Comuneros de San Francisco Xochicuautla: “Donde los de arriba destruyen los de abajo reconstruimos”

Con ésta y la siguiente contribución resaltaremos un par de los múltiples conflictos que se encuentran activos en las geografías de México. Quisiéramos enfatizar que, si bien surgen en contextos y bajo procesos distintos, se trata de importantes posicionamientos políticos que colectivamente los pueblos originarios organizan desde debajo para resistir las injusticias, despojo y violencia del Estado mexicano.

En primer lugar, resaltamos la lucha por la defensa de la Madre Tierra que los pueblos unidos ñañhú, ñuhú, ñhäto, mazahua y otomí originarios de San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco han emprendido desde hace nueve años contra el gobierno mexicano para frenar el despojo y la destrucción de su fuente de vida y ancestral cuna socio-cultural: el bosque otomí-mexica.

Las territorialidades comunales y sagradas en disputa se encuentran a 2800 m. sobre el nivel del mar. Se trata de una importante fuente de abastecimiento de agua al municipio de Lerma y parte del Distrito Federal, donde hay aproximadamente 5 mil habitantes.

Desde hace diez años, el ahora presidente Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, comenzó con la proyección de la construcción de una autopista privada con la que se pretende conectar las zonas de lujo Interlomas Naucalpan con el Aeropuerto de Toluca. La construcción de éste proyecto carretero fue concesionada por la Secretaria de Comunicaciones del Estado de México a las Autopistas de Vanguardia (Autovan, S. A. de C.V.), subsidiaria de la constructora Teya filial del grupo Higa, cuyo propietario Armando Hinojosa Cantú ha estado implicado como beneficiario y cómplice en más de uno de los conflictos de interés que imperan en el actual gobierno mexicano.

Históricamente San Francisco Xochicuautla y el barrio La Concepción fueron reconocidos por decreto presidencial como núcleo agrario en 1952, aunque milenariamente las territorialidades eran habitadas por comunidades indígenas otomíes y ñhäto. Previo a ese reconocimiento oficial todas las asambleas donde se toman decisiones colectivas con repercusiones para los pueblos de la región eran realizadas conforme a los usos y costumbres de las comunidades hasta el 2008, momento en que el gobierno da cuenta del bloqueo que suponían estos procesos autogestivos de organización comunitaria. Por ello se da a la tarea de crear el padrón de comuneros donde se reconocen a 882 de ellos teniendo formalmente una representación del 50% para cada barrio.

Con esta estrategia el gobierno logra imponer las decisiones de un supuesto presidente de bienes comunales, Ángel Valdés, que en los hechos jamás fue elegido por la histórica toma de decisiones asamblearia sino mediante el nuevo mecanismo de división comunitaria que ha supuesto la creación del padrón agrario. Para realizar cualquier consulta o buscar algún tipo de autorización sólo se busca la presencia estratégica de este nuevo mecanismo de poder. De esta manera se excluye a la mayor parte de los ahora llamados [email protected] de hechos (distinguiéndose para fines de negociación política estratégica de los comuneros que son reconocidos oficialmente), al no formar parte del padrón agrario construido por el gobierno mexicano, respecto de las decisiones y procesos en curso de cara a los procesos de apropiación territorial para llevar a cabo el proyecto carretero con fines privados. Así despojan y atropellan los derechos de los pueblos, así como desconocen las raíces rituales y socio-culturales que suponen estos territorios sagrados para los pueblos originarios.

En repetidas ocasiones el gobierno mexicano, en sus tres niveles municipal, estatal y federal, ha hecho caso omiso de los tratados y convenios internacionales que ha suscrito, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas a ser respetados en su territorio y cultura, evadiendo o manipulando herramientas jurídicas como la consulta pública previa y libremente informada. Ha pasado por encima de diversos reconocimientos estatales, nacionales e internacionales que protegen esta zona de importancia vital y estratégica para el equilibrio del entorno socio-natural de la zona tales como:  Parque Estatal Otomí-Mexica,  Santuario del Agua y Forestal, Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo (reconocimientos estatales); Área de Protección a la Flora y la Fauna Ciénegas de Lerma (reconocimiento nacional) y Ciénegas de Lerma (reconocimiento internacional por parte de la convención o acuerdo intergubernamental sobre el medio ambiente Ramsar[1]). El proyecto de la autopista también resulta incongruente con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México. Asimismo, el gobierno ha pasado por alto el decreto federal que señala a esta zona como terrenos comunales pertenecientes a la comunidad de San Francisco Xochicuautla.

Para los pueblos originarios esta zona se configura por siete puntos sagrados[2] y la carretera cortaría la práctica ceremonial que se teje en torno a estos sitios de vital importancia histórica y socio-cultural. La ley agraria no contempla ni reconoce los rituales ni procesos de sacralidad y memoria sociocultural viva que forman parte fundamental de la vida comunitaria de los pueblos indígenas, de su cosmovivencia (Lenkersdorf) en palabras de Cirilo Reyes, habitante de Xochicuautla

“El bosque otomí es el corazón de nuestro pueblo, aun se hallan centros ceremoniales de gran importancia, donde agradecemos por las lluvias y las cosechas, y también recolectamos plantas medicinales […] Para nosotros estos cerros son sagrados porque ahí encontramos la paz y la felicidad […] El gobierno quiere nuestras montañas y el agua, la carretera es sólo una excusa para entrar a la zona” (Raicestencia Caminantes, 2015).

‘El desarrollo no son planchas de cemento’

La serpiente de asfalto ha destruido más de 12 km2 de bosque, se proyecta que el relieve será afectado y que se contaminarán los cuerpos de agua rompiendo sus ciclos y sus escurrimientos debido a que el proyecto cortaría el paso del denominado tercer vaso, último afluente de agua que corre de la montaña hacia la Ciénega de Chignahuapan, lo cual reduciría el abastecimiento de agua en 250 millones de litros por año. Al respecto señala Jurgen Hoth investigador de la Iniciativa Bosque de Agua “La fragmentación por carreteras es una de las principales estocadas al corazón de los acuíferos y bosques”. De llevarse a cabo el proyecto terminaría afectando 23 km de bosques y destruiría directamente 600,000 m2 del bosque sagrado otomí-mexica o gran bosque de agua, principal pulmón y afluente de oxígeno y agua para los valles de México y Toluca (Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre, 2013). Tal como atestiguan los habitantes “en sólo dos días se derribaron más de 1000 árboles de más de 20 metros de altura y con una edad aproximada de 100 años” (Másde131, 2015).

Algunos otros ejemplos de los procesos de ecocidio que ha traído este proyecto carretero: en la Cuenca Alta del Río Lerma (CARL), como se denomina a la parte de la Cuenca Lerma-Chapala que pertenece al Estado de México, ya ha sido devastado el río interior más largo de México el Ndareje hoy conocido como Lerma; la cuenca Lerma-Chapala es el único lugar del mundo a donde llegan en invierno miles de mariposas monarcas, especie única en el mundo. Según reporta la investigación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) su afluencia ha disminuido en un 58%; cientos de especies de plantas y aves se encuentran amenazadas ya que la autopista pretende pasar entre las Ciénegas de Chignahuapan y Chimalapan (dos lagunas pertenecientes a las Ciénegas de Lerma Área Natural Protegida de forma estatal, federal e internacional) cortando el paso tanto del agua como de cientos de aves que transitan diariamente de una laguna a otra. Las Ciénegas de Lerma, que son los últimos humedales de los valles centrales del país, albergan decenas de especies endémicas como el ajolote del alto Lerma, el pupo de Lerma, mascarita transvolcánica, colorín siete colores, pibí boreal, gallineta amarilla, avetoro norteño, gavilán pico gancho, aguililla rojinegra, entre otras que también se verían amenazadas por los profundos impactos ecológicos que éste proyecto carretero con fines privados traería al entorno socio-natural de la región.

Es fundamental resaltar el posicionamiento político y socio-ecológico colectivo que han construido [email protected] [email protected] de hechos demandando el desarrollo de esquemas y prácticas de gobernanza ambiental[3], al señalar las incongruencias del gobierno y subrayando que si la intención en verdad fuera desahogar la circulación entre ambas ciudades podrían mejorar cualquiera de las tres carreteras existentes. Por lo anterior, enfatizan que el proyecto carretero es inviable debido a que tendría una vida útil de 20 a 30 años en contraste con los impactos negativos de por vida que traerán a la región implicando la destrucción de su patrimonio, del bosque que es su hermano, su cobijo y su fuente de sustento. Tal como Francisco López Bárcenas, señala en una nota periodística

“Los habitantes de San Francisco Xochicuautla han dicho que su movilización es para seguir siendo pueblo, ejercer su autonomía, preservar la integridad de su territorio y exigir que la obra sea consultada antes de que inicie para que el pueblo determine si la quiere y, en su caso, en qué condiciones debe realizarse” (La Jornada, 2015).

Por lo anterior resaltamos esta disputa territorial y procesos de resistencia como una muestra más de las políticas de despojo que el gobierno mexicano impone por cualquier medio beneficiando sólo intereses privados en perjuicio del bien común. Ya que detrás de esta obra se encuentra un mega desarrollo inmobiliario e industrial donde quedarían asentadas empresas como Coca-Cola, un club de golf y fraccionamientos residenciales para ampliar el polo corporativo de Santa Fe (Muñoz, Bedoya; 2015).

En este sentido las autoridades han cambiado de estrategias en varias ocasiones para buscar imponer el proyecto y desgastar los procesos de resistencia que van desde las ilegales mediciones topográficas, tala de árboles, generación de división entre las comunidades hasta el uso de la intimidación policial, la construcción asambleas manipuladas, la compra de líderes comuneros y la criminalización de las protestas y amenazas a [email protected] [email protected] que se oponen a la imposición del proyecto.  Desde que formaba parte de una de las promesas de campaña a la gubernatura de Enrique Peña Nieto la resistencia mantuvo congelado el proyecto hasta que en julio del 2015 llego el decreto presidencial de expropiación (lleno de múltiples irregularidades debido a que las obras comenzaron antes de ser emitido y  no se convocó a la audiencia) diciendo que las comunidades habían sido consultadas y que no ha habido oposición porque supuestamente cumple con los requisitos legales y estándares internacionales de consulta. Hasta el momento han arrasado con muchas tierras de cultivo, aunque las comunidades cuentan con amparos emitidos por la Suprema Corte de Justica para la suspensión del proyecto, pero la empresa concesionaria desacata la ley con pleno respaldo del gobierno y con el apoyo del brazo armado policial. Por lo anterior Nachita, comunera de hechos de San Francisco Xochicuautla dice del bosque

“es nuestra vida, nuestro sustento, todo lo que brota de la tierra nos alimenta y lo vamos a defender incluso con nuestra vida […] en los terrenos que fueron destruidos estamos plantando árboles frutales y sembrando avena y maíz como una forma de resistencia […] Exigimos un plebiscito público y que se garantice el derecho de audiencia para poner a consideración de la ciudadanía el decreto impositorio de expropiación, el respeto a la cultura y opinión de los pueblos indígenas” (Mas de 131, 2015).

Los pueblos originarios, tal como dice el lema que retomamos en el título de esta aportación hilvanado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con motivo de la convocatoria al ‘Primer Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo’ en 2015, siguen construyendo donde los de arriba destruyen. Siguen resistiendo con el legítimo respaldo que les brinda el sudor su trabajo colectivo, la construcción histórica de sus territorialidades sagradas y la sonrisa sincera que cultivan en el rostro a pesar de la dura vida a la que este sistema estructuralmente explotador y desigual pretende someterlos promoviendo intereses particulares unidos a los de grandes capitales locales y trasnacionales.

Fuente:

Grieta medio para armar. http://www.grieta.org.mx/

Referencias consultadas:

-Barkin David y Lemus Blanca (2015). “Soluciones locales para la justicia ambiental”. En De Castro F. et. al.  Gobernanza Ambiental en América Latina: conflictos, proyectos y posibilidades. Buenos Aires: CLACSO, ENGOV.

-Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre (2013). “21 razones importantes para decir NO A LA AUTOPISTA NAUCALPAN-AEROPUERTO DE TOLUCA”. Disponible en: http://frentedepueblosindigenas.org/acciones/20-razones-importantes-para-decir-no-a-la-autopista-naucalpan-aeropuerto-de-toluca-alertaxochicuautla/ obtenido el 28 de junio de 2015.

-Gómez Magdalena (2015). “Xochicuautla: la expropiación etnocida”. La Jornada, julio 14.

-Lenkersdorf Carlos (2008). “Conceptos. Cosmovisiones”. México D. F.: UNAM, CEIICH.

-López Bárcenas Francisco (2015). “La nueva guerra contra los pueblos indígenas”. La Jornada, Julio 24, opinión.

-Muñoz Ramírez Gloria y Bedoya Carolina (2015). “La defensa de un bosque es por la vida de un pueblo”. La Jornada, Ojarasca No. 219, 11 julio.

Sitios de internet consultados

-Ramsar. http://www.ramsar.org/es

Videos consultados

-Agencia Subversiones (2015). “Xochicuautla la decisión de vencer” obtenido en https://www.youtube.com/watch?v=9BDsUkbw7pw el 7 de noviembre de 2015

-Másde131 (2015). “Voces del bosque otomí” obtenido en https://www.youtube.com/watch?v=frRp0uI2vQE el 7 de noviembre de 2015

-Raicestencia Caminantes (2015). “Xochicuautla: la defensa del bosque Otomí-Mexica” obtenido en  https://www.youtube.com/watch?v=KyeS480xSco  el 7 noviembre de 2015

-_____________________ (2015a). “Xochicuautla: el grito de la montaña” obtenido en https://www.youtube.com/watch?v=GLt5BAUoIYM el 14 de noviembre de 2015

-Saboteamos (2011). “SOS Humedal en el Alto Lerma. Tesoro natural amenazado en el Estado de México” obtenido en  https://www.youtube.com/watch?v=yQVjdgp-fco el 14 de noviembre de 2015

Notas

[1] Para consultar el estatus reconocido de las Ciénegas de Lerma como sitio Ramsar https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/MX1335RIS.pdf

[2] En esta zona destacan algunos puntos sagrados para la cultura otomí como Ndañu, Kaxoy, Ninhua, Domindahi, Donikjä, así como el cerro de la campana y el centro ceremonial Nacelagua. Con la construcción de la autopista se verá truncada la sagrada ruta Ndañu-Donikjä en la cual se realizan diversas festividades ñhañhus milenariamente, entre ellas la ceremonia del Fuego Nuevo. Esta ruta se hace anualmente desde la comunidad indígena de San Lorenzo Huitzizilapan, hasta el punto más alto de Lerma. La milenaria ruta sagrada Nacelagua-Cerro de la Campana ha quedado obstruida por las destrucciones que ya se han llevado a cabo. El cerro de la Campana es el lugar donde se originó la vida, según la cosmogonía Ñhäto (Otomí del Alto Lerma), el punto más sagrado de toda su cultura, quedará solamente como un atractivo más a un costado de la superautopista que pasará solamente a 200 m de distancia. En agosto de 2013 se descubrieron ruinas otomíes que datan de hace más de 1,700 años las cuales se encuentran a menos de 2 km del trazo carretero, y que son otra prueba fehaciente de la presencia de la cultura otomí en la zona. El municipio de Lerma, emitió en 2012 una resolución respecto al proyecto, afirmando que esta zona “carece de algún valor histórico, social o cultural”, lo cual fue utilizado para promover la expropiación del Bosque a pesar que se tiene documentada la existencia de un grupo ñhañhu en la zona montañosa de la cuenca alta del río Lerma desde hace más de 3 mil años (Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre, 2013)

[3] “La gobernanza ambiental es una extensión del proceso de deliberación pública y formulación de políticas para incluir dentro de los parámetros socio-políticos, consideraciones adicionales del impacto de la sociedad sobre los ecosistemas, local y globalmente […] El modelo imperante de política internacional y gobernanza ambiental está firmemente cimentado en la dinámica del mercado global, la propiedad privada del territorio y los medios de producción, creando una distribución de ingresos, riqueza y poder, cada vez más desigual dentro de la sociedades y a escala mundial, así como produciendo un impacto devastador sobre el medio ambiente” (Barkin, 2015: 3)