Una cuestión terminológica El Estado no entendió el concepto de familia cuando debió sostener dichos derechos buscando contención a sus integrantes en forma integral.

Infancia

Hoy traigo una sentencia de un Juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, de 2016, en donde después de leerla lo primero que me vino a la mente fue, en forma irónica, decirme a mí mismo: toda la cuestión en el expediente rondó, en definitiva, acerca de una mera cuestión terminológica. Una cuestión terminológica muy triste de la administración pública y que se puede releer junto con otro artículo anteriormente publicado sobre el tiempo de espera de la gente que espera algo de la administración pública.

El caso en cuestión aborda un juicio de daños y perjuicios iniciado por una familia indigente y en “situación de calle”, bajo la traza de una Autopista, de la ciudad de Buenos Aires (a partir de ahora CABA). Contra dicho gobierno la familiar reclama por la falta de atención hacia su hijo nacido enfermo y por no brindar un hogar en donde poder vivir.

A la mente me vienen términos como: “evitable”, “absurda muerte”, “impericia y negligencia”, “violación de los derechos del niño”, cuando el Juez de la causa concluye diciendo que: el Estado fracasó en tutelar los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, dejando que muera de noche y en la calle, un tiempo y un lugar donde jamás debería estar un niño de veintiséis días de edad.

Antes de comenzar con el fallo traigo para que se comprenda la norma sobre la que se debatió en el expediente judicial. El art. 171http://argentina.justia.com/provinciales/ciudad-autonoma-de-buenos-aires/constitucion-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/libro-primero/titulo-segundo/capitulo-primero/#articulo-17 de la Constitución de CABA dice: “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”. Todo ello también de acuerdo a los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina de protección a la niñez, personas vulnerables, derechos sociales, atc.

La maquinaria burocrática e infernal del Estado, desde que la madre es “descubierta” embarazada y en situación de calle junto a su pareja y cinco niños más viviendo bajo un puente hasta el fallecimiento del niño recién nacido, es meramente constatativa de la situación de hecho, limitándose a proponer lugares alternativos de vivienda en donde solamente se les permite pernoctar, debiendo retirarse a la mañana para volver a la noche siguiente si se lo desea, pero con la condición de entrar solamente la madre con el niño enfermo recién nacido. Del resto de la familia no dice nada, o mejor, que se las arreglen solos.

Esto es en pocas palabras la diáspora del grupo familiar en estado de vulnerabilidad. El Estado no entendió el concepto de familia cuando debió sostener dichos derechos buscando contención a sus integrantes en forma integral.

En sus fundamentos el juez remarcó que “… el frente actor está formado por una familia de personas con un alto grado de vulnerabilidad. Los adultos portan marcas de violencia, desarraigo y un permanente ejercicio de la supervivencia como rutina”.

Así las cosas la CABA a través de sus organismos, manifiesta esto y si uno se pone a reflexionar llega a la misma conclusión que el Juez: “Lo que resulta inexplicable es que ante estos datos ciertos, con el rigor del clima de esos días y con niños en situación de salud delicada (uno recién nacido y otro con noticias de estar enfermo), el BAP, es decir, el Estado, se limita ‘en los consecutivos días del mes’ a acompañar a la familia hacia la búsqueda de un lugar propicio para el alojamiento”.

Luego los organismos estatales se limitan a realizar llamadas y enviar fax a sus dependencias mientras la familia sigue en situación de calle viendo agravar el estado de salud del niño recién nacido. Dice el Juez: “… Se observa que existe una situación de violación evidente de la dignidad de las personas afectadas, también de los intereses superiores de los niños y adolescentes, incluida la persona por nacer, todos viviendo en condiciones de salud precarias y con un ostensible menoscabo del derecho a la vivienda digna. Frente a ese escenario, la propuesta del Estado a través de los funcionarios y agentes del programa Buenos Aires Presente (BAP) es definitivamente inaceptable desde el marco convencional y constitucional…”, señalando que el Estado ofreció a la mujer embarazada que concurra a un parador “sólo para pernoctar”, parador que “no logra contener a las familias biparentales” y es “exclusivo para mujeres solas y con hijos menores de edad”.

Por otro lado con total claridad se explaya manifestando que “… las “respuestas” estatales solo producen el mantenimiento de ese estado de cosas. No existe un solo dato de cómo esta familia pasará de la exclusión a la inclusión … la salud es algo más que no tener fiebre y estar vacunado…”. Es decir, no pasa de ser meramente constatativa de la situación de hecho, no modificando la realidad de la familia sino luego del deceso del niño recién nacido.

Como dice el Juez, LA ÚNICA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD QUE PRODUCE ES LA EMISIÓN DE UN FAX y la teoría, de CABA, de que si se les ofrece esta ayuda y no se acepta con eso está cumplida su misión dado que “… las decisiones privadas de los particulares son ‘impenetrables’ y deben ser respetadas”. Es en definitiva la banalización del art 17 de la Constitución de la CABA y de todos los tratados internaciones suscriptos por Argentina desde el retorno a la democracia y que tienen jerarquía constitucional desde el año 1994.

Toda la fuerza burocrática, dice el Juez, agoniza en un fax.

En definitiva, que en pocos meses, que coinciden con el nacimiento del niño y en época invernal, se produce el desenlace fatal. Una vez fallecido el niño recién nacido, “milagrosamente” aparece un lugar en donde puede vivir la familia.

Con todo ello el Estado asumió el rol de mero espectador de un naufragio y no de garante convencional de la familia, transformando para mal la realidad de una familia al banalizar principios constitucionales en donde en definitiva todo se debió a una mera cuestión terminológica acerca de qué es o qué se entiende por “familia” y por “políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos”.

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