como el caso de la plataforma Geocomunes (2020) que muestra detallados Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la parte Sur de México y Centroamérica con la finalidad de identificar y analizar aquellos conflictos que se dan en dicha zona.

Aunque existen estas otras opciones, la selección del EJAtlas se sustenta en su alcance mundial y la diversidad de conflictos que monitorea, lo cual permite hacer un análisis más amplio del contexto regional y abre posibilidades para el desarrollo de una ecología política estadística (Gorostiza, 2014).

A partir de la sistematización de la información se han obtenido valores cuantitativos específicos como el total de conflictos en ALC, la representación porcentual del total de conflictos registrados, así como el número de conflictos según la clasificación del EJAtlas, todo ello con la finalidad de reconocer cuáles son los conflictos en auge y cuáles se encuentran en proceso de proliferación.

Finalmente, queda claro que esta base de datos tiene un desfase de actualización o que incluso hay tipos de conflicto que no son visualizados con suficiente precisión en cada país, lo cual es comprensible dado los procesos para poder registrar un conflicto y que esto se actualice constantemente en el Atlas. Por ello, es que este análisis no pretende generar conclusiones absolutas, sino identificar una serie de tendencias sobre la realidad latinoamericana y caribeña en lo que responde a las formas en que el capital avanza en el sometimiento y mercantilización de la naturaleza.

Conflictividad socioambiental en América Latina

A partir de la base de datos generada se ha podido observar que a nivel mundial el EJAtlas tiene registrados 3,244 conflictos socioambientales, de los cuales 937 de ellos se encuentran presentes en ALC, es decir, un 28.88%. Identificar el número de conflictos en la región nos permite evidenciar la intensidad y presión ejercida sobre los recursos, lo cual tiende a crecer en el momento en que se desagrega por país y luego por el tipo de conflicto.

A nivel país, resulta importante identificar aquellas naciones que se ostentan como los macro-territorios que poseen el mayor número de conflictos socioambientales de la región, dado que ello permite observar de qué manera se aglomeran los conflictos en espacios políticamente delimitados. En el trabajo de análisis se ha omitido a Estados Unidos (140 conflictos) y Canadá (60 conflictos), dado que sus condiciones materiales y posición dentro de la globalización los aleja social, política, económica y conflictivamente de las resistencias que se llevan a cabo en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, su mención y la cuantificación de las tensiones socioambientales que en ellos se desarrollan resultan relevantes dado que independientemente de su posición geopolítica y económica en la globalización, estos dos países también poseen complejos procesos de resistencia y tensión social alrededor de los recursos naturales que poseen y administran.

Así, en la siguiente figura se pueden observar el número de conflictos que existen en cada uno de los países de América Latina.

Figura 1. Conflictos socioambientales por país. Fuente: Elaboración propia con datos del EJAtlas (2020)

Figura 1. Conflictos socioambientales por país. Fuente: Elaboración propia con datos del EJAtlas (2020).

A partir de la figura anterior se puede observar que los tres países con mayor cantidad de conflictos socioambientales en su territorio son Brasil (161), Colombia (127) y México (125). Ellos tres aglomeran el 44.17% de los conflictos de la región, lo que evidencia que la presión depredadora del sistema se profundiza en países donde existen recursos estratégicos específicos, acordes con las necesidades del mercado global.

En este sentido, la utilización y explotación de dichos recursos son parte “de la disputa geopolítica global interestatal e interempresarial” (Pineda, 2018, p. 140). Estas disputas alrededor de los recursos naturales no son más que resultado de la generación de una nueva cartografía mundial que no responde al desarrollo social (demografía), sino que está dirigida por las nuevas necesidades del mercado, aunque esto no supone un cambio significativo en los actores promotores de tales reconfiguraciones territoriales o en las asimetrías de poder que ya existen en el entramado global.

Este nuevo orden mundial se encuentra constituido por un sinfín de cartografías de la exclusión que “materializan en el espacio las asimetrías de poder que emanan de la posesión/privatización y la apropiación/despojo del territorio ante las transformaciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas y comunicativas en la sociedad del siglo XXI” (Olmedo Neri, 2020, p. 55), por lo que su identificación territorial tiene como aporte reconocer aquellos lugares donde el capital ejerce mayor presión económica, explotadora, política, discursiva y gnoseológica.

Resulta relevante mencionar que la presencia de conflictos no establece una relación proporcional con el tamaño de los países, sino que responden a la rentabilidad del recurso natural que se desea explotar y a la cantidad identificada en un espacio determinado. Por lo tanto, aquellos países que poseen una gran riqueza natural y biológica son los que se enfrentan a una cantidad mayor de intereses económicos de orden nacional y trasnacional que desean aprovechar y explotar dichos recursos. Estos intereses no son diferentes a los que en un principio se establecieron con el proceso colonial, sino que se mantienen y se incrementan con la llegada de nuevos nichos de mercado y tecnologías que permiten insertar ciclos de acumulación en recursos que antes estaban exentos (como la energía solar, la eólica y la nuclear), generando con ello colonialidad de la naturaleza en tiempos de modernización ecológica o ecocapitalismo (Cajigas-Rotundo, 2007).

En la siguiente tabla se encuentran los casos registrados en el continente a partir del tipo de conflicto que se desarrolla. La clasificación ha sido retomada del EJAtlas (para más detalles sobre la tipología de conflictos, véase Martínez Alier, 2004).

Tabla 1. Panorama de conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe.

Tipo de conflictoCasos identificados PorcentajeObservación
Nuclear80.85Se refiere a centrales nucleares, así como el depósito de sus residuos radioactivos y los procesos de exploración para la extracción de uranio.
Mineros32434.58Proyectos de exploración y explotación por varios métodos como a tajo abierto.
Gestión de residuos586.19Recolección y depósito de residuos tóxicos.
Biomasa15616.55Monocultivos (soya), uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y cultivos alternativos para procesos energéticos (Higuerilla, Palma Africana de Aceite), así como conflictos sobre la tenencia de tierra (procesos de despojo).
Combustible fósil11712.49Procesos de exploración, explotación y transporte de petróleo. Particularmente el uso del fracking como método de explotación.
Gestión del agua13013.87Construcción de presas, administración de ríos o modificación del balance hídrico en regiones para nuevos usos (comerciales).
Infraestructura y ambiente construido646.83Proyectos de desarrollo alternativo para generación de energía como parques eólicos y fotovoltaicos.
Turismo/ recreación192.03Procesos de gentrificación, alteración del equilibrio ecológico de la zona, mercantilización de la cultura y construcción de grandes complejos turísticos que desplazan a la población residente, además del impacto ambiental de dicha actividad.
Conflictos por biodiversidad/ conservación293.09Destrucción de áreas protegidas, extinción de especies, cambio en el uso de tierra.
Conflicto industrial o servicios323.42Conflictos derivados de procesos de transformación de materias primas (celulosa, azúcar, termoeléctricas) y minerales (transformación de aluminio), así como la contaminación derivada de sus residuos.
Total937100No aplica.

Fuente: Elaboración propia con datos del EJAtlas (2020).

Con esta primera aproximación es importante observar cómo es que el proceso de depredación se manifiesta sobre una pluralidad de recursos y bienes naturales a lo largo y ancho de la región latinoamericana y caribeña. Estas formas de explotación generan conflictos socioambientales comunes dado que, independientemente del lugar, existe un complejo entramado de vínculos sociales, culturales y ambientales que sustenta realidades sociales específicas, las cuales se ven en potencial peligro con la llegada de estos nuevos procesos de apropiación/despojo que algunos movimientos han denominado como un intento de ‘reconquista’ en el que los capitales extranjeros, predominantemente europeos, se han encargado de generar condiciones de negociación y coerción que sitúan en desventaja a los habitantes y en un riesgo potencial de perder la cotidianidad de su actuar.

Estos conflictos socioambientales, como se ha mencionado, no sólo responden a la colisión de sentidos y visiones, sino también de las transformaciones espaciales y territoriales que dicha explotación genera en cada lugar, donde el capital se vuelve eje directriz de modificación, desplazando el sentido social y las lógicas de uso establecidas en el pasado-presente. Por ello:

… la especialización y territorialización del capital sobre el mundo natural no es lineal, ni sólo extractiva, sino como hemos dicho, de reordenamiento y producción de una nueva naturaleza, lo que significa rehacer la naturaleza para satisfacer las necesidades del mercado (Pineda, 2018, p. 136).

Ante esto resulta relevante exponer aquellos conflictos con mayor presencia en la región. Con esto se puede afirmar que esta diversificación de explotación no es espontánea, sino que responde a las lógicas de producción capitalista a nivel mundial y la división internacional del trabajo y sus correspondientes recursos naturales. Así, por ejemplo, la proliferación de proyectos mineros en la región responde a la creciente necesidad global por abastecer el ascendente, pujante e innovador mercado de desarrollos tecnológicos para ostentar el mundo virtual y los dispositivos con los cuales se accede a ese espacio-no-físico (García Calderón y Olmedo Neri, 2019). Entonces, esta área de explotación responde a las necesidades del mercado global y se vincula a las áreas tecnológicas mediante los requerimientos técnicos y estructurales de dichos dispositivos (Fuchs, 2015). Lo anterior se traduce en 323 conflictos mineros identificados en la región, los cuales representan 34.66% del total de la conflictividad socioambiental en ALC.

El segundo proceso de explotación que genera más conflictos socioambientales en la región es el enfocado al ámbito de la biomasa (155 conflictos identificados) de tres maneras específicas: la primera tiene que ver con todos aquellos procesos agroalimentarios en los que se han empleado técnicas de monocultivo como la soya, caña de azúcar, higuerilla o palma de aceite africana, lo que implica la destrucción del equilibrio ecológico en las zonas donde se cultivan, además del desgaste de nutrientes y materia orgánica en los suelos donde se desarrollan estas plantaciones.

Aunado a la producción intensiva y de un solo cultivo, un segundo problema de este orden es el uso cada vez más prolífico de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la soya y el maíz transgénico, desarrollados por empresas trasnacionales como Monsanto, quienes han encontrado resistencia por parte de los Pueblos Originarios de la región dado que su uso representa un riesgo por la potencial pérdida del material genético en las variedades nativas e históricamente utilizadas en la dieta alimenticia de dichos grupos sociales, así como los conflictos derivados de los derechos legales y de patente sobre dichas variedades modificadas.

Finalmente, un tercer problema que se encuentra en esta categoría es la constante resistencia a los procesos de desposesión de la tierra por parte tanto de los gobiernos nacionales como de las empresas trasnacionales, quienes pretenden ‘aprovechar de mejor manera’ las tierras de acuerdo con las lógicas operativas de los mercados productivos e inmobiliarios. Así, esta segunda categoría se caracteriza por una resistencia a los procesos de inserción del capital en los ciclos naturales con la finalidad de maximizar sus beneficios en términos productivos y reducir el tiempo de dichos ciclos para intensificar la producción.

La tercera categoría que ha generado mayor número de conflictos socioambientales en la región es aquella referente a la gestión del agua (130 conflictos). Esta categoría está compuesta por todas aquellas modificaciones de las corrientes exorreicas, cuerpos de agua y cuencas con la finalidad de cambiar el balance hídrico de las regiones para intensificar su uso en procesos como la generación de electricidad (hidrotérmicas), modificar paisajes (presas) o redirigir los afluentes a nuevas necesidades productivas (industria y agricultura, por ejemplo) en la región.

De todas esas opciones, las hidroeléctricas adquieren relevancia porque si bien “no consumen agua en estricto sentido, ya que sólo la utilizan para mover diferentes tipos de turbinas, tienen enormes consecuencias ambientales y sociales, al incidir aún más en el ciclo hidrológico mundial” (Vargas Velázquez, 2019, p. 140). Este tipo de megaproyectos genera modificaciones en el entorno debido a su finalidad productiva (Ávila-García, 2016).

Tanto los megaproyectos mineros, de OGM y de gestión de agua se enclavan en una lógica instrumental que supera el mero uso del recurso natural, sino que requiere de procesos paralelos que permitan modificar el espacio, el tiempo y las relaciones socioculturales que se desarrollan con el estado actual del territorio y el recurso en sí. Estos tres detonadores de conflictos socioambientales, por tanto, modifican simultáneamente el uso del recurso natural, el tejido social, el territorio y el ecosistema.

Si bien, estos tres tipos de conflicto son los que permean con mayor intensidad sobre la región, ya que en conjunto representan el 65.18% de todos los conflictos en ALC, también es necesario tomar en cuenta aquellos otros que están en un proceso de desarrollo y crecimiento, es decir, aquellos que apenas comienzan a presentarse en la región como el caso de los conflictos industriales, las tensiones por la conservación de la biodiversidad y el turismo en la región, los cuales representan apenas el 8.44% del total, pero cuyo campo de acción supone un potencial nicho de mercado para empresas y gobiernos.

En el caso de los conflictos emanados del sector industrial y de servicios (32 casos), el detonador de la tensa relación entre la sociedad y el ambiente se debe a que dichas actividades no cuentan con los protocolos de acción para la correcta planificación del uso de recursos, así como la falta de marcos de seguridad para la gestión de sus residuos. Así, las fábricas de celulosa, los Ingenios Azucareros y las fábricas de aluminio están presentes en este tipo de conflictos. A pesar que su intención responde a procesos microeconómicos para la generación de empleo, por un lado, y el fortalecimiento de la industria nacional, por otro, la realidad muestra que dichas industrias están siendo parte de la lógica emanada en la región a partir del nuevo desarrollo (Svampa, 2019), donde el Estado posee un papel determinante y a veces beligerante contra la defensa del extractivismo, lo que ha derivado en el afán de fortalecer la micro y macroeconomía del país a costa de socavar los recursos naturales a través de su comodificación (comercialización).

Por su parte, los conflictos alrededor de la biodiversidad y su conservación (29 casos), están definidos bajo la lógica operativa del capital extractivo: liberar de cualquier traba las áreas de interés del mercado para su uso y explotación. De allí que en este tipo de conflictos se encuentren megaproyectos que han invadido áreas y ecosistemas protegidos por cada país o en su caso han generado presión dentro de la esfera política para reformar los cuerpos normativos con la finalidad de obtener la legalidad necesaria para sus fines.

En algunos casos, bajo la lógica del Estado, se han creado políticas públicas que pretenden priorizar la inversión extranjera en zonas que por su valor económico y ambiental resultan potenciales nichos de mercado, y donde se dan de facto todas las garantías legales para su explotación. Muestra de ello son las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en México y Venezuela, y las Áreas de Manejo Especial (AME) en Colombia.

En esta categoría existen casos extremos donde los conflictos no sólo se dan por la acción de empresas legalmente constituidas o la implementación de políticas del Estado, sino también por la presencia de grupos del crimen organizado, quienes bajo la clandestinidad y la intimidación social y económica hacen uso de la violencia para imponer sus fines sobre áreas que son parte esencial de comunidades o Pueblos Originarios, como es el caso de la tala ilegal de árboles en comunidades rurales de México, o la deforestación de la selva amazónica en Brasil para fines pecuarios o agrícolas.

Finalmente, el caso del turismo (19 conflictos identificados) representa, quizás, la categoría cuyo crecimiento en la región ha sido mayor, dado los ingresos que derivan de dicha actividad; sin embargo, el problema que se presenta con este tipo de iniciativas es el impacto ambiental sobre la zona destinada al turismo cuando no existen los marcos y protocolos para evaluar y mitigar el incremento, a veces desmedido, del uso de recursos adyacentes (agua, suelo, flora, por ejemplo). Además de ello, el turismo en la región se ha caracterizado por ser una palanca más de acumulación (Palafox-Muñoz, 2016) cuyos beneficios quedan en manos de grandes corporaciones que invierten en las áreas hoteleras, de comida, transporte y servicios de guía turística, dejando a la población local y circundante trabajos peyorativos de carácter operativo que mantienen y fortalecen estereotipos racistas y de género en el actual imaginario global en proceso de construcción.

Esto no es nuevo, ya que la idea de generar y administrar proyectos económicos que tienen como materia de explotación el territorio y los recursos naturales se ha caracterizado históricamente por tener un vaivén entre la administración estatal y la iniciativa privada (Ostrom, 2011), lo cual restringe el papel de la sociedad a un carácter pasivo y sin posibilidades de incentivar iniciativas comunitarias, sociales, ambientalmente compatibles, económicamente justas y políticamente transformadoras.

Dicha restricción se debe, por un lado, a la falta de organización social bajo formas jurídicas como cooperativas o asociaciones civiles para poder fortalecer e incentivar el capital social latente en la región latinoamericana; y, por otro lado, a la falta de políticas públicas de co-financiamiento que permitan materializar proyectos colectivos con los cuales se dé paso a la transformación radical y revolucionaria de las comunidades históricamente marginadas, económicamente desplazadas, políticamente utilizadas y socialmente estigmatizadas.

La revisión y exposición de este tipo de categorías ha tenido la finalidad de mostrar algunas de las formas en que la relación sociedad-naturaleza se tergiversa por el interés económico y político de empresas y Estados. En todos y cada uno de estos conflictos socioambientales se deja ver que “la colonización de nuevos territorios como procesos de apropiación o subsunción de lo natural es una condición inherente de la acumulación capitalista” (Pineda, 2018, p. 126). Por tanto, la situación actual de la región latinoamericana y caribeña es conflictiva en tanto la presión del sistema global sobre los recursos naturales genera una transformación material, subjetiva y ambiental.

Las sociedades del siglo XXI se están enfrentando a la construcción de un nuevo orden mundial, donde la naturaleza juega un papel central. A partir de ella se configura toda una geopolítica de la extracción, cuya territorialización genera parte de las cartografías de la exclusión donde se interrelacionan visiones divergentes sobre qué hacer con aquellos recursos naturales que están siendo utilizados, a juicio de los nuevos intereses hegemónicos, de manera poco productiva.

La conflictividad socioambiental no es más que el resultado de la lucha entre una visión economicista y otras posturas alternativas, las cuales se fundan en diferentes ecologías políticas para defender sus respectivos mundos de vida, así como las epistemologías y ontologías que sustentan sus formas de ser/estar en sociedad.

Conclusión

La necesidad de evidenciar la situación de los conflictos socioambientales en ALC respondió a dos objetivos específicos: el primero de ellos tuvo la finalidad de reconocer la posición de la región dentro de la globalización y su nuevo orden, mientras que el segundo objetivo fue mostrar el impacto de las necesidades globales de los mercados y las nuevas tendencias mundiales que derivan en megaproyectos que se materializan en una pluralidad de formas para extraer los recursos naturales.

A partir de lo anterior se constató que en la región se concentran poco más de la cuarta parte (28.88%) de los conflictos registrados a nivel mundial por el EJAtlas. Además de ello, queda claro que, con los datos analizados, el sector minero, la agricultura intervenida genéticamente y el control/gestión de los cuerpos acuíferos de la región concentran el mayor número de conflictos socioambientales.

Estos tres tipos de conflicto responden a necesidades del mercado, sea por el pujante desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), la creciente necesidad de incrementar la productividad agroalimentaria a escala planetaria, así como la privatización de servicios como el abastecimiento de agua o su orientación con fines productivos motivado a la alta demanda de dicho recurso en procesos de producción específicos (por ejemplo, la minería y las actividades agropecuarias).

La construcción de este panorama general permite identificar las formas en que estos megaproyectos se insertan de manera paulatina sobre la región, reformando marcos políticos, justificando su acción mediante discursos basados en la relación desarrollo-progreso propia de la Modernidad, así como del imaginario social que se reproduce por la información que difunden los medios de comunicación. De allí la importancia por reconocer que el análisis particular de un caso no debe ser limitado a una cuestión mercantil, sino que responden a discursos políticos, generación de conocimiento, procesos históricos de disputa a partir del derecho de enunciación erigido desde la Colonia y acciones coercitivas con las cuales se establecen nuevas relaciones sociales, percepciones y visiones sobre el futuro próximo del territorio en disputa.

Se asume que todo cambio espacial, temporal y de percepción sobre un territorio previamente intervenido por un grupo social implica la generación de una colisión de sentidos y de cosmovisiones en torno a las formas de aprovechamiento de y relacionamiento con un determinado recurso o ecosistema, por lo que en cualquier tipo de megaproyectos el conflicto es un elemento estructural y operativo.

La multiplicidad de perspectivas y vinculaciones teóricas dentro de la EPL, muestran la diversidad de relaciones y campos que se interconectan con los conflictos socioambientales. No sólo basta con establecer indicadores económicos, sino que también se requieren procesos paralelos de intervención para garantizar la ejecución de planes, programas, proyectos y políticas efectivas orientadas al logro de la justicia social y ambiental.

Por tanto, este campo interdisciplinario de investigación y acción coadyuva a reconsiderar los conflictos socioambientales como un complejo proceso multiescalar de creación de significados, legalidad y legitimidad, e impacto en la opinión pública, mediante los cuales múltiples actores, en redes de colaboración o conflicto, justifican su presencia en la realidad social en proceso de transformación.

Finalmente, desde este amplio marco de referencia se establecen nuevos campos de acción en los que las Ecologías Políticas pueden contribuir al análisis de los procesos de intervención, conflicto y resistencia que están caracterizando a la región como un espacio donde el intento de transformar y utilizar todo a imagen y semejanza del capital encuentra una resistencia histórica, organizada y co-generadora de otros mundos posibles y alternos a la vorágine depredadora que ofrece el sistema capitalista actual.

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Notas

Notas
1Tanto sustentabilidad como sostenibilidad representan términos conceptuales de una corriente teórica que se ha desarrollado con el paso del tiempo (Torres Carral, 2012). Aunque cada uno de ellos establece un marco temporal de uso, en el presente trabajo se emplea sostenibilidad para referir a los planes, programas, proyectos y agendas que implican ambos conceptos.

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