
La Constitución de Cádiz impulsó una nueva división política del territorio español en provincias. En la isla de Cuba, esta cuestión enfrentó a las élites locales del interior contra las élites y autoridades de La Habana, que ostentaban la hegemonía tradicional sobre todo el territorio. El cabildo de Puerto Príncipe, desobedeciendo el mandato del capitán general de la isla, aprovechó el contexto para impulsar sus reclamos de autonomía y convertirse en cabecera de una nueva provincia en el centro de la isla.