Los peligros de las autodefensas en México

La cruenta guerra contra el narcotráfico en México cuenta con un nuevo actor; grupos de civiles armados han decidido asumir labores de seguridad y justicia en propia mano, constituyendo las llamadas autodefensas para combatir a los narcotraficantes. Su alzamiento enciende las alarmas sobre sí estamos a las puertas de un nuevo fenómeno paramilitar de grandes proporciones en América Latina, en el contexto de un conflicto que ha dejado más de 55 mil muertos.

Video: Semanario Proceso de México, 2013.

Previo a la aparición de las autodefensas, los carteles del narcotráfico establecieron narcodemocracias locales, con influencia en todas las esferas sociales y políticas. Actualmente, en estados como Michoacán -uno de los más afectados por la violencia- los grupos de autodefensa se disputan los vacíos de poder dejados por la autoridad con los narcotraficantes.

La “autodefensa” ha sido la semilla paramilitar en América Latina. El paramilitarismo en la región no es nuevo. Países como Guatemala, El Salvador, Paraguay y Colombia han vivido su flagelo. El caso colombiano es quizá el más representativo, por su crudeza, proporciones y persistencia en el tiempo. Lo que surgió como un mecanismo para defenderse de los atropellos de las guerrillas, degeneró en hordas asesinas e inescrupulosas, que encontraron en el narcotráfico una fuente inagotable de recursos para saciar sus ambiciones y el mantenimiento de una guerra injusta, con la complicidad de oligarcas, generales y políticos. ¡El remedio resultó peor que la enfermedad!

Momentos previos a la desmovilización de un grupo de la banda criminal los Rastrojos. Las “bacrim” son la nueva fase del paramilitarismo en Colombia. Video: Revista Semana de Colombia, 2012.

En México, manifestaciones paramilitares tuvieron cabida en tiempos de la Revolución y el levantamiento zapatista en Chiapas. Más recientemente, en 1995 surgieron policías comunitarias en comunidades indígenas de Guerrero y en el 2013 las nuevas milicias ciudadanas en Michoacán.

Estas han sido noticia porque comienzan a incurrir en acciones abiertamente ilegales, como lo son el establecimiento de barricadas, detención de otros civiles, de funcionarios estatales y miembros de las fuerzas públicas, además de la utilización de armamento de alto poder.

Han pasado de ser pequeños agrupaciones de ciudadanos, a organizaciones articuladas regionalmente y en clara expansión, ya no con el único objetivo de defenderse, sino también perseguir y “exterminar” al crimen organizado, como lo ha manifestado el doctor Mireles, uno de sus principales cabecillas en Michoacán.

El presidente Peña Nieto ha asegurado que no avala estos grupos ilegales de autodefensa y que está tomando todas las medidas para controlar la situación. Empero, las cifras demuestran lo contrario. Algunos medios señalaron la existencia de 700 grupos de este tipo en 13 de los 31 Estado de la República. Otras fuentes apuntan que la aparición en 10 de estos Estados se ha dado durante su administración.

¿Quiénes y por qué financian y arman a estos grupos? ¿Deben formar parte de las estrategias de seguridad ciudadana o ser combatidos por el Estado?

Pareciera que el trabajo voluntario y donaciones vecinales -en comunidades muchas de ellas sumidas en la pobreza- , no son suficientes para explicar el grado de desarrollo de estos grupos armados. Asimismo, la experiencia latinoamericana nos enseña que los vacíos o cesiones de autoridad por parte del Estado pueden ser llenados con violencia y terror.

Sin embargo, la pregunta que ahora se hacen miles de mexicanos agobiados por la criminalidad, con la tez asoleada, fusil en mano y en ocasiones el rostro cubierto por miedo es ¿para qué el Estado?