DescargarSofía Cevallos Vivar.
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Paris, Francia.
piasofia29@hotmail.com

Fabián Cevallos Vivar.
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.
cevallos_fabian198@hotmail.com

Recibido: 30/09/2018 – Aceptado: 07/12/2018

 

Resumen: Las representaciones respecto a los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane, como pueblos en ‘aislamiento voluntario’ median las relaciones sociales y permiten la fijación y la objetificación de sus identidades. Al imponer fronteras y crear mapas dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY), el Estado ecuatoriano ha hecho uso de un poderoso instrumento de poder-saber para desplazar, invisibilizar e inclusive desaparecer por completo a estos pueblos. Por un lado, la monocultura espacio-temporal hegemónica fundamentada en concepciones racistas ha sustentado la expansión de las fronteras petroleras hacia territorios considerados como “vacíos”.  Por otro lado, en el marco de la defensa territorial, los mismos espacios son reivindicados como de posesión ancestral por diversos pueblos. En este artículo queremos cuestionar la vigencia del racismo impregnado en el modelo de desarrollo extractivista desenvuelto en Ecuador, al mismo tiempo que proponemos el reconocimiento de las diferentes formas de ser y habitar en el Sur global.

Palabras clave: aislamiento voluntario – Tagaeri-Taromenane – Parque Nacional Yasuní racismo – monocultura espacio-temporal – territorialidad-identidad.

 

Abstract: The representations about the Tagaeri-Taromenane as peoples in ‘voluntary isolation’ mediate social relations and allow the fixation and objectification of their identities. By imposing borders and creating maps within the Yasuní National Park, the Ecuadorian State has made use of a powerful instrument of power-knowledge to displace, invisibilizes and even completely disappear these peoples. The hegemonic space-time monoculture based on racist perceptions has supported the expansion of oil borders towards territories considered as «empty» but which, in the framework of territorial defense, are claimed because of their ancestral possession by different peoples. In this article we want to question the validity of the racism impregnated in the extractive development model developed in Ecuador, at the same time that we propose the recognition of the different ways of being and living in the global South.

Keywords: voluntary isolation – Tagaeri-Taromenane – Yasuní National Park – racism – spatial-temporal monoculture – territoriality-identity.

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Introducción

En el presente artículo procuramos analizar la situación de los pueblos Tagaeri-Taromenane en el marco del actual modelo de desarrollo capitalista, colonial y patriarcal (Santos, 2018) implementado en Ecuador. Su realidad permite demostrar de qué manera se continúan reproduciendo las líneas abismales (Santos, 2006) que conciben el mundo desde una matriz dicotómica (Fanon, 2009; Cesaire, 1978) creando una separación entre: seres humanos y sub-humanos, sociedad y naturaleza, desarrollo y subdesarrollo.

La creación de la alteridad (Spivak, 2010) encuentra su sustento en la reproducción de un pensamiento abismal, como ha sido teorizado por Santos (2007). Los conocimientos que se ubican del otro lado de la línea abismal son marginalizados, olvidados, invisibilizados y están más allá de los criterios de verdad y credibilidad propuestos por la racionalidad hegemónica y el Estado-nación (Santos, 2007, p. 4). A decir del autor:

La ignorancia colonialista consiste en el rechazo del reconocimiento del otro como igual y en su conversión en un objeto, asumió históricamente tres formas distintas: el salvaje, la naturaleza y el Oriente. La progresiva sobreposición de la lógica del desarrollo de la modernidad occidental y de la lógica de desarrollo del capitalismo llevó a la total supremacía del conocimiento regulación que recodificó en sus propios términos el conocimiento emancipación (Santos, 2006, p. 29).((Todas las traducciones son de los autores.))

En este sentido, lo que es asumido por un lado de la línea abismal como espacio/tiempo anterior, es concebido como lo atrasado, inferior, inexistente o incapaz de tener una cultura, historia, política, economía y vida digna. Se trata de una forma específica de concebir el espacio-tiempo dentro de las esferas del Estado-nación monocultural. Esto implica no tanto una supremacía epistémica de la concepción espacio-temporal sino del dominio hegemónico de la modernidad occidental que adoptó como suya esta forma monocultural de entender el espacio y el tiempo. El pensamiento hegemónico cartográfico colonial niega las interpretaciones cognitivas de los múltiples espacios-tiempos (Meneses, 2016, p. 30; Santos, 2006; Chatterjee, 2008; Rufer, 2010), su procedimiento consiste en invisibilizar otras formas espacio-temporales creando la alteridad a partir de principios, técnicas y lógicas racistas de dominación (Espinosa, 2017, p. 5). A decir de Maria Paula Meneses:

El impacto de estas relaciones epistémicas desiguales impuestas por la razón colonial subsiste en los días de hoy, señalando la persistencia de relaciones e interpretaciones coloniales que limitan las lecturas sobre el Sur global, sea a nivel epistémico (o los “otros” no saben pensar, o su pensar no es tan sofisticado como), sea a nivel ontológico (los “otros” no cuentan). Esa perdida de autoreferencia legítima no fue apenas una pérdida gnoseológica, fue también y sobretodo, una pérdida ontológica: saberes inferiores exclusivos de seres inferiores, sin interés para la ciencia a no ser en cualidad de materia prima, como datos o informaciones (Meneses, 2016, pp. 28-29).

La estructura jerárquica de la temporalidad-espacialidad no sólo justifica la relación poder-saber, sino que permite despojar y extraer Naturaleza en territorios de pueblos indígenas declarándolos vacíos. De ahí que: “La zona del ser y no-ser no es un lugar geográfico específico sino una posicionalidad en las relaciones raciales de poder que ocurre a escala global entre centros y periferias, pero que también ocurre a escala nacional y local contra diversos grupos racialmente inferiorizados” (Grosfoguel, 2011, p. 99).

De facto, la imposición de las fronteras extractivas por parte del Estado ecuatoriano, a través de la creación de mapas de relocalización, aislamiento y circunscripción de los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane constituye un mecanismo más de creación de la alteridad así como de refuerzo de los procesos de colonialismo interno (González Casanova, 2007; Rivera Cusicanqui, 2012). Entendido en este contexto, el colonialismo interno ocurre también en los centros occidentalizados de la periferia en los cuales las poblaciones subalternizadas, como los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane son desplazados de sus espacios territoriales y son declarados como inexistentes.

Las Epistemologías del Sur (Santos; Meneses, 2009) constituyen el marco teórico-metodológico al que recurrimos, como una herramienta que nos permite sustentar una propuesta de justicia social-ecológica sobre la base de una justicia cognitiva global (Santos, 2006). Así, buscamos:

Revalorizar los conocimientos y las prácticas no hegemónicas que son al final la gran mayoría de prácticas de vida y de conocimiento al interior del sistema mundial. Como medida transitoria propone que aprendamos con el Sur, siendo en este caso el Sur una metáfora para designar a los oprimidos por las diferentes formas de poder (Santos, 2013, p. 286).

Al detectar la heterogeneidad de los espacios-tiempos que inciden en las formas de organización de diversas sociedades amazónicas, aspiramos a contribuir con una reflexión crítica para la liberación del lugar residual o inexistente atribuido a estas poblaciones por el paradigma racial de la modernidad eurocentrada. Cuando sus formas de espacio-tiempo son recuperadas y reconocidas, sus formas de organización y sociabilidad se convierten en inteligibles y creíbles, esto es, con capacidad de argumentación para la disputa política y para su desarrollo autónomo. En este sentido, procuramos realizar un ejercicio de una sociología de los rescates que consiste en “redescubrir y rescatar del tejido social y de los imaginarios todo aquello que ha sido encubierto y olvidado pero que ya mostró ser útil, eficaz y capaz de transfigurarse en nuevos conocimientos y tecnologías de emancipación personal y colectiva” (Cunha, 2014, p. 59), una tarea fundamental para avanzar hacia procesos de descolonización anti-capitalista, anti-racial y anti-patriarcal (Davis, 2005; Federici, 2011; Lugones, 2014).

De la idea de dejar el petróleo bajo tierra a la fragmentación territorial del Parque Nacional Yasuní

El PNY se encuentra situado al noreste de la Amazonia ecuatoriana, entre las provincias de Orellana y de Pastaza, en la frontera con el Perú. Con aproximadamente 900.000 ha de territorio, está caracterizado por su gran biodiversidad y por albergar a los pueblos indígenas Kichwa, Huaorani y al menos dos pueblos en ‘aislamiento’, los Tagaeri y Taromenane((Algunos estudios antropológicos han señalado la presencia de otros grupos en aislamiento que se movilizan en esta zona: los Feromenani en la frontera con el Perú y los Pananjuri un poco más al sur (Huertas, 2010, p. 51).)).

A partir de los años sesenta, este territorio comienza a ser explotado por diversas empresas petroleras nacionales y extranjeras, (particularmente norteamericanas). El inicio de las actividades petroleras provocó, entre otras cosas, fuertes oleadas migratorias: empleados de las empresas, misioneros, campesinos y otros migrantes de la región andina y de la costa del país, llegaron a instalarse en la región, atraídos por los ingresos provenientes del petróleo así como por las promesas de modernización y de desarrollo vinculadas a esta actividad.

Al final de los años setenta e inicios de los ochenta, los efectos sociales y medioambientales ocasionados por la expansión de la frontera petrolera y de recolonización en la región comienzan a ser cuestionados por diversas organizaciones indígenas y ecologistas((Particularmente las organizaciones indígenas de base de la amazonia ecuatoriana reagrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía CONFENAIE, y algunas organizaciones ecologistas como Acción Ecológica, Tierra Viva, Arcoiris.)). La interpelación de estas organizaciones dio lugar a la creación del PNY en 1979. Posteriormente, en 1989 el Parque es incluido en la lista de Reservas de Biósfera de la UNESCO.

La Zona de la Reserva Étnica Huaorani es creada en 1990 con el objetivo de legalizar una parte del territorio de este pueblo((Según Lara, este reconocimiento territorial hizo parte de la política indigenista movilizada durante estos años con el fin de atribuir a los indígenas una figura jurídica y de esta manera, integrarlos al Estado nacional. Sin embargo, el reconocimiento del territorio Huaorani, no abarcó la dimensión real del territorio ancestral, manteniendo los límites impuestos por el Instituto Lingüístico de Verano para la confinación de este pueblo dentro de la llamada Reserva Étnica (Lara,  2007, p.183))). De la misma forma, en 1999, el gobierno ecuatoriano declara la creación de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane (ZITT) con el fin de reconocer estos “espacios protegidos de gran importancia cultural y biológica en los cuales toda actividad extractiva, incluida la actividad petrolera, está prohibida, en razón del valor que estos tienen para la Amazonía, el Ecuador, el mundo, las presentes y futuras generaciones” (Declaración ZITT, 1990, decreto ejecutivo N. 552).

Por otra parte, en 1998 en el marco de la implementación de un modelo económico de desarrollo neoliberal, Ecuador ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al mismo tiempo que inscribe en su Constitución Política, el carácter pluricultural y multiétnico de la nación (Artículo 1), reconociendo algunos derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos los derechos a:

“Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles […]; mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley; participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras; ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente;  participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio – ambientales que les causen;  conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural; conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad; a no ser desplazados como pueblos de sus tierras, etc.” (Constitución de la República del Ecuador, 1998: Art. 84. 1 – 8).

Sin embargo, el fortalecimiento del marco jurídico nacional e internacional relativo a la protección medioambiental y a los derechos de los pueblos indígenas, no impidieron, en la década de los noventa, la expansión de las actividades extractivas y la reproducción de la problemática social y medioambiental en el Yasuní.

Es frente a esta situación, que de la mano de organizaciones indígenas y ecologistas, aparece la idea de dejar el crudo bajo tierra((Iniciativa inicialmente presentada en el curso de la Campaña Amazonía por la Vida (1989) liderada por  la ONG Acción Ecológica, la misma que reunió diversas organizaciones indígenas y ecologistas del país en la lucha frente a la intensificación de los conflictos sociales y medioambientales en la Amazonia.)). Esta propuesta es oficializada por el gobierno ecuatoriano durante el período del presidente Rafael Correa en el año 2007. La llamada Iniciativa Yasuní ITT proponía la no explotación del petróleo de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini situados al interior del PNY, a cambio de una contribución financiera de la comunidad internacional de al menos el 50% de los ingresos que el Estado obtendría en caso de explotar dicho petróleo. La iniciativa estaba constituida en base a tres criterios principales (Acosta; et. al., 2009):

  1. La protección de la biodiversidad amazónica y la lucha contra el cambio climático,
  2. La necesidad de dar paso a un modelo post-extractivista y post-petrolero en el país; y,
  3. La defensa y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos en aislamiento que viven en el Yasuní.

La iniciativa Yasuní ITT fue consolidada en un contexto igualmente marcado por la transformación de la Constitución Política ecuatoriana en la que se dio un avance importante en materia de reconocimiento jurídico de derechos de los pueblos indígenas. La Plurinacionalidad e Interculturalidad del Estado, el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, a la consulta libre, previa e informada, la intangibilidad e irreductibilidad del territorio de los pueblos en aislamiento, así como los Derechos de la Naturaleza fueron inscritos en esta Carta Magna, aprobada en consulta popular en el año 2008. Por otro lado, la noción de Sumak Kawsay o Buen Vivir atribuida al sentipensar de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, aparece como el principio que conduce el programa político gubernamental de estos años. En este marco, la Iniciativa Yasuní ITT materializaba el intento de transformar las estructuras racistas y monoculturales del Estado-Nación ecuatoriano, dando paso a la valorización de lógicas indígenas de organización, de percepción y de uso de los territorios, incluyendo significados materiales, simbólicos y espirituales de la vida en la selva.

Sin embargo, en el año 2013, luego de casi seis años de negociaciones nacionales e internacionales, el gobierno ecuatoriano decide poner fin a la iniciativa, bajo pretexto de la falta de apoyo de la comunidad internacional y en razón de la necesidad de ingresos petroleros para financiar el desarrollo de la región amazónica y del país. Esta decisión tenía múltiples implicaciones socio-políticas, económicas y ecológicas, provocando no solamente la ruptura entre el gobierno ecuatoriano y las organizaciones sociales que habían apoyado inicialmente el programa gubernamental; la decisión también significaba que el país debía devolver los aportes financieros ya obtenidos de parte de algunos países. A nivel local, las poblaciones indígenas tendrían que seguir enfrentándose a los efectos de la explotación petrolera, entre ellos, a la contaminación ambiental, a diversos problemas de salud y a la imposición de relaciones de poder cuyo objetivo es favorecer los procesos de extracción de la naturaleza por la vía de la desintegración de las lógicas comunitarias de organización.

En definitiva, los intereses de las empresas multinacionales, particularmente chinas, se impusieron para impulsar la explotación petrolera en el Yasuní, incluyendo la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, declarada por el gobierno ecuatoriano como zona de “interés nacional”((Esta declaración –aplicable únicamente bajo decisión presidencial o de la Asamblea nacional-, permite la derogación de cualquier otra ley o reglamentación nacional o internacional relativa a la utilización de recursos en territorios indígenas.)).

El discurso de la afectación de solamente un 0,1% del territorio del PNY fue sostenido por el gobierno nacional para justificar su decisión a favor de la explotación del territorio y para privilegiar el llamado “interés nacional” antes que cualquier otra ley, interés o reivindicación de los pueblos indígenas a nivel local. En efecto, la anulación de la Iniciativa Yasuní ITT y la declaración de explotación petrolera ocurría en medio de diversas protestas de las organizaciones indígenas y ecologistas, ante la evidencia de políticas estatales orientadas a reforzar el modelo extractivista y por tanto, a preservar el racismo y la desigualdad social en Ecuador. Como expresaba con reserva en esa época un líder indígena: “si es que no se la trata como una política más integral y amplia, apuntalando la protección y la defensa de los territorios, especialmente Huaorani, donde están las nacionalidades Shuar, Achuar, Shiwiar, Kichwa, Andoas y Zápara, quienes controlamos más de 4 millones y medio de un territorio con 90% de bosque nativo” (Ankuash, Carta al presidente Correa, julio 2007).

Territorios vaciados, pueblos aislados

El control de los territorios amazónicos por parte del Estado-nación ecuatoriano está íntimamente ligado al despojo y a la configuración del espacio de los pueblos indígenas. Dentro de ellos se encuentran los pueblos Tagaeri-Taromenane, quienes “rechazaron el proceso de pacificación, de relocalización y de pérdida del territorio sufrido por los Huaorani, en razón del avance de la frontera petrolera y de la acción del Instituto Lingüístico de Verano en los años 60” (Colleoni, Proaño; 2010, p. 6). Identificados como miembros de la familia de los Huaorani, estos grupos vivirían actualmente en los afluentes de los ríos Nashiño, Curaray, Tiputini y Cononaco, entre Ecuador y Perú (Cabodevilla, 2007, p. 120).

Las perspectivas según las cuales estos grupos se apropian, utilizan y transforman su entorno pueden ser entendidas en base a la movilidad cíclica e histórica (Rival, 2015; Cabodevilla, 2007). Su territorialidad es determinada por la presencia de diversas zonas de caza, de recolección, de lugares simbólicos y rituales, espacios que tienen una incidencia fundamental sobre su organización social. Estos pueblos practican actividades de horticultura y de caza de baja intensidad alrededor de sus casas (kewoenkode), pero otras zonas de uso más intensivo, como las zonas húmedas, son utilizadas para la recolección de frutos como el algodón, la yuca, la palma de chonta y otros productos que son consumidos de manera cotidiana.

En este sentido, para los pueblos Tagaeri-Taromenane el territorio está representado por un amplio espacio geográfico que incluye el conjunto de zonas mencionadas. Se considera que los productos de la selva son el resultado de la actividad de los ancestros, efectuada en sitios a donde regresan de manera cíclica (Rival, 2013). Este aspecto da lugar a circuitos de movilidad, reproducidos de generación en generación y vinculados a las épocas de mayor fructificación. Cada uno de los miembros del grupo o huaomoni, se implica en diversas actividades (plantar, escoger, trasplantar, proteger, utilizar, eliminar), en el marco del senderismo que se realiza en la selva. Como explica la antropóloga Laura Rival (2013), el senderismo, practicado por estos pueblos “no es solamente una actividad vinculada a la dimensión pragmática de la subsistencia y a la adaptación medioambiental o histórica, al contrario, ella constituye una manera fundamental de reproducir su sociedad en el tiempo” (p. 59).

Según las líneas directrices de protección para los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, se puede utilizar de manera indistinta los términos ‘pueblos en aislamiento o aislados’((Líneas directrices de protección para los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay (OACNUDH, 2012).)). Esto significa pensar en el ‘aislamiento’ como: por un lado, el producto de una decisión propia de aislamiento de una determinada sociedad con respecto de otra, en razón de experiencias violentas, conflictivas, muertes, enfermedades, etc.; por otro lado, el aislamiento también puede ser considerado como parte de una forma de organización ‘autárquica’, propia de los pueblos indígenas amazónicos, considerados así mismos como autosuficientes en su entorno social, ecológico, cultural (Clastres, 1978).

Tomando en cuenta estos elementos, consideramos importante problematizar las interpretaciones en torno a la idea de ‘aislamiento’, particularmente aquella del Estado ecuatoriano en tanto que contribuye a generar prácticas racistas de invisibilización, desplazamiento y desaparecimiento de pueblos como los Tagaeri y los Taromenane. ¿Deberíamos identificarlos como pueblos libres en tanto que continúan rechazando y resistiendo a la presencia de grupos estatales, de misioneros, petroleros y otros agentes extractivistas? ¿Convendría más bien considerarlos como pueblos ocultados por el racismo del Estado, debido a que sus vidas no tienen el mismo valor que los obtenidos bajo la lógica de mercantilización de la naturaleza y de los recursos?

En los últimos años, el Parque Yasuní han sido objeto de la intensificación de operaciones extractivas para las cuales se ha requerido de la implementación de diversas tecnologías. La declaratoria gubernamental del ‘interés nacional’ en el año 2013, buscó validarse entre otras cosas, a través del discurso tecnocrático que permitiría lograr un menor impacto ambiental sobre el territorio((Cfr. https://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/21/nota/1320706/extraccion-petroleo-usara-ocho-tecnologias, consultado el 10/10/2018.)); dicha declaratoria se sustentó también a través de la creación de nuevos mapas que al señalar la inexistencia de pueblos indígenas aislados en las zonas vacías, da luz verde a la explotación petrolera. Esto se profundizó a pesar de los diferentes llamados a respetar y proteger la vida de los pueblos Tagaeri-Taromenane realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2006((En efecto, tras las múltiples denuncias de casos de violencia y de masacres entre pueblos indígenas y agentes petroleros, madereros y colonos al interior del Yasuní, en diferentes ocasiones la CIDH ha sentenciado al Estado ecuatoriano, obligándolo a establecer una política de respeto de los territorios y de protección de la vida de los pueblos Tagaeri/Taromenane (Cf. CIDH, informe N. 96/14).)).

La introducción de nuevos límites materializa la continuidad de un proyecto de (re)colonización, que procura la expansión de las estructuras racistas del Estado-nación monocultural (Rivera, 2010, p. 107) hacia territorios que están ubicados en los márgenes, es decir que son parte de la infinita diversidad que contiene el Sur global (Santos, 2006, p. 37)((Una realidad que no sólo está ubicada geográficamente en el Sur global, sino que la entendemos como una metáfora del ocultamiento, invisibilización de concepciones y del sufrimiento humano-natural causadas por el capitalismo, los colonialismos y los patriarcados. Se ubica en los ‘márgenes’ del Estado-Nación y ejemplifica varios Sures que se gestan en el Sur global.)).

Para Meneses (2016, p. 30)((En su artículo titulado ‘Os sentidos da descolonização: uma análise a partir de Moçambique’, la autora propone deconstruir representaciones coloniales (como la invención colonial de África), a través de mapas hegemónicos y límites coloniales, como uno de los pasos importantes para (re)aprender a partir del Sur global.)) los mapas contemporáneos son producidos con el fin de apoyar la orientación de los saberes dominantes. En ellos está ausente un elemento de identificación, el lugar de enunciación del productor del mapa, es decir, el centro. Este aspecto es fundamental para la manipulación y el control a nivel local, para la autora: “Con el remover de la referencia al centro, el creador del mapa se traslada para un espacio exterior, legitimando la captura del espacio y del control de los sujetos que lo habitan”. Deconstruir estas representaciones coloniales a partir de las cartografías del Sur global que incorporan saberes, temporalidades, espacialidades, otras formas de conocer el mundo, representa un ejercicio de justicia cognitiva que permite a la vez re-aprender a partir de las experiencias de las poblaciones subalternizadas.

La lógica gubernamental, en el contexto ecuatoriano, actúa de diferentes maneras en las que predominan tanto el carácter antropocéntrico y racista, como el mercantilista de apropiación/violencia (Santos, 2006) respecto a la Naturaleza. Por un lado, despoja territorios para someterlos directamente a mega-emprendimientos neo-extractivos (Gudynas, 2009); y por otro lado, implementa proyectos para la ‘conservación de la biodiversidad’, incorporando a planificadores nacionales y comunidades locales en un esquema tecno-científico que observa a la ‘riqueza genética selvática’ como clave para desarrollar la industria de la biotecnología (drogas y alimentos en abundancia que pueden ser transformados). En este sentido el desarrollo neo-extractivo mantiene:

Un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimiación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos (Gudynas, 2009, p. 108).

En ese marco, se interpreta a las localidades independientemente de las poblaciones que ahí cohabitan, es decir, los espacios son concebidos sólo como selvas húmedas tropicales, muchas veces vacías o baldías; con las especies más naturales y mega-diversas en el planeta; con las personas más naturales (salvajes), con conocimientos más naturales (primitivos o incivilizados). Un entorno propicio para el despojo del territorio y el extractivismo que prioriza un valor mercantil y supuestamente científico para descalificar otro tipo de valores propios de la realidad de estos pueblos.

Así, algunos días después de la declaratoria favorable a la explotación del Yasuní, el Ministerio de Justicia hace la entrega a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional (encargada de evaluar el proyecto de explotación), un informe en el que señala la inexistencia de pueblos indígenas aislados dentro de la zona a ser explotada(((Cf.). Asamblea Nacional del Ecuador (2013). Informe del Ministerio de Justicia a la Comisión de la Biodiversidad de la Asamblea Nacional. http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/informe_de_declaratoria_de_interes_nacional_para_la_explotacion_de_los_bloques_31_y_43_del. Fecha de acceso 02 de Noviembre de 2016.)). Para justificar su argumento, el Ministerio elabora un nuevo mapa (figura 1) que reemplaza el que fue presentado por el Estado algunos meses antes (figura 2) en respuesta a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de tomar medidas preventivas para proteger la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. En el nuevo mapa, no solamente se desplaza a los grupos aislados para situarlos más al sur de la zona delimitada algunos meses antes, sino que también, se reduce el número anteriormente establecido de cuatro a tres grupos. La creación de un nuevo mapa y la modificación de límites se realiza a pesar de que diversos estudios antropológicos señalan la presencia de otros pueblos en aislamiento que circulan por toda la zona: los Feromenani en la región de la frontera con el Perú y los Pananjuri un poco más al Sur (Huertas, 2002, Colectivo de Antropólogas y Antropólogos ecuatorianos, 2013).

Figura 1. Mapa de distribución de pueblos indígenas aislados.

Mapa de distribución de pueblos indígenas aislados
Fuente: Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos en Agosto del 2013.

Figura 2. Mapa de presencia de clanes de grupos aislados en territorio ancestral Tagaeri Taromenane

Mapa de presencia de clanes de grupos aislados en territorio ancestral Tagaeri Taromenane
Fuente: Ministerio del Medioambiente en Abril del 2013.

Las ‘nuevas’ fronteras físicas reflejan los territorios en conflicto, cuyo correlato es la desaparición o desplazamiento de varios pueblos indígenas. Se trata de una propuesta política que usa el mapa como instrumento de poder-saber y que circunscribe la movilidad física en base a la fijación de la identidad de ‘aislamiento voluntario’ fracturando el vínculo entre la identidad y el territorio de los pueblos Huaorani, Tagaeri y Taromenane. Junto con esta política de epistemicidio (Santos, 2007, p. 4) y etnocidio se producen nuevas fronteras y por lo tanto representaciones de exclusión o despojo del lugar mediante la narrativa estatal hegemónica.

En los discursos coloniales la ocupación física del paisaje fue acompañada paralelamente por la ocupación social y cultural del paisaje, dando origen a nuevos sujetos, nuevas subjetividades y nuevos procesos identitarios. Es decir, los mapas coloniales no sólo contienen y representan colonizados, como crean, ellos mismos, a través de la localización, los propios sujetos coloniales […]. Pero una diferencia abismal distingue al mapa y a la localización fija de las tribus y la invención del espacio colonial de la realidad dinámica de la vida cotidiana de los pueblos y comunidades que habitan el continente, que frecuentemente no aceptan ni internalizan la representación que el mapa buscaba representar (Meneses, 2016, p. 31).

La producción de un espacio colonial está íntimamente ligada a la creación del indígena como aislado y por lo tanto colonizado e invisible. El salvaje representa la imagen de inferioridad y la naturaleza la de exterioridad, que por ser externa, no es reconocida en un mismo rango y por lo tanto también ocupa un lugar de inferioridad (Santos, Meneses, Nunes, 2004, p. 25) definiendo un paradigma antropocéntrico.

La creación de mapas colabora con este proceso, al establecer límites que para unos, posibilitan y para otros restringen las posibilidades de acceso a los elementos que componen la selva. Como señala Meneses (2016): “Si para el colono el mapa simbolizaba movilidad, descubrimiento, para el colonizado representaba un paisaje delimitado y restrictivo; para el colono el espacio significaba propiedad, en tanto que para los indígenas estos pertenecían a la tierra, parte de un ciclo de existencia más vasto” (p. 32).

El problema surge, cuando al rechazar las restricciones impuestas en sus territorios, los pueblos indígenas en aislamiento, en el marco de los procesos cíclicos de la selva y de sus lógicas de movilidad, retornan a algunos lugares en los que se encuentran con diversos actores externos, llegados de manera paralela al avance de la frontera petrolera.

Los límites de la legislación nacional e internacional

La modificación de límites efectuada por el Estado para abrir las puertas a la explotación de petróleo no solamente fue arbitraria, en tanto que no tomó en cuenta las dinámicas de la movilidad histórica y cíclica de estos pueblos; la nueva delimitación también está lejos de converger con los principios de protección, de prevención y otros mecanismos nacionales e internacionales previstos para la protección de los pueblos en aislamiento.

En este marco, recordemos que la Constitución ecuatoriana del 2008, en su artículo N° 57, declara la necesidad de asegurar la vida y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Otras normas internacionales como las establecidas en la Convención 169 de la OIT; la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; las directrices de protección para los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial de la región Amazónica, el Gran Chaco y Paraguay (2012), son anuladas al momento de modificar los límites del Yasuní para hacer paso a la explotación.

Cabe destacar otras recomendaciones como las del primer Relator especial de las Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen quien en el año 2006 declaró que: “En la zona intangible y el Parque Nacional Yasuní, toda actividad petrolera debe ser suspendida, la extracción ilegal de madera y cualquier otra actividad que atente contra la paz de los pueblos indígenas en aislamiento debe ser sancionada”((Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhaguen: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6563.pdf?view=1, consultada el 13/09/2018.)).

Las restricciones relativas a la extracción de recursos inscritas en las declaraciones de protección medioambiental, tales como la declaración del PNY, la de la Reserva de Biósfera y de la Zona Intangible Tagaeri, Taromenane son igualmente anuladas. La falta de voluntad política del Estado para aplicar estas leyes sumada al desconocimiento de los ecosistemas amazónicos, de la biodiversidad y de las relaciones entre humanos y no-humanos en estas zonas resulta en este contexto, evidente.

Con relación a ello, en el informe mencionado (2013), el Ministerio de Justicia indica que un 50% del territorio a ser explotado está formado por tierras húmedas y pantanosas en donde es imposible que existan establecimientos humanos. Al hacer esta afirmación, el organismo estatal rechaza la posibilidad de considerar estas zonas como lugares de habitación temporal, de tránsito, de caza, de recolección de los pueblos en aislamiento. De facto, algunos estudios han demostrado la importancia de la diversidad de zonas húmedas y la amenaza que significa la pérdida de estas últimas para los pueblos en aislamiento. La desaparición de algunas especies de plantas y de animales de zonas húmedas, conllevaría a una ruptura en las relaciones entre naturaleza y sociedad, poniendo en peligro la soberanía alimentaria, la autonomía y la vida de estos pueblos. La separación de lo social, respecto a ‘otros’ ecosistemas es también producto del racismo según la cual el Estado ecuatoriano reduce la importancia de la integralidad del ecosistema amazónico para estos pueblos. Lo social es considerado solamente respecto a las zonas en donde la presencia humana es comprobada. En esta categoría se incluye al pueblo Huaorani del Yasuní -considerado como un pueblo de contacto inicial-, pero no se habla de pueblos en aislamiento.

Según la clasificación establecida por las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial: los pueblos en contacto inicial son pueblos que mantienen un contacto reciente con la población mayoritaria; pueden ser también pueblos que a pesar de mantener contacto desde tiempo atrás, nunca han llegado a conocer con exactitud los patrones y códigos de relación de la población mayoritaria (Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, 2012, p. 6).       

La invisibilización de los grupos Tagaeri-Taromenane es afirmada porque las zonas húmedas o pantanosas son consideradas como vacías e inhabitadas. Como hemos mencionado, estas zonas no excluyen la presencia humana o la realización de diversas actividades de producción o recolección de alimentos, por el contrario, se observa “un continuum de relaciones entre zonas húmedas, tierras firmes, zonas de colinas que forman parte de una cadena de relaciones bióticas y culturales” (Colectivo de Antropólogas y Antropólogos ecuatorianos, 2013, p. 13).

En definitiva, se trata de un conjunto de procesos sociales en los que los pueblos Tagaeri y Taromenane son mantenidos en el exterior y son expulsados de cualquier tipo de contrato social. Como señala Boaventura de Sousa Santos (2006): “Son rechazados, excluidos o lanzados para una especie de estado de naturaleza hobbesiano, porque nunca integraron –y probablemente nunca integrarán– cualquier contrato social […]. No es el Estado el que podrá volverse fascista, sino las relaciones sociales –locales, nacionales e internacionales” (p. 108).

La noción de ‘ciudadanía ecuatoriana’ tiene una matriz racista en la que varios pueblos y nacionalidades no tienen cabida. Particularmente, al fijar la identidad de los pueblos en ‘aislamiento voluntario’ y al delimitar su espacio de uso y de movilidad, procede por estrategias de ocultamiento. Los pueblos Tagaeri-Taromenane pasan a ocupar los puestos inferiores en la escala del desarrollo, progreso y civilización. La identificación de la alteridad como ‘aislado’, en tanto que una identidad espacial vacía y desprovista de conocimientos, cultura, política, economía, los invisibiliza y los inferioriza respecto del resto de la ciudadanía.

En este caso particular, la fragmentación básica de la sociedad racista y colonizadora que divide a ‘civilizados’ de ‘salvajes o indígenas aislados’, le otorga consistencia al proceso de expansión de las fronteras petroleras, transformando a los indígenas aislados en objetos naturales que por ser aislados, nómadas, cazadores, no forman parte de la historia.

Desplazar a estos pueblos a través de nuevos mapas de localización prepara las condiciones para la extracción  del petróleo que está en sus territorios. El Estado-Nación es una estructura que impide valorar el carácter multi-societal de la sociedad ecuatoriana. Por el contrario, en la idea de Estado Plurinacional intercultural propuesto por el movimiento indígena ecuatoriano, se procura visibilizar una constelación de naciones que coexisten, cada una de ellas con proyectos civilizatorios y modernidades paralelas que se superponen (Chatterjee, 2008). En la práctica, estos procesos no siempre se dan manera ordenada. Ellos emergen de manera desarticulada y caótica (Tapia, 2008, p. 96). Se trata de varios tipos de concepciones que circulan en los intersticios de lo que está concebido por la sociedad nacional monocultural, y se dan a través de un conjunto paralelo de formas de gobierno y organización, de otras formas de economía, de otras concepciones respecto a la naturaleza y a la comunidad. Es este carácter pluri-societal o de abigarramiento, como señala Zavaleta (2015), al que debe responder la sociedad ecuatoriana.

Hemos de atender por lo menos a tres momentos: primero, el de la no unificación de la sociedad o, al menos, el diferente valor de la penetración de la unidad en sus sectores, que es a lo que se refiere el abigarramiento. En su extremo, se puede captar aquí un grado de desconexión o no articulación entre los factores, y entonces se habla de un Estado aparente, pues la sociedad civil no es sino una enumeración, no está vinculada entre sí en lo orgánico. Segundo, la no unificación nacional ni clasista de la propia clase dominante, lo que presume una modalidad de circulación de la plusvalía que aspira a retenerla como renta y no como tiempo estatal. En tercer lugar, la aparición de planos de determinación diacrónicos, es decir, que el núcleo de intensidad de la determinación se sitúa de un modo errático según el tiempo estatal. Aquí la sociedad se mueve de un modo ocasional, como si estuviera totalizada, pero entorno a convocatorias o momentos estructurales ocasionales. Carece por lo tanto de la continuidad como devenir, que es el complemento de la unificación actual en los países con unificación (Zavaleta, 2015, p. 129-130).

En la actualidad, una de las formas de reivindicar la justicia social y cognitiva para los pueblos indígenas Tagaeri-Taromenane, ha sido a través de la lucha impulsada por movimientos sociales indígenas y ecologistas para el reconocimiento y la aplicación de los derechos (metaderechos), es decir, que estos colectivos sostienen luchas por el ‘derecho a tener derechos’ (Santos, 2006, p. 180).

Consideraciones finales

En este artículo, hemos intentado resaltar algunos elementos relativos a la situación de los pueblos indígenas Tagaeri- Taromenane con el objetivo de señalar hasta qué punto la visión racista del Estado ecuatoriano, a través del establecimiento de fronteras geográficas y mapas de relocalización, busca favorecer al modelo de desarrollo extractivista en la Amazonía. Nuestra intención ha sido también recalcar lo que plantea Meneses (2016): “La diversidad humana es extremamente difícil de mapear: las fronteras son procesos fluidos y dinámicos, apenas episódicamente localizables en el espacio y en el tiempo. Mapear es una metáfora, una distorsión de la realidad, que procura subordinar la diversidad humana a la lógica monocultural del conocimiento iluminista” (p. 32). En este sentido, hemos asumido el desafío teórico-metodológico propuesto por la autora, en el marco de las Epistemologías del Sur (Santos; Meneses, 2009), que consiste en crear un mundo con múltiples centros y en la idea de que la diversidad epistemológica del mundo es potencialmente infinita (p. 35).

La territorialidad contemporánea de los pueblos indígenas del Yasuní, se ve perturbada por múltiples presiones y amenazas externas producto de la implementación de proyectos de extracción petrolera. La vulnerabilidad frente a las enfermedades, la dificultad de acceso a los recursos para su subsistencia, la dificultad de acceder a lugares simbólicos y rituales, el recrudecimiento de masacres y otros conflictos al interior del territorio son, entre otros, el resultado de la puesta en marcha de dichos proyectos. A través del presente análisis, hemos intentando demostrar, cómo el Estado ecuatoriano ha insistido en llevar a cabo su proyecto de desarrollo, en detrimento de las diversas leyes y declaraciones, de las múltiples iniciativas orientadas a proteger y preservar la vida en la Amazonía.

De esta manera, constituye un desafío para las ciencias sociales reflexionar sobre ciertas categorías reproducidas en el discurso estatal. Tal es el caso de aquellas de pueblos en aislamiento, pueblos en aislamiento voluntario, pueblos libres o de reciente contacto, movilizadas al momento de adoptar medidas preventivas para salvaguardar la vida de estos pueblos.  Cabe preguntarse hasta qué punto estas categorías permiten entender las diferentes formas de organización o las múltiples concepciones del tiempo y del espacio de estos pueblos, y en base a ello poner en practica una política adaptada a su realidad.

La práctica descolonizadora pasa por la reconquista del poder para narrar la propia historia, identidad e imagen, asumiendo la diversidad de realidades que se dan en el espacio-tiempo Tagaeri-Taromenane. Se trata de un proceso en diálogo crítico frente a las estructuras del Estado, la nación, el conocimiento, el aislamiento voluntario y los mapas como instrumento de poder.

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