¿Cómo funciona el Gobierno colombiano? La otra cara del debate.

La funcionalidad del gobierno colombiano se ha caracterizado por una serie de procesos marcados en aspectos como: las transformaciones sociales, las luchas sociales y la configuración de las élites criollas en la nación, la búsqueda por incorporar un régimen democrático – “participativo” el cual ofrezca las garantías constitucionales de un estado de derecho mediado por un estado en donde impere la “la ley”. Es decir, una concomitancia entre los derechos sociales, económicos, culturales y políticos y el establecimiento del orden normativo – jurídico político del Estado Colombiano.

Ya para los años 80s empieza a constituirse transformaciones encaminadas a la consolidación del nuevo modelo de producción capitalista y la sobre-explotación a escala mundial de la economía y los bienes comunales en el país (Tirado-Mejia, 1978). En este espacio del tiempo la reconfiguración política – institucional del gobierno colombiano se caracterizaba por entre-tejer lazos entre la economía mundial, el rol de libre mercado en la sociedad y un gobierno de amplia participación pero sin garantías pragmáticas que se reflejara en la realidad de la sociedad colombiana.  Para temas como la democracia, la participación ciudadana, los canales institucionales, los sistemas de partidos y la canalización jurídica de la constitución política del 91, emergieron nuevos diseños organizacionales que se reflejaron en los siguientes ejemplos de gobernabilidad:

1) la superación bipartidista a medias entre el partido conservador y el partido liberal, es de señalar que todavía no existen condiciones concretas de participación electoral para los partidos minoritarios y aquellos de menor caudal electoral. 2) una amplitud ideológica que enriqueció la calidad de la democracia en el país. 3)  Una nueva orientación centrípeta y de menor proclividad para estimular la participación electoral, comunitaria y ciudadana. Pero en especial, la dinámica política que ha tenido la coexistencia de representación partidista, predominante en los órganos de representación popular (Congreso, Asambleas, Concejos), con la corporativa, de los grupos de interés, predominante en las concertaciones sectoriales para la definición de políticas públicas (Llanos, 2014).

En este sentido, la organización institucional se vio marcada por la división en ramas del poder público (legislativa, ejecutiva, judicial) en donde cada una ópera de diferente manera y con principio de autonomía constitucional. Igualmente, se gesta toda una serie de mecanismos de descentralización administrativa y centralización política, lo cual simbolizo para la democracia colombiana en término de (Velásquez, 1994) una apertura a los procesos democráticos y una transferencia económica y administrativa en término de recursos, destinados a la formalización de planes de gobiernos- autónomos y creación, ejecución y evaluación de políticas públicas por parte de los entes territoriales.

Otro de los aspectos que ha caracterizado la función del gobierno Colombiano, ha sido la  construcción de la democracia y la democratización de los procesos electorales, los cuales muestran un avance progresivo sobre la institucionalización, la administración pública del país y las formas de eficiencia y eficacia del gobierno nacional; es por ello que dicha formas de “modernización” es reflejo de la mercantilización del gobierno y la disfuncionalidad a la hora de hacer aplicables los derechos constitucionales y los mecanismos de cumplimiento organizacionales en el sistema político colombiano. En otras palabras, existe gran cantidad de leyes, sentencias y órdenes jurídicas que regulan los comportamientos del ciudadano pero a la hora de hacerse factible se presencia grandes dificultades que engrosan la dilatación de los procesos jurídicos fallidos en los archivos de la nación.

Es por ello, que dichos aspectos constituyen la otra versión de ¿Cómo funciona el gobierno colombiano? No solo en la parte jurídico – política, sino en la praxis social y crítica que tiene cada territorio y por supuesto los sectores sociales que viven en medio de la resistencia colectiva por la defensa de los bienes comunales, los derechos fundamentales y la exigencia de la construcción de la paz, en un país con altos índices de corrupción, clientelismo y redes de clases políticas – tradicionales que se han acentuado en las esferas legislativas del estado colombiano.

La historia política colombiana ha mostrado un conjunto de inconsistencias estructurales, tal como nos dice Amparo Menéndez-Carrión “no entiendo, por consiguiente, la democracia como modelo prefigurado a adoptar sino como proceso dinámico de construcción de formas y contenidos de articulación y relacionamiento tendientes a regular la coexistencia societal en contextos complejos y concretos.” (Llanos, 2014), lo cual representa las contradicciones al interior de las instituciones públicas, debido a que no se pensó en un proceso amplio, crítico y de formación para reflexionar sobre las condiciones políticas, jurídicas y económicas del país, dado que la mayoría de los procesos constitucionales, partiendo de la carta magna de la nación tiene una procedencia o similitud con principios, valores o pensamiento americano u eurocéntrico en su normatividad y con grandes incongruencias al momento de planificación y ejecución de la jurisprudencia misma.

Tal como lo refleja, la descripción gubernamental que evidencia las estructuras del estado colombiano, por un parte se empieza entonces a estimular la participación, con un énfasis en lo territorial y se convoca a las comunidades a participar en la selección de sus gobernantes locales, a la planeación de su desarrollo, a la implementación de las políticas públicas, a la evaluación y seguimiento de las mismas (Velásquez, 1994). Pero también se presencia un intento por redefinir la participación en el ámbito de la participación sectorial: sindical, campesina, obrera, industrial entre otras. Sin embargo, esta insistencia del discurso estatal en la necesidad de la participación social, es un importante elemento legitimador de los sectores subordinados de la sociedad en sus demandas, movilizaciones y luchas y en esa medida debe ser valorizado, el posible papel de función del gobierno colombiano (Llanos, 2014).

Posteriormente, la fuerza que toma la constitución del 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente, genera la posibilidad de la participación civil y comunitaria, al momento de consolidar procesos de democratización. Tal como es señalado en el artículo 1 señala: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”.

Es de resaltar que al momento de preguntarse sobre ¿Cómo funciona el gobierno colombiano? Se debe realizar una separación de la distribución político- administrativa y el ejercicio gubernamental, puesto que al momento de reconocer, garantizar y facilitar condiciones para el ciudadano, se encuentra en juego el ejercicio del poder – político del gobierno. En dimensiones como: 1) el reconocimiento institucional del ciudadano, 2) las garantías materiales e inmateriales a la hora de hacer factible sus derechos constitucionales y 3) la consecución de una política de estado, al momento de denominarse social y de derecho ante la comunidad internacional y los diferentes organismos encargados de reconocer   dicho enmendadura legislativa.

Es así que al revisar de manera crítica, la funciones del gobierno aparecen elementos que esgrimen la situación del sistema político colombiano, el cual se ha estructurado desde una frontera de violencia política, la agrupación de monopolios y sectores de extrema – condición política y económica, y la necesidad de buscar un consenso nacional que ha sido fallido, debido a la inconsistencia entre el derecho escrito y el derecho aplicado en la sociedad civil.

Algunos teóricos como (Quintana, 2008) describen que el proceso constituyente es uno de los elementos de mayor importancia a la hora de evaluar el funcionamiento del gobierno en Colombia,  y que representa el mayor esfuerzo de institucionalidad en la sociedad colombiana y de los procesos contemporáneos para encauzar la ola de violencia política y simbólica de la nación, lo que muestra las contradicciones entre el  capital, los derechos civiles y la autoridad del gobierno,  al momento de hacer tangible su responsabilidad constitucional  como máxima instancia gubernamental. Sin embargo, el conflicto armado interno entre el gobierno y dos de los principales grupos guerrilleros (ELN y FARC) continuó siendo determinante en la definición del rumbo político del país. En medio de este conflicto, los grupos paramilitares fueron creciendo al amparo o con la tolerancia del Estado, y el tráfico de drogas ilegales siguió alimentando los órdenes sociales paralelos o transversales al institucional, creados por las diferentes manifestaciones de la violencia social y política (Quintana, 2008,82).

La transitividad que existen en los procesos políticos del estado colombiano, refleja una política del gobierno que facilita un tipo de democracia restringida, excluyente y separatista, la cual es contraproducente para los procesos en aras de una democracia participativa, y fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana. Es por ello, que dicha ilusión política se vio truncada por la implementación de políticas económicas, sociales y culturales, basadas en los programas de corte – neoliberal, lo que constituye la extensión y proyección de la política tradicional, las estructuras de poder- rígido y las formas de exclusión “negativa- positiva” sobre el territorio colombiano. Sumando a esto dos lógicas la del capital y la militar que traen consigo el fortalecimiento de la lucha armada colombiana, las lógicas de acumulación del capital, los procesos de extractivismo, los megaproyectos o en su defecto lo que otros consideran un estado en “guerra”.

Un ejemplo de ello, se encuentran con las banderas de la paz, dentro de estrategias de guerra, cuando fue elegido como presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y en nombre de la guerra, como un mecanismo para pacificación del país, fue elegido y reelegido como presidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010). Poco a poco se fueron definiendo claras tendencias hacia diversas formas del Estado autoritario, que hicieron ver el Estado social de derecho como una simple pausa temporal entre dos tipos de democracia política excluyente, con evidentes nexos históricos (Quintana, 2008).

Del mismo modo, uno de los aspectos que determina un posible ejercicio de evaluación del gobierno colombiano, resulta ser la constatación del sistema jurídico y político, el cual muestra una normatividad orientada a la visión pluriétnica y multicultural, la pluralidad de derechos fundamentales estipulados en ella, y la construcción de canales organizativos que garanticen la constitucionalidad de los mimos, es decir los derechos. Pero en especial, la necesidad por implementar acciones encaminadas al respeto por la autonomía educativa, civil y militar al interior del estado. No por esto, se puede “normalizar” dichos criterios como fuente verídica de reconocimiento de un “buen” gobierno; dado que en la praxis de estos puntos constitucionales, progresistas, garantistas, vanguardistas, antiformalistas, de gran apertura textual y con una perspectiva jurídica- amplia se presencia serías inconsistencias tanto prácticas como formales al momento de encauzarlas en un marco – aplicativo del gobierno.

En últimas, desde una perspectiva práctica, crítica y reflexiva en la actualidad no existen fuertes criterios para calificar el funcionamiento del gobierno colombiano, como un órgano eficiente, eficaz y legalista que otorgue condiciones sociales y políticas a la base social de diferentes estratos. Al mismo tiempo, no existen condiciones al momento del funcionamiento debido a las grandes lagunas de corrupción, clientelismo y prácticas políticas indebidas, lo que hace que se genere una mirada crítica sobre cómo funciona el gobierno colombiano tanto a su interior como a su exterior en los diferentes campos de acción política.

En ese sentido una manera de clasificar el funcionamiento del gobierno en la práctica consiste en ser una democracia- media en términos participativos pero con un déficits – bajo al momento de garantizar los derechos constitucionales, la soberanía y la defensa por los bienes comunales de los diversos sectores sociales, lo cual generaría mayor participación y por ende mejores mecanismos de aplicabilidad jurídico – institucional.

Bibliografía

Llanos, P. &. (11 de septiembre de 2014). El caso Colombiano. Recuperado el 20 de septiembre de 2015, de Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: http://www.iugm.es/adefal/documentacion/ANALISIS%20COLOMBIA.pdf

Quintana, O. M. (2008). Constitución, democracia y Estado autoritario en Colombia. Ciencia Política, (6), 80-108.

Tirado-Mejía, A. (1978). El estado y la política en el siglo XIX. Bogotá: El ancora.

Velásquez, A. V. (1994). Participación social, planeación y desarrollo regional. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales – Unal, 12-24.