La vulnerabilidad de los inmigrantes en Chile

En Chile el fenómeno de la inmigración  ha aumentado durante los últimos años. Desde  el retorno de la democracia en 1990,  el país comenzó  a  ser destino para la inmigración dado que era percibido como un país más seguro, con estabilidad política y con una economía en crecimiento. Según muestra la información del Censo de 2002, los inmigrantes componían 1,22% de la población, en cambio el Censo de 2012, ya muestra un aumento a 2,04% de la población total, detallándose que del total de población inmigrante, el 75% proviene de países latinoamericanos, siendo las comunidades más numerosas: peruanos (31,7%), seguidos por argentinos (16,3%), bolivianos (8,8%), colombianos (6,1%) y ecuatorianos  (4,7%). Datos más recientes muestran que la población inmigrante había llegado al  2,7% de la población total  en el año 2014 (más de 441.000 personas) (1).

A su ingreso a Chile, los inmigrantes deben superar diversos obstáculos e intentar adaptarse a una nueva vida que para muchos, podría desarrollarse en un contexto de marginación y vulnerabilidad social. Algunos elementos que configuran esta condición de vulnerabilidad serán explorados a continuación.

Porcentaje de población migrante de las diez comunidades más numerosas

Fuente: Departamento Extranjería y Migración 2015  (2)

El principal motivo para migrar a Chile es la búsqueda de oportunidades de trabajo, aunque el ingreso al país se suele declarar con interés de turismo, para luego solicitar  una visa sujeta a contrato de trabajo, una vez que se ha integrado al mundo laboral. (3) Sin embargo, la realidad muestra que no es posible para todo inmigrante obtener un trabajo con un respaldo contractual (situación que también existe entre trabajadores chilenos). Estas circunstancias permiten la entrada a un escenario de inestabilidad en los inmigrantes, quienes podrían llegar a aceptar  condiciones menos justas e inseguras a cambio de la formalidad de un contrato, en un contexto en que al mismo tiempo se juega la supervivencia.

Entonces, entre los grupos migratorios se ha ido constatando  un importante grado de vulnerabilidad social, que se muestra en primer lugar en la fragilidad socioeconómica, la precariedad laboral  dada por la incorporación a trabajos temporales, informales y de bajos ingresos. La vulnerabilidad social también se muestra en la fragilidad de los  vínculos relacionales, originada en la distancia y la pérdida de las relaciones familiares y sociales del país de origen, y el posible aislamiento de la sociedad de acogida, aspecto que pretende ser remediado desde organizaciones de la sociedad civil o relacionadas al mundo académico, que intentan crear redes de integración y contención.

Desde que en 2012 se instauró el requisito de visa consular para dominicanos y de una carta de invitación para los haitianos, se produjo un aumento de la tasa de rechazo hacia esos colectivos en los controles fronterizos efectuados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Estas medidas, creadas ante el aumento de la llegada de estos grupos en años anteriores,  no tuvieron un efecto disuasivo, ya que se constató, luego,  el ingreso ilegal por pasos fronterizos no autorizados.  Estos inmigrantes se enfrentan a situaciones de enorme riesgo cuando intentan ingresar ilegalmente al país, especialmente a través de la frontera norte (Perú –Chile), exponiéndose a robos, extorsiones y otros abusos. Hay quienes pagan los servicios de “coyotes” o bandas dedicadas al tráfico de personas, que trasladan ilegalmente a inmigrantes, burlando los controles fronterizos, servicio que no les protege ni les advierte del paso por campos de minas antipersonales o de los peligros de cruzar el desierto.  Considerando todas estas variables, el número total de inmigrantes ilegales resultará difícil de calcular, dado que existen ingresos que pueden ocurrir a través de los llamados “huecos migratorios”, rutas marítimas o montañosas de difícil acceso y de alto riesgo para el tránsito humano,  dadas las condiciones físicas y climáticas de nuestro país, cuyo territorio, además, tiene una longitud aproximada de 4.300 km de norte a sur, extensión que problematiza el completo control de ingreso y la existencia de ayuda en casos de emergencia en toda la zona límite.

Una vez en Chile, la situación de ilegalidad les imposibilita el acceso a condiciones habitacionales,  de salud, participación, conocimiento y acceso a las oportunidades que puedan existir en el país. Por otra parte, una situación migratoria irregular (estado migratorio no regularizado, no obstante haber ingresado “legalmente”)  también significa para las personas el ingreso a un estado de  desamparo y vulneración de derechos, que impiden el acceso a los sistemas de protección social y de salud, ya que no cuentan con la documentación de identidad, y algunos no cumplen con requisitos mínimos de educación formal necesarios para la búsqueda de trabajo.  Para ellos la incertidumbre es un fantasma  con el que viven diariamente, ya que pueden ser expulsados del país de un momento a otro, por algún decreto de Intendencia, casos en los que no necesariamente se respeta el debido proceso administrativo.

Se ha tenido conocimiento acerca de la situación de hijos de inmigrantes nacidos en Chile,  a quienes se les ha negado la nacionalidad chilena cuando la madre se encuentra en una situación migratoria no regulada. Según la Legislación chilena: “son chilenos los nacidos en territorio chileno” (4), pero para los hijos de inmigrantes se estaba utilizando la figura de “hijo de extranjero transeúnte” reservada para quienes nacen en el territorio chileno, pero son hijos de personas que están de paso por el país, como tripulantes o turistas. Casos como éste han estado ocurriendo desde hace dos décadas, contándose unos 2.500 niños nacidos en Chile, que han sido inscritos como hijos de extranjeros transeúntes, cuando lo que correspondía legalmente era efectuar su inscripción de nacimiento como ciudadanos chilenos, situación que ha empezado a corregirse en la actualidad y que permitirá a los niños acceder a la red de protección social del Estado de Chile.

Según informa Extranjería, hay una mayor incidencia de pobreza entre migrantes que entre chilenos lo que se traduce en precariedad habitacional, como se observa en los asentamientos informales (campamentos)  ubicados en tomas de terreno en el norte del país y hacinamiento en la Región Metropolitana, donde incluso se ha registrado reiteradamente algunos accidentes o incendios relacionados a las ineficientes instalaciones básicas.

En la región de Antofagasta el 59,8% de los habitantes de campamentos son migrantes, según  informa el  Catastro Regional de Campamentos 2015,  realizado por el Gobierno Regional. El estudio muestra que en estos campamentos también hay población chilena, sin embargo, en la ciudad de Antofagasta hay campamentos formados  exclusivamente por migrantes (de diversas nacionalidades) que viven en una condición de marginación, están en zonas de la ciudad que no están urbanizadas y no poseen un saneamiento básico.

La experiencia migratoria genera estrés, dados los procesos de adaptación a una nueva cultura,  tradiciones, estilos de vida, y eventuales situaciones de discriminación, que  pueden  llegar a configurar importantes problemas de salud mental, haciendo el proceso  mucho más severo y  complejo. En promedio los inmigrantes informan menos  problemas de salud que la población local chilena, pero los subgrupos de menor nivel socioeconómico que tienen escasas condiciones de protección y seguridad, tienen peores  índices de salud que los demás grupos de migrantes (5)  Asimismo, se ha conocido la experiencia de inmigrantes peruanas embarazadas, que han reportado tratos discriminatorios del personal de salud primaria. Cabe mencionar que por desconocimiento o por temor a una deportación, una parte de la población de migrantes, principalmente mujeres y niños, evita o subutiliza los servicios de salud, acrecentando aún más su situación de desprotección.

Frente a la vulnerabilidad social de la población de inmigrantes, ha habido avances como la Ley de Atención Universal que permite la atención en casos de emergencias, control prenatal y de salud infantil y de adolescentes menores de 18 años, en igualdad de condiciones que la población chilena (6) Así también se estableció en 2008 una norma que permite regularizar a niños y embarazadas migrantes en Chile con independencia del estatus migratorio de los padres. Esta normativa fue reconocida por Naciones Unidas en el informe de Derechos humanos de 2009. (7)

A partir de esta revisión, la reflexión que nos cabe hacer es que una sociedad democrática tiene como principio la participación de todos sus miembros en los derechos garantizados por ésta, por lo que la exclusión de algún grupo minoritario estaría rompiendo esas bases. Un importante paso para enfrentar la exclusión es la revisión de aspectos legales,  puesto que la actual Ley de Migraciones en Chile (8) fue creada en el contexto de una dictadura militar e ideado desde una lógica de seguridad nacional,  por lo que hoy en día aparece como un instrumento insuficiente y anacrónico para enfrentar los desafíos que plantea la migración.

Aún con los cambios y correcciones efectuados a la legislación existente se requiere de una política migratoria actualizada, con un enfoque de Derechos Humanos, que constate una comprensión de la población inmigrante como un grupo heterogéneo, con diversas identidades culturales y étnicas, que proviene de distintas realidades sociales y políticas. Pensando en las orientaciones futuras, las políticas públicas y los programas de integración social deberían dirigirse tanto a los colectivos de inmigrantes, como a la población local y funcionarios en servicios públicos, ya que el conocimiento, el respeto y la tolerancia también juegan un importante papel en la superación de la exclusión y la vulnerabilidad social de los inmigrantes.

Referencias

1) Según datos recientes del Departamento de Extranjería y Migración http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/08/informe_julio_agosto_2016.pdf

2) Departamento Extranjería y Migración. Informe 2015.

3) La legislación chilena permite cambiar el  estatus migratorio estando dentro del país.

4) Según la Constitución Política de Chile son chilenos: Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena (Capítulo II sobre Nacionalidad y ciudadanía. Artículo 10) https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf

5) Ministerio de Salud de Chile. Migración y salud en Chile. Estudio de Salud Mental en población inmigrante en la comuna de Independencia 2008 Marzo.

6) Resolución Exenta 1914 del Ministerio del Interior, 2008. http://estadisticas.ssosorno.cl/old_page/2015/Manuales/Decreto%20Exento%206410.pdf

7) El ordinario 3229 del 11 de junio de 2008 permite regularizar a niños y embarazadas migrantes en Chile independiente del status migratorio de los padres.

8) Ley contenida principalmente en el Decreto Ley 1.094 de  1975.