Entre la indianización y municipalización de lo indígena: los casos de Bolivia y Chile.

El año 1992 es considerado uno de los hitos fundacionales de la llama emergencia indígena ante la consolidación del indígena como actor internacional. Históricamente han existido diversas movilizaciones de este sector pero es en este período donde existe una mayor visualización de sus demandas a nivel global, lo que posibilita la comunicación entre diversos pueblos, la creación de nuevas organizaciones, desde donde se instalan nuevas sensibilidades y prácticas discursivas.

Es interesante observar que a su vez este año corresponde para los pueblos andinos a un nuevo pachakuti, el reordenamiento del mundo, la inversión de los roles históricos, el momento en que nuevamente los indígenas serán protagonistas de su devenir histórico. Es el tiempo-espacio de lo femenino, de los oprimidos, los indígenas, es el regreso de las autoridades originarias. Es el punto de partida para la rearticulación y revitalización del ayllu, la unidad social, política y económica nuclear del mundo andino.

En Bolivia desde los noventa se fueron produciendo masivos paros y bloqueos protagonizados por organizaciones aymara y quechua, sumados a los frecuentes reclamos por la lentitud en el proceso de titulación de tierras en la región oriental y las protestas de los productores de hoja de coca, así como la lucha por los derechos de agua de las comunidades indígenas del altiplano.

Bolivia

En Chile una de las demandas que más se posicionó fue el de recuperación de las tierras por parte de comunidades mapuche, ante la usurpación histórica que ha realizado el Estado chileno, la presencia de forestales y la construcción de represas por parte de trasnacionales, del mismo modo las comunidades aymaras en el norte se han ido enfrentado a un conjunto de grandes conglomerados mineros ante el uso y la privatización de las aguas.

Si al inicio de esta emergencia la lucha de la tierra fue uno de sus ejes,  hoy nos encontramos con la demanda territorial y de derechos autonómicos. Esta nueva forma de expresión ha derivado en la formación de movimientos sociales y organizaciones que muestran una alta capacidad de actuar políticamente frente a los gobiernos de turno, desplegando estrategias que van desde un trabajo conjunto con organismos nacionales e internacionales, en un entorno internacional de reconocimiento de sus derechos, hasta el advenimiento de diversas prácticas de poder comunal desde perspectivas autonómicas y/o institucionales, como es el caso de la configuración de municipios indígenas.

Chile

En otro plano, con la emergencia indígena de los noventa, los gobiernos asimilaron las demandas desde una mirada jurídica, a través de la ratificación del Convenio 169, apropiándose de las reivindicaciones indígenas como parte programática de las agendas de los Estados neoliberales, sobre la base de una mirada etnodesarrollista. Los actores internacionales como las ONGs, jugaron un rol clave en la consolidación de este modelo, mediante el financiamiento de propuestas que reafirmaron la condición étnica por sobre la de clase, desarticulando las identidades macro en pro de identidades comunales, combinando conceptos neoliberales con nociones multiculturales y locales.

El discurso del multiculturalismo es uno de los ejes actuales de una nueva idea de ciudadanía sustentada en el reconocimiento de las diferencias culturales, suponiendo que los derechos de grupos pueden ser compatibles con idearios del liberalismo político, lo que generó un discurso ambiguo respecto de los derechos colectivos. Se promovieron modelos de descentralización pluralista, las agencias adoptaron las nociones de capital social en el diseño de sus políticas y proyectos orientados hacia las bases indígenas, pero se siguió negando el reconocimiento de la autonomía y la territorialidad indígena.

Se fortalece la sociedad civil y a la vez deslegitiman posturas vistas como radicales y anti-democráticas, lo que conlleva la delimitación de las demandas culturales según parámetros universales.  Se fomenta una versión estandarizada y esencialista de la cultura indígena, así como la profesionalización de los intermediarios étnico, delegando el poder de representación político en éstos, la etnoburocracia.

Con los gobiernos de Evo Morales nos enfrentamos a un nuevo panorama, la participación directa de indígenas en el aparato estatal y una creciente institucionalización de algunos de sus dirigentes mediante el ingreso a la administración pública. Se redefine el lugar de lo indígena en la política boliviana, como parte de un proyecto país, más allá de una reivindicación sectorial. A través de la figura de municipios indígenas, se ha hecho un intento por conciliar el Estado con los pueblos indígenas, haciendo compatibles el sistema de cargo con la lógica occidental del municipio.

En Chile, en cambio, se conformaron organizaciones indígenas al alero del Estado, lo que generó la constitución de una nueva institucionalidad en contradicción con las principales demandas que las articularon, y la  criminalización de las organizaciones ajenas a este modelo. La política indígena se basó en el reconocimiento de la existencia de otros, pero no así de diálogo ni de convivencia, posicionándose el Estado únicamente desde su molde neoliberal, institucionalizando las principales demandas indígenas y a su vez sus portavoces, desde la lógica de potenciar capital social.

Estas dos realidades, a pesar de sus diferencias, nos sitúan ante problemáticas comunes, cómo lidiar reivindicaciones territoriales y autonómicas con desarrollo, cómo enfrentar la sustitución de un liderazgo indígena ante una etnoburocracia creciente, cómo articular municipios indígenas con sistemas de cargos comunitarios.