Argentina 2020. La educación pública frente a la crisis ambiental: de la inercia al agenciamiento

La educación pública debe permitirse ese salto cualitativo que supone conectar la ciencia ética con la justicia social y ambiental y la recreación de la democracia y tomar posición, es decir acción, poniendose a la vanguardia.

Educación pública frente a la crisis ambiental
Educación pública frente a la crisis ambiental

Imperturbable, el nuevo gobierno argentino avanza entre presiones externas, lobbies internos, cobro de apoyos, pase de facturas, demandas sociales sectoriales, compromisos políticos y económicos legítimos e ilegítimos y no pocos ataques anticipados de sectores reaccionarios y clases medias alienadas que revelan su previsible reacción de definirse un rumbo clara y definitivamente orientado hacia las mayorías. Mantener el aplomo en ese marco y en la compleja coyuntura mundial no es poca cosa. La pregunta es cuanto podrá mantener el equilibrio entre tantos factores para pasar a definir su proyecto con franqueza, pues si bien la política tiene mucho de acrobacia, el equilibrismo no puede constituir en sí mismo un proyecto. Precisamente si de hacer equilibrio hablamos, uno de los frentes duros que el gobierno ha tenido que enfrentar es el de la crisis ambiental, un aspecto del conflicto interno que subestimo a todas luces, que promete desenlaces inefables y que lo pone frente a disyuntivas decisivas. Por crisis ambiental han de entenderse los conflictos ecológico distributivos por el acceso, la modalidad de aprovechamiento y las políticas del cuidado de la tierra, al agua, los bosques, los humedales, las montañas, el paisaje, el mar, todo en el marco del cambio climático y sin olvidar el conflicto cultural en todo ello implicado, con las visiones alternas, visiblemente las indígenas pero apropiadas y recreadas por crecientes contingentes sociales, que proponen otras formas posibles y sostenibles de hacer uso del territorio, de producir, especialmente alimentos y consecuentemente de distribuir con justicia la propiedad con base en la recreación de un estado social capaz de garantizar salud, educación y trabajo bienestar a largo plazo. Entre todos estos temas el de la educación no ha sido central, no cabe aquí explicar porque, pero los últimos días ha comenzado a aparecer la educación ambiental como parte de las demandas que recibe el gobierno en este escenario. Era esperable, aunque no menos tardíamente que de costumbre, que la EA emerja más como demanda genérica, e imprecisa herramienta de salvación, propias de ese sentido común que identifica linealmente el incremento de la educación con la mejoría de la sociedad, sin reparar ni en el tipo de sociedad ni el tipo de educación. Para ser justos las demandas ultimas sí revelan el tipo de sociedad a la que aspiran al menos en lo que a la relación con la naturaleza se refiere lo cual de por si es mucho más que solo eso. Pero la EA permanece sin ser problematizada. Y allí radica el verdadero desafío. La EA que reclama el contexto descrito, histórico, lejos de toda propuesta genérica o fundamentada en grandes objetivos globales (ODS por ej., o metas de gestión ambiental o propósitos conservacionistas), y a riesgo de seguir contribuyendo a reforzar las lógicas productivistas de una visión del mundo unilineal, cientificista, tecnoptimista, atropo y eurocéntrica y en definitiva ecocida, ha de adoptar un enfoque político pedagógico y no menos didáctico del todo comprometido con las demandas sociales concretas y situadas, que son los elementos primarios y significativos de la tragedia socioambiental que atraviesa el país y sus habitantes. De esto tiene que tomar nota la gestión educativa gubernamental si su propósito es recuperar la independencia y autonomía del sistema educativo para elegir la información que tramitará dentro de sus claustros, la forma de comunicarla y hacer uso de la palabra y responder a los sectores sociales a los cuales se debe, más allá de la economía. La emergencia socioambiental argentina es solo una manifestación localizada de una emergencia global que marca por primera y última vez, pues no habrá nuevas oportunidades, los límites del despliegue irreflexivo de la ambición humana. Lo peor de la humanidad hegemonizando el modo de existir. Por tanto, la pregunta para la gestión educativa publica de un gobierno que aún reivindica ser llamado popular es si seguirá acompañando la negación del modelo insustentable o asumirá que su rol originario como política popular, deviene estratégico y urgente para, por lo menos, dotar a las generaciones más jóvenes, hablando con la verdad, de los elementos necesarios para evitar el colapso civilizatorio. Porque es comprensible, aunque solo transitoriamente, que un gobierno tenga la necesidad de prolongar procesos extractivos que degradan el ambiente en razón de satisfacer urgentes necesidades de gobernabilidad, pero en modo alguno lo es que el sistema educativo o incluso la administración ambiental, apañe las lógicas que subordinan la gobernabilidad a esas ataduras. Los procesos mega extractivos, la mono producción, la energía nuclear, la sociedad de consumo, la mega urbanización, han demostrado con creces y científicamente ser las causas de los mayores desastres ecológicos de la historia, además de su inviabilidad como estrategias para crear riqueza social, justicia y bienestar. Solo adquieren sentido como mecanismos para acumular capital y riqueza material en cada vez menos personas de pocos países. Encubrir la crisis ambiental que la ciencia ha demostrado suficientemente o maquillarla como externalidad del desarrollo o simplemente eludirla como aspecto significativo de la realidad y por tanto de la educación, es complicidad con el modelo de insustentabilidad. Pero es lo que la educación institucionalizada no ha podido dejar de hacer (porque la conformación misma del substrato epistémico que le ha dado fundamento histórico la hace cómplice -divulgadora- de la mirada del mundo que a la par de sus hazañas, como contracara, ha generado la mayor de las tragedias) y por ello mismo hoy no solo es interpelada por las nuevas tecnologías sino por el viejo anhelo de vivir en paz con lo necesario, cooperativamente, en un lugar sano, bien alimentados y preparados para el despliegue de la creatividad. Si la demanda por la educación (ambiental) da cuenta de que la transformación que debemos encarar es más social y cultural que técnica, la educación adquiere redoblada relevancia y su función no puede ser otra que la de abrir debates acerca de las alternativas posible a este modelo de vida, porque hay otros modos posibles de relacionar la sociedad con la naturaleza, debemos crear una cultura de la sustentabilidad y en ello el sistema educativo se juega su sentido mismo.

Por eso más allá de los condicionantes que la coyuntura impondrá a la gestión y el cuidado de los recursos y bienes naturales en Argentina, más allá de las justificaciones que desde la economía intentarán validar la pertinencia y/o inevitabilidad del sacrifico ecológico, la educación pública debe permitirse ese salto cualitativo que supone conectar la ciencia ética con la justicia social y ambiental y la recreación de la democracia y tomar posición, es decir acción, poniendose a la vanguardia, frente al excluyente dato que representa la crisis socioambiental en tanto ultimo frente de lucha contra el fin de la civilización y por la vida. De estar dos pasos atrás a estar un paso adelante.

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Educador ambiental.

Especialista en Políticas Publicas ambientales INAP_Mexico. Especialista en Auditoría Ambiental Empresarial - IIE - UICN - Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Especialista en gestión ambiental Metroplitana -FADU-UBA. Diplomado en Transformación educativa - Multiversidad Edgar Morín.

Coordino la Catedra Libre Virtual de Educación Ambiental y Ecología Politica, en facebook.

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