Expulsados de España: el retorno forzoso de migrantes ecuatorianos en situación irregular

downloadpdfAdriana Jarrín Morán
Grupo de investigación sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social (INMIX)
Universidad Autónoma de Barcelona
[email protected]
Recibido 16 Abril – Aceptado 22 Mayo

 

Resumen: Los retornos forzosos han constituido un procedimiento estructural del control de los flujos migratorios, sin embargo, es un aspecto sobre el cual se ha indagado escasamente. Los estudios sobre retorno, especialmente de migración Latinoamericana, se han centrado en el retorno voluntario como consecuencia de la crisis económica en Europa. Sin embargo, existen diferencias significativas entre el retorno voluntario y el retorno forzoso – migración legal vs. migración “ilegal”-. Los inmigrantes en situación irregular son detenidos y llevados a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) para ser deportados. No cuentan con el tiempo necesario para desarrollar estrategias para el retorno, lo que supone una ruptura drástica de su proyecto migratorio, especialmente en los casos en que parte de los miembros del núcleo familiar permanecen en destino. Las familias deben implementar mecanismos para la reintegración en origen de la persona retornada, puesto que las dinámicas en las relaciones económicas y sociales se han modificado como consecuencia de la migración. La persona deportada retorna a la comunidad de origen, pero su ideario y expectativas de vida continúan en destino. En esta medida, el retorno forzoso permite analizar la forma en que las políticas migratorias transgreden y transforman de manera real y concreta la vida de los migrantes y sus familias.

Palabras clave: inmigración irregular, expulsiones / deportaciones, exclusión, familia transnacional.

Abstract: The deportations have constituted a regular and structural procedure in the control of the migration flows but it has been poorly studied. The studies of return, especially of Latin-American immigrants, have been focused on the voluntary return as consequence of the economic crisis on Europe. However, there are significant differences between the deportations and the voluntary return – legal migrants vs. ilegals migrants -. The immigrants who are in irregular legal situation are detained and taken to the Centers of Internment for Foreings (CIEs) for deportation. They do not possess the necessary time to develop a planned strategy for their return; it represents a drastic break in the migratory project, especially in the cases in which part of the members of the familiar node remains in destination. The families need to implement new ways to integrate the deportee in the community of origin due to the fact that the dynamics of the relations, economical and social, have been modified as logical consequence of the migratory project. The deportee person remains in the origin community but their expectatives of life continue in Spain, like place of the destination, the person is broke. Taking all of these in account, the study of the deportations allows to analyze the form into which the migratory policies transform, in real and concrete way, the life of deportee immigrants and their families.

Key words: irregular immigration, exclusion, deportations, transnational families.

 

Introducción

En este estudio, el retorno forzoso se aborda como el proceso que inicia con la detención del inmigrante en situación irregular en destino y concluye con su reintegración en origen. A lo largo de este artículo se revisa la legislación europea y española que regula los procesos de expulsión, el funcionamiento de las instituciones administrativas y policiales que intervienen y operan estos procedimientos; se analiza la vulneración de derechos de los migrantes y las consecuencias sociales, afectivas y subjetivas en la reintegración en origen de la persona deportada, así como las implicaciones que el retorno forzoso conlleva para las familias, en origen y destino.

El artículo se centra en el caso de migrantes ecuatorianos en situación irregular expulsados desde España. La elección de este colectivo se debe a que es uno de los más representativos de la migración andina, cuantitativamente, y por su extensa trayectoria de establecimiento en España. Sin embargo, como se explica a continuación, la estabilidad alcanzada por la población migrante ecuatoriana radicada en España no la ha dejado exenta de estar afectada permanentemente por los procesos de retorno forzoso.

Los contenidos del artículo forman parte de la información recabada en la investigación realizada para la tesis doctoral en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos se han elaborado sobre la base del trabajo de campo transnacional llevado a cabo desde 2009 en España, en el Centro de Internamiento para Extranjeros en la Zona Franca de Barcelona, y desde 2011 en diversas poblaciones del Ecuador.

Las migraciones de Ecuador a España

La emigración es una de las tantas estrategias que históricamente desarrollaron las poblaciones de la región andina para afrontar las condiciones de pobreza y de  inestabilidad política y social en sus países. Durante las décadas de los sesenta y setenta las migraciones internas del campo a la ciudad fueron las protagonistas de la transformación y redefinición de la composición de las sociedades andinas (Castillo & Herrera, 2007). Paulatinamente, los movimientos migratorios se hicieron extensivos al ámbito regional, manteniendo un continuo flujo transfronterizo entre los países vecinos; y posteriormente, alcanzaron escala internacional, teniendo como país de destino común  Estados Unidos.

A partir de la década de 1990, la emigración desde los países andinos presenta un crecimiento exponencial caracterizado por la multiplicación de destinos, la diversificación de los perfiles migratorios y la importancia de las remesas en las economías locales (Ramírez, 2011; Araujo & Eguiguren, 2009). Los emigrantes andinos encuentran en Europa un nuevo destino, estableciéndose principalmente en Italia y España, que alberga alrededor del 76% de la población latinoamericana en territorio europeo (Ramírez, 2011).

El direccionamiento de la emigración andina hacia España respondió a que éste país abrió las puertas a la población procedente de los países del sur como una alternativa temporal para cubrir las necesidades del mercado laboral en sectores no cualificados como la agricultura, el servicio doméstico y la construcción, los cuales contaban con plazas vacantes debido a la precariedad salarial, a la profesionalización de la población europea y al crecimiento de las urbes respectivamente, así como a los vínculos históricos entre España y los países sudamericanos. Los inmigrantes fueron acogidos como mano de obra barata y con derechos laborales restringidos. La creciente demanda de trabajadoras domésticas favoreció la emigración de mujeres, hecho que generó una feminización de las corrientes migratorias andinas, tradicionalmente masculinizadas.

Estas características de la emigración andina hacia España permiten observar la forma en que los factores estructurales económicos, políticos y sociales a nivel global determinan las condiciones, temporales y espaciales, para la existencia de un excedente de población forzada a salir de su país de origen y a la recepción de esa población en un mercado laboral precarizado en el país de destino (Gil Araujo, 2006).

El Ecuador es  uno de los países con mayores tasas de emigración de la región andina. De acuerdo a un estudio de la Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas de Migración en Ecuador (CEIEME), aproximadamente el 10% de la población se encuentra residiendo fuera del país (CEIEME, 2008, p. 3). Entre 1999 y 2001, debido a la profunda crisis económica que atravesó el país como consecuencia de la dolarización de la economía, se produjo la primera emigración masiva hacia territorio español. En 2003, como una medida para frenar el arribo de ecuatorianos a Europa, se aplica la imposición de visas para el ingreso en el espacio Schengen, hecho que produjo una reducción significativa del flujo de entradas, de aproximadamente 90.000 registradas por año de 2000 a 2003 a 11.936 en 2004 (FLACSO, 2008). Sin embargo, la llegada de ecuatorianos a España mantuvo un ritmo continuo, fruto de la consolidación de redes y cadenas migratorias, hasta convertirse en la segunda nacionalidad extracomunitaria con mayor presencia en el país (INE, 2015).

Los inmigrantes ecuatorianos desarrollaron estrategias encaminadas a conseguir una estabilidad social, laboral y jurídica a través de la obtención del permiso de residencia, ya sea por trabajo, por re-agrupaciones familiares o matrimonio, estrategias que han permitido la regularización de la mayor parte de sus connacionales (Pedone, 2010). Pese a la estabilidad alcanzada, la población ecuatoriana radicada en España aún cuenta con residentes en situación administrativa irregular (“ilegales”), especialmente desde 2008 debido al aumento de la irregularidad sobrevenida como consecuencia de la crisis económica que atraviesa España. Actualmente, para renovar su documentación, los inmigrantes están obligados a presentar un contrato laboral que justifique su presencia en territorio español, por lo que, la escasez de trabajo que ha afectado primordialmente a población migrante, se ha convertido en el principal motivo para pasar de la “legalidad” a la “ilegalidad”. Este hecho ha provocado el incremento en la emisión de órdenes de expulsión, detención en Centros de Internamiento para Extranjeros y deportación de ecuatorianos desde España.

De acuerdo a la información proporcionada por la ex-Secretaría del Migrante del Ecuador, desde 2008 hasta junio de 2011, tuvieron conocimiento del arribo de 176 ecuatorianos deportados desde España al aeropuerto de Guayaquil, sin contar aquellos que llegaron al aeropuerto de la capital, Quito. Lamentablemente, no existen cifras precisas sobre la cantidad de inmigrantes expulsados desde España debido a la falta de registro de este procedimiento. La mayor parte de los deportados llegan por goteo en vuelos comerciales o a través de vuelos especiales de aerolíneas privadas contratadas por el gobierno español para agenciar las expulsiones, solapadamente,  como vuelos comerciales. El 14 de abril de 2014, por ejemplo, el Diario Diagonal de Barcelona publicó la noticia sobre la deportación de 40 ecuatorianos en un vuelo operado por la compañía aérea AirEuropa, que arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito el jueves 10 de abril de 2014 (León, 2014).

La Fortaleza de Europa: políticas migratorias y control de fronteras

La integración de la Unión Europea (UE) modificó el mapa geopolítico mundial, estableciendo un nuevo orden tanto en las relaciones internas entre los estados miembros como en las relaciones con el resto de países. En materia de migraciones, en el año 1999, los representantes de los gobiernos de los países miembros acuerdan la creación de una legislación común para la regulación de la inmigración basada en las necesidades económicas de la Unión Europea y en su capacidad para asimilar nuevos inmigrantes. Estos criterios económicos y utilitarios, para abordar la inmigración y elaborar la legislación, establecen una clara diferencia de derechos, jerarquía y estatus entre la población comunitaria y extracomunitaria.

Esta división entre “comunitarios” y “no comunitarios” materializa los principios de inclusión – exclusión sobre los cuales se ha asumido históricamente a la inmigración en Europa. De hecho, el término inmigrante engendra en sí mismo una clasificación que alude específicamente a la población originaria de países “subdesarrollados” con derechos restringidos, frente a la población extranjera procedente de países “desarrollados” o en condiciones económicas privilegiadas. Este tratamiento diferencial en el lenguaje revela una operación simbólica que legitima una discriminación que se hace efectiva en el tratamiento jurídico y administrativo por parte del Estado y en el intercambio social cotidiano entre incluidos y excluidos en los espacios sociales tanto públicos como privados.

En 2008 el Parlamento Europeo aprobó la Directiva del Retorno que establece los mecanismos jurídicos y administrativos para la detención y deportación de población migrante. Esta Directiva se elaboró desde una noción de securitización del territorio europeo y como el instrumento para viabilizar la lucha contra la inmigración ilegal, maximizando el control de fronteras a través del fortalecimiento de las instituciones y los sistemas integrados que filtran el ingreso y ejecutan la expulsión y devolución de población migrante. Para la implementación y funcionamiento de la Directiva del Retorno se puso en marcha una plataforma institucional en la que participan, de manera coordinada, el Sistema de Información Schengen, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores FRONTEX, la EUROPOL (que tiene como objetivo la lucha contra formas graves de delincuencia y terrorismo internacional) y la Escuela Europea de Policía para la Cooperación Transfronteriza CEPOL.

La creación de estos sistemas de control de fronteras, además de un esfuerzo político importante, han supuesto la inversión de ingentes cantidades de dinero para su creación y mantenimiento. El gobierno español, por ejemplo, entre 2013 y 2014 gastó más de 24 millones de euros en vuelos de repatriación (BOE, 18/07/2012); de 2015 a 2016 tiene previsto invertir alrededor de 12 millones de euros para estos mismos fines. En lo que concierne a Ecuador, entre 2010 y 2014 se realizaron ocho vuelos coordinados con FRONTEX, operados por la línea aérea AirEuropa para la repatriación conjunta de migrantes ecuatorianos y colombianos, de los cuales dos se realizaron en 2014 trasladando a un total de 192 inmigrantes (Europa Press, 2015).

El estado español en 2009 a través de la Reforma de la Ley de Extranjería incorporó la normativa establecida en la Directiva del Retorno. Esta Reforma supuso, entre otros aspectos, la legitimación de los ya existentes Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), el establecimiento de 60 días como el período de detención de inmigrantes mientras se gestionan los trámites para la expulsión, la utilización de mecanismos de seguridad como sedación, utilización de esposas y fuerza física a discreción durante el traslado y deportación. El estado  español, por su parte, también realiza vuelos en solitario, sólo en 2014 se registraron trece vuelos organizados y ejecutados por y desde España en los que se expulsaron a más de 500 inmigrantes a diferentes países de África, Europa del Este, Asia y América Latina (Europa Press, 2015).

Los vericuetos de los procedimientos de expulsión en España

De acuerdo a la Ley de Extranjería española, suscrita bajo la Directiva del Retorno, la población migrada en situación irregular con riesgo de ser expulsada es aquella que ha entrado clandestinamente en el país, la que ha ingresado de forma regular y ha sobrepasado el tiempo de estancia permitido, o la que, por diversos motivos, se encuentra en situación de irregularidad sobrevenida.

La ejecución de las expulsiones en España es un proceso complejo en el que intervienen distintas entidades policiales, judiciales y administrativas que, regularmente, actúan de forma desarticulada y sin criterios comunes de aplicación. En el diagrama que se presenta a continuación se pretende visualizar la trama que orienta estos procedimientos, aunque en términos generales no se cumple a cabalidad en cuanto al orden, plazos y funcionamiento, puesto que cada expulsión está condicionada por las circunstancias personales de cada inmigrante, la capacidad de gestión del funcionario de turno y el contexto económico, político y social en los que se circunscribe.

Fig. 1 Diagrama de los procesos de expulsión y las entidades administrativas y policiales que participan.

Fuente: Elaboración propia, 2012.
Fuente: Elaboración propia, 2012.

La policía identifica a los/as inmigrantes en situación irregular en las redadas migratorias que se realizan en plazas, metros, locutorios, y en espacios de reunión de población migrante, luego de lo cual, las personas indocumentadas son detenidas y trasladadas a Comisarías. El Instructor de Policía emite un informe al Juez de Instrucción (figura del sistema penal), quien dispone sobre la pertinencia de la detención del inmigrante en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). Al detenido se le asigna un abogado de oficio para que presente, en un plazo de 24 horas, un recurso para evitar el internamiento. Si el migrante cuenta con los requisitos necesarios para gestionar su regularización, presentará un recurso ante el Juez de lo Contencioso Administrativo (figura del sistema civil) para archivar la orden de expulsión, de lo contrario permanecerá detenido.

Debido a la deficiente labor de los abogados de oficio así como a los plazos mínimos para la elaboración de los recursos, los inmigrantes con frecuencia son llevados a los CIEs, los cuales, de acuerdo a la Ley, no son centros penitenciarios, sin embargo, en la práctica funcionan como cárceles tanto por su infraestructura como por el régimen de funcionamiento. La vulneración de derechos debido a una escueta normativa que los regula, la ausencia de intérpretes y servicios sanitarios y sociales afectan la integridad de las personas detenidas en los CIEs.

Los migrantes permanecen detenidos en los CIEs un plazo máximo de 60 días mientras se gestiona su expulsión. En el caso de los migrantes procedentes de países que han firmado el Acuerdo de Readmisión (C”/4UE, 1996) con el gobierno español, según el cual están obligados a readmitir en su territorio a quienes hayan permanecido en situación ilegal en territorio europeo, son directamente trasladados para su deportación, de lo contrario, el consulado de cada país debe reconocer efectivamente a la persona como nacional previa su expulsión. Los inmigrantes, finalmente, son escoltados por la Policía de Migración para abordar el medio de transporte (terrestre, marítimo o aéreo) para la deportación y en algunos casos la custodia policial se mantiene hasta que el migrante arriba a su país de origen. Por su parte, las personas que no son expulsadas debido a que han existido irregularidades en el proceso de expulsión, son liberadas del CIE quedando en un “limbo jurídico” puesto que la orden de expulsión continúa vigente y se convierte en un impedimento para regularizar su situación administrativa.

La complejidad, fragmentación y diversidad de entidades y funcionarios que intervienen en los procedimientos de expulsión posibilita las irregularidades, arbitrariedad y vacíos en la aplicación de la normativa, sin que exista una responsabilidad institucional en la gestión de este entramado legal y administrativo. Las piezas de este rompecabezas que suponen los procesos de expulsión únicamente se articulan en el inmigrante imputado que es el destinatario de cada una de las decisiones institucionales que, en la práctica, condicionan y determinan sus circunstancias de vida y la de su familia.

Los expulsables

La historia de vida de la persona en situación irregular sufre un corte súbito en el momento que es identificada en una redada migratoria y detenida, durante el desplazamiento a su lugar de trabajo, mientras camina por la calle, comparte con sus amigos o juega en el parque con sus hijos o hijas. La detención marca un antes y un después en su trayectoria de vida, en la forma de comprender la autoridad, el poder, sus derechos, su estatus social, su lugar simbólico y geográfico en el mundo.

Los inmigrantes detenidos y llevados a los CIEs no cuentan con un tiempo de planificación para el retorno,  lo que provoca una ruptura drástica en el proyecto migratorio, tanto de la persona expulsada como de la familia, en origen y en destino. Las expectativas de ingresar nuevamente a España son muy reducidas puesto que la expulsión de acuerdo a la Ley de Extranjería española supone la prohibición de entrada al país por un periodo de tres a cinco años. Esta medida impacta especialmente a la inmigración andina, que para ingresar al país precisa transitar por los aeropuertos que tienen sistemas de control de frontera infranqueables.

En el informe de 2011 de Pueblos Unidos, sobre los CIEs se expone que en el CIE de Aluche de Madrid la población procedente de América Latina representaba al 44% de los internos pendientes de expulsión, siendo la boliviana la nacionalidad con mayor presencia, seguida por la ecuatoriana, la cual ocupaba el tercer lugar después de Senegal (Pueblos Unidos, 2011, p.6). En el Informe de 2014 se expone que, en lo que respecta a la inmigración sudamericana, los inmigrantes procedentes de Ecuador y Colombia son los que actualmente tienen mayor presencia en los CIEs de Barcelona y Madrid (Pueblos Unidos, 2015, p. 8). Por otra parte, el informe expone que únicamente el 23% de los inmigrantes retenidos en estos CIEs eran recién llegados, el resto, la mayoría, llevaban años residiendo en el país con amplias redes familiares, sociales y laborales que serán dinamitadas como consecuencia de la expulsión (Pueblos Unidos, 2015, p.8).

Durante el trabajo de campo realizado en el CIE de la Zona Franca de Barcelona desde 2009, se ha podido constatar que existen diferentes perfiles de migrantes procedentes de Sudamérica detenidos para su expulsión. Inmigrantes en situación administrativa irregular, muchos por irregularidad sobrevenida, para quienes el encierro supone la vulneración de su subjetividad, su identidad y estatus puesto que son privados de libertad por una falta administrativa y no un delito. Frases como “yo no soy un criminal”, “yo no he hecho mal a nadie”, “yo no soy un delincuente” han sido recurrentes durante las visitas. Se encuentran detenidas también personas que han cometido delitos, que han pagado su pena en prisión y que no han podido renovar su documentación durante el tiempo de encarcelamiento, a estos se los traslada directamente del centro penitenciario al CIE para su expulsión. En estos casos el Estado español incurre en una doble sanción puesto que la ley estipula que se puede conmutar la pena de cárcel por la de expulsión. Y, finalmente, en el último periodo 2014 – 2015 se ha incrementado la presencia de jóvenes que llegaron a España menores de edad, que fueron escolarizados, que desarrollaron su proceso de socialización en este país pero que debido a la irregularidad sobrevenida de sus padres y madres no han podido obtener su documentación, jóvenes que reiteradamente expresan “no me quiero ir, es que yo no soy de ahí, qué voy a hacer yo ahí”.

Los inmigrantes en situación irregular detenidos en los CIEs en su gran mayoría han participado cotidianamente en el entramado productivo de la sociedad a través de la economía informal y del trabajo ilegal; sin derechos que los amparen, han estado sujetos a la explotación y la inestabilidad laboral. Es importante tener en cuenta que la inmigración irregular no es un hecho improvisado, ni tan sólo una consecuencia, sino que la producción de la “ilegalidad” constituye un factor histórico y estructural de los procesos de precarización laboral que buscan reducir los costes de producción a través de la contratación de mano de obra económica y con derechos restringidos (Gil Araujo, 2008).

En este contexto, los retornos forzosos (expulsiones) son un engranaje más del sistema de control del flujo de la migración, que operan como depuradores del excedente de inmigrantes en situación irregular. Las expulsiones tienen un lógica de funcionamiento que no apela a circunstancias extraordinarias, por el contrario, responden a sistemas organizados y jerarquizados de control de los estados receptores que diseñan políticas, leyes y procedimientos que clasifican y gestionan el retorno de la población migrada no deseada de acuerdo a los intereses económicos y necesidades del mercado laboral (Moncayo, 2011).

Retorno forzosos y reintegración en origen

Los estudios sobre las migraciones ampliaron su horizonte de análisis al incorporar la noción del retorno como un aspecto sustancial de los movimientos migratorios. Inicialmente, como parte de la tendencia a asumir las corrientes migratorias como recorridos lineales, se abordó el retorno como una emigración a la inversa (Cavalcanti & Boggie, 2004, p.2). Actualmente, en el marco de la transnacionalización de las migraciones, los estudios sobre retorno sostienen una visión más dinámica respecto a la movilización de la población migrante que no se limita a la relación origen – destino – origen, sino que supera las barreras geográficas y fijan el interés en el estudio de los espacios de intercambio que pueden involucrar una multiplicidad de lugares de origen y destino. A esta rotación de la población se la ha denominado como migración circular, que pone de manifiesto la permanente movilidad de los migrantes entre origen y uno o más destinos (King, 1986; Moncayo, 2011).

Sin duda, esta perspectiva ha permitido profundizar en los diversos aspectos que involucran los procesos migratorios contemporáneos, en la era de la globalización, sin embargo, los estudios han centrado su interés en el retorno voluntario y se ha indagado escasamente sobre los retornos forzosos pese a que, desde el inicio de las migraciones internacionales, han constituido un procedimiento regular y estructural del control de flujos migratorios.  Los retornos forzosos responden a motivaciones, estrategias y circunstancias significativamente distintas del retorno voluntario.

El retorno voluntario tiende a ser organizado y planificado, tiene un tiempo de programación y acomodación. Generalmente, las familias, de manera coordinada entre origen y destino, deciden quién, en qué momento y en qué condiciones han de retornar, incluso en situaciones complejas como las de la migración andina radicada en España que ha optado por el retorno como una alternativa ante la crisis económica que afecta al país (Pedone, 2010). En muchos casos el retorno voluntario es una medida temporal y no definitiva, es decir, sigue formando parte de la estrategia migratoria y existe la disposición de crear una dinámica continua de ida y vuelta entre destino y origen (Moncayo, 2011). Por tanto, los retornos voluntarios usualmente están protagonizados por migrantes con residencia legal y, sobre todo, por quienes cuentan con la doble nacionalidad que les permite circular libremente entre fronteras.

Los inmigrantes en situación irregular que han experimentado el asedio de la policía en las redadas migratorias en destino y los efectos psicosociales de la detención en los CIEs no se encuentran en condiciones de diseñar una estrategia para el retorno. En el viaje de deportación se materializan sus temores respecto a la frustración del proyecto de vida, muchos arriban a su país de origen en estado de shock, deambulan por las instalaciones de los aeropuertos intentado contactarse con sus familias, buscan la forma de llegar hasta sus poblaciones, desorientados en un lugar que desconocen y del que se sienten ajenos. Estas experiencias fueron recogidas durante la recepción de un vuelo de deportación en el aeropuerto de Guayaquil y en los testimonios recogidos en las entrevistas realizadas en 2013 en Ecuador. Se expone un fragmento a continuación:

D: […] a las tres de la mañana me despertaron y yo no sabía a dónde iba, me dijeron que pase a las oficinas y ahí fue que me avisaron que me iba a Ecuador.

A: ¿Tuvo tiempo de avisar a alguien?

D: ¡A nadie! […] Cuando llegué acá [Ecuador] tuve que llamar allá [España] para que avisaran a mi familia, yo no tenía los teléfonos, nada, sólo 20 dólares, con eso llamé. En esa situación si se siente el impacto. Claro no es como uno pensaba llegar con una maleta, con sorpresas, pero no imagínese después de 15 años llegar así con un calentador [chándal] y 20 dólares en el bolsillo. (D. Baquero, comunicación personal, 22 de agosto de 2013, Cuenca – Ecuador)

Las personas expulsadas retornan físicamente al país, sin embargo, su ideario y expectativas de futuro están proyectadas en el lugar de destino, por este motivo, se genera una tensión permanente en las relaciones con la comunidad de origen, hecho que condiciona y dificulta su reintegración. En cierto sentido existe un desplazamiento de la noción de origen hacia el país de destino y el denominado “mito del retorno” opera a la inversa, es decir, se genera una nostalgia, idealización y añoranza del lugar de destino, puesto que responde a las elecciones de vida del migrante expulsado. “En estas situaciones, los inmigrantes están en el país, pero en efecto no son de él, y prefieren verse a sí mismo como pertenecientes a otro país tanto social como económicamente” (Portes, 2003, p.380). Al respecto, en las entrevistas realizadas en Ecuador se recogieron los siguientes testimonios:

¿Sabe qué? Me siento mal, no me siento aquí. Toda mi juventud no la pasé aquí la pasé allí desde los 19 años, viví casi diez años y medio allá […] Pensaba siempre en regresar para allá, decía yo apenas llegue aquí [Ecuador] me voy para allá [España], sino que tenía un poco de miedo porque en el papel que me dieron de migración ponía que no podía entrar en diez años allá. (O. Ramírez, comunicación personal, 15 de mayo de 2011, Chunchi, Ecuador)

[…]uno tiene que acostumbrarse a las leyes de acá pero viene acostumbrado a las de allá, o sea todo estricto, todo en orden, todo puntual, pero aquí no es así, aquí la gente vive de la viveza criolla que le llaman, entonces no puedo competir, no se competir bien porque tengo otra cultura (…) Vengo aquí y quiero hacer todo recto pero no puedo porque viene el de al lado y hace todo chueco y olvídate, entonces no puedo se me hace difícil. (P. Sánchez, comunicación personal, 16 de agosto 2015, Chunchi, Ecuador)

El papel de las cadenas y redes migratorias cobran nuevamente relevancia en la re-adaptación del migrante en origen y en la estabilización de la familia en destino afectada por la ausencia de uno o varios miembros de la unidad familiar. Las cadenas y redes migratorias constituyen la estructura que permite la producción, reproducción y mantenimiento de las relaciones multi-localizadas.  La familia transnacional es el núcleo del que emergen y al que convergen estas relaciones puesto que la reincorporación del o la migrante expulsada en la sociedad de origen supone la re-asignación de roles tanto de la familia en origen como en destino. Las decisiones sobre la eventual reunificación o disgregación de la familia estarán nuevamente a expensas de las posibilidades y limitaciones derivadas de las políticas emanadas y dispuestas por los gobiernos así como por las transformaciones derivadas de la experiencia migratoria:

Yo cuando hablo con mi familia les digo que no vuelvan, que se queden, si yo tuviera papeles yo sí que me fuera [sic], sólo vendría de visita acá a mi tierra, a Chunchi [Ecuador]. Aquí no me va a pasar nada, no me roban, no me maltratan, no hay ningún problema, pero si tuviera la oportunidad de irme con papeles me iría allá. (P. Sáncez, comunicación personal, 16 de agosto 2015, Chunchi, Ecuador)

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La transformación de las dinámicas familiares contrae consecuentemente la afectación de las relaciones de género. En este sentido es importante señalar que los retornos forzosos aplicados por el gobierno español están dirigidos especialmente a hombres. De acuerdo a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2010 (Conde-Pumpido, 2010, p.889), el 90,66% de los internos pendientes de expulsión en los CIEs fueron varones. En efecto, en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, con una capacidad de 216 plazas, únicamente se mantienen detenidos a hombres.

Este contexto re-sitúa el papel de las mujeres como agentes del proyecto migratorio puesto que son quienes gestionan los trámites legales y administrativos para evitar la expulsión de la pareja o hijos internos en el CIE. En los casos en los que la expulsión se concreta son las mujeres las que, nuevamente, asumen el sostenimiento económico y el soporte psicosocial de la familia. En esta medida, la feminización de las migraciones latinoamericanas no alude únicamente a aspectos cuantitativos sino que hace referencia a aspectos cualitativos, de forma y fondo, respecto a su papel como pioneras de las cadenas migratorias y en su intervención crucial como gestoras del proyecto migratorio en corto, mediano y largo plazo.

En el aspecto económico los retornos forzosos afectan a las familias que reducen sus ingresos en destino y prescinden de las remesas enviadas desde España, que en el caso de Ecuador representan aproximadamente al 10% del PIB (Ramírez, 2011). Por otra parte, la ausencia de planificación para el retorno de la persona deportada contrae la falta de una gestión adecuada del capital acumulado en destino. De hecho, la clave no está en cuánto dinero posee el migrante una vez ha retornado al país sino en la gestión del capital que responde a la proyección del migrante para el emprendimiento de un nuevo proyecto de vida en origen (King, 1986, p.18-19). Esta situación se manifiesta en los siguientes testimonios:

He pasado en la borrachera nada más, no he hecho nada más […] Mira lo que le pasa al 90% de la gente que regresan, regresan con dinero, aquí el costo de la vida es muy accesible especialmente en los pueblos pequeños, entonces vienes con dinero y una comparación de gastos por ejemplo tu sales a un bar es relativamente bien para lo que se gasta allá [sic], entonces, vienes pasas el tiempo y cuando menos te das cuenta se te acabó lo que ganaste el tiempo que viviste en el exterior. (J. Torres, comunicación personal, 28 agosto de 2015, Ambato, Ecuador)

Lo que más me ha golpeado es que yo allá todos los días trabajaba, sólo descansaba el sábado y el domingo, a veces solo descansaba el domingo, siempre trabajaba y trabajaba, todas las semanas, me daban un cheque bien. La diferencia es que aquí no se hace nada, la angustia, estar en la calle de arriba abajo, usted se ve con alguna gente y le hacen sentir mal, ese sin trabajar sin nada, esa es la manera en la que me hace sentir mal. (D. Baquero, comunicación personal, 22 de agosto de 2013, Cuenca – Ecuador).

Las condiciones de vulnerabilidad psicosocial y económica de los inmigrantes expulsados los ubica dentro del grupo denominado como “retornados fracasados” puesto que no han cumplido  con los objetivos del proyecto migratorio y tampoco se ajustan a las expectativas construidas en origen respecto al “migrante exitoso” (Cassarino, 2004).  Esta asignación de “migrantes fracasados” se deriva de la destrucción de la narrativa que el migrante ha elaborado para construir un escenario que justifique (para sí mismo, para la familia y el entorno social) su ausencia de origen. Esta narrativa es interrumpida en el momento que el migrante es detenido inesperadamente y llevado al CIE, para finalmente ser deportado al país en condiciones precarias (sin un tiempo de planificación, sustraído de sus redes sociales en destino, con la ropa con la que permaneció durante el tiempo de detención, sin dinero en efectivo, sin sus pertenencias).

La distorsión provocada por la irrupción del proyecto migratorio como consecuencia del retorno forzoso marca la subjetividad de la persona y la fuerza a transitar por una identidad que dista diametralmente de la que hubiese esperado le fuese concedida. “En la figura del emigrante inciden ciertas representaciones relacionadas con la imagen del héroe: persona que conquista y que, por tanto, es digna de elogio” (Cavalcanti & Boggie, 2004, p.7).

Conclusiones

La emigración ecuatoriana hacia España a partir de la década de 1990, al igual que la del resto de países andinos, estuvo marcada por la inestabilidad en las condiciones económicas, políticas y sociales de los países de origen y la ocupación de plazas de trabajo en sectores poco apetecidos por la población española. Particularmente, la demanda de trabajadoras domésticas favoreció la feminización de las migraciones andinas, y pese a las restricciones impuestas a partir del año 2003, con la exigencia de visas para el espacio Schengen, la migración de ecuatorianos se mantuvo, debido a la consolidación de redes, llegando esta nacionalidad a convertirse en la segunda con mayor presencia en España.

En 2008, al desencadenarse la crisis económica española, y europea, se dio a lugar a la denominada “irregularidad sobrevenida” de la población migrada, debido a que la obtención y mantenimiento de su residencia legal está supeditada a un contrato laboral. Este hecho ha posibilitado el incremento de la emisión de órdenes de expulsión, de la detención en Centros de Internamiento para Extranjeros  (CIEs) y de deportaciones.

Este sistema de control del flujo migratorio está respaldado en la Directiva Europea del Retorno y en la Ley de Extranjería española. La primera como el marco político que permite la aplicación de mecanismos jurídicos y administrativos, así como la inversión de ingentes cantidades de dinero,  para la detención y la deportación de la población “ilegal”; y la segunda como el instrumento normativo de estos mecanismos y de las acciones coercitivas para su aplicación.

La desarticulación, discrecionalidad e irregularidad que se producen en la aplicación de los procedimientos policiales, jurídicos y administrativos genera vacíos normativos que imponen en muchos de los expulsables una condición de “limbo jurídico”, la cual impide permanentemente la regularización de su situación administrativa. La detención y el encierro de los inmigrantes en los CIEs marca un antes y un después en sus historias de vida, determinando tanto su percepción respecto a la plataforma de poder que condiciona su situación y provocando un abrupto cambio en su noción de identidad, de pertenencia y en la construcción de redes tanto sociales como familiares. Los ecuatorianos representan una de las principales nacionalidades latinoamericanas en estas condiciones dentro de los CIEs españoles, especialmente los jóvenes que pese a haber ingresado a España aún menores de edad y a haber desarrollado en este país su proceso de socialización y escolarización, debido a la irregularidad sobrevenida de sus padres, no han podido obtener su documentación.

Los impactos que suponen las condiciones de expulsión para la totalidad de migrantes en situación irregular generan tensiones en las relaciones tanto en destino como en origen, dificultando los procesos de reintegración en caso de deportación, y es común que se genere en el deportado lo que se ha denominado “el mito del retorno a la inversa”. Por otro lado, la ausencia y nueva presencia de la persona expulsada en las familias multilocalizadas genera tensiones en la unidad familiar y la necesidad de una reasignación de roles entre los miembros tanto en destino como en origen. Esta situación modifica las percepciones del proyecto migratorio y pone en juego la dicotomía “migrante exitoso” vs. “retornado fracasado”.

En este contexto, el presente artículo ha pretendido aportar a la comprensión de las repercusiones del retorno forzoso en el proyecto migratorio, el cual no involucra únicamente a la persona expulsada, sino a toda su red. Por otro lado, ha buscado contribuir al esclarecimiento de ciertos aspectos estructurales de los procesos institucionales de control migratorio, y especialmente a la concienciación de que la inmigración irregular responde directamente a lo que podría llamarse una “producción de ilegalidad” ligada a factores estructurales que determinan los procesos de precarización laboral en destino y promueven la contratación de mano de obra inmigrante en condiciones de explotación; para luego, cuando los intereses del mercado laboral se modifican, activar dispositivos de control, restricción y exclusión de la población inmigrante, entre cuyas expresiones más impactantes se encuentran los retornos forzosos o expulsiones.

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Para citar este artículo: Jarrín, A. (2015). Expulsados de España: el retorno forzoso de migrantes ecuatorianos en situación irregular. Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales (IV), Pp. 43-54. Recuperado de: http://iberoamericasocial.com/expulsados-de-espana-el-retorno-forzoso-de-migrantes-ecuatorianos-en-situacion-irregular/