La privaticación del agua en el sur del mundo

La ola privatizadora del agua que reventó a mediados de la década de 1980 en gran parte del mundo, en América latina, fue producto de la gestión política de gobiernos en su mayoría civiles, que apoyaron su gestión en esta materia, en los marcos normativo y constitucional heredados principalmente de las dictaduras que azotaron la región en la década anterior¹.

Estos nuevos gobiernos, en su mayoría proclives a las políticas neoliberales lideradas por EEUU, accedieron a programas de ajustes estructurales y a créditos dispuestos por las instituciones financieras globales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), previa condición de privatizar el agua y algunos sistemas de saneamiento, entre otros servicios básicos para la población como lo son la energía, la telefonía, el gas o el petróleo, entre otros.

Así estas instituciones allanaron el camino a las empresas trasnacionales del agua que apostaron sus inversiones en los continentes más urbanizados del sur global, con suficiente población concentrada, donde las economías de escala fueran rentables para su instalación. Algo similar a lo que, en igual periodo, aconteció en algunos países de Asia Oriental.

En este escenario, el agua representa un importante mercado a nivel mundial, donde la imposición de enfoques para su gestión, es escenario de permanente tensión y conflictos, lo que está mediado por el lobby, la corrupción y el tráfico de influencias del más alto nivel.

En términos generales, en estos conflictos se distinguen dos enfoques, el de quienes propician un modelo privado versus uno público de propiedad, asignación y gestión del agua.

Consciente de los desafíos, la comunidad internacional ha tratado de tomar cartas en el asunto. Desde la primera Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Estocolmo (Suecia) en 1972 hasta Rio+20 en el 2012 (Brasil), se ha tratado de definir el estatuto del agua pasando sucesivamente de agua “bien común” a “bien económico” y finalmente a “derecho humano fundamental”².

“La crisis del agua no afecta a todos y a todas por igual, quien tiene poder tiene acceso al agua, mientras que quien no tiene poder no tiene agua”

Opinión de la relatora de Naciones Unidas (NU) para el “Derecho Humano al agua y al  saneamiento”. Catarina de Alburquerque (2012)

La conflictividad en torno al agua, en las últimas décadas, se ha intensificado producto del cambio  climático y el déficit hídrico que afecta a gran parte de las regiones en el mundo, incluido América Latina.

CHILE: laboratorio para la privatización del agua en la región

El modelo de privatización de aguas en Chile es único en el mundo, ya que establece la privatización del agua en la fuente, por la vía de la entrega de “Derechos aprovechamiento de agua” que en la práctica son “Derechos de Propiedad”, amparados constitucionalmente.

La Constitución de 1980 que fue creada en dictadura, define este recurso como “bien nacional de uso público” y al mismo tiempo como “bien económico”, señalando en el Artículo N°24 de la Constitución que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Quienes defiende este modelo de propiedad privada del agua señalan que el resultado de este proceso es una mayor eficiencia y control la gestión de aguas, con igual o mejores estándares que el que se exhibía cuando este servicio fue operado de manera pública. Lo que no se señala con igual vehemencia es que esta realidad se construyó artificialmente, ya que contó en sus inicios, con una fuerte inversión pública y la entrega gratuita de la propiedad sobre el agua.

Si bien han existido múltiples intentos de exportar este modelo de asignación, gestión y privatización del agua a otros países de América Latina, esto no ha prosperado, quedando relegado y aislado en el país.

De igual modo, son cientos las organizaciones que reclaman un cambio constitucional que permita avanzar hacia un modelo con mayor participación pública y comunitaria en la gestión del agua en Chile.

El modelo chileno establece un mercado que permite la libre compra y venta del agua. Esto ha posibilitado que en la actualidad el  95,4% del agua para consumo humano y saneamiento se encuentre en manos privadas. 

Sin dinero no hay agua.

Como resultado de esta experiencia neoliberal en materia de asignación y gestión del agua en chile, se restringe la gobernabilidad de los territorios y el ordenamiento de sus componentes con un sentido del interés común. Esto se hace evidente si consideramos que el territorio y las economías locales que lo sustentan, tienen en común la necesidad de acceder al agua como elemento básico, ya sea para consumo humano, agricultura, procesos industriales y la sostenibilidad de los ecosistemas, cuya propiedad es privada y su valor está subordinado a las leyes de la oferta y la demanda.

Otras experiencias en la región

En Argentina se vivió una reforma en materia de agua que incluyo la privatización de la gestión y el saneamiento de este servicio, sin considerar la “privatización del agua en la fuente” como en el caso chileno. Entre 1991 y 1999 se firmó uno de los programas de privatización más grandes del mundo, que cubría tanto agua como saneamiento del 28 por ciento de los municipios y el 60 por ciento de la población (Galiani et al 2005).

Luego de cinco años de concesión de la Estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en manos de Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez de Francia y el grupo local Soldati, se rescindió el contrato por incumplimientos en materia de expansión de la cobertura del servicio de agua potable y de saneamiento o cloacas (Comisión de Usuarios del ETOSS, 2000). Además, en el caso de Buenos Aires, el concesionario privado no realizó obras e inversiones previstas por 900 millones de dólares (Lobina y Hall 2007).

En los años posteriores a la crisis económica de diciembre de 2001, muchos de los contratos de concesión, que ya enfrentaban dificultades (entre ellos el caso citado anteriormente), fueron cancelados debido a la devaluación del peso, que hizo casi imposible obtener ganancias según los contratos establecidos. La compañía de agua en la provincia de Buenos Aires fue tomada por los trabajadores y los contratos de concesión en Buenos Aires y Santa Fe fueron cancelados, creándose nuevas empresas de agua. Si bien Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Aguas Santafesinas (ASSA) han obtenido los mejores resultados posibles dadas las circunstancias adversas (Lobina y Hall 2007), los nuevos gerentes se han enfrentado a enormes desafíos tratando de reparar los daños dejados por los concesionarios anteriores (Spronk, Crespo & M.Olivera).

URUGUAY es el primer país en el mundo en establecer el derecho al agua y el saneamiento como derecho fundamental. En este país, la mayoría de la población urbana se conectó a la red de agua potable desde la creación de la empresa Obras Sanitarias del Estado (OSE) en 1952. El Estado desde ese año, tomó en sus manos el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado (salvo el saneamiento de Montevideo que está a cargo de la Intendencia Municipal), posibilitando que el 98% de la población urbana esté conectada a la red de agua potable. Así y por décadas se instaló que este servicio era público y de naturaleza común para todos sus habitantes.

Esta realidad cambio drásticamente en la crisis bancaria de 2002, bajo la presidencia de Jorge Batlle Ibañez, donde se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio del cual el gobierno prometía privatizar los servicios públicos de abastecimiento de agua potable. Se firmaron dos concesiones en el departamento de Maldonado, mediante las cuales se transfirió el control de los servicios públicos de agua y saneamiento a Aguas de la Costa (una filial de la multinacional francesa Suez) y Uruguay (filial de la empresa multinacional Aguas del Bilbao de España).

En respuesta a esta situación, el año 2004 se levantó una campaña ciudadana que obligó al gobierno a reformar la constitución para que declarara el acceso al agua como un derecho humano y garantizar que su gestión permanezca en manos del Estado.

El resultado de los comicios realizados el 31 de Octubre de 2004 en Uruguay. Dieron origen a la campaña “Octubre Azul: mes internacional de movilizaciones en oposición al control corporativo del agua”.

Como resultado de esta campaña, el 31 de Octubre de 2004, el pueblo Uruguayo concurrió a las urnas a enmendar su constitución para reconocer el agua como un derecho fundamental. Se garantiza el servicio de agua potable y saneamiento para todo el pueblo Uruguayo y se prohíbe expresamente que una compañía privada sea proveedora del mismo.

COLOMBIA. La norma legal que permitió que los servicios de agua se entreguen con la modalidad de servicios privados o mixtos además del Estado, radica en la Ley 142 del año 1993. Actualmente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo son prestados por 1.016 entidades de las cuales el 20,37% son privadas, el 43,01% son todavía estatales y el 36,61% entidades de la sociedad civil (juntas administradoras, juntas de acción comunal, empresas asociativas de trabajo, cooperativas, corporaciones sin ánimo de lucro y asociaciones de usuarios) según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia.

Dichas cifras confirmarían el importante peso de la gestión comunitaria del agua en Colombia, con excepción de las asociaciones de usuarios que tiene un fin agroindustrial, lo cual constituye más bien una forma de uso privado y comercial del agua.

La tradición de lucha social por la defensa del agua en Colombia se ha intensificado en la última década por efecto de la privatización de los servicios públicos, que ha traído mayor incremento en las tarifas. De igual forma, como una respuesta a la ausencia del Estado en vastas zonas del país, lo que ha permitido el desarrollo de una importante tradición de manejo comunitario del agua en las zonas rurales y suburbanas, impidiendo el fácil arribo de la industria privada del agua en estas  zonas y registrando fuerte oposición en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla entre otras.

BOLIVIA. Posee una de las experiencias de recuperación del agua más conocidas en el mundo por sus características épicas y de reivindicación popular, denominada “La guerra del agua”, ocurrida después de que la población de Cochabamba expulsara al presidente Bechtel de Bolivia en el 2000, esta revuelta popular precedió la instalación democrática del primer gobierno plurinacional en el país altiplánico, liderado por Evo Morales

Aun así, la gestión del agua en Bolivia ha requerido de múltiples ajustes y una permanente acción ciudadana que se ha traducido en un fortalecimiento comunitario para la gestión de este bien común.

En la última década la empresa pública de agua en Cochabamba, SEMAPA, ha pasado de una crisis a otra. Si bien se trató de impulsar un proyecto de democratización de la gestión de los servicios públicos –conocido como ‘control social’–, que busco resolver los problemas de corrupción que históricamente habían afectado al servicio (incrementado en el periodo de privatización), son numerosos problemas que han permanecido sin resolverse.

Aun así, el país se encuentra explorando fórmulas de gestión pública, entre ellas, la inclusión de representantes ciudadanos en los directorios de estas empresas nacionales. Con esta realidad y el proceso de recuperación y adaptación institucional y política en la búsqueda de un mejor control y manejo público, han cobrado importancia la gestión comunitaria del agua, el uso de tecnologías apropiadas a cada territorio y la necesidad de avanzar hacia sistemas de gestión más democrática sobre este bien común.

Otras fuentes consultadas:

Control y manejo local de nuestras aguas como bien común. Luchas ejemplares y desafíos. Autor: Dr. Adam Davidson-Harden. Colaboradores: Susan Spronk, David McDonald, Karen Bakker.

Las luchas por la justicia del agua en Latinoamérica: Alternativas públicas y ‘público-sociales’. Autores: Susan Spronk, Carlos Crespo & Marcela Olivera.

Privatización del sistema de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de buenos aires, argentina. Debilidad institucional-regulatoria y enseñanzas. Daniel Aspiazu, FLACSO, sede argentina.

Olavarria, R. y Villarroel, C. (2012). El agua que baña los mercados. En Las batallas por el agua, Editorial Aun creemos en los sueños, Le Monde Diplomathique, Santiago.

1. A finales de los años setenta 18 de 20 países de Latinoamérica estaban bajo regímenes autoritarios.

2. Olavarría, R. y Villarroel, C. (2012). El agua que baña los mercados. En Las batallas por el agua, Editorial Aun creemos en los sueños, Le Monde Diplomathique, Santiago.