Las legislaciones sobre psicoactivos y la vulneración de los derechos humanos

Las dos entradas anteriores del blog pretendían hacer una reflexión general sobre determinados aspectos relacionados con la universalidad de los derechos humanos y las particularidades culturales, así como sobre la compleja y profunda relación de los grupos humanos e individuos con las sustancias psicoactivas, respectivamente. En esta ocasión creo que es importante que podamos reflexionar en torno a las vulneraciones de derechos que son producto directo de las estrategias legales que se siguen tanto a nivel de los diferentes estados como a nivel internacional.

Considero interesante en este punto atender brevemente a los hitos más importantes que dan forma a la manera en que se gestiona el asunto desde el nivel político. La gran mayoría de estados del planeta suscriben acuerdos internacionales que moldean las propias políticas estatales en materia de drogas, tratados que tuvieron su inicio con la Convención Internacional del Opio de 1912 (La Haya), el primer acuerdo internacional de control de psicoactivos. No obstante, es a partir de 1961 con la Convención Única de Estupefacientes cuando se consolida el régimen de fiscalización actual, se crea la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) y se establecen las cuatro listas, vigentes hoy día, en las que se clasifican estas sustancias en función de la utilidad que les sea reconocida, que serán ampliadas en 1971 a través del Convenio de Sustancias Sicotrópicas debido al aumento del consumo en varios países. Otros hitos posteriores como el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) en Viena en 1991, o la creación en 2002 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), vienen a complementar la estrategia inicial y altamente dirigista que aplican como base la gran mayoría de países del mundo, sin que ello impida que cada uno de estos puedan aplicar medidas más restrictivas que las recogidas a nivel internacional.

La base ideológica de dichos acuerdos y, por extensión, la de las políticas de los diferentes estados, se asienta sobre el abstencionismo, esto es, sobre la idea de prohibir, controlar y sancionar cualquier tipo de relación que se establezca entre los individuos y los psicoactivos, pues se parte de que para evitar el surgimiento de problemas con estas sustancias lo ideal es que las personas no se relacionen con ellas de ninguna manera. Después de un siglo de “guerra”, y el fracaso de esta, no queda duda de que esta idea se aleja completamente de la realidad, y más que evitar conflictos los genera y los agrava. Por lo tanto, nos encontramos dos vías principales de vulneración de derechos humanos, aquella que refiere a la propia actividad de la industria de drogas ilegales y al empleo de la violencia, y aquella que refiere a las medidas políticas tomadas contra la industria ilegal y la manera en que estas se aplican indistintamente sobre miembros de grupos criminales, campesinos, adictos, consumidores no problemáticos y demás participantes voluntarios o no en algunos de los eslabones de la cadena productiva (producción, distribución y consumo).

Las vulneraciones de derechos son amplias y afectan en los distintos niveles de la cadena productiva de estas sustancias (con el agravante de que estas, aunque se encuadren todas dentro del connotado constructo “drogas”, guardan tantas diferencias entre sí, desde su origen hasta su destino, que únicamente les une la clasificación legal arbitraria que las define). En un primer nivel, el de los productores, encontramos que en muchos países de Asia, África y Latinoamérica los principales afectados son los campesinos y las familias de estos, muchas veces obligados por la rentabilidad económica que les reporta a dedicar sus esfuerzos al cultivo de determinadas especies vegetales ricas en componentes psicoactivos. Esto genera situaciones complicadas en varios sentidos, se enfrentan a posibles sanciones por parte de los cuerpos de seguridad, contribuye a la extensión de determinados monocultivos lo que provoca un empobrecimiento nutricional al dejar de ser cultivadas variedades que son menos rentables pero que contribuían a la diversidad alimenticia y revertía en los propios miembros de la comunidad, altas tasas de violencia y repercusiones en los estándares de vida de las familias y en los derechos de los niños.

Del mismo modo vemos como en el ámbito de la distribución, por ejemplo en el caso del transporte de dichas sustancias fuera de los países productores, las mafias se sirven en muchos casos de personas en situaciones de vulnerabilidad económica con objeto de introducir estas sustancias en terceros países, recayendo las acciones punitivas contra estas personas que son las que asumen el riesgo, aun siendo ajenas a las organizaciones que lo promueven.

La “guerra contra las drogas” es en gran medida una guerra contra los que las usan,  independientemente de los motivos que estos sostengan para realizar tales consumos. En el nivel de los usuarios hemos de diferenciar entre las personas que desarrollan problemas de adicción (que son en gran parte también víctimas de un sistema que los ha empujado a situaciones de ilegalidad, vulnerabilidad y marginalidad) y los usuarios no problemáticos. Entre estos últimos establecemos también la diferencia entre los usos tradicionales en contextos indígenas (tristemente atacados en demasiadas ocasiones por el etnocentrismo occidental, que es capaz de imponer su lógica hasta en los lugares más recónditos de las selvas) y los usos que se producen en contextos no tradicionales. En los tres casos nos referimos a una seria de vulneraciones de derechos que resultan más penosos si cabe porque se basan en la criminalización de personas y grupos cuyo “problema” es el consumo personal y consciente de estas. De esta manera se ataca directamente al derecho a la salud y a la información, pues la adulteración de dichas sustancias propia del mercado negro revierte completamente sobre estos usuarios que además no cuentan con una información adecuada para realizar estos consumos debido a que se niega la información sobre ello debido a que se considera que el único mensaje que se ha de enviar es el del NO.

Entonces, ¿la respuesta es la legalización? Sin lugar a dudas sí, de todas y cada una de ellas. Aunque el hipotético cambio de estatus nos obligaría a afrontar nuevos y complicados retos, es de vital importancia realizar un cambio profundo del sistema que no criminalice y castigue a las personas. No obstante, la solución no sería beneficiosa si nos limitamos a realizar un cambio sobre dichas sustancias y nos olvidamos nuevamente de las personas. Si pensamos en los consumidores, tan apremiante es aquello como realizar una intensa labor pedagógica que posibilite a los individuos afrontar esta realidad de manera consciente e informada, sustituir los inútiles mensajes del NO por pautas prácticas que les permitan gestionar responsablemente las situaciones vitales en las que tengan posibilidad de relacionarse con algún psicoactivo.