Una asamblea constituyente como vía ciudadana para la recuperación del agua en Chile

De nosotros depende que la fumarola del volcán Villarrica y las inundaciones en el norte del país no cubran los casos de corrupción, tráfico de influencias y  colusión, evidenciados en el último tiempo, ya que de igual manera, el robo de agua en Chile es de cuello y corbata.

 

El pasado 22 de marzo se conmemoró en todo el mundo el día mundial del agua, cuyo tema central fue agua y sostenibilidad, esta designación no es menor y da cuenta de la tensión que existe en el ámbito internacional y al interior de cada país, respecto al enfoque (público o privado) en la gestión del agua ya que al fin esto se traduce en medidas que se promocionan desde las agencias internacionales, las empresas y los gobiernos, en una industria  multimillonaria donde campea el tráfico de influencias y el lobby por parte de las transnacionales, los gobiernos y los empresarios del agua. Por esta razón, desde la primera Cumbre de la Tierra (Estocolmo, Suecia) en 1972 hasta Rio+20 en el 2012 (Brasil), el estatuto internacional del agua ha transitado sucesivamente de “bien común” a “bien económico” y finalmente a “derecho humano fundamental”.

En Chile la conmemoración de este día contó una actividad de carácter gubernamental que desde un enfoque economicista y con actividades de educación ambiental como medio, lo que finalmente permitió rehuir el debate de fondo y que ya está instalado en la ciudadanía. Convengamos que lavándonos los dientes con menos agua o tomando duchas más cortas el país no superara los problemas estructurales que enfrenta en esta materia. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron diversas manifestaciones a lo largo del país, los días 21 y 22 de marzo, con múltiples modalidades: marchas, pasacalles, cicletadas, cantos al agua, ceremonias ecuménicas, toma de caminos, talleres y seminarios. En la mayoría de estas actividades se relevaron las decenas de conflictos por el agua existentes a lo largo del país, exigiendo que este “bien nacional de uso público”, hoy privatizado, transite hacia una gestión pública y comunitaria que garantice, entre otros, el derecho humano al agua. Como una manera de dar  continuidad a esta demanda social, un conjunto de diversas organizaciones y comunidades -al igual que en años anteriores- han resuelto manifestarse en la 3° Movilización Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida el próximo miércoles 22 de abril en la ciudad de Valparaíso.

El Cambio Climático llego para quien lo quiera ver

Esta semana hubo precipitaciones desde Copiapó hasta el Maule y en las regiones del norte inundaciones y aluviones. Esto último, es producto de las lluvias más intensas de la que existe registro, con graves consecuencias para la ciudadanía y los sectores productivos. En paralelo, en el sur se registraron altísimas temperaturas y los incendios forestales ya suman en el periodo estival aproximadamente 18.000 hectáreas quemadas en las regiones V, VIII, X y XI, con una temperatura que hace algunas semanas batió el record de los últimos 150 años, según información de la Dirección Meteorológica de Chile, con el termómetro marcando 36.8 grados, siendo la temperatura más alta para el mes de marzo desde que se tiene registro en 1861. Esta exacerbación de los episodios críticos del clima es la expresión tangible del Cambio Climático en nuestro país. Situación que nos plantea el desafío de adaptarnos y actuar a tiempo como sociedad para mitigar y evitar sus consecuencias.

En cuanto al déficit hídrico en el país, integrado al fenómeno del cambio climático, hace algunos días la Dirección Meteorológica entregó sus proyecciones: las lluvias en el sur caerían hasta 58% y la temperatura en la zona central subiría hasta 4 °C. En la zona central y Santiago la máxima tendrá 2 °C más en el año 2050, por lo cual pretender que tendremos más agua de la que hay es simplemente un despropósito. De esto dan cuenta los más de 600 mil habitantes que actualmente se surten de agua para consumo humano por la vía de camiones aljibes, una medida de emergencia que se ha tornado permanente y que junto a las 194 comunas declaradas en emergencia agrícola por déficit hídrico, configuran un escenario critico que afecta principalmente a los más pobres del país.

La transición pactada

Este año, la reflexión nacional en relación a la recuperación del agua en Chile, está cruzada por la crisis política que atraviesa nuestro país y que se ha incrementado luego del destape público de los casos PENTA, CAVAL y SQM, que han puesto en evidencia el contubernio entre la política y el sector empresarial que, es fruto de la transición pactada entre las coaliciones de derecha e izquierda que han gobernado en las últimas décadas. Algunos de estos sectores son los mismos que enarbolan las banderas por la defensa de los DDHH y a la luz de la pruebas presentadas por el Ministerio Publico, no han escatimado en obtener recursos de una empresa como SQM, infringiendo la ley de la mano de una de las empresas saqueada por las huestes del dictador  Augusto Pinochet, relegando, de paso el mandato ciudadano original a un segundo plano y elevando sus privilegios a toda costa, por sobre el bien común.

La cloaca que se ha destapado, es profunda y apesta, con un SII condescendiente con algunos, basta con recordar en 2012 la condonación millonaria a Johnson, y muy riguroso con otros. Además con un Tribunal Constitucional (TC) compuesto por un ex UDI y una Comisión Presidencial ad-doc con una insigne personera de la dictadura. Esta dinámica da cuenta de la vigencia de la transición pactada por una clase política que en el peor momento de impopularidad insiste en querer pasar lobos por ovejas.

Avanzar para que nada cambie

Es este el escenario que debe enfrentar la ciudadanía que aspira a cambios profundos en materia de propiedad, gestión y asignación del agua en Chile, donde podríamos suponer que hemos avanzado. Es pertinente recordar que existen una decena de mociones parlamentarias y proyectos del ejecutivo dirigidos a modificar las leyes de agua. Se creó una Comisión Parlamentaria de Recursos Hídricos y Sequia que a partir de este mes está presidida por la DC, en cuyas filas se encuentran insignes usurpadores de agua. La Presidenta designó un Delegado Presidencial para estos efectos, con lo que se ha perfeccionado el diagnóstico y finalmente nada cambia.

No deja de ser curioso si consideramos que existe consenso en lo esencial: la necesidad de derogar el Artículo 19, numeral 24 de la Constitución de 1980, con el objeto de reformar el régimen jurídico de propiedad de las aguas y recuperar el dominio público sobre ellas. Pero avanzar en ello requiere de altísimo quórum en el parlamento y una voluntad política que, al menos de parte del ejecutivo, no existe.

Por último, me asiste la convicción que la casta política que habita en el parlamento (como la define el Historiador de la U. de Chile, Sergio Grez), con sus redes, colegas y familiares, que además está involucrada en casos de acaparamiento, robo y usurpación de agua, con algunas excepciones, realmente no buscan cambiar las reglas esta materia, más bien su labor ha sido y será la de dilatar los cambios profundos al código de aguas del 81` y solo realizar ajustes al sistema de transacción y mercado existente.

Para reforzar lo anterior, veamos algunos ejemplos: esta semana la comisión de RRHH aprobó terminar con el régimen de perpetuidad de los derechos de agua quedando limitada la acción de la autoridad a la entrega de concesiones de un máximo de 30 años (prorrogables). Si bien aun resta que este tema sea visto en la Comisión de Agricultura y ser votada por el pleno de la Cámara para luego pasar al Senado. Esto que deberíamos celebrar, considerando que la propiedad del agua actualmente es indefinida (con una patente por no uso de por medio) y hoy según esta norma, se pondrá coto a las concesiones que no sean utilizadas en cuatro años, suena bien. Pero tiene un sin sentido o “el doblado” -como dicen en el campo- ya que esta limitación aplicaría a los derechos entregados luego de la entrada en vigencia de la ley, que no es retroactiva, lo cual requeriría un cambio constitucional. Si consideramos que prácticamente no existen derechos de aguas disponibles, más que en el mercado de aguas, esta medida resulta prácticamente insulsa.

Otra medida destacada en su momento y que fue parte del paquete de ajustes al código de aguas en el año 2005, fue la incorporación del pago de patentes por no uso (PNU) de los derechos de agua y cuyos alcances luego de ocho años de implementación, según lo señala un estudio realizado por académicos de la U. de Chile y publicado por CEPAL el año 2013, concluye que la patente (PNU) no ha sido eficaz en desincentivar el no uso (de los derechos de agua), puesto que los propietarios tienden a pagar lo cobrado para no perder derechos cuyos precios de mercado superan a los de las patentes. Lo que en síntesis quiere decir que  conviene pagar la “multa” y no necesariamente usar o poner en el mercado estos derechos, perpetuando su propiedad, acaparamiento y especulación.

Una nueva constitución para recuperar el agua

Ahora bien, en este complejo escenario cobra particular valor, la vía ciudadana hacia una asamblea constituyente, que permitiría por parte de un grupo de ciudadanos electo popularmente (asambleístas constituyentes), en un tiempo acotado de tiempo, proponer una nueva constitución. Esta nueva carta magna debería corregir los vicios de la actual constitución, permitiendo aalcanzar a través de esta medida, la recuperación de ciertos bienes naturales estratégicos para el país, entre estos el agua. (1) (2) (3)

A la luz de los casos de corrupción, toma relevancia lo dicho por un senador de la Nueva Mayoría -exactamente hace un año-, en relación a la necesidad de utilizar una retroexcavadora contra este modelo. Esta retroexcavadora en mi opinión es el poder constituyente, que en la crisis política actual que vive Chile, es la única salida ciudadana, pacífica y democrática posible.

Publicado incialmente en: http://www.ecologistas.cl/2015/03/3954/
Ampliado para Iberoamérica Social.